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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado sentencia, con fecha 15 de junio de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 868/1995, en el que son partes, de una, como demandante, doña María Jesús Marco Logroño, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 9 de mayo de 1995, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 20 de enero de 1995, sobre reintegro de gastos por intervención quirúrgica.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
«Fallo:
Estimamos el recurso número 868/1995, interpuesto por doña María Jesús Marco Logroño, contra la Resolución referida en el encabezamiento de esta sentencia, la que anulamos por no ser conforme a derecho y declaramos el derecho de la recurrente, en lo referente a que la entidad MUFACE, deba hacerse cargo de los gastos de asistencia sanitaria de hospitalización por asistencia quirúrgica en relación a la práctica de la liposucción.
No hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas.»
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 29 de octubre de 1998.‒P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
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