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En la villa de Madrid, a 27 de marzo de 2000.

Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado de Instrucción

número 9 de Salamanca, en las diligencias previas número 1221/1999,

seguidas por supuesta agresión sexual en virtud de denuncia de doña

María Auxiliadora Montes Santos contra don Paulino Mangas Montero;

frente al Juzgado Togado Militar Territorial número 42 de Valladolid, en

el sumario número 42/19/99, seguido por los supuestos delitos de abuso

de autoridad y maltrato de obra a centinela, siendo Ponente el

excelentísimo señor don José Francisco Querol Lombardero, quien expresa el

parecer de la Sala.

Antecedentes de hecho

Primero.-A los meros efectos competenciales, y sin que ello suponga

prejuzgarlos, los hechos a que se contraen ambos procedimientos en

conflicto pueden ser fijados provisionalmente de la siguiente forma:

"El día 14 de julio de 1999, sobre las dos horas aproximadamente,

encontrándose el Guardia Civil Mangas Montero prestando servicio de

vigilancia en la Fábrica ENUSA de Salamanca como Jefe de Pareja, en

unión de la Guardia Civil doña María Auxiliadora Montes Santos, estando

ambos componentes en el cuarto de vigilancia, después de que el Guardia

Mangas se insinuase a la Guardia Montes, aquél se acercó por detrás a

ésta, que estaba sentada en una silla, procediendo a sujetarla y, por

sorpresa, la besó en la boca, forcejeando inmediatamente la Guardia para

desasirse. A continuación, la Guardia Montes quiso coger el teléfono para

dar cuenta de lo sucedido, lo que el Guardia Mangas le impidió verbalmente

así como que saliera de la habitación, conminándola asimismo a que no

dijera nada de lo sucedido, continuando el servicio hasta su finalización

en una situación de extrema tensión."

Segundo.-El Juzgado Togado Militar Territorial número 42 de

Valladolid, con informe favorable del Fiscal Jurídico Militar, en Auto de fecha

29 de octubre de 1999 acordó requerir de inhibición al Juzgado de

Instrucción número 9 de Salamanca que, por los mismos hechos, instruye

las diligencias previas número 1221/1999, y ello por entender que aquéllos

tienen su encaje en los artículos 106 y 85 del Código Penal Militar.

Tercero: El Juzgado de Instrucción número 9 de Salamanca, tras oír

al Ministerio Fiscal, dictó Auto de fecha 2 de diciembre de 1999, acordando

mantener la jurisdicción por estimar que lo acontecido pudiera integrar

un ilícito penal común, pero no un delito militar.

Cuarto: Dado traslado al Ministerio Fiscal de fotocopia de las

actuaciones relacionadas con el conflicto y vista de las actuaciones, el

excelentísimo señor Fiscal Togado emite informe interesando que se resuelva

el presente conflicto positivo de jurisdicción a favor del órgano

perteneciente a la jurisdicción militar.

Fundamentos de derecho

Primero: Tanto a los efectos penales como disciplinarios, y según se

desprende de la legislación específica de la Guardia Civil, así como de

la reiterada jurisprudencia de la Sala V del Tribunal Supremo, a los

miembros de la Guardia Civil le son aplicables el Código Penal y la legislación

disciplinaria castrense, de modo que, como acontece en este caso, si la

conducta de un Guardia Civil puede integrar alguno de los tipos penales

de la legislación militar, la competencia objetiva -por razón de la naturaleza

del delito- corresponde a la jurisdicción militar.

Segundo: Es cierto que los hechos presuntos que se contemplan en

el presente caso por los Juzgados Militar y Ordinario en conflicto también

pueden ser considerados como integrante de un tipo delictivo de carácter

común, calificación ésta que, según el Juzgado de Instrucción número 9

de Salamanca, determina la competencia de la jurisdicción ordinaria.

Entiende este Juzgado no hallarse ante un supuesto que puede afectar

a lo estrictamente castrense y que entre el Guardia Civil presunto agresor

sexual y la Guardia Civil agredida no existía relación de subordinación

jerárquica que pudiera caracterizar el comportamiento del primero como

abuso de autoridad.

Pero, aunque es cierta la inexistencia de una superioridad en cuanto

no había diferencia de empleo en sentido jerárquico, ha de tenerse en

cuenta que a los efectos penales militares, según el artículo 12 del Código

Penal Militar, un militar se constituye en superior a otro no sólo por

el empleo jerárquico más elevado, sino también por razón del cargo o

función que se desempeña, y en este sentido resulta claro que, cuando

se trata del servicio que realiza una pareja de la Guardia Civil, el que

por función ejercita el mando y ostenta superioridad funcional es el Jefe

de Pareja, al que, por tanto, el otro miembro de la pareja, y en cuanto

al servicio, le debe obediencia y le está subordinado. Así lo ha entendido

la Sala V del Tribunal Supremo que, en sentencia de 31 de mayo de 1999

deja en constancia que el Jefe de Pareja es superior del Auxiliar de Pareja,

aunque ambos ostenten el mismo empleo.

Tercero.-En un instituto como el de la Guardia Civil, partícipe de la

disciplina militar, la superioridad -sea jerárquica o funcional- es una

atribución que confiere ciertos poderes y derechos, pero que comporta

también obligaciones y responsabilidades. El inferior debe respeto y

obediencia y el superior resulta también obligado a respetar al subordinado

y aun a protegerle de un modo especial cuando colabora con aquél en

la prestación de un servicio. De modo que cuando, no sólo con ocasión,

sino aprovechando el acto de servicio, en que se produce la relación de

mando-subordinado, el que ostenta el mando acomete sexualmente al

inferior intentando violentar la voluntad de éste, se está produciendo una

inequívoca prepotencia de superioridad, de la que se abusa.

Como expone el Ministerio Fiscal: "La conducta del Jefe de Pareja que

aborda por detrás a su Auxiliar, sujetándola para a continuación darle

un beso por sorpresa en la boca, provocando un forcejeo del que la Guardia

consiguió desasirse y conminándola a que no dijese nada de lo sucedido,

impidiéndole dar cuenta de ello a sus superiores, constituye una

manifestación de agresión sexual en la que, si bien cabe pensar que desde

la perspectiva del superior pueda predominar un ánimo o propósito lascivo

o libidinoso, no puede descartarse que correlativamente implique para

la subordinada, que se ve afectada en su libertad sexual, una conducta

degradante, pues, si el trato degradante consiste en un comportamiento

del superior, de palabra o de obra, que rebaja, humilla y envilece al inferior,

despreciando o teniendo en poco el fundamental valor de su dignidad

que, como persona y como miembro de las FAS, le es reconocida en todos

los órdenes (sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 12 de

abril de 1994) es evidente que también debe serle reconocida en el orden

sexual, ya que la libertad de acceso, decisión y elección sexual del individuo

constituye normalmente parte de la esfera de valores que más íntimamente

aprecia la persona, por lo que un ataque a la misma, en contra de su

voluntad, se traduce en una sensible disminución en la estima propia

y ajena de esa persona, que se ve inesperadamente instrumentalizada como

mero objeto de satisfacción de su instinto sexual por quien, sin

consideración alguna al servicio oficial de vigilancia que tienen encomendado

-lo que aumenta más el carácter vejatorio del comportamiento-, y por

ejercer precisamente las funciones de superior, al que debe obedecer y

respetar, no cabe esperar del mismo un trato desconsiderado."

Cita, además, el Ministerio Fiscal, la Sentencia de la Sala Quinta de

29 de abril de 1997: "...si aceptamos hipotéticamente como probados los

hechos relatados por la acusación... no podemos por menos que señalar

que constituyen verdaderas manifestaciones de agresión sexual (graves

o leves)... una forma de degradación, que en la consideración social y

en el propio ámbito castrense no tiene menor entidad que otras formas

de degradación, a las que se ha referido específicamente el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos. Abona esta tesis además el hecho de no quedar

eliminados del conocimiento de la Jurisdicción Militar los actos que puedan

realizarse contra la libertad sexual, aprovechándose de la condición de

superior, pues tanto el artículo 8, apartado 20 de la Ley Orgánica 11/1991,

de 17 de junio, como su precedente del artículo 9, apartado 19 de la Ley

Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, prevén infracciones disciplinarias

graves, cuando las mismas no sean constitutivas de delito, lo que nos

hace descartar la posible versión de que las agresiones sexuales solamente

tienen cabida en el Código Penal común, cuando desde el punto de vista

disciplinario los citados preceptos confieren su conocimiento a la

Autoridad Disciplinaria y su revisión a la Jurisdicción Castrense, por afectar,

ese ataque a la libertad sexual, a la disciplina del Cuerpo."

Cuarto.-La cuestión competencial se circunscribe, pues, a resolver un

conflicto de leyes, en cuanto los hechos presuntos de que se trata aparecen

tipificados en un precepto del Código Penal común y otro del Código Penal

militar. El criterio de la especialidad es favorable a la solución de la cuestión

a favor de la Jurisdicción Militar. La disposición adicional de la Ley

Orgá

nica 2/1989, de 13 de abril, modificó el artículo 12.1 de la Ley Orgánica

4/1987, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar,

determinando la competencia de la Jurisdicción Militar, cuando el hecho esté

comprendido en el Código Penal militar y también lo esté en el Código

Penal común, incluso aunque este último lo sancione con pena más grave.

En consecuencia,

Fallamos: Que debemos resolver y resolvemos el presente conflicto

de jurisdicción número 1/2000-M, promovido entre el Juzgado Togado

Militar Territorial número 42 de Valladolid y el Juzgado de Instrucción número

9 de Salamanca, declarando que corresponde la competencia al órgano

de la Jurisdicción Militar, procediendo por tanto la remisión de ambas

actuaciones al Juzgado Togado Militar.

Remítase testimonio de esta resolución a los correspondientes Juzgados

a los efectos pertinentes.

Así por esta nuestra Sentencia, que deberá publicarse en el "Boletín

Oficial del Estado", lo pronunciamos, mandamos y firmamos:

Presidente: Excelentísimo señor don Javier Delgado Barrio.

Magistrados: Excelentísimos señores don Gregorio García Ancos; don José Francisco

Querol Lombardero; don José Antonio Marañón Chávarri, y don Ángel

Calderón Cerezo.