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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 6 de octubre de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 3/70/1996, en el que son partes, de una, como demandante, doña Irene Jiménez Ortiz y doña María Jesús Elcano Villanueva, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 30 de octubre de 1995, sobre convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática, en el turno de «plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas».

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.–Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 70/1996, interpuesto por doña Irene Jiménez Ortiz y doña María Jesús Elcano Villanueva, representadas por el Letrado don José Ramón Codina Vallverdú, contra la Orden de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 30 de octubre de 1995, descrita en el primer fundamento de derecho, acto que se confirma en el aspecto objeto de recurso por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.–No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.–P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.