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Por Resolución de 26 de julio de 2002 se acordó iniciar a la entidad «MAPFRE, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija», expediente de revocación de la autorización administrativa concedida, para realizar la actividad aseguradora en el ramo de vida y en el de responsabilidad civil en general, ramo éste número 13 de la clasificación de los riesgos por ramos establecida en la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Dicho acuerdo se adoptó al considerar que el volumen de primas devengadas por la entidad durante los ejercicios 2000 y 2001 no había superado los importes mínimos que establece el artículo 81.1.4.º del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y que dicha circunstancia está incluida como causa de revocación de los mencionados ramos, conforme a los artículos 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y 81.1.2.º del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 26 de julio de 2002, se concedió a la entidad un plazo de quince días para que se formulasen las alegaciones que se estimasen oportunas.

La entidad no ha efectuado alegaciones referentes a este punto.

El artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, dispone que el Ministro de Economía revocará la autorización administrativa concedida a las entidades aseguradoras cuando la entidad aseguradora no haya iniciado su actividad en el plazo de un año o cese de ejercerla durante un período superior a seis meses. A esta inactividad, por falta de iniciación o cese de ejercicio, se equiparará la falta de efectiva actividad en uno o varios ramos, en los términos que se determinen reglamentariamente.

De acuerdo con los datos reflejados por la entidad en la documentación estadístico-contable remitida a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se desprende que el volumen de primas devengadas (seguro directo y reaseguro aceptado) en los referidos ramos no parece superar los importes mínimos que establece el artículo 81.1.4.^o del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en los ejercicios 2000 y 2001.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y en el artículo 81.1.2.º del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, y demás disposiciones aplicables al efecto, he resuelto:

Primero.

Revocar a la entidad «MAPFRE, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija», la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos de vida y responsabilidad civil en general.

Segundo.

Inscribir en el Registro administrativo de entidades aseguradoras el acuerdo de revocación de la autorización administrativa concedida a la entidad «MAPFRE, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija», para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos citados anteriormente.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1. a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.–El Ministro, P. D. (Orden ECO/2489/2002, de 3 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» del 10), el Secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos Jurado.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.