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Vista la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, recaída

en los autos número 9/1998 y declarada firme el 25 de octubre

de 1999, por la que se condena a don Francisco Prieto Campos,

funcionario de carrera del Cuerpo de Agentes de la Administración

de Justicia, con destino en el Juzgado de lo Social número 1

de Bilbao, como autor responsable de un delito de malversación

de caudales públicos, previsto y penado en el artículo 432.1.ª

y 3.ª, del Código Penal, y de un delito continuado de falsedad

previsto en los artículos 390.3.º y 4.º y 74 del Código Penal,

con la concurrencia de la circunstancia eximente de trastorno

mental transitorio prevista en los artículos 21.1.º, 20.1.º y 68 del

Código Penal, a las siguientes penas:

Por el delito de malversación, a las penas de multa de un mes

con una cuota diaria de 200 pesetas, con arresto sustitutorio de

veinticuatro fines de semana en caso de impago y suspensión de

cargo público por tiempo de cinco meses durante la condena,

y por el delito continuado de falsedad, a la pena de tres meses

con una cuota diaria de 200 pesetas, con arresto sustituidor de

un día de prisión por cada dos cuotas impagadas, que podrá

cumplirse en régimen de arrestos de fin de semana.

Por vía de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a la

Consejería de Justicia del Gobierno Vasco la cantidad de 291.542

pesetas y al pago de las costas procesales.

De conformidad con el artículo 27.1.f) del Real

Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes

al Servicio de la Administración de Justicia ("Boletín Oficial del

Estado" de 1 de marzo), establece, como causa de la pérdida de

la condición de funcionario, la condena sobrevenida como

consecuencia de delito doloso, relacionado con el servicio o que cause

daño a la Administración de Justicia o a sus destinatarios.

Esta Secretaría de Estado acuerda declarar la pérdida de la

condición de funcionario del Cuerpo de Agentes de la

Administración de Justicia de don Francisco Prieto Campos y su baja

en el escalafón del mencionado Cuerpo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos

meses desde el día siguiente a su publicación, de conformidad

con la Ley 29/1998, de 13 de julio ("Boletín Oficial del Estado"

del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 5 de abril de 2000.-El Secretario de Estado, José

Luis González Montes.