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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 4 de diciembre de 1997,

en el recurso contencioso-administrativo número 447/1995, en el que son

partes, de una, como demandante, doña María del Carmen Aceituno

Romero y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del

Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Dirección

General de la Función Pública, de fecha 16 de junio de 1993, sobre

funcionarización de personal laboral.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente

pronunciamiento:

"Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisible el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado señor Brobia

Varona, en representación de doña María del Carmen Aceituno Romero, doña

Mercedes Benítez Ruiz, doña Florida Benito Centreno, doña María Teresa

Casas Álvarez, doña Ana Isabel Díaz Gómez, don Ramón Rodríguez de

la Cruz y doña Felisa Torrijos Belinchón, contra la Resolución de la

Dirección General de la Función Pública (Ministerio de Administraciones

Públicas), de fecha 16 de junio de 1993, por la que se acusa recibo de la petición

formulada por los interesados sobre reconocimiento de la condición de

funcionarios del grupo D, por tener por objeto dicho recurso un acto no

susceptible de impugnación, declarando imprejuzgada la cuestión de fondo

suscitada para que puedan los interesados, si a su derecho conviene,

solicitarla del órgano competente y por los cauces legalmente establecidos.

Asimismo, se declara desistidos y apartados del presente procedimiento

a don Ignacio Campos Rosa, doña Rosa Chaves de las Peñas, doña María

Ángeles Durán García, doña María José Hara Hormigos, doña María Rosario

Montero Cabrera, doña Mercedes Olano de Lucas, doña María del Carmen

Paloma Puado Pedrosillo, doña Raquel Roa Pardo y doña María del Carmen

Sánchez García, archivándose el proceso respecto de los mismos.

Todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas procesales

causadas."

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de

conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín

Oficial del Estado" para general conocimiento y cumplimiento, en sus

propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 18 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997, "Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario general técnico,

Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.