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EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA
Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.o del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 12/1998, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1999.
PREÁMBULO
Los Presupuestos Generales de la Diputación Regional constituyen el principal instrumento de la política de Gobierno. Su importancia en el caso de los Presupuestos de 1999, se intensifica por una serie de circunstancias.
La primera porque son los últimos del periodo 1994-1999 de ayudas europeas al desarrollo regional, haciendo posible que la aplicación del saldo de los fondos disponibles, tras el retraso experimentado en los ejercicios de 1994 y 1995, se produzca durante el próximo año, de no ser así, estaremos poniendo en grave riesgo la percepción de los mismos con la consiguiente amenaza para la Economía Regional y con el lógico deterioro del prestigio de la propia Comunidad Autónoma ante las Autoridades españolas y comunitarias. La trascendencia se acentúa aún más si consideramos que durante el próximo año se redactarán y aprobarán los Planes de Desarrollo Regional para el siguiente periodo 2000-2006, siendo un elemento fundamental de juicio para su determinación y cuantificación, el grado de ejecución de las anteriores.
En segundo lugar, estos Presupuestos apuestan indubitadamente por continuar con el proceso de convergencia real de la Economía Cántabra, hacia la media española y comunitaria comenzado en el año 1997, dentro del marco de estabilidad previsto en la Unión Económica y Monetaria, para lo que se refuerza aún mas, si cabe, el esfuerzo inversor de ejercicios anteriores.
En el Documento Presupuestario se recoge el Acuerdo de Concertación Social para 1999, suscrito por los representantes empresariales y sindicatos con el Gobierno de Cantabria, plasmándose las medidas concretas de crecimiento económico, formación, empleo y bienestar social en el Estado de Gastos del presente Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley servirá para acoger, en el caso que se produzca el traspaso, las competencias de educación no universitaria a partir de 1999, eficaz y continuadamente con el fin de conseguir que su gestión administrativa y económica mejore en todo aquello que sea posible.
Por último, el Presupuesto recoge una serie de medidas tendentes a la potenciación, atención y mejora de la calidad de vida de las clases menos favorecidas en el ámbito social, laboral o cultural.
II
El artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Cantabria establece que corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y a la Asamblea Regional su examen, enmienda, aprobación y control.
Además, en este Proyecto de Ley, se da cumplimiento al mandato Estatutario que obliga a que sea único, que tenga carácter anual e incluya la totalidad de los Gastos e Ingresos de la Diputación Regional de Cantabria y de los Organismos y Entidades dependientes de la misma.
Igualmente, se consignan en estos Presupuestos el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
III
El articulado del Proyecto de Ley comprende nueve títulos, con sus respectivos capítulos, doce disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos finales.
Uno. La parte típica y esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el título I, capítulo I, en el que se aprueban la totalidad de los Estados de Gastos e Ingresos del Sector Público Regional. En el capítulo II, se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dos. El título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria se estructura en cuatro capítulos.
En su capítulo I regula el carácter limitativo de los créditos, los créditos ampliables y se otorgan competencias, en materia de gestión presupuestaria, al Consejero de Economía y Hacienda.
Los capítulos II y III se dedican a regular los costes del personal de la Universidad de Cantabria, la información de las Sociedades Mercantiles Públicas y el régimen de presupuestación y contabilidad de los Consorcios de la Diputación Regional de Cantabria con otras Administraciones Públicas.
En el capítulo IV contempla una serie de normas de gestión relativas a la financiación afectada, al reconocimiento de obligaciones por la Administración Regional y a la mejora de la figura del «anticipo de caja fija» para Gastos corrientes en bienes y servicios exigiéndose el informe previo de la Intervención.
Tres. La contabilidad y el control interno de la gestión económica y financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, son objeto de regulación en el título III del presente Proyecto de Ley, otorgándole la competencia sobre los mismos a la Intervención General.
Cuatro. El título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias, los compromisos de Gastos cuya financiación haya de extenderse a ejercicios posteriores y la liquidación de los presupuestos.
Se recogen, además, de manera expresa las competencias de la Mesa de la Asamblea Regional de Cantabria en el control de la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos, ordenándose la no justificación ante el Gobierno de Cantabria de las dotaciones presupuestarias a la Asamblea Regional que lo serán en firme.
Cinco. Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el título V que se estructura, a su vez, en un capítulo único denominado «De los regímenes retributivos».
Las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Diputación Regional de Cantabria experimentarán un aumento del 1,8 por 100 en términos de homogeneidad respecto a los años 1998 y 1999.
Se especifican las retribuciones del Presidente y Vicepresidente del Consejo de Gobierno, así como la de los Consejeros. Se cuantifican los complementos de destino y específico de los Secretarios Generales, Directores Generales y otros altos cargos.
Se actualizan los importes del sueldo, el complemento de destino y el complemento específico de los funcionarios al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria y se legisla sobre gratificaciones por servicios extraordinarios, productividad, retribuciones del personal interino y eventual.
Se regulan, entre otras, las retribuciones del personal laboral, del contratado administrativo, de los cuerpos docentes, los complementos personales y transitorios, el devengo de retribuciones y la jornada reducida.
Se establece la posibilidad de autorizar por el Consejo de Gobierno la convocatoria de las plazas de nuevo ingreso, que deberán ser inferiores al 25 por 100 de la tasa de reposición de efectivos. Durante 1999 no se procederá a la contratación de nuevo personal laboral temporal, ni al nombramiento de personal interino salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Seis. El título VI se ha reservado en el texto legal para la Contratación Pública, dándose cumplimiento al mandato contenido en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Diputación Regional de Cantabria que determina que, en la Ley de Presupuestos de cada año, se establecerán aquellos contratos que por su cuantía han de autorizarse por el Consejo de Gobierno.
Por último se resalta la importancia, para un mayor y mejor control del gasto, de la comprobación material de la inversión.
Siete. El título VII examina el régimen de las subvenciones y ayudas públicas.
Las normas que se contienen en este título son aplicables, en defecto de legislación específica.
En cuanto a las subvenciones y ayudas procedentes de la Unión Europea, se regirán por la normativa especial que las establece y regula su obtención.
Ocho. El título VIII hace referencia a las operaciones financieras, autorizando al Consejero de Economía y Hacienda a formalizar las operaciones de crédito o préstamo.
Asimismo se contemplan las operaciones de Tesorería a corto plazo, la emisión de deuda pública y la posibilidad de endeudamiento existente.
En el capítulo relativo a los avales públicos y otras garantías, se fija el límite total de los avales a prestar por la Comunidad Autónoma.
Se recogen expresamente las obligaciones de las Empresas Regionales y demás Entes Públicos de la Diputación Regional de Cantabria, en cuanto a la apertura y cierre de cuentas en entidades financieras, sus operaciones financieras activas y pasivas o la información relativa a la situación de su endeudamiento.
Nueve. El título IX recoge la información a remitir por parte del Gobierno a la Asamblea Regional.
Diez. Finalmente, catorce Disposiciones Adicionales contemplan diversas situaciones que, bien por su característica de excepcionalidad bien por referirse a contingencias posibles pero no determinadas, o bien, incluso, como medida de precaución, no han tenido el oportuno tratamiento en los sesenta y siete artículos de la Ley.
Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1999, que están integrados por:
a) El presupuesto de la Asamblea Regional de Cantabria.
b) El presupuesto de la Administración de la Comunidad de Cantabria.
c) El presupuesto del Organismo Autónomo «Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria», que incluye el de la Escuela Regional de Policía Local.
d) El presupuesto del organismo autónomo «Centro de Investigación del Medio Ambiente».
e) Los presupuestos de las entidades públicas «Fundación Pública Marqués de Valdecilla», «Patronato del Conservatorio de Música Jesús de Monasterio» y «Fundación Cántabra para la incorporación Social del Drogodependiente».
f) El presupuesto del ente de Derecho Público Consejo Económico y Social.
g) El presupuesto del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Cantabria.
h) La documentación de las sociedades públicas de carácter mercantil, que perciban subvenciones de explotación o de capital.
Los Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1999 constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer los Entes mencionados en las letras a) a d) del artículo anterior, así como los derechos económicos que se prevea liquidar durante el ejercicio presupuestario.
b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las sociedades mercantiles de la letra h) del artículo anterior.
c) La totalidad de los gastos e ingresos estimados de las restantes entidades públicas que conforman la Diputación Regional de Cantabria.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en el Estado de Gastos del Presupuesto del sector definido en las letras a) y b) del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de 97.406.260.000 pesetas, cuya distribución por funciones es la siguiente:
| Función | Pesetas | |
|---|---|---|
| 11 | Alta Dirección de la Comunidad Autónoma | 912.258.000 |
| 12 | Administración General | 3.381.383.000 |
| 22 | Seguridad y Protección Civil | 364.600.000 |
| 31 | Seguridad y Protección Social | 7.439.229.000 |
| 32 | Promoción Social | 5.110.182.000 |
| 41 | Sanidad | 5.557.876.000 |
| 42 | Educación | 6.925.968.000 |
| 43 | Vivienda y Urbanismo | 1.847.117.000 |
| 44 | Bienestar Comunitario | 10.552.082.000 |
| 45 | Cultura | 4.358.949.000 |
| 51 | Infraestructuras básicas y transportes | 15.485.009.000 |
| 52 | Comunicaciones | 1.666.880.000 |
| 53 | Infraestructuras agrarias | 6.014.785.000 |
| 61 | Regulación económica | 1.627.575.000 |
| 63 | Regulación financiera | 943.192.000 |
| 71 | Agricultura, Ganadería y Pesca | 9.222.786.000 |
| 72 | Industria | 4.753.002.000 |
| 75 | Turismo | 1.526.701.000 |
| 76 | Comercio | 672.520.000 |
| 81 | Deuda Pública | 9.044.166.000 |
Dos. En el Estado de Gastos del Presupuesto del organismo autónomo «Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria», se aprueban los créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de 61.845.000 pesetas, y en cuyo Estado de Ingresos se recogen las estimaciones de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, por igual importe.
Tres. En el Estado de Gastos del Presupuesto del organismo autónomo «Centro de Investigación del Medio Ambiente» se aprueban los créditos para atender el cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de 239.501.000 pesetas, y en cuyo Estado de Ingresos se recogen las estimaciones de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, por igual importe.
Cuatro. La estimación de gastos aprobada de las restantes entidades públicas alcanza un importe de 716.840.000 pesetas, cuya distribución es la siguiente:
| Pesetas | |
|---|---|
| Fundación Pública «Marqués de Valdecilla» | 360.000.000 |
| Patronato del Conservatorio de Música «Jesús de Monasterio» | 206.340.000 |
| Consejo Económico y Social | 40.000.000 |
| Consejo Asesor de Radiotelevisión Española | 10.500.000 |
| Fundación Cántabra para la Incorporación Social del Drogodependiente | 100.000.000 |
Cinco. Como resultado de las consignaciones de créditos que se han detallado en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado para 1999, de la Diputación Regional de Cantabria asciende a 97.687.646.000 pesetas.
Los créditos aprobados en el Estado de Gastos de los presentes Presupuestos Generales se financiarán:
a) Con los recursos económicos de origen tributario y de Derecho Público que se prevén liquidar durante el ejercicio, comprensivos de los tres primeros Capítulos del Presupuesto de Ingresos (impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, y tasas, precios públicos y otros ingresos).
b) Con los ingresos no fiscales a liquidar durante el ejercicio, que comprenden los capítulos IV a VII del Presupuesto de Ingresos (transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital).
c) Con los recursos detallados en el capítulo VIII del Estado de Ingresos.
d) Con el producto del endeudamiento, contemplado en el capítulo IX del Estado de Ingresos, por importe de 6.296.235.000 pesetas.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de esta Comunidad Autónoma, se estiman en 445.234.780 pesetas.
La administración y gestión de los derechos económicos de la Hacienda de la Diputación Regional de Cantabria corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda.
Los créditos para gastos que se aprueban por la presente Ley se destinarán exclusivamente a la finalidad orgánica, funcional y económica para la que son autorizados por la misma, o por las modificaciones aprobadas conforme a esta Ley.
Uno. Los créditos autorizados en los respectivos programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante de acuerdo con su clasificación orgánica, funcional y económica.
En lo referente a la clasificación económica, el nivel vinculante de los créditos será el siguiente:
a) En los capítulos I y II, a nivel de artículo.
b) En los restantes Capítulos de gasto, a nivel de concepto.
Dos. No obstante, serán vinculantes al nivel de desagregación con que aparecen en los respectivos estados de gastos:
a) En el capítulo I, los conceptos: 143, otro personal, 150, productividad y 151, gratificaciones y otros trabajos extraordinarios.
b) En el capítulo II, los subconceptos: 226.1, atenciones protocolarias y representativas y 227.6, estudios y trabajos técnicos.
c) Créditos ampliados.
Tres. El Consejo de Gobierno, en aquellos supuestos que estime necesarios, podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregación.
Uno. Con vigencia exclusiva para 1999, se consideran créditos ampliables, hasta una suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer, previo cumplimiento de las normas legales oportunas, dando cuenta de ello trimestralmente a la Asamblea, los siguientes:
a) Los créditos destinados al pago de cuotas sociales a cargo del empleador, así como los trienios por servicios realmente prestados a la Administración por parte de los empleados públicos.
b) Los créditos correspondientes a competencias o servicios transferidos y, en su caso, los necesarios para reconocer obligaciones adicionales a las previstas inicialmente, por el importe de las transferencias de fondos que para compensar estas actuaciones tenga derecho a percibir esta Administración.
c) Los créditos destinados a gastos de servicios para los que se exigen tasas, exacciones parafiscales, cánones o precios, por la diferencia entre la recaudación inicialmente prevista y la efectivamente ingresada.
d) Los créditos cuya cuantía venga determinada en función de ingresos afectados, mediante compromiso firme de ingresos o que hayan de fijarse en función de derechos reconocidos.
e) Los destinados al pago de obligaciones reconocidas por sentencia firme, al pago de valoraciones y peritajes, y a la remuneración de agentes mediadores independientes.
f) Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones de endeudamiento.
g) Los destinados al pago de haberes al personal, cuando resulte necesario para atender a la aplicación de retribuciones derivadas de disposiciones de carácter general.
h) Los destinados a satisfacer los gastos que se deriven de la dotación por servicios nuevos.
Dos. El mayor gasto autorizado mediante ampliación se financiará con ingresos no previstos inicialmente o declarando no disponibles otros créditos.
Uno. Sin perjuicio de las competencias establecidas en la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, corresponden al Consejero de Economía y Hacienda, todas las fases de tramitación del gasto en los capítulos I, III, VIII y IX del estado de gastos.
Dos. Las cantidades, que en su caso, se libren con el carácter de gastos a justificar se regirán por su normativa específica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relación con su disposición final segunda, se autorizan los costes de personal funcionario docente y no docente y contratado docente de la Universidad de Cantabria para 1999 y por importe de 3.817.405.695 pesetas, para el personal docente funcionario y contratado, y de 795.246.245 pesetas, para el personal funcionario no docente, sin incluir trienios, seguridad social ni las partidas que, en aplicación del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), y disposiciones que lo desarrollan venga a incorporar a su Presupuesto la Universidad, procedentes de las Instituciones Sanitarias correspondientes, para financiar las retribuciones de las plazas vinculadas.
Las empresas públicas de la Diputación Regional de Cantabria remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y endeudamiento, así como aquella otra que se determine mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
Con objeto de asegurar en las empresas públicas determinadas condiciones de eficacia, eficiencia, economía y buena gestión en la asignación de los recursos, la Consejería de Economía y Hacienda, podrá concertar convenios o contratos-programa con las sociedades públicas de carácter mercantil, vinculándolos a la percepción de subvenciones de explotación o capital. Los citados convenios o contratos incluirán, al menos:
a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base a los acuerdos.
b) Objetivos perseguidos en relación con la rentabilidad y productividad.
c) Política de personal, reestructuración técnica, o cualesquiera otras finalidades.
d) Las actuaciones necesarias para adaptar los objetivos acordados a las variaciones que pudieran producirse en el entorno económico respectivo.
A estos efectos, en cada convenio o contrato se establecerá una comisión de seguimiento que será copresidida por la Consejería de la cual dependa la sociedad, y la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Consejerías y entidades públicas de esta Diputación Regional de Cantabria, pueden participar en consorcios con otras administraciones públicas o con empresas privadas, para fines de interés público. La participación se autorizará siempre por el Consejo de Gobierno.
En los consorcios en cuya financiación participen en un cincuenta por ciento o más los órganos del sector público de Cantabria, el régimen de presupuestación y contabilidad de los mismos se ajustará a la normativa de la Diputación Regional de Cantabria, pudiéndose establecer por ésta un control financiero permanente.
Se entiende que existe una participación de, al menos, un cincuenta por ciento, cuando en el documento de constitución del consorcio conste que las aportaciones iniciales o la financiación de los gastos anuales a cargo de los órganos y entidades del sector público de Cantabria, alcanzan o superan el citado porcentaje.
De la constitución del consorcio se remitirá la oportuna información a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional.
Uno. El Consejero de Economía y Hacienda podrá determinar las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, y de los generados durante el mismo, cuya financiación proceda de transferencias de carácter finalista o predeterminadas, con el fin de adecuar la gestión de dichos créditos a las cuantías efectivamente concedidas.
Dos. De las normas de gestión se informará por parte del Consejero a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional en un plazo máximo de veinte días a partir de su aprobación.
El reconocimiento de las obligaciones con cargo a los Presupuestos Generales se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que, en su momento, aprobaron y comprometieron el gasto.
Dicha acreditación exigirá la expresa conformidad con la realización de la prestación o derecho del acreedor, en los términos previstos en la normativa vigente, expedida por el Jefe de la Unidad responsable.
Excepcionalmente, cuando no pueda aportarse la documentación justificativa de la obligación según los párrafos anteriores, ni las obligaciones se satisfagan según lo dispuesto en el artículo 16, podrán tramitarse propuestas de pago y librarse los fondos con el carácter de «a justificar».
Los perceptores de estos fondos quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de tres meses, que podrá ser ampliado por razones excepcionales a propuesta del órgano gestor del crédito, previo informe de la Intervención Delegada.
Los gastos periódicos o repetitivos podrán ser satisfechos con anticipos de caja fija u otros libramientos análogos que, en todo caso, puedan tener el carácter de renovables por el importe justificado, de forma que la cantidad librada permanezca fija a lo largo del ejercicio.
Los Consejeros, previo informe de la Intervención Delegada, fijarán las aplicaciones presupuestarias a cuyo cargo pueden librarse los fondos, dentro del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
La Intervención General de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria, con plena autonomía respecto a los órganos y entidades sujetos a fiscalización, tendrá las siguientes facultades:
Ser centro de control interno.
Ser el centro directivo de la contabilidad pública.
El control interno de la gestión económica y financiera de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria, se realizará por la Intervención General sobre el conjunto de su actividad financiera y sobre los actos de contenido económico que la integran.
El control interno se llevará a cabo mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero.
La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que su administración se ajuste a las disposiciones existentes en cada caso.
El ejercicio de la función interventora comprenderá:
La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen gastos o acuerden movimiento de fondos y valores.
La intervención de la liquidación del gasto y de la inversión.
La intervención formal de la ordenación del pago. La intervención material del pago.
La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria se sustituye por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior. Este último se efectuará mediante el ejercicio del control financiero permanente.
El Interventor general podrá establecer específicas comprobaciones posteriores sobre determinados tipos de liquidaciones.
No obstante, los actos de ordenación del pago y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos están sujetos a la intervención formal de la ordenación del pago y a la intervención material del pago.
Uno. No estarán sometidos a fiscalización previa los siguientes gastos:
Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del cual deriven, o sus modificaciones.
Los gastos no superiores a 300.000 pesetas.
Las subvenciones con consignación nominativa en los Presupuestos.
Dos. En las Entidades Públicas «Fundación Pública Marqués de Valdecilla», «Patronato del Conservatorio de Música Jesús de Monasterio» y «Fundación Cántabra para la Incorporación Social del Drogodependiente», la función interventora queda sustituida por el control financiero permanente.
El Consejo de Gobierno podrá acordar, a iniciativa del Consejero de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, que la fiscalización previa se limite a comprobar los extremos siguientes:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 34, con carácter previo a la disposición del gasto.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, determine el Consejo de Gobierno.
Los Interventores podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan efecto suspensivo en la tramitación de los expedientes correspondientes.
Asimismo el Consejo de Gobierno, podrá acordar, previo informe de la Intervención General, un sistema específico de fiscalización limitada previa de los gastos del personal de los cuerpos docentes, sanitarios y de atención social.
Los mencionados acuerdos, aprobados por el Consejo de Gobierno, deberán ser publicados en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Uno. El control financiero, cuyo objeto es verificar que la gestión económico-financiera de la Administración Autonómica, se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, será ejercido por la Intervención General, con respecto a los siguientes sujetos:
Con carácter permanente, incluyendo, en su caso, el control posterior a la fiscalización esencial o limitada previa, se extenderá a las Consejerías y demás órganos de la Administración General, sus organismos autónomos, entidades públicas, sociedades mercantiles y demás entidades del sector público regional.
Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas concedidas por órganos o entes del sector público regional, incluyendo las financiadas con cargo a fondos de otras Administraciones, así como a las entidades colaboradoras que participen en el procedimiento para su concesión y gestión.
Dos. El control financiero se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con lo que se establezca en las normas de auditoría e instrucciones que dicte el Interventor general.
Tres. El control financiero se realizará por la Intervención General de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria, a través de sus propios servicios y, en su caso, a través de las unidades y firmas externas de auditoría designadas para cada caso.
Cuatro. Cuando, por insuficiencia de medios, se contrate con firmas externas la realización de controles financieros, en la dirección de los trabajos participará el Interventor adjunto o el funcionario que designe el Interventor general. Este criterio se mantendrá en la emisión del informe establecido en el artículo 76, número 2, de la Ley 7/1984, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, para las auditorías complementarias.
En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones, hasta que el Consejo de Gobierno lo autorice.
Uno. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se regularán por lo dispuesto en la presente Ley, por la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, y por cuanto se disponga en leyes especiales.
Dos. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente, además de la sección a que se refiera, el programa, servicio u organismo, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.
Tres. La correspondiente propuesta de modificación deberá expresar, mediante Memoria justificativa, la incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que la motivan, así como los efectos sobre los objetivos a que se renuncia o se reducen.
Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a disminuciones en los créditos del capítulo I, «Gastos de Personal», será preceptivo el informe de la Dirección General de Función Pública, que será evacuado en el plazo de siete días.
Cinco. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a créditos financiados con fondos de la Unión Europea, será preceptivo informe del Órgano de Control y Seguimiento del mismo.
Seis. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para la creación de las aplicaciones necesarias en los Estados de Ingresos y Gastos.
Siete. Todo expediente de modificación de crédito requerirá informe de la Intervención General, sobre los aspectos recogidos en el capítulo II de este título.
Ocho. La contabilización de las modificaciones presupuestarias corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.
Uno. Teniendo en cuenta el régimen de vinculación cuantitativa y cualitativa de los créditos presupuestarios a que se hace referencia en esta Ley, podrán autorizarse transferencias entre los créditos de gastos, con las siguientes limitaciones:
No afectarán a los créditos extraordinarios o suplementos de crédito concedidos durante el ejercicio, ni a los créditos incorporados de ejercicios anteriores.
No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados mediante transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal o de gastos y pasivos financieros.
No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minorización, salvo cuando afecten a créditos de personal o de gastos y pasivos financieros.
En las letras b) y c) anteriores, las limitaciones se aplicarán al correspondiente nivel de vinculación de los créditos.
Dos. Las limitaciones previstas en el apartado anterior no afectarán a las transferencias que se refieran a los créditos de «Imprevistos y funciones no clasificadas», ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas o aplicación de los recursos procedentes de la Unión Europea.
Uno. Los ingresos efectivamente realizados durante el ejercicio podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, en los siguientes casos:
Aportaciones de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para financiar gastos que, por su naturaleza, estén comprendidos en los fines u objetivos de la Diputación Regional de Cantabria o de sus organismos dependientes.
Enajenaciones de bienes de la Diputación Regional de Cantabria o de sus organismos.
Prestaciones de servicios.
Reembolso de préstamos.
Créditos del exterior para inversiones públicas.
Dos. Asimismo, podrán generar créditos los ingresos realizados durante el último trimestre del ejercicio anterior en los casos enumerados en el apartado anterior.
Los ingresos obtenidos por reintegro de pagos realizados indebidamente con cargo a créditos presupuestarios, podrán dar lugar a la reposición de éstos últimos.
Uno. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho.
No obstante, previo expediente que acredite su existencia y financiación, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los Presupuestos de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, los que se indican:
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito.
Las transferencias de crédito que hayan sido autorizadas en el último trimestre del ejercicio y que, por causas justificadas, no hayan podido realizarse durante el mismo.
Los créditos para operaciones de capital.
Los créditos que amparen disposiciones de gastos acordadas durante el ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido realizarse durante el mismo.
Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.
Los créditos con financiación afectada procedentes de otras administraciones públicas, nacionales o extranjeras, cuyo ingreso haya tenido lugar en el último trimestre del ejercicio presupuestario.
Los créditos generados por las operaciones que define el artículo 27 de esta Ley.
Dos. Los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado anterior, únicamente podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en que la incorporación se acuerde.
La parte del remanente afectada por una disposición de gasto, que se incorpore al nuevo Presupuesto seguirá sujeta al mismo compromiso, salvo que las obligaciones referentes a la misma hubieran sido atendidas con cargo a los créditos del Presupuesto corriente.
Tres. Al objeto de atender el pago de obligaciones derivadas de obras, suministros, servicios y operaciones de endeudamiento, cuyo saldo contable haya sido anulado a fin de ejercicio, se podrá imputar el pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores a créditos del ejercicio corriente de similar naturaleza y finalidad. Posteriormente, cuando se incorporen los remanentes de créditos afectados, se imputarán a los mismos las obligaciones iniciales previstas para el ejercicio.
Cuatro. Al incorporarse un remanente de crédito lo harán también, en su caso, los derechos y obligaciones que su ejecución deba producir.
Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, e iniciativa de la Consejería o Consejerías afectadas:
a) Autorizar transferencias de crédito entre programas correspondientes a distintas funciones o grupos de funciones.
b) Autorizar las transferencias entre créditos de operaciones corrientes y de capital, excepto cuando el crédito a incrementar corresponda a los capítulos III y IX del Presupuesto.
c) Autorizar transferencias entre programas, correspondientes a distintas funciones y pertenecientes a servicios de la misma o de diferentes Secciones, siempre que se trate de reorganizaciones administrativas o que se produzcan como consecuencia de la aplicación de los recursos procedentes de la Unión Europea.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar transferencias de crédito de las dotaciones no utilizadas en las distintas Secciones del Presupuesto a los créditos de «Imprevistos y funciones no clasificadas», creando los créditos que sean necesarios a tal efecto, para su posterior reasignación.
Uno. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda, además de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de las Consejerías, autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias:
Transferencias de crédito en los supuestos de exclusión de las competencias de los titulares de las Consejerías a que se refiere el artículo 32 de esta Ley.
Transferencias de crédito entre un mismo programa, o entre programas incluidos en la misma función, y correspondientes a varias Consejerías.
Transferencias entre créditos incluidos en los capítulos I, III, VIII y IX del Estado de Gastos.
Transferencias de créditos sujetos a la vinculación señalada en el apartado dos del artículo 8. Las generaciones de crédito que contempla el artículo 27 de esta Ley.
Las incorporaciones de crédito que contempla el artículo 29 de esta Ley.
Las ampliaciones de crédito que se contemplan en la presente Ley.
Dos. Asimismo, podrá autorizar las transferencias que se realicen desde los créditos de «Imprevistos y funciones no clasificadas» a los diferentes créditos del Estado de Gastos, cualquiera que sea la función o sección presupuestaria a que corresponda.
La Consejería o centro gestor que solicite una transferencia con cargo a los créditos de «Imprevistos y funciones no clasificadas», deberá justificar la imposibilidad de financiarla mediante reajuste de sus créditos; a tal efecto, procederá a un examen conjunto de revisión de sus programas o actividades del gasto, indicando las desviaciones que la ejecución del Presupuesto pueda revelar en la consecución de los correspondientes objetivos.
Uno. Corresponde a los titulares de las distintas Consejerías, y en relación con el Presupuesto de sus Secciones respectivas, autorizar las transferencias entre créditos de un mismo programa, siempre que no afecten a créditos de personal, subvenciones nominativas o a los créditos vinculados del apartado dos del artículo 8, o que no supongan desviaciones en la consecución de los objetivos del programa.
Dos. Los Presidentes o Directores de los Organismos tendrán las competencias establecidas para los Consejeros con relación a las modificaciones presupuestarias de sus gastos respectivos.
Uno. Las dotaciones presupuestarias de la Asamblea Regional de Cantabria se librarán en firme y por trimestres anticipados, y no estarán sujetas a ningún tipo de justificación ante el Gobierno de Cantabria.
Dos. A la Mesa de la Asamblea Regional de Cantabria le corresponde dirigir y controlar la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos, según se establece en la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, y en el Reglamento de la Asamblea Regional de Cantabria.
Uno. No obstante el carácter anual del Presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos cuya financiación haya de extenderse a ejercicios posteriores, en los supuestos siguientes:
Inversiones y transferencias de capital.
Transferencias Corrientes.
Convenios, contratos de obras, de suministros, de consultoría y de asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración, y arrendamientos de equipos, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo igual o inferior a un año.
Arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por Órganos de la Administración de Cantabria.
Cargas financieras de la deuda de la Diputación Regional de Cantabria y de sus Organismos Autónomos.
La competencia para su autorización corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.
Dos. El número de ejercicios a que puede extenderse dicha autorización en los supuestos a), b) y c) anteriores no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto que en tales casos se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial al que se impute la operación, definido a su nivel de vinculación, los siguientes porcentajes:
a) En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100.
b) En el segundo ejercicio, el 60 por 100.
c) En los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100.
Tres. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería respectiva, podrá modificar los porcentajes señalados en el apartado tres de este artículo, así como, excepcionalmente, modificar el número de anualidades fijadas en este artículo, en casos especialmente justificados.
Cuatro. Los compromisos a que se refieren los apartados uno y dos del presente artículo, deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización.
Uno. El Presupuesto del ejercicio de 1999 se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre de dicho año.
Como consecuencia de la liquidación de los Presupuestos deberán determinarse:
Los derechos pendientes de cobro, y las obligaciones pendientes de pago.
El resultado presupuestario del ejercicio. Los remanentes de crédito.
Dos. La Consejería de Economía y Hacienda someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno la citada liquidación antes del 30 de abril del año 2000.
Tres. Esta liquidación será remitida a la Asamblea Regional de Cantabria antes del 15 de mayo del mismo año.
Uno. Con efectos de 1 de enero de 1999, las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Diputación Regional de Cantabria no podrán experimentar un aumento global superior al 1,8 por 100 con respecto a las del año 1998, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Los acuerdos, pactos o convenios que impliquen incrementos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan al mismo.
Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones en las retribuciones y en los créditos presupuestarios, que con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Con efectos de 1 de enero de 1999, la cuantía de los componentes de las retribuciones del personal en activo al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria, excepto el sometido a la legislación laboral, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñen, sólo podrán experimentar la variación autorizada por el artículo 36.1 de la presente Ley, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de estas últimas cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias sólo podrán experimentar la variación autorizada por el artículo 36.1 de la presente Ley, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, los complementos personales y transitorios del personal que se transfiera a la Comunidad Autónoma de Cantabria tendrán la consideración de absorbibles por cualquier mejora que se produzca en las retribuciones de los mismos.
Uno. Las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno para 1999 se fijan en las siguientes cuantías, referidas a 12 mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias:
| Pesetas | |
|---|---|
| Presidente del Consejo de Gobierno | 8.376.506 |
| Vicepresidente del Consejo de Gobierno | 8.186.736 |
| Consejero del Consejo de Gobierno | 7.995.781 |
Dos. Los miembros del Consejo de Gobierno que ostenten la condición de funcionarios de carrera de cualesquiera de las Administraciones públicas, percibirán los trienios que correspondan al grupo en el que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezcan, de acuerdo con las cuantías referidas a 14 mensualidades fijadas en esta Ley para el personal funcionario, siempre que las mismas no se acrediten por la Administración de procedencia.
Tres. El régimen retributivo para 1999 de los Secretarios generales y Directores generales será el establecido con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, siendo las retribuciones de los mismos para 1999 las siguientes:
| Pesetas | |
|---|---|
| a) Sueldo | 1.896.300 |
Los Secretarios generales o Directores generales que ostenten la condición de funcionarios de carrera de cualquiera de las Administraciones públicas, percibirán los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezcan.
| Pesetas | |
|---|---|
| b) Complemento de destino | 2.090.483 |
| c) Complemento específico | 3.158.145 |
Las pagas extraordinarias que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y, en su caso, trienios, se devengarán de acuerdo con las normas previstas en esta Ley para el personal funcionario.
El Interventor general y el Interventor adjunto, como órganos directivos específicos de la Consejería de Economía y Hacienda, percibirán las mismas retribuciones que los Secretarios generales y Directores generales, excepto en el complemento específico, que tendrán las siguientes cantidades:
| Pesetas | |
|---|---|
| Interventor general | 6.276.517 |
| Interventor adjunto | 4.240.517 |
Cuatro. Todos los Secretarios generales y Directores generales tendrán idéntica categoría y rango, sin perjuicio de que el complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular de la Consejería dentro de los créditos asignados para tal fin, pueda ser diferente, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
Cinco. La Consejería de Presidencia informará periódicamente a la Comisión de Régimen de la Administración Pública de la Asamblea Regional de Cantabria de las personas y cuantía de los complementos de productividad que reciban los altos cargos.
Uno. De conformidad con lo establecido en la presente Ley, artículo 36.1, las retribuciones a percibir en el año 1999 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que se ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en dicha Ley y disposiciones que la desarrollen, serán las siguientes:
El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el Cuerpo a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías, referidas a 12 mensualidades:
| Grupo | Sueldo | Trienios |
|---|---|---|
| A | 1.896.300 | 72.828 |
| B | 1.609.440 | 58.260 |
| C | 1.199.724 | 43.728 |
| D | 980.988 | 29.209 |
| E | 895.560 | 21.900 |
Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a 12 mensualidades:
Complemento de destino
| Nivel |
Importe — Pesetas |
|---|---|
| 30 | 1.665.132 |
| 29 | 15 1.493.604 |
| 28 | 14 1.430.784 |
| 27 | 13 1.367.952 |
| 26 | 1.200.108 |
| 25 | 1.064.760 |
| 24 | 1.001.940 |
| 23 | 939.144 |
| 22 | 876.300 |
| 21 | 813.588 |
| 20 | 755.760 |
| 19 | 717.132 |
| 18 | 678.540 |
| 17 | 639.924 |
| 16 | 601.380 |
| 15 | 562.764 |
| 14 | 524.184 |
| 13 | 485.568 |
| 12 | 446.952 |
| 11 | 408.396 |
| 10 | 369.792 |
| 9 | 350.520 |
| 8 | 331.164 |
| 7 | 311.916 |
| 6 | 292.596 |
| 5 | 273.288 |
| 4 | 244.380 |
| 3 | 215.472 |
| 2 | 186.528 |
| 1 | 157.644 |
El complemento específico que, en su caso, esté fijado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará un crecimiento del 1,8 por 100 respecto de la establecida para el ejercicio de 1998, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación del mismo, cuando sea necesaria para asegurar que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo.
Cada Consejería podrá proponer los criterios de distribución y la cuantía individual del complemento de productividad, que será aprobada por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con las siguientes normas:
La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.
En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Las gratificaciones por servicios extraordinarios tendrán carácter absolutamente excepcional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.1.d) de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública. Sólo podrán devengarse gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las circunstancias excepcionales que den lugar al devengo de gratificaciones por servicios extraordinarios deberán constar explícitamente en expediente que, a tal efecto, se tramite por la correspondiente Consejería y que se resolverá por el Consejo de Gobierno.
Dos. De acuerdo con lo previsto en esta Ley, el Consejo de Gobierno podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios para adecuarlos al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, mediante expediente debidamente motivado y dando cuenta inmediatamente a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional.
Las Consejerías darán cuenta de las mencionadas cuantías individuales de productividad y de gratificaciones por servicios extraordinarios a las Consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Función Pública especificando los criterios de concesión aplicados.
Uno. El personal interino incluido en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, y de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, percibirá el 100 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en que esté incluido el cuerpo en el que ocupen vacante y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera.
Dos. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, al personal interino y a los funcionarios en prácticas cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, y salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.
Tres. El personal eventual percibirá por el desempeño del puesto de trabajo de naturaleza eventual las retribuciones que para el mismo se hayan establecido mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. Si un funcionario de carrera ocupare un puesto de trabajo de naturaleza eventual percibirá las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Las retribuciones a percibir en 1999 por los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo adscritos a funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales serán las siguientes:
Uno. Las retribuciones de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo adscritos a funcionarios del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, experimentarán la variación que determina esta Ley, en su artículo 36.1, es decir, el 1,8 por 100.
Dos. A los demás funcionarios no incluidos en el apartado anterior y que desempeñen puestos de trabajo adscritos a funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales les será aplicable, en cuanto a retribuciones básicas, el sistema retributivo previsto en el artículo 68 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, y percibirán las mismas en las cuantías que correspondan al grupo en que se halle clasificado el Cuerpo a que pertenezcan, conforme a lo previsto en esta Ley.
Tres. El personal interino que desempeñe puestos adscritos a los funcionarios a los que se hace referencia en el apartado dos del presente artículo, percibirá el 100 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondiente al grupo en que esté incluido el Cuerpo en que ocupe vacante.
Cuatro. A medida que se vaya configurando la nueva estructura organizativa destinada al Servicio de Protección de la Salud Comunitaria, el Consejo de Gobierno adecuará el sistema retributivo de estos funcionarios a lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Cinco. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
Uno. Las retribuciones íntegras del personal laboral experimentarán la variación que se establece en el artículo 36.1 de la presente Ley.
Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las normas previstas en esta Ley para el personal funcionario.
Tres. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de Convenios o Acuerdos Colectivos que se celebren en el año 1999, deberá solicitarse de la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización, que configure el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos pactos.
Las retribuciones del personal contratado administrativo a que se refiere la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, hasta tanto no concluya el proceso de extinción previsto en esa Ley, sólo podrán experimentar la variación que se establece en la presente Ley, artículo 36.1.
El personal de los Cuerpos Docentes, incluido todo el personal de la Inspección Educativa que pueda resultar transferido, en virtud de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de enseñanza no universitaria, mantendrá la misma estructura retributiva establecida en la normativa legal y reglamentaria estatal e idénticas cuantías a las que venía percibiendo, sin perjuicio del incremento retributivo general autorizado por la presente Ley, al igual que el resto del personal no laboral al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria y del que se derive de la adecuación retributiva a este personal que lleve a cabo el Consejo de Gobierno.
Los complementos personales y transitorios reconocidos como consecuencia de la aplicación de los regímenes retributivos vigentes serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 1999, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores no se considerarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Uno. Las pagas extraordinarias de los funcionarios al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos de los funcionarios en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:
Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada mes completo y día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, del importe de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses, teniendo en cuenta que si la suma de los días de los meses incompletos fuera treinta o superior, cada fracción de treinta días se considerará como un mes completo.
Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondiente reducción proporcional.
En el caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestado, salvo que el cese sea por jubilación o fallecimiento de los funcionarios a que se refiere la letra c) del apartado dos, de este artículo, en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán como un mes completo.
A los efectos previstos en la letra b), el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria, correspondiente a los días transcurridos de dicho mes, se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo.
Dos. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:
En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso al servicio activo y en el de la incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.
En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución.
En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos de fallecimiento o jubilación de funcionarios sujetos al régimen de clases pasivas del Estado y, en general, a cualquier régimen de pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.
Tres. Los funcionarios al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria que cambien de puesto de trabajo, salvo los casos previstos en la letra a) del apartado dos de este artículo, tendrán derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectúe el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas, de conformidad con lo dispuesto en el referido apartado dos, por mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes en que se produzca el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en un mes distinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada y las del segundo se abonarán asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se haya tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y c) del citado apartado dos de este artículo.
Cuatro. Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios, correspondientes a las pagas extraordinarias, se reducirán en la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse las mismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquiera que sea la fecha de su devengo.
Cuando con sujeción a la normativa vigente, el personal realice una jornada inferior a la normal, experimentará una reducción proporcional sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios.
Uno. Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que todavía no se ha aprobado la aplicación de régimen retributivo previsto en dicha Ley y hasta tanto no se disponga lo contrario por Acuerdo del Consejo de Gobierno que apruebe dicha aplicación, percibirán las retribuciones correspondientes a 1999 con la misma estructura retributiva y con sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio.
Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las prescripciones contenidas en esta Ley.
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones y otros ingresos de cualquier naturaleza que corresponda a la Administración o cualquier poder público, como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.
Uno. El Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, podrá autorizar la convocatoria de plazas vacantes que afecten al funcionamiento de los servicios públicos de la Administración Autónoma. En todo caso, las plazas de nuevo ingreso deberán ser inferiores al 25 por 100 de la tasa de reposición de efectivos.
Dos. Aquella autorización podrá incluir, además, hasta el 100 por 100 de las plazas que, estando presupuestariamente dotadas e incluidas en las relaciones de puestos de trabajo, se encuentren desempeñadas interina o temporalmente.
Tres. Durante 1999 no se procederá a la contratación de nuevo personal laboral temporal ni al nombramiento de personal interino, salvo en los casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización de la Consejería de Presidencia, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente al vencer su plazo temporal o por la reincorporación de su titular.
Cuatro. De la convocatoria, así como del desarrollo de la oferta pública de empleo, el Consejo de Gobierno informará a la Comisión de Régimen de la Administración Pública de la Asamblea Regional de Cantabria.
Cinco. Se dará cuenta a la Comisión, igualmente, de todos los contratos temporales y del nombramiento de personal interino.
Uno. El Consejo de Gobierno podrá formalizar durante 1999, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por la propia Administración y con aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones públicas, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria.
Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
Dos. Si, excepcionalmente, se acudiese a la contratación laboral, se deberá justificar debidamente, quedando sujetos dichos contratos a las prescripciones que establecen los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y a lo dispuesto en la Ley 53/1994, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.
La preparación de estos contratos exigirá la formación de un expediente por las Consejerías correspondientes, que será remitido al Servicio de Contratación y Compras para su tramitación. En todo caso, los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Dirección General del Servicio Jurídico que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
El Servicio de Contratación y Compras, una vez examinado e informado el expediente por la Dirección General del Servicio Jurídico, lo remitirá a la Intervención General para su preceptiva fiscalización, que será previa, en todos los casos, a la contratación.
La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Si por circunstancias no imputables a los otorgantes la obra o servicio no pudiera concluir en el plazo prefijado en el contrato, se prorrogará éste hasta la total terminación de la obra o servicio.
En los casos de suspensión, desistimiento y resolución, estos contratos estarán sujetos a los mismos efectos que la obra o servicio.
Tres. En los expedientes de contratación se especificarán con precisión y claridad el carácter de la misma y su ineludible necesidad por carecer de personal suficiente, y se identificará suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. Igualmente se hará constar el tiempo de duración, circunscrito estrictamente a la duración de la obra o servicio para los que se contrata, así como, en su caso, el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales temporales.
Las Consejerías que hayan promovido contratación al amparo de lo dispuesto en este artículo habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos, de las que pudieran derivar derechos de permanencia para el personal así contratado, actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria.
Cuatro. En ningún caso estos contratos determinarán derechos a favor del personal respectivo, más allá de los límites expresados en los mismos, sin que pueda derivar de ellos fijeza al servicio de la Diputación Regional de Cantabria.
Uno. Durante el año 1999 será preciso informe favorable conjunto de las Consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario o laboral.
El informe a que se refiere este artículo, será emitido por el procedimiento y con el alcance previsto en los apartados siguientes.
Dos. Con efectos 1 de enero de 1999, la masa salarial del personal laboral sólo podrá experimentar la variación que autorice la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es decir el 1,8 por 100 respecto de la establecida para 1998, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Centro mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.
Tres. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de Convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 1999, deberá solicitarse del Consejo de Gobierno la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 1998.
Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social, devengados durante 1998 por el personal laboral afectado, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose en todo caso:
Las prestaciones o indemnizaciones de la Seguridad Social.
Las cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo del empleador.
Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal laboral y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para 1999, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
Cuatro. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderán por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario o laboral las siguientes actuaciones:
Firma de Convenio o acuerdos colectivos.
Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
Cinco. Con el fin de emitir el informe señalado en el apartado uno de este artículo, las Secretarías Generales de las diferentes Consejerías remitirán a las Consejerías de Economía y Hacienda y Presidencia el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de los Convenios o acuerdos colectivos, acompañando la valoración de todos sus aspectos económicos.
Seis. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, así como la adecuación de aquél a las necesidades organizativas, funcionales y normativas, tanto para el ejercicio 1999 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del presente artículo.
Siete. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.
Ocho. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para 1999 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria, se precisará la autorización del Consejo de Gobierno para la celebración de aquellos contratos de cuantía indeterminada, siempre que no impliquen gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, o los que superen las siguientes cuantías:
En contratos de obra, 25.000.000 de pesetas.
Gestión de servicios, 15.000.000 de pesetas anuales. Suministros, 15.000.000 de pesetas.
Consultoría y asistencia, servicios y trabajos específicos y concretos no habituales, 6.000.000 de pesetas.
Dos. A los efectos de lo establecido en al artículo 81.2 de la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Consejero respectivo, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a la prevista para los contratos de obra mencionados en el apartado uno.a) de este artículo.
Uno. Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
Dos. La intervención de la comprobación material se realizará por el Delegado designado por el Interventor general, que será asesorado, cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material, por funcionarios de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio.
La designación, por el Interventor general, de los funcionarios encargados de intervenir la comprobación de las adquisiciones, obras o servicios, podrá hacerse tanto particularmente para una inversión determinada, como con carácter general y permanente para todas aquellas que afecten a una Consejería, o para la comprobación de un tipo o clase de inversión.
La designación del personal asesor se efectuará por el Interventor general entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinta Consejería de aquella a que la comprobación se refiera o, al menos, de centro directivo u organismo que no haya intervenido en su gestión realización o dirección.
La realización de la labor de asesoramiento en la intervención de la comprobación de la inversión por los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior se considerará parte integrante de las funciones del puesto de trabajo en el que estén destinados, debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en la adecuada prestación de este servicio.
Tres. Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de Delegado para su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando el importe de ésta exceda de 5.000.000 de pesetas, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.
Para la comprobación material de la inversión será preceptiva la presencia de Delegado de la Intervención General en los siguientes casos:
Contratos de obras de importe superior a 50.000.000 de pesetas.
Contratos de suministros y de servicios de importe superior a 25.000.000 de pesetas.
Cuatro. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el Delegado del Interventor general al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate.
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Interventor general podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros.
Cinco. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición y en la que se hará constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
El Delegado de la Intervención General remitirá un ejemplar del acta a dicho Centro.
Seis. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, o no se acuerde por el Interventor general, en uso de las facultades que al mismo se le reconocen, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el Jefe del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.
Cuando se trate de obras de primer establecimiento y en el caso de adquisición de bienes inventariables, se remitirá una copia del acta o de la certificación de recepción al Servicio de Administración General de Patrimonio por la Consejería correspondiente, para su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos.
En los contratos menores no incluidos en el párrafo anterior, la factura con el conforme del Jefe de la Unidad y el visto bueno del Director general o del Secretario general correspondiente, será documento suficiente a efectos de recepción o conformidad.
Siete. En aquellos contratos señalados en el apartado tres de este artículo donde no sea posible llevarse a cabo la comprobación material de la inversión, podrá acreditarse su realización mediante certificación expedida por el Jefe de la Unidad responsable.
Uno. Las normas contenidas en este Título son aplicables, en defecto de legislación específica, a las subvenciones y ayudas públicas que se concedan por la Diputación Regional de Cantabria con cargo al Presupuesto de la misma. En ningún caso, las transferencias a entidades y empresas públicas regionales tendrán la naturaleza de subvenciones.
Las subvenciones o ayudas financiadas en todo o en parte con fondos procedentes de la Unión Europea, se regirán por la normativa especial comunitaria que las establece y regula su obtención, y por cuantas disposiciones se dicten en desarrollo o transposición de aquéllas para instrumentar la concesión y pago de las mismas, su justificación y control.
Dos. Se entiende como subvención o ayuda toda disposición gratuita de fondos realizada a favor de personas o entidades, públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social, o para promover la consecución de un fin público, así como cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto de la Diputación Regional de Cantabria o al de sus entidades públicas.
Tres. Son órganos competentes para conceder subvenciones y ayudas, previa consignación presupuestaria para este fin, los titulares de las Consejerías y los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos, en sus respectivos ámbitos. No obstante lo anterior, será necesario Acuerdo de Consejo de Gobierno para aprobar la concesión de toda subvención o ayuda que unitaria e individualmente, supere la cuantía de 5.000.000 de pesetas.
Cuatro. Todos los acuerdos de concesión de subvenciones y ayudas deberán ser suficientemente motivados, razonándose el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo justifique.
Uno. Las subvenciones y ayudas con cargo a los créditos presupuestarios que no tengan asignación nominativa y que afecten a un colectivo de beneficiarios potenciales, general o indeterminado, deberán concederse de acuerdo con criterios de publicidad, libre concurrencia y objetividad.
Dos. Previamente a la adopción de los acuerdos de concesión, deberán establecerse, en caso de no existir, las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas, que serán sometidas a informe de los servicios jurídicos de cada Consejería y de la Intervención Delegada, y publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria», y deberán fijar, como mínimo:
Definición del objeto, condiciones y finalidad de la subvención o ayuda.
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para obtener la subvención o ayuda y forma de acreditar los mismos.
Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las entidades colaboradoras, cuando se prevea el recurso a este instrumento de gestión.
Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, o de la entidad colaboradora en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención o ayuda y de la aplicación de los fondos percibidos.
Criterios que han de regir la concesión de la subvención o ayuda y, en su caso, el sistema de ponderación de los mismos, así como la composición del órgano colegiado, encargado de la instrucción y propuesta de la resolución, cuando haya de realizarse por concurso.
Crédito presupuestario al cual se imputa la subvención o ayuda.
Plazo de presentación de peticiones, y documentación que debe acompañarse a las mismas, así como plazo de resolución del procedimiento.
En el supuesto de que se considere la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la cuantía concedida, forma y garantías que, si procede, deben aportar los beneficiarios, no se podrá adelantar al beneficiario más de un 75 por 100 de la subvención sin garantías, salvo las inferiores a 500.000 pesetas. No se producirán nuevos abonos sin haber sido justificados previamente pagos anteriores, salvo circunstancias excepcionales suficientemente motivadas.
Obligación de los beneficiarios de facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de la Comunidad de Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes.
Tres. En los supuestos de subvenciones o ayudas de pequeña cuantía y con numerosos beneficiarios, se podrán abonar a través de Habilitado o Tesorero.
Cuatro. En el caso de subvenciones nominativas, el beneficiario deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos y el cumplimiento de la finalidad.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la concesión. Esta circunstancia se hará constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión.
Asimismo, el importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones públicas o de otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
Tiene la consideración de beneficiario de subvenciones y ayudas el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención o ayuda, en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante la entidad concedente, o, en su caso, la entidad colaboradora, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda o subvención. A tal efecto, pueden solicitarse cuantos documentos justificativos sean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención o ayuda.
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente o la entidad colaboradora, en su caso, y a las de control financiero que corresponden a la Intervención General, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
De conformidad con la reglamentación comunitaria, y demás disposiciones aplicables, corresponde en el ámbito de Cantabria a la Intervención General la elaboración y ejecución de los planes de control sobre beneficiarios de ayudas financiadas total o parcialmente con los fondos comunitarios.
d) Comunicar a la entidad concedente o a la entidad colaboradora, en su caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, así como las alteraciones a que se refiere el artículo 57 de esta Ley.
e) Acreditar, previamente al cobro, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, salvo que esté exonerado de tal acreditación.
Uno. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
Obtención de la subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.
Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
Incumplimiento de la obligación de justificación.
Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la concesión.
La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en el artículo 58 de esta Ley.
Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo 57, de la misma, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.
Dos. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.
Tres. El régimen sancionador en materia de subvenciones y ayudas públicas aplicable en el ámbito de la Diputación Regional de Cantabria, así como en lo no previsto en el presente Título, será el establecido en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Cuatro. Si los beneficiarios no cumplen sus obligaciones en los plazos acordados, por causas que les sean directamente imputables, la subvención se reducirá en proporción al citado incumplimiento, sin perjuicio de que el órgano concedente disponga su total revocación, en caso de no poder alcanzar los objetivos de aquélla, previa notificación y audiencia del beneficiario, quien puede justificar las causas del incumplimiento.
Las bases reguladoras de las subvenciones o ayudas podrán establecer que la entrega y distribución de los fondos públicos a los beneficiarios se efectúe a través de una entidad colaboradora.
A estos efectos, podrán ser consideradas entidades colaboradoras las empresas públicas y entes de la Administración, las entidades locales de la Comunidad Autónoma y las demás personas jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.
La entidad colaboradora actuará en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención o ayuda, la cual, en ningún caso, se considerará integrante de su patrimonio. Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios fijados en las normas reguladoras de las subvenciones y ayudas.
b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento.
c) Justificar la aplicación de los fondos percibidos ante la entidad concedente y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que, respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la entidad concedente, a las de control de la Intervención General, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
Podrá establecerse, asimismo, que las entidades colaboradoras cooperen en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro.
La comprobación material de subvenciones y ayudas, se realizará a posteriori, mediante los controles financieros incluidos en el Plan Anual de Auditorías, elaborado por la Intervención General. En los supuestos de que el objeto no resultara tangible, se podrá sustituir aquélla por una comprobación documental.
Uno. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para formalizar, en representación de la Diputación Regional de Cantabria, las operaciones de crédito o préstamo que figuran en el estado de ingresos, con destino a la financiación general de los gastos de capital, en virtud de expediente tramitado por la Dirección General de Comercio y Política Financiera e informado por la Intervención General.
Dos. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para efectuar operaciones de refinanciación, total o parcial, en las operaciones de endeudamiento existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, mediante un nuevo contrato, incluso, y con ampliación, en su caso, del plazo inicialmente concertado, para obtener un menor coste o una mejor distribución temporal de las cargas financieras, siempre que estos extremos estén suficientemente acreditados en el expediente tramitado al efecto por la Dirección General de Comercio y Política Financiera e informado por la Intervención General.
Tres. Se autoriza al Consejo de Gobierno para emitir Deuda Pública amortizable de la Diputación Regional de Cantabria, con destino a la financiación general de los gastos de capital, y con el límite del importe del capítulo IX del estado de ingresos, así como para la refinanciación de las operaciones señaladas en el apartado anterior del presente artículo.
Cuatro. El producto, la amortización y los gastos por intereses y conceptos conexos de las operaciones financieras, se registrarán en los pertinentes créditos presupuestarios.
Cinco. Las operaciones recogidas en el apartado dos de este artículo se contabilizarán en una cuenta extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y conceptos conexos de las referidas operaciones seguirán el régimen general, previsto en el apartado cuatro del presente artículo.
Seis. De las operaciones recogidas en los apartados uno, dos y tres, el Consejero de Economía y Hacienda remitirá información a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional.
Con el fin de prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para formalizar operaciones de permuta financiera —SWAPS, FRAS y similares—, previo expediente tramitado por la Dirección General de Comercio y Política Financiera e informado por la Intervención General.
Dada la peculiaridad de estas operaciones, su contabilización se realizará con cargo al capítulo III del estado de gastos por el importe neto de las cargas financieras que resulten para la Diputación Regional, manteniendo como tercero contable a la entidad agente de la operación asegurada.
Uno. El Consejo de Gobierno podrá avalar, en las condiciones establecidas en la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, y disposiciones de desarrollo, las operaciones de crédito que las entidades de crédito concedan a las personas, entidades o empresas, públicas o privadas, previa aprobación del Pleno de la Asamblea Regional, a propuesta de dicho Consejo de Gobierno.
La tramitación correspondiente, ante el Pleno de la Asamblea Regional, se realizará de acuerdo con la reglamentación establecida para los proyectos de Ley.
El importe de los avales prestados podrá cubrir el principal de las operaciones avaladas, sin que puedan incluirse intereses, comisiones, y otros gastos derivados de la formalización o consecuencia de ésta.
Dos. El importe de los avales a prestar por el Consejo de Gobierno de Cantabria a empresas privadas no podrá exceder de 2.500.000.000 de pesetas.
No se imputará al citado límite el importe de los avales que se presten por motivo de la refinanciación o sustitución de operaciones de crédito, en la medida que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos.
Los créditos a avalar tendrán como única finalidad financiar inversiones productivas de las pequeñas y medianas empresas que tengan fijado su domicilio social y actividad en Cantabria.
Tres. Con independencia del límite señalado en el apartado anterior, durante el ejercicio de 1999 la Diputación Regional de Cantabria podrá avalar, en las mismas condiciones establecidas en el presente artículo, operaciones de crédito que se concierten por empresas con destino directo y específico a actuaciones de reindustrialización y que generando nuevos empleos, se ubiquen, en las comarcas de Torrelavega y Reinosa-Campóo. El límite global de avales a conceder por esta línea será de 1.000.000.000 de pesetas.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para formalizar, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, operaciones de crédito, por plazo no superior a un año, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería.
El producto de estas operaciones financieras, así como sus amortizaciones, se contabilizarán en una cuenta extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y por conceptos conexos de las referidas operaciones se registrarán en los pertinentes créditos presupuestarios. Dentro del mes siguiente a cada trimestre natural, la Consejería de Economía y Hacienda remitirá información de las operaciones efectuadas a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional.
Al objeto de satisfacer de manera más idónea en cada momento las obligaciones de la Hacienda Pública, la Tesorería General elaborará, mensualmente, un Plan de Disposición de Fondos y Tesorería, que aprobará el Consejero de Economía y Hacienda, y que contendrá obligatoriamente, al menos, una previsión de pagos e ingresos, así como la situación de tesorería y lo realmente efectuado durante el mes inmediato anterior.
El Consejero de Economía y Hacienda remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional, cada mes, el Plan de Disposición de Fondos y Tesorería del mes anterior.
Dichos Planes contemplarán que las deudas reconocidas a favor de acreedores de la Diputación Regional de Cantabria, se pagarán por riguroso orden de fecha y numérico, primando para su abono, las obligaciones de fecha anterior sobre las de fecha posterior, y dentro del mismo día, las del número de registro menor.
Las empresas públicas regionales y demás entes públicos de la Diputación Regional de Cantabria deberán comunicar previamente a la Tesorería General, y ésta lo transmitirá a la Intervención General, la apertura y cierre de cuentas en entidades financieras, así como facilitar trimestralmente sus saldos y movimientos. Remitirán, asimismo, con igual periodicidad, información de las operaciones financieras activas y pasivas realizadas por plazo inferior a un año, así como información relativa a la situación de su endeudamiento, sin perjuicio de la obligatoriedad de remisión de cuanta información dispone la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria. El incumplimiento de las obligaciones descritas podrá conllevar la imposibilidad de percibir cualquier tipo de subvención o aportación con cargo a los Presupuestos Generales.
Dichas empresas y entes comunicarán a la Consejería de Economía y Hacienda la formalización de operaciones de crédito o préstamo a largo plazo, en el plazo de quince días desde que se produzca la misma, mediante el procedimiento establecido en el párrafo anterior, la cual remitirá la información correspondiente sobre las operaciones efectuadas a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional.
Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, el Consejo de Gobierno dará cuenta documentada a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional de Cantabria, al mes siguiente de cada trimestre natural, de las siguientes cuestiones:
a) De los remanentes de crédito del ejercicio anterior, que han sido incorporados al estado de gastos del Presupuesto de 1999.
b) De las operaciones de crédito.
c) De las provisiones de vacantes de personal.
d) De las autorizaciones de gastos plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades, para cada proyecto y ejercicio presupuestario, así como de la fecha del acuerdo inicial.
e) De las modificaciones presupuestarias.
f) De las adjudicaciones, en su caso, mediante procedimiento negociado, con indicación expresa del destino, importe y adjudicatario.
g) De los estados financieros, de las ayudas, y en su caso, de las auditorías de las Empresas Públicas.
h) Del plan de contabilidad.
i) De las transferencias de crédito.
j) De las generaciones de crédito.
k) De las adjudicaciones de contratos menores con indicación expresa del destino, importe y adjudicatario.
En el caso de que el 31 de diciembre de 1999 no hubieran sido aprobados los Presupuestos Generales para 2000, tal como prevé el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley Orgánica 8/1981, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, se considerarán automáticamente prorrogados los presentes Presupuestos hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial de Cantabria».
La prórroga automática se atendrá a las siguientes normas:
a) De los créditos comprendidos en los capítulos I y II se dispondrá por doceavas partes del capítulo I y por cuartas partes del capítulo II.
En todo caso, las retribuciones del personal en activo al servicio de la Diputación Regional de Cantabria se actualizarán para el ejercicio 2000 en la misma cuantía que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio respecto a todo el sector público, y ello sin perjuicio del que en su día se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para el citado ejercicio.
b) De los créditos para pago de obligaciones con vencimiento en fecha fija y predeterminada, se dispondrá en la cuantía que proceda, mediante la expedición, en la fecha adecuada, de las oportunas órdenes.
c) Cualquier disposición que rebase los límites expresados en los apartados anteriores, así como las correspondientes a los capítulos IV, VI, VII y VIII, precisará de la aprobación previa de la Consejería de Economía y Hacienda, a cuyos efectos se cursará la oportuna solicitud por las Consejerías a las que estén adscritos los créditos presupuestarios, que se acompañará con informe del Área de Presupuestos.
Para el presente ejercicio, se mantiene la vigencia de lo previsto en el apartado tres del artículo 51 de la Ley de Cantabria 6/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1998.
Las ayudas que provengan de la Unión Europea, financiadas a través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección Garantía, serán tratadas como operaciones extrapresupuestarias, quedando excepcionadas de la aplicación de la legislación que regula las subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los expedientes tramitados al amparo de esta disposición adicional quedarán exceptuados de intervención previa, que será sustituida por el control financiero de carácter permanente a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley, y que se ejercerá, conforme se determine reglamentariamente, en consonancia con los requisitos exigidos por los Reglamentos Comunitarios que resulten de aplicación.
La aprobación de estas ayudas y formulación de las correspondientes propuestas de pago, corresponderá al Director general de Agricultura u órgano que le suceda en sus funciones. A los efectos de pago de estas ayudas, la Intervención General realizará la intervención formal a que se refiere el artículo 70.2.b) de la Ley 7/1984, con carácter prioritario y en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
Uno. Las garantías provisionales se constituirán:
En la Caja de la Tesorería General, encuadrada en la Consejería de Economía y Hacienda, cuando se trate de garantías en metálico o valores señalados en el artículo 36.1.a) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ante el órgano de contratación, cuando se trate de aval o seguro de caución, que se incorporará directamente al expediente de contratación, sin perjuicio de que su ejecución se efectúe por el órgano señalado en el párrafo anterior.
Dos. En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el artículo 36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Tres. Las garantías definitivas, especiales y complementarias se constituirán en todo caso en la Caja de la Tesorería General.
Cuatro. Cuando las garantías se constituyan ante el establecimiento señalado en el apartado uno.a) de esta disposición adicional, el contratista acreditará su constitución mediante la entrega al órgano de contratación del resguardo expedido por aquél.
Cinco. El acuerdo del órgano de contratación sobre la cancelación y la devolución de la garantía definitiva, será comunicado por el mismo a la Caja de la Tesorería General.
Se faculta al Consejo de Gobierno para conceder avales a favor de Sociedades Regionales de la Diputación Regional de Cantabria, a los únicos efectos de ofertar garantías ante órganos administrativos o judiciales como consecuencia de procedimientos contenciosos, en los términos y con la extensión que exija la normativa aplicable.
Se concede un aval a favor de la sociedad regional «Cantur, Sociedad Anónima», que le permita obtener una operación de crédito por importe de 800.000.000 de pesetas, con destino a la realización de inversiones en sus instalaciones.
Dicho aval se formalizará por el Consejero de Economía y Hacienda mediante el oportuno instrumento jurídico, no quedando afectado por las limitaciones establecidas en el artículo 64 de la presente Ley.
Se concede un aval a favor de la sociedad regional «Empresa de Residuos de Cantabria, Sociedad Anónima» (ERCSA), que le permita obtener una operación de crédito por importe de mil millones 1.000.000.000 de pesetas, con destino a inversiones y refinanciación de operaciones concertadas.
Dicho aval se formalizará por el Consejero de Economía y Hacienda mediante el oportuno instrumento jurídico, no quedando afectado por las limitaciones establecidas en el artículo 64 de la presente Ley.
Con el fin de completar la cobertura de los avales concedidos en relación con la tasa suplementaria en el sector de la leche y los productos lácteos, se concede una contragarantía, a favor de la entidad financiera «Banco Santander, Sociedad Anónima», al objeto de asegurar el buen fin de las operaciones de aval que, por importe de 17.343.395 pesetas, más los intereses de demora que resulten, dicha entidad concedió a las empresas compradoras/transformadoras «CRLC, Sociedad Anónima», «SAT Unión Cántabra», «Quesos Frías, Sociedad Anónima», doña María Rosa García Sáiz y «Celbasa Ato, Sociedad Anónima», por cuenta de 121 ganaderos de la región, a efectos de la interposición de los recursos administrativos presentados ante la Dirección General del Fondo Estatal de Garantía Agraria.
Dicha contragarantía se formalizará por el Consejero de Economía y Hacienda, mediante el oportuno instrumento jurídico, no quedando afectada por las limitaciones establecidas en el artículo 64 de la presente Ley.
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que acuerde la implantación del Plan General de Contabilidad Pública y proceda a realizar las adaptaciones normativas para su plena operatividad.
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar las normas que resulten necesarias para la gestión presupuestaria de los servicios que puedan resultar transferidos en virtud de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de enseñanza no universitaria.
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para efectuar las adaptaciones técnicas necesarias en estos Presupuestos, creando al efecto, en su caso, los servicios, programas, conceptos y subconceptos presupuestarios que resulten precisos y autorizando las correspondientes transferencias de crédito, que tengan como motivo transferencias de servicios de la Administración Central del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno a la constitución de una entidad pública empresarial, de las previstas en el artículo 53 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con la finalidad de gestionar, conservar, explotar y promocionar «La Réplica de las Cuevas de Altamira».
Dos. Dicha entidad pública empresarial se constituirá con un capital social de 200.000.000 de pesetas.
Tres. Se autoriza al Consejero de Economía y
Hacienda a efectuar las modificaciones presupuestarías necesarias para hacer efectiva la constitución de dicha entidad.
Uno. El Consejo de Gobierno procederá a actualizar el importe de los ingresos mínimos de inserción, regulados por Decreto 75/1996, de 7 de agosto, aplicando al ingreso mínimo familiar suficiente un incremento de 6.000 pesetas mensuales.
Dos. El incremento de gasto resultante se financiará mediante el correspondiente suplemento de crédito.
En relación con el Programa Agroambiental de Gestión Integrada de la Explotación Ganadera para el quinquenio 1999-2003, orientado fundamentalmente a la potenciación y mejora del pastoreo extensivo así como a la protección del ganado autóctono o en peligro de extinción, en fase de redacción en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con todas las Comunidades Autónomas, y como aportación al mismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se tramitará el correspondiente Proyecto de Ley de crédito extraordinario por una cuantía no inferior a 300.000.000 de pesetas, de los cuales 25.000.000 de pesetas deberán ser asignados al capítulo VII y 75.000.000 de pesetas al capítulo VI.
El procedimiento presupuestario de gestión de las competencias que se asuman en materia de enseñanza no universitaria será el establecido en la normativa legal y reglamentaria estatal hasta tanto se dicten las normas propias de esta Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que por Orden del Consejero de Economía y Hacienda se realicen las modificaciones y adaptaciones a dicho procedimiento de gestión.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.
Santander, 23 de diciembre de 1998.
JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ SIESO,
Presidente
(Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria», extraordinario, número 3, de 30 de diciembre de 1998)
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