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La Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia número 85, de fecha 8 de junio de 1991, condena a don Bernardo Gregorio Falcón Dávila, funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y Telecomunicación, A13TC-18153, como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión menor y seis años y un día de inhabilitación absoluta.

Por Resolución de 31 de enero de 1994, la Secretaría General de Telecomunicaciones acordó el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 2 de febrero de 1964.

Por autos de la mencionada Audiencia Provincial de Las Palmas, de fecha 29 de septiembre de 1997, se acuerda revisar la pena de inhabilitación absoluta de seis años y un día que le fue impuesta a don Bernardo Gregorio Falcón Dávila, que se sustituye por la de un año de suspensión de empleo o cargo público.

Por cuanto antecede, este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas, dispone dar cumplimiento al mencionado auto, de 29 de septiembre de 1997, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, adscribiendo, en consecuencia, a don Bernardo Gregorio Falcón Dávila en el puesto de trabajo nivel 11, Auxiliar de reparto a pie, código funcional 080000199318, de la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos de Barcelona, con carácter provisional y efectos económicos y administrativos a partir de su incorporación al servicio activo.

Madrid, 13 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, "Boletín Oficial del Estado" número 133, de 1 de junio), el Secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar Uribarri.

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y Telégrafos.