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La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre Incentivos Regionales, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero; 2315/1993, de 29 de diciembre, y 78/1997, de 24 de enero, constituye un instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades económicas dentro del mismo.
Los Reales Decretos, 491/1988, de 6 de mayo, modificado por el Real Decreto 2486/1996, de 5 de diciembre; 487/1988 y 488/1988, de 6 de mayo, modificados por los Reales Decretos 528/1992, de 22 de mayo, 2485/1996, de 5 de diciembre, y 303/1993, de 26 de febrero; 489/1988, 490/1988 y 568/1988, de 6 de mayo, los dos últimos modificados por los Reales Decretos 133/1994, de 4 de febrero, y 2488/1996, de 5 de diciembre y 530/1992, de 22 de mayo, 569/1988 y 570/1988, de 3 de junio, modificado este último por el Real Decreto 2487/1996, de 5 de diciembre; 652/1988, de 24 de junio; 1389/1988, de 30 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1397/1992, de 20 de noviembre y 883/1989, de 14 de julio, modificado por los Reales Decretos 852/1992, de 10 de julio y 2489/1996, de 5 de diciembre, establecieron la delimitación de la Zona Promocionable de Aragón, de las Zonas de Promoción Económica de Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla-León, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana respectivamente y fijaron los objetivos dentro de dichas zonas, así como los sectores promocionables y la naturaleza y cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán concederse en dichas zonas a los solicitantes que realicen proyectos de inversión y cumplan los requisitos exigidos.
Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regionales y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislación que las afecta, vistas las propuestas de los grupos de trabajo previstos en el artículo 21 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, o, en su caso, las del Consejo Rector, y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto anteriormente citado, he tenido a bien disponer:
Concesión de incentivos regionales: Se conceden incentivos regionales a los proyectos de inversión que se relacionan en el anexo I de esta Orden en el que se indican el importe de los mismos, la inversión incentivable y los puestos de trabajo a crear.
Denegación de incentivos regionales: Se deniegan incentivos regionales a los proyectos de inversión que se relacionan en el anexo número II de esta Orden por las causas que se indicarán en las correspondientes resoluciones individuales.
Modificación de condiciones: En el anexo número III se citan los expedientes de modificación de condiciones que han sido resueltos, describiéndose la totalidad de los cambios autorizados para cada uno en la correspondiente resolución individual.
1. La Dirección General de Políticas Sectoriales notificará individualmente a las empresas, a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma, las condiciones generales y particulares que afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales.
2. La Resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida por aplicación de lo dispuesto en el presente Orden no exime a las empresas de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, para la instalación o ampliación de las industrias, exijan las disposiciones legales vigentes, nacionales o comunitarias, así como la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma y las correspondientes ordenanzas municipales.
3. Los titulares de las subvenciones concedidas por la presente Orden quedan sujetos al cumplimiento de lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de abril de 1986, sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden de 25 de noviembre de 1987, sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
Se faculta a la Dirección General de Políticas Sectoriales para que pueda autorizar modificaciones en más o menos y hasta un 10 por 100 respecto del importe de la subvención concedida, de la inversión aprobada o del número de puestos de trabajo.
La adquisición de los derechos por los perceptores de las subvenciones que puedan derivarse de la presente Orden queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a la aprobación del correspondiente expediente de gasto por el órgano competente, previa la preceptiva fiscalización favorable de la Intervención.
El abono de las subvenciones a que dé lugar la presente Orden quedará sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito cifrado en la sección 24 «Economía», rúbrica 24.10.724C.771, del vigente presupuesto, en el momento de presentarse la primera liquidación de subvención.
Cuando la subvención se cofinancie por los fondos estructurales de la Comisión Europea, su abono quedará sometido a la tramitación específica exigida para la percepción de ayudas por dichos Fondos, así como a las disposiciones de control y seguimiento de la Unión Europea.
Los pagos parciales, que tendrán el carácter de pagos a cuenta, estarán debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente.
En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en la normativa vigente como en la resolución individual, el beneficiario estará obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delitos contra la hacienda pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
Madrid, 11 de abril de 2001.‒P.D. (Orden de 8 de noviembre de 2000), el Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado Blanco.
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