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En el recurso contencioso-administrativo número 1/1.604/1994, interpuesto ante la Audiencia Nacional por la representación procesal de don José Felipe Hernández Jiménez, contra la Orden de 10 de mayo de 1994, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución de 16 de junio de 1992, denegatoria de legalización de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, en la zona de El Charcón de San Lorenzo, término municipal de Moya (Gran Canaria), en fecha 24 de octubre de 1996, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

"Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal del recurrente, don José Felipe Hernández Jiménez, debemos declarar y declaramos ser conforme a derecho la Resolución dictada el 10 de mayo de 1994 por el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), al confirmar en reposición la Orden del mismo Ministerio de 16 de junio de 1992, cuya validez también se declara. En relación a las costas de esta litis, y por lo ya expuesto, cada parte satisfará el total de las causadas a su beneficio, y las que lo sean comunes, por mitad."

Asimismo, y en el recurso de casación número 3.055/1997, preparado ante el Tribunal Supremo por la representación de don José Felipe Hernández Jiménez contra la anterior sentencia, en fecha 21 de julio de 1997, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"La Sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don José Felipe Hernández Jiménez, contra la sentencia de 24 de octubre de 1996, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 1.604/1994, resolución que se declara firme; con imposición de las costas procesales causadas en este recurso a la parte recurrente."

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y auto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 17 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, "Boletín Oficial del Estado" del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.