Está Vd. en

Documento BOE-A-1999-3785

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad Anónima», contra la negativa de doña Belén Madrazo Meléndez, Registradora de la Propiedad de Daroca, a cancelar determinadas inscripciones, en virtud de apelación de la señora Registradora.

Publicado en:
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 1999, páginas 6546 a 6547 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-3785

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales don José Alfonso Lozano Gracián, en nombre del "Banco de Crédito

Agrícola, Sociedad Anónima", contra la negativa de doña Belén Madrazo

Meléndez, Registradora de la Propiedad de Daroca, a cancelar determinadas

inscripciones, en virtud de apelación de la señora Registradora.

Hechos

I

En el procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley

Hipotecaria número 1044/1991, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia

número 32 de Madrid, a instancia del "Banco de Crédito Agrícola, Sociedad

Anónima", para la efectividad de la hipoteca constituida sobre la finca

registral número 12.212 del término de Cariñena, en reclamación

de 1.604.832 pesetas de intereses más 1.995.000 pesetas para costas y

gastos que fue adjudicada a dicha entidad bancaria en segunda subasta

por un valor de 13.500.000 pesetas. Con fecha 15 de septiembre de 1992

fue aprobada la liquidación de intereses ascendiendo a la cantidad total

de 9.684.519 pesetas que sumadas al principal reclamado, la deuda

existente con el Banco, aparte de los gastos y costas, suponía 26.309.519

pesetas. El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 32 de

Madrid dirigió mandamiento al Registrador de la Propiedad de Daroca

ordenando la cancelación de la hipoteca que garantiza el crédito del actor.

II

Presentado el referido mandamiento en el Registro de la Propiedad

de Daroca, fue calificado con nota de 24 de mayo de 1993 observándose

en el mismo defectos subsanables. Presentado nuevamente fue objeto de

la siguiente calificación: "Denegadas las cancelaciones objeto del

precedente mandamiento refiriéndose según resulta de adición al auto de

fechas 13 de mayo de 1994, a la finca registral 12.212, por resultar de

otra adición presentada en este Registro, de fecha 19 de julio de 1994,

que, la reclamación objeto del procedimiento lo es por 16.625.000 pesetas

de principal, y 9.684.519 pesetas de intereses; cantidades estas superiores

a las garantizadas en relación con la finca 12.212, que son 11.970.000

pesetas de principal y 4.58.075 pesetas de intereses. Defecto insubsanable.

Daroca a 25 de octubre de 1994.-La Registradora.-Firma ilegible. Contra

la presente calificación podrá interponerse ante el excelentísimo señor

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el recurso

gubernativo regulado en los artículos 112 y siguientes del Reglamento

Hipotecario, en el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de esta nota.

Daroca a 25 de octubre de 1994.-La Registradora.-Firma ilegible".

III

El Procurador de los Tribunales don Alfonso Lozano Gracián, en

representación del "Banco de Crédito Agrícola, Sociedad Anónima", interpuso

recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: Que la

calificación por los Registradores en cuanto a las cancelaciones viene

establecida en los artículos 18 y 99 de la Ley Hipotecaria. Que en cuanto

a los documentos expedidos por la autoridad judicial la calificación de

los Registradores viene recogida en el artículo 100 del Reglamento

Hipotecario. Que el Registrador en su primera calificación, hizo una

interpretación extensiva y exorbitante respecto de sus competencias y atribuciones,

observando un defecto subsanable. Que se calificó de tal forma, a pesar

de que el Juez hizo constar en el mandamiento que el crédito del actor

era superior al precio de adjudicación. No obstante, se solicitó del Juzgado

competente que se hiciera constar mediante adición al mandamiento, la

cantidad exacta del crédito del actor, tanto por principal como por

intereses, una vez realizada la liquidación de estos últimos, con lo que se

demostraba al Registrador que el crédito del actor era superior a la suma

de los precios de los remates. Que aun así se deniega la cancelación.

IV

La Registradora de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: Que

en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 114 de la Ley Hipotecaria

es necesario calificar escrupulosamente la cláusula de constitución de

cualquier hipoteca, puesto que una vez que queda determinada en la inscripción

registral la parte del crédito de que debe responder cada bien, no se podrá

repetir contra dicho bien en perjuicio de tercero sino por la cantidad

a que esté afecto y la que al mismo corresponda por razón de los intereses

con el límite del citado artículo 114. Que la legislación hipotecaria establece,

en los casos de disociación entre el débito personal y la deuda hipotecaria

en los que la obligación va por un lado y la hipoteca por otro, la cifra

de responsabilidad hipotecaria como un límite casi sacramental, en favor

de posibles terceros. Así cabe citar los artículos 115 y 121 de la Ley

Hipotecaria. Que cuando se ejecuta el derecho real de hipoteca a través del

procedimiento judicial sumario, el Juez reclama al Registro certificación

en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. Que

se considera que el mandamiento y sus adiciones incurren en una

infracción de los preceptos citados y también en infracciones gramaticales que

se repiten en las adiciones. Que existen serios problemas para admitir

una cancelación que parte de la reclamación de una cantidad muy superior

a la que, de acuerdo con la cláusula de constitución de hipoteca y en

perjuicio de terceros, establece la Ley. Que en este sentido hay que citar

la Resolución de 27 de julio de 1988 y tener en cuenta las reglas 5. a y15

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. Que en el supuesto de que la finca

hipotecada hubiese pasado a un tercer poseedor al requerírsele el pago,

éste podía satisfacer antes del remate el importe del crédito y de los

intereses y costas en la parte que esté asegurado con la hipoteca de su finca,

y nunca será exigible más allá de dicho límite. Lo mismo sucede con los

acreedores que quieran subrogarse en los derechos del actor; que admitir

lo contrario daría lugar a situaciones fraudulentas. Que hay que recordar

lo que dicen las Resoluciones de 20 de mayo de 1977 y 23 de octubre

de 1987 y la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1985.

Puesto que el contenido del Registro es un obstáculo al que se refiere

el artículo 100 del Reglamento Hipotecario para cualquier decisión judicial,

y puesto que la seguridad o protección del tráfico jurídico es la gran

finalidad que la publicidad registral persigue y que por virtud del principio

de especialidad se responde al afán de organizar la publicidad inmobiliaria

registral, con claridad, eliminando todo tipo de confusiones, se considera

correcto denegar las cancelaciones solicitadas.

V

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 32, de

los de Madrid informó: Que si por imperativo del principio de especialidad

se asigna el 60 por 100 del crédito reclamado a la finca adjudicada a

la entidad acreedora y recurrente, resulta que el crédito por los tres

conceptos, principal, intereses y costas, es superior a lo que garantiza la

hipoteca por cada uno de los tres y, por supuesto, superior al precio 13.500.000

pesetas por el que se remató la finca a su favor. En consecuencia, conforme

a la regla 17 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en el mandamiento

cancelatorio se hizo constar "que el valor de lo vendido o adjudicado fue

inferior al importe total del crédito del actor". El Registrador, en uso de

su función calificadora entiende que, por el contrario, el crédito con

relación a la indicada finca es inferior al precio del remate y no se han respetado

los límites de responsabilidad hipotecaria. Que tal apreciación no es

correcta porque, centrándose exclusivamente en el hecho primero del auto de

adjudicación, insiste en que sólo se han devengado y liquidado los intereses

reclamados en la demanda, sin tener en cuenta la posterior adición al

mandamiento en la que se hacía constar que los intereses liquidados con

posterioridad ascienden a 8.079.687 pesetas.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón revocó la

nota de la Registradora fundándose en el informe del Magistrado-Juez.

VII

La Registradora apeló el auto presidencial, manteniéndose en las

alegaciones contenidas en su informe, y añadió que por error en la nota

de calificación recurrida se señaló como cantidad de que respondía la

finca por razón de intereses 4.58875, cuando en realidad era 4.758.075.

Fundamentos de Derecho

Vistos el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 100 y 197 de su Reglamento

y las Resoluciones de este centro directivo de 10 de noviembre de 1925, 16

de junio de 1936, 26 de octubre de 1973, 27 de julio de 1988 y 11 de

febrero de 1998.

1. Es objeto del presente recurso el mandamiento de cancelación de

la hipoteca que garantiza el crédito del actor y las cargas posteriores como

consecuencia de un procedimiento judicial sumario de ejecución

hipotecaria. En el presente supuesto se dan las siguientes particularidades: a) El

mandamiento incluye dos fincas, aunque, en una adición posterior, se

expresa que se cancelen sólo las inscripciones que se refieren a una de

ellas; b) el auto de adjudicación del que se deriva el mandamiento no

ha sido inscrito, por observarse en él defectos que no han sido recurridos;

c) la nota de calificación deniega las cancelaciones porque la reclamación

objeto del procedimiento es de cuantía superior a la responsabilidad

hipotecaria de la finca de que se trata.

2. Es de exigir que los documentos inscribibles estén redactados con

claridad, de manera que el Registrador pueda calificarlos adecuadamente;

ahora bien, el único problema planteado en la nota de calificación recurrida,

al que se debe ceñir esta Dirección General conforme a lo establecido

en el artículo 117 del Reglamento Hipotecario es el de que la cantidad

reclamada en el procedimiento es superior a la garantizada por la hipoteca

que se ejecuta; en este sentido, la Resolución de este centro directivo

de 11 de febrero del pasado año, aunque referida al procedimiento

extrajudicial, pero cuyas conclusiones son, en este punto, perfectamente

aplicables al procedimiento judicial sumario, afirma que si bien es cierto que

la indebida extensión de la reclamación inicial crea ambigüedad sobre

la cantidad que el propietario de la finca hipotecada debe desembolsar

para conseguir el sobreseimiento del procedimiento o la que los terceros

titulares de cargas posteriores han de abonar si quieren subrogarse en

la posición jurídica del acreedor satisfecho y continuar o paralizar las

actuaciones [cfr. artículos 236.c) y e) del Reglamento Hipotecario], no

lo es menos que: a) Que en el caso debatido, una parte de la cantidad

incluida en la reclamación inicial (el principal del crédito), es fundamento

suficientemente para el ejercicio de la acción hipotecaria; b) que pese

a la ambigüedad referida, el propietario de la finca hipotecada o los terceros

titulares de cargas posteriores pueden exigir desde el principio (adviértase

que deben ser requeridos o notificados al inicial del procedimiento), la

concreción de la ejecución hipotecaria a la cantidad debida efectivamente

garantizada, o la paralización de las actuaciones abonando exclusivamente

esta última cantidad [así se infiere del 236.ñ) en relación con el 236.b)

del Reglamento Hipotecario, toda vez que si procede la suspensión total

de la ejecución por cancelación de la hipoteca que se ejecuta -e igual

resultado ha de seguirse cuando se acredita debidamente la inexistencia

"ab initio" del gravamen que se pretende ejecutar-, con mayor motivo

ha de admitirse aquella concreción de la ejecución el importe efectivamente

garantizado]; c) que aun cuando el tercer poseedor o los titulares de cargas

posteriores no impugnen oportunamente la cuantía de la reclamación

inicial, el Registrador no podrá acceder a la cancelación de los asientos

posteriores a la hipoteca ejecutada si no consta en el correspondiente

documento que el exceso del precio de remate sobre las cantidades devengadas

y garantizadas con la hipoteca, han sido depositadas en establecimiento

autorizado al efecto, a disposición de los titulares de esos asientos cuya

cancelación se pretende (cfr. artículos 131 regla 17 de la Ley Hipotecaria

y 175.2 del Reglamento Hipotecario); d) la posición restrictiva de la Ley

Orgánica del Poder Judicial en torno a la publicidad de las actuaciones

judiciales (cfr. artículos 238 y sentencias); e) que en el presente supuesto

la cantidad en que se remató la finca fue inferior a la cantidad garantizada.

3. Además de lo dicho anteriormente, hay que resaltar que en el caso

presente se afirma por el Juez, como exige la regla 17 del artículo 131

de la Ley Hipotecaria, que se practicaron las notificaciones de la regla 5. a del

mismo precepto y que el artículo 100 del Reglamento Hipotecario restringe

la calificación de los documentos judiciales a la competencia del Juzgado,

la congruencia del mandato con el procedimiento, las formalidades

extrínsecas del documento presentado y los obstáculos que surgen del

Registro.

4. Al no haber sido expresado en la nota de calificación que se recurre,

no se entra, pese a sus importantes consecuencias jurídicas, en el problema

de si, para cancelar las inscripciones posteriores a una ejecución

hipotecaria, es necesario que se haya inscrito el auto de adjudicación, o si

la suspensión o denegación de éste impide las expresadas cancelaciones.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto,

confirmando el auto presidencial, en la forma que resulta de los anteriores

fundamentos.

Madrid, 15 de enero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid