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Visto el escrito de don José Silvestre Martínez por el que se

solicita el reconocimiento de determinados efectos retroactivos

a su nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado;

Comprobada la identidad de la situación existente entre el

ahora reclamante con respecto a otros funcionarios del mismo Cuerpo

a quienes por distintas sentencias de los Tribunales de Justicia,

entre las que pueden citarse las de la Audiencia Nacional de 7

de octubre de 1991, 27 de diciembre de 1994 y 7 de marzo de

1996, se les reconocieron dichos efectos retroactivos, resulta

procedente acceder a su petición, aplicándole los mismos

pronunciamientos contenidos en aquéllas, de conformidad con el principio

de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración

Pública, en uso de las facultades que le están conferidas por el

artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,

resuelve:

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos

administrativos del nombramiento de don José Silvestre Martínez como

funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la

Administración del Estado.

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del

Ministerio de Defensa se practique y abone al interesado

liquidación complementaria por diferencias de haberes entre los

percibidos y los que realmente le hubieran correspondido como

funcionario de carrera del mencionado Cuerpo desde el día 30 de

junio de 1995, de conformidad con el plazo de prescripción

establecido en el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria de

23 de septiembre de 1988.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de

reposición ante la autoridad que lo dictó en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín

Oficial del Estado", de conformidad con lo establecido en los

artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso

contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo

Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día

siguiente al de la indicada publicación, con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 9.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.-El Secretario de Estado,

Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Directora

general de la Función Pública.