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En el recurso contencioso-administrativo número 660/1996, interpuesto por la Diputación Provincial de Málaga, contra la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 25 de enero de 1996, por la que se desestimó el recurso ordinario interpuesto por la actora contra la Resolución de la Dirección General de la Energía, de 30 de enero de 1995, sobre imposición de sanción, se ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 6 de mayo de 1998, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso cotencioso-administrativo número 660/1996, interpuesto por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel, en nombre y representación de la Diputación Provincial de Málaga, contra la Orden de Industria y Energía, de 25 de enero de 1996, por la que se desestimó el recurso ordinario interpuesto por la actora contra Resolución de la Dirección General de la Energía, de 30 de enero de 1995, por la que se impuso a la demandante varias sanciones, declarando prescritas las que figuran en los cargos segundo y cuarto de la resolución impugnada (y sin efecto la sanciones de 1.100.000 y 500.000 pesetas, respectivamente) y correctas y vigentes las restantes. Sin costas. Esta resolución es firme. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien disponer que se cumpla, en sus propios términos, la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de noviembre de 1998.–P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.