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Por Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

de fecha 9 de junio de 2003, dictada en recurso de casación,

se condena a D. José Antonio Moreno Agudo como autor

criminalmente responsable de un delito de falsedad en documento

público a las penas de tres años de prisión, multa de seis meses

con una cuota diaria de 2000 pesetas y a la de inhabilitación

especial para empleo de funcionario público por tiempo de dos

años.

Siendo en órgano competente para la ejecución de esta

sentencia el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por haber estado

adscrito el interesado a este Departamento, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 10.6 del Real-Decreto 2169/1984, de

atribución de competencias en materia de personal, esta

Subsecretaría resuelve:

Que teniendo en cuenta que el Sr. Moreno Agudo ya perdió

la condición de funcionario por Resolución del Instituto Nacional

de la Seguridad Social de fecha 17 de abril de 1997, que acordó

su pase a la situación de incapacidad permanente absoluta, no

es posible ejecutar la citada sentencia, sin embargo, en el supuesto

de que el interesado fuera declarado en un futuro nuevamente

apto para el servicio activo, como consecuencia de lo establecido

en el artículo 2.2 del Real-Decreto 2669/1998, de 11 de

diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia

de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de

la Administración del Estado, se procedería a hacer efectiva la

pérdida de la condición de funcionario por ejecución de sentencia

a que se ha hecho referencia anteriormente.

Lo que se publica para general conocimiento, así como para

su anotación marginal en el Registro Central de Personal.

Madrid, 11 de febrero de 2004.-El Subsecretario, José Marí

Olano.