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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

ha dictado sentencia, con fecha 3 de junio de 1998, en el recurso

contencioso-administrativo número 3/482/1996, en el que son partes, de una,

como demandante doña María del Carmen Minguito González, y de otra,

como demandada la Administración General del Estado, representada y

defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del propio

departamento de fecha 21 de febrero de 1996, sobre integración en el Cuerpo

General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente

pronunciamiento:

"Fallamos: Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso número

482/1996, interpuesto por don Julián Cruz Collazos en la representación

que ostenta contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones

Públicas de 21 de febrero de 1996, la que anulamos en lo que es objeto

de este recurso por ser contraria al ordenamiento jurídico.

Segundo.-Declarar el derecho de la recurrente a que su nombramiento

como funcionaria del Cuerpo General Administrativo se realice con efectos

retroactivos de 11 de marzo de 1985, y a que se retrotraigan los

correspondientes efectos a los cinco años anteriores a su reclamación inicial,

que es de fecha 6 de febrero de 1996.

Tercero.-No hacer una expresa condena en costas."

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de

conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín

Oficial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento en sus

propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 1 de octubre de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre de

1997, "Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario general técnico,

Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.