Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Suscrito entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Asuntos

Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía un Convenio de

colaboración para el desarrollo de programas sobre drogodependencias, y en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, procede la publicación en el "Boletín Oficial del Estado"

de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 26 de julio de 1999.-El Delegado del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles Orozco.

ANEXO

En Madrida2dejunio de 1999.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Jaime Mayor Oreja, Ministro

del Interior, en representación del Gobierno de la Nación, ejercitando la

competencia delegada por el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de

julio de 1998 ("Boletín Oficial del Estado" del 16), de conformidad con

lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De otra, el excelentísimo señor don Isaías Pérez Saldaña, Consejero

de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en

representación del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad Autónoma.

EXPONEN

I. Que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

ostenta competencias en materia de coordinación sobre

drogodependencias, de acuerdo con el Real Decreto 79/1997, de 24 de enero.

Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales tiene competencias

en materia de drogodependencias en virtud de los artículos 148.1.20 de

la Constitución Española, 13.22 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de

diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía; del artículo 39 de la Ley

7/1985, de 21 de julio, y de los Decretos 382/1996, de 1 de agosto, y

396/1996, de 2 de agosto, sobre reestructuración de Consejerías y de

estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales, respectivamente.

II. Que según la Ley 36/1995, por la que se crea un fondo de bienes

decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, las

Comunidades Autónomas son beneficiarias de dicho fondo.

La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, creada por esta Ley y

adscrita a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,

es la encargada de la distribución de dicho fondo, según los criterios

aprobados anualmente por el Consejo de Ministros y las previsiones establecidas

por la Conferencia Sectorial.

III. Que, con este objetivo desean establecer las líneas de colaboración

para atender programas o acciones que resulten coyunturalmente

relevantes y que precisen medidas específicas en las programaciones que se

realizan regularmente.

En consecuencia, las partes, en la representación que ostentan,

acuerdan suscribir el presente Protocolo general que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Protocolo general tiene como finalidad establecer

la colaboración entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la

Comunidad Autónoma de Andalucía, como beneficiaria del fondo de bienes

decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

Segunda.-Los programas o actividades aprobados y subvencionados

por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones se definirán anualmente,

incluso en su presupuesto, y serán recogidos en un Convenio específico

que firmarán ambas entidades.

Tercera.-A la firma de cada Convenio anual, la Delegación del Gobierno

para el Plan Nacional sobre Drogas, conforme a la resolución de la Mesa

de Coordinación de Adjudicaciones, transferirá a la Comunidad Autónoma

de Andalucía la cantidad establecida en el mismo con cargo al concepto

16.06.313-G.458 del presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno

para el Plan Nacional sobre Drogas.

Cuarta.-La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma

de Andalucía asumirá la tramitación administrativa y el seguimiento del

programa convenido.

La Consejería remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones

un informe final y de evaluación del desarrollo del programa y una

certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución

del programa.

Si el gasto realizado fuese menor que la cantidad subvencionada, el

remanente será reintegrado al Tesoro Público.

Quinta.-El presente Protocolo general entrará en vigor el día siguiente

al de su firma y su vigencia será indefinida, si no se formula, por cualquiera

de las partes, renuncia expresa y por escrito.

En este caso, las partes firmantes se comprometen a seguir

desarrollando hasta su conclusión aquellas actuaciones en curso que, en

cumplimiento del mismo, no tuviesen terminadas en dicho momento y fuesen

necesarias para la consecución del interés público perseguido con este

Protocolo.

Sexta.-Será causa resolutoria de este Protocolo general cualquiera que

suponga o conlleve el incumplimiento de las cláusulas establecidas en

el mismo, o las de los Convenios específicos en que anualmente se concrete

la colaboración.

Séptima.-Para la ejecución, seguimiento e interpretación del presente

Protocolo y los Convenios específicos que se suscriban en desarrollo del

mismo, se constituirá una Comisión Mixta formada por dos representantes

designados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre

Drogas y dos representantes designados por el Consejero de Asuntos

Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Octava.-Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo, en

el seno de la Comisión Mixta, aludida en la cláusula anterior, las incidencias

que puedan sobrevenir en aplicación de este Protocolo general y los

Convenios específicos que se suscriban en desarrollo del mismo, relativas a

su interpretación, cumplimiento, extinción y efectos.

No obstante lo anterior, para el caso de que se mantengan las

discrepancias sobre las incidencias citadas, dada la naturaleza administrativa

de este Protocolo general, las partes someterán aquellas discrepancias

al conocimiento de los Tribunales competentes del orden jurisdiccional

contencioso-administrativo.

De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones

legales de que son titulares las autoridades firmantes y obligando con

ello a las instituciones a las que representan, suscriben por duplicado

el presente Protocolo general en el lugar y fecha ya indicados.

El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.-El Consejero de Asuntos

Sociales, Isaías Pérez Saldaña.