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Vista la sentencia número 709/ 2006, de 21 de junio de 2006, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en casación de la acordada en 21 de diciembre de 2004 con el número 721/04, por la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se condenaba a don Juan José Caules Orfila, funcionario destinado en la Subdelegación del Gobierno de Alicante, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para empleo de funcionario público por tres años y seis meses por el delito continuado de cohecho, Visto el artículo 37.1.d) y 2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, en redacción dada por el artículo 105, apartado 1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social que establece que la condición de funcionario se pierde en virtud de pena principal o accesoria de inhabilitación especial en el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de trabajo o empleo relacionado con esta condición, especificado en la sentencia, Visto, por lo expuesto, que la referida sentencia en relación con la precitada norma, determina la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, sin que la misma pueda ser considerada como una sanción de carácter disciplinario, sino como una consecuencia de la ejecución de la pena impuesta en la jurisdicción penal, Vista la atribución de competencias establecida por el artículo 34 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,

Acuerdo dar cumplimiento a la Sentencia dictada en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, en consecuencia, declarar la pérdida de la condición de funcionario de la Escala de Personal Técnico Auxiliar de Sanidad, Rama de Celadores y Maquinistas, a extinguir, de don Juan José Caules Orfila, con anotación correspondiente en el Registro de Personal y notificación al interesado.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.-El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla Segura.