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La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General

del Sistema Educativo, dispone en su artículo 65.2 que en la Educación

Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria en aquellas zonas

rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en

un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de

la enseñanza. En este supuesto, la Administración educativa habrá de

prestar, entre otros servicios escolares, el de transporte.

No obstante, algunos de estos alumnos, por diversas circunstancias,

no pueden hacer uso de las rutas contratadas por las Direcciones

Provinciales, por lo que han de recibir ayuda para los gastos que les supone

desplazarse, por sus propios medios, al centro escolar.

La concesión de estas ayudas se configura, por tanto, como una

de las ayudas o subvenciones no competitivas e impuestas a la

Administración en virtud de norma de rango legal, de las mencionadas en el

artículo 81.6 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre,

por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Por otra parte, la concesión, así como la disposición de gastos y

propuesta de pagos, de estas ayudas se encuentran desconcentradas en las

Direcciones Provinciales del Departamento, de conformidad con lo

dispuesto en el Real Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre, y en el Real

Decreto 2228/1982, de 27 de agosto, respectivamente.

Asimismo, el artículo 19 del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio,

por el que se regula la acción educativa en el exterior ("Boletín Oficial

del Estado" de 6 de agosto), establece la posibilidad de conceder ayudas

a los alumnos que asisten a centros de titularidad del Estado español

en el extranjero, cuya situación social y económica así lo aconseje, para

compensar las cuotas que, por servicios o enseñanzas y actividades de

carácter complementario, aquellos tuvieran que realizar.

Finalmente, con fecha 1 de septiembre de 1998 ha caducado la

autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del

Ministerio de Economía y Hacienda para pagar estas ayudas por el sistema

de pago "en firme" a través de habilitado, por tanto, deberá utilizarse

el sistema previsto en la Resolución de 28 de febrero de 1997, conjunta

de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención

General de la Administración del Estado, sobre procedimiento para la

realización de ciertos pagos a través de Agentes mediadores ("Boletín

Oficial del Estado" de 13 de marzo).

En su virtud, he dispuesto:

Primero.-1. Los Directores provinciales del Departamento podrán

conceder ayudas individualizadas para colaborar en los gastos de

transporte de aquellos alumnos de los niveles obligatorios de la enseñanza

que, no disponiendo de centro docente adecuado al nivel de estudios que

deben cursar en la localidad donde tengan fijado su domicilio familiar,

no pueden hacer uso de las rutas contratadas al efecto por la respectiva

Dirección Provincial para asistir a las clases.

2. También podrán concederse ayudas de transporte para facilitar

a los alumnos de niveles obligatorios, escolarizados en Escuelas-Hogar u

otros centros con residencia del Ministerio de Educación y Cultura, el

traslado a sus respectivos domicilios durante los fines de semana, cuando

la Dirección Provincial correspondiente no tenga contratado para este fin

el servicio de transporte escolar con una empresa del sector.

3. De conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1027/1993,

de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior

("Boletín Oficial del Estado" de 6 de agosto), los alumnos que asistan a

centros de titularidad del Estado español en el extranjero, podrán ser

beneficiarios de este tipo de ayudas, para compensar el pago de las

aportaciones económicas a que se vean obligados a realizar, por los servicios

de carácter complementario relacionados, exclusivamente, con el

transporte escolar.

A estos efectos, los Consejeros de Educación de las Embajadas de

España en los países respectivos, en los plazos que reglamentariamente se

establezcan, formularán la correspondiente propuesta de concesión para

aquellos alumnos que reúnan los requisitos socio-económicos establecidos

en la convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el curso

académico 1998/1999, modulados a la situación del país en concreto. La

Secretaría General de Educación y Formación Profesional, a la vista de

la propuesta formulada, una vez fiscalizada la misma, procederá a dictar

la resolución definitiva.

Segundo.-1. La cuantía de las ayudas individualizadas de transporte

escolar se diversificará conforme a la siguiente escala de kilómetros

existentes entre el domicilio familiar y el centro:

Hasta 10 kilómetros: Hasta 35.700 pesetas alumno/curso.

De más de 10 a 15 kilómetros: Hasta 45.900 pesetas alumno/curso.

De más de 15 a 20 kilómetros: Hasta 56.100 pesetas alumno/curso.

De más de 20 a 30 kilómetros: Hasta 66.300 pesetas alumno/curso.

De más de 30 a 40 kilómetros: Hasta 76.500 pesetas alumno/curso.

De más de 40 a 50 kilómetros: Hasta 86.700 pesetas alumno/curso.

De más de 50 kilómetros: Hasta 102.000 pesetas alumno/curso.

2. La cuantía de las ayudas para transporte fin de semana oscilará

entre 30.600 y 40.800 pesetas por alumno y curso, en atención a la distancia

que medie entre el domicilio familiar y la residencia escolar del alumno.

3. Los Directores provinciales podrán ponderar las dificultades y la

duración de desplazamiento que existan en cada caso concreto para la

aplicación de la escala establecida en el párrafo primero del presente

artículo.

4. El importe de las ayudas concedidas para estos desplazamientos

no podrá superar, en ningún caso, el coste en que, por estos mismos

conceptos, puedan incurrir los referidos alumnos.

Tercero.-La distancia, a los efectos de concesión de estas ayudas, será

la existente entre los cascos urbanos en que radiquen el domicilio del

alumno y el centro docente, respectivamente. A estos efectos, las

Direcciones Provinciales podrán considerar como domicilio de la familia el más

próximo al centro docente, aunque no coincida con el domicilio legal.

Cuarto.-Las ayudas reguladas en la presente Orden son incompatibles

entre sí y con las que regula la convocatoria anual de becas del Ministerio

de Educación y Cultura. No obstante, será posible en casos excepcionales

y debidamente justificados compatibilizar una ayuda individualizada de

la cuantía que corresponda y la utilización del servicio de transporte escolar

que tenga contratado la Dirección Provincial correspondiente; en especial,

para aquellos casos en que la ayuda individualizada permita aproximar

al alumno al itinerario de una ruta de transporte escolar en funcionamiento.

Quinto.-1. El pago de las ayudas a que se refiere la presente Orden

se efectuará una vez dictada la correspondiente resolución de concesión

y se someterá a lo previsto en la Resolución de 28 de febrero de 1997,

conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la

Intervención General de la Administración del Estado, sobre el

procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de Agentes mediadores

("Boletín Oficial del Estado" de 13 de marzo).

2. En cuanto al pago de estas ayudas a los alumnos que asistan a

centros públicos españoles en el extranjero, se utilizará el sistema regulado

por la Orden de 6 de febrero de 1995 ("Boletín Oficial del Estado"

del 13), sobre ordenación del pago y pago material en divisas.

Sexto.-Las ayudas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria

18.11.423B.487.01 dentro de los límites máximos de crédito asignados a

cada Dirección Provincial, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 60 del vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Séptimo.-Los Directores provinciales y los Consejeros de Educación

de las Embajadas de España en los países respectivos, ordenarán la

publicación, en los tablones de anuncios correspondientes, de la relación de

alumnos beneficiarios de ayudas individualizadas de transporte.

Octavo.-Contra la presente Orden se podrá interponer, en el plazo

de dos meses a contar desde su entrada en vigor, recurso

contenciosoadministrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional,

previa comunicación a este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 58 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

y del artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Madrid, 30 de septiembre de 1998.

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

Ilmos. Sres. Secretario general de Educación y Formación Profesional,

Directores generales de Formación Profesional y Promoción Educativa

y de Coordinación y de la Alta Inspección, Directores provinciales del

Departamento y Consejeros de Educación de las Embajadas de España.