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Con esta fecha he adoptado el siguiente acuerdo:

Vista la sentencia 28/98, declarada firme el 30 de noviembre

de 1998, de la Audiencia Provincial de Barcelona en el

procedimiento Tribunal del Jurado número 2/98, por la que se condena

a don Agustín Ruiz Sánchez, funcionario de carrera del Cuerpo

de Oficiales de la Administración de Justicia con destino en el

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hospitalet

de Llobregat, "como autor responsable de un delito de cohecho,

previsto y penado en el artículo 425-1. o del C. P., sin la

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad

criminal, a las penas siguientes: 60.000 pesetas de multa con

responsabilidad penal subsidiaria de diez días en caso de impago

y suspensión de empleo o cargo público durante seis meses, así

como al pago de las costas procesales devengadas incluyéndose

las de la acusación particular".

El artículo 27.1 f) del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos

Oficiales, Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración

de Justicia ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de marzo de 1996),

establece como causa de la pérdida de la condición de funcionario

la "condena sobrevenida como consecuencia de delito doloso,

relacionado con el servicio o que cause daño a la Administración

de Justicia o a sus destinatarios".

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de las

competencias que le atribuye la Orden de 29 de octubre de 1996,

por la que la Ministra de Justicia delega determinadas atribuciones

y aprueba las efectuadas por otras autoridades del Departamento

en otros órganos ("Boletín Oficial del Estado" de 6 de noviembre),

acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionario del

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia y su baja

en el escalafón del mencionado Cuerpo.

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, cabe

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos

meses desde el día siguiente a su notificación, previa comunicación

a este centro (artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, "Boletín Oficial del Estado"

del 27).

Madrid, 28 de enero de 1999.-El Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 29 de octubre de 1996, "Boletín Oficial del Estado"

de 6 de noviembre), el Director general de Relaciones con la

Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.