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Tras la desafectación por el Ministerio de Defensa del aeródromo militar de Villafría, el Ayuntamiento de Burgos solicitó la recuperación de dicha instalación como aeropuerto civil. Una vez informados favorablemente por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes (CIDETRA) los estudios de planeamiento del aeropuerto presentados por el Ayuntamiento, la Dirección General de Aviación Civil autorizó su calificación como aeródromo privado el 29 de abril de 1998 y, después de establecer las condiciones de explotación, autorizó finalmente su apertura como aeropuerto el 22 de febrero de 1999.

El aeródromo de Monflorite, actualmente adscrito a la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas (SENASA), viene siendo utilizado regularmente para la enseñanza y práctica del vuelo sin motor, habiéndose recibido diversas peticiones de las autoridades provinciales para su apertura al tráfico aéreo civil.

El Ministerio de Fomento, en el marco de una política sectorial orientada a la potenciación del transporte aéreo, ha iniciado las actuaciones necesarias para cubrir todos los requerimientos del transporte aéreo en ambas instalaciones, por lo que éstas pueden incidir en la ordenación y control del espacio aéreo.

En consecuencia, visto el informe favorable de CIDETRA y la propuesta de la Dirección General de Aviación Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de acuerdo con las condiciones establecidas por el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre Calificación de Aeropuertos Civiles, en particular sus artículos primero y quinto, y haciendo uso de la facultad de avocación prevista en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en atención a las circunstancias concurrentes, resuelvo declarar los aeropuertos de Burgos (Villafría) y Huesca (Monflorite) como aeropuertos de interés general, por concurrir en ellos las circunstancias previstas en el número dos del artículo primero del Real Decreto 2858/1981, reservándose el Estado su gestión directa.

Madrid, 20 de octubre de 2000.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ