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Vista la propuesta del Fiscal general del Estado, oído el Consejo

Fiscal, y de conformidad con lo establecido en el Real

Decreto 2397/1998, de 6 de noviembre, sobre sustitución en la Carrera

Fiscal, y en la Orden de 26 de marzo de 1999, por la que se

convocaron plazas de Fiscales sustitutos del Tribunal Supremo,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Fiscales sustitutos del

Tribunal Supremo, para el año judicial 1999-2000 adscritos a las

Secciones que se indican:

Sección de lo Civil:

Don Jesús Vicente Chamorro.

Don Pascual García Ballester.

Sección de lo Penal:

Don Luis Benéytez Merino.

Sección de lo Contencioso-Administrativo:

Don Antonio Troncoso de Castro.

Sección de lo Social:

Don José Alvarado Ruiz.

Don Rogelio Martínez Vázquez.

Los Fiscales sutitutos nombrados, prestarán, de no haberlo

hecho con anterioridad por haber ejercido funciones similares,

juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución

y las Leyes y de desempeñar fielmente las funciones fiscales, ante

el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, dentro de los tres días

siguientes de la publicación de su nombramiento en el "Boletín

Oficial del Estado". El plazo posesorio será de tres días, a contar

desde el 1 de septiembre de 1999 y tendrá lugar en la Fiscalía

del Tribunal Supremo. Se entenderá que renuncian al cargo

quienes no comparezcan a prestar el juramento o promesa, de serle

exigido, o no tomaran posesión en el plazo previsto.

Los Fiscales sustitutos estarán sujetos al régimen de

incompatibilidades y prohibiciones regulado en el capítulo VI del

título III del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los que en el

momento de ser nombrados vinieren ejerciendo empleo, cargo

o profesión incompatible, deberán optar, en el plazo de seis días

naturales a contar desde el siguiente a la invitación a la toma

de posesión, por uno u otro cargo y cesar en la actividad

incompatible.

Contra la presente Orden cabe recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo

de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y,

potestativamente, el de reposición ante este Ministerio en el plazo de

un mes, a contar ambos desde el día siguiente al de su publicación

en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 22 de junio de 1999.-P. D. (Orden de 29 de octubre

de 1996), el Director general de Relaciones con la Administración

de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.