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Visto el testimonio de la sentencia dictada en 10 de enero de 1997

por la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Supremo en el recurso número 5/1994, interpuesto por don

Mariano de Diego Nafría, contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de

22 de diciembre de 1993, que había impuesto al recurrente diversas

sanciones;

Considerando que no concurren en el presente caso las circunstancias

establecidas en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, para la

inejecución o suspensión de la sentencia dictada,

Este Ministerio ha acordado disponer el cumplimiento, en sus propios

términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso

contencioso-administrativo número 5/1994, interpuesto al amparo de la Ley 62/1978

por la representación procesal de don Mariano de Diego Nafría, contra

las sanciones que le fueron impuestas por el acuerdo del Consejo de

Ministros de 22 de diciembre de 1993, a que el presente proceso se refiere,

sanciones que declaramos nulas de pleno derecho por haberse aplicado

vulnerando el artículo 24.1 de la Constitución, y condenamos a la

Administración General del Estado a la devolución de la multa de 1.000.000

de pesetas si hubiera sido satisfecha por el interesado. Imponemos a la

Administración General del Estado el pago de las costas ocasionadas en

el presente recurso."

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de julio de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.