La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 8 de mayo de 1998, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/232/1996, en el que son partes, de una,
como demandantes, don José Alberto Martínez Dobón y don Jesús
Domínguez Sánchez-Mingallón, y de otra, como demandada, la Administración
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 4 de marzo de 1996, que declaró
inadmisibles los recursos ordinarios interpuestos contra la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 18 de
diciembre de 1995, sobre convocatoria de pruebas selectivas, por
promoción interna, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
"Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso número 232/1996,
interpuesto por don José Alberto Martínez Dobón y don Jesús Domínguez
Sánchez-Mingallón, contra la Resolución del Ministerio para las
Administraciones Públicas de 18 de diciembre de 1995, descrita en el primer
fundamento de Derecho, que se confirma, en lo que es objeto del recurso,
por ser conforme a derecho.
Segundo.-No hacer una expresa condena en costas."
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín
Oficial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento en sus
propios términos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 27 de agosto de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997, "Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.
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