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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 10 de octubre de 1997, en el recurso contencioso-administrativo número 1/1.043/1995, tramitado por el procedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, en el que son partes, de una, como demandante, la Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE), y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Departamento de fecha 28 de marzo de 1995, por la que se ordena la publicación del acuerdo de formación continuada en las Administraciones Públicas de 21 de marzo de 1995.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que con rechazo de la causa de inadmisibilidad invocada por el Abogado del Estado, en cuanto al fondo, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE), contra la Resolución reseñada en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que es la misma conforme a la Constitución; se hace imposición de costas a la parte demandante.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 11 de junio de 1998.–P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.