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La Orden de 17 de junio de 1999, de la Presidencia del Gobierno («Boletín Oficial del Estado» del 19), por la que se crea el Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad, dispone en su artículo 2.1.3.a), que formarán parte como Vocales de dicho Consejo trece Vocales en representación del movimiento asociativo de personas con discapacidad garantizando la presencia del mayor número posible de diferentes tipologías de discapacidad.
Por Orden de 8 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre), se procedió a la convocatoria del proceso selectivo para la designación de los correspondientes Vocales, en cumplimiento de la mencionada Orden. Por la Dirección General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales se dictó Resolución con fecha 17 de diciembre de 1999, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» en fecha 5 de enero de 2000 por la que se daba publicidad a la relación baremada de las entidades aspirantes al Consejo Estatal así como la relación de Entidades excluidas y el motivo de su exclusión.
Transcurrido el plazo de alegaciones previsto en la citada Orden, y no habiéndose recibido ninguna por las Asociaciones o Federaciones, y tras la propuesta de designación elevada por el Director general del IMSERSO, la Secretaría General de Asuntos Sociales en cumplimiento del artículo 9 de la Orden de 8 de octubre de 1999, resuelve designar las Asociaciones y Federaciones que deben proponer representantes al Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad, que se detallan a continuación:
| Entidades | Representantes |
|---|---|
| Fundación ANDE (Fundación para la prestación de ayuda y servicios para Personas con Discapacidad Psíquica y Personas Mayores con Discapacidad). | Don Fernando Martín Vicente. |
| CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos). | Don Rafael de Lorenzo García, don Emilio Sáez Cruz, don Mario García Sánchez, don Alberto Arbide Mendizábal, don José María Arroyo Zarzosa, don José Luis Cañón Reguera, doña María Ángeles Figueredo Delgado, doña María Teresa Lasala Fernández, doña Pilar Ramiro Collar, don Francisco Morata Andreo, don Pedro Otón Hernández y doña M.a Isabel Bayonas Ibarra. |
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra ella se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al amparo del artículo 10.1.j en relación con el 14 de la Ley 29/1998 de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 14), Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 3 de febrero de 2000.–La Secretaria general, Amalia Gómez Gómez.
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