Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
1. El Parlamento de Cataluña se reúne en sesión constitutiva el día y la hora señalados en el decreto de convocatoria, una vez concluidas las elecciones al Parlamento y proclamados sus resultados.
2. La sesión constitutiva se inicia con la lectura del decreto de convocatoria por parte del secretario o secretaria general. Acto seguido, el secretario o secretaria general invita a los miembros de la Mesa de Edad a ocupar sus asientos.
1. La sesión constitutiva es presidida inicialmente por el diputado o diputada electo de más edad entre los presentes, asistido por los dos diputados más jóvenes, en calidad de secretarios.
2. El presidente o presidenta de edad declara abierta la sesión y uno de los secretarios da lectura a la relación de los diputados electos y a la relación de los recursos electorales interpuestos, con la indicación de los diputados electos afectados. Acto seguido, deben ser elegidos los miembros de la Mesa del Parlamento.
1. Los miembros de la Mesa del Parlamento que han sido elegidos han de ocupar sus respectivos asientos. Acto seguido, el presidente o presidenta declara constituido el Parlamento y levanta la sesión.
2. La constitución del Parlamento debe ser comunicada por el presidente o presidenta al jefe o jefa de Estado, al presidente o presidenta de la Generalidad, al presidente o presidenta del Congreso de los Diputados y al presidente o presidenta del Senado, respectivamente.
1. Los diputados tienen el derecho de asistir a todas las sesiones del Parlamento y el deber de asistir a los debates y a las votaciones del Pleno y de las comisiones de las que son miembros. Cada diputado o diputada tiene el deber de pertenecer a una comisión, como mínimo, con la excepción del presidente o presidenta de la Generalidad, de los que son miembros del Gobierno y de los que representan a la Generalidad en el Senado.
2. Los diputados tienen derecho de voto en el Pleno y en las comisiones de las que son miembros, y han de cumplir los deberes y ejercer las funciones que el presente reglamento les asigna. 3. En el territorio de Cataluña, los diputados, en su condición de miembros del Parlamento y, por tanto, representantes del pueblo catalán, tienen derecho a recibir un tratamiento institucional y protocolario preferente, especialmente en los actos y las actividades organizados por las instituciones y la Administración de Cataluña.
1. Los diputados tienen derecho a recibir, directamente o por medio del grupo parlamentario, la asistencia necesaria para cumplir sus tareas. Los servicios del Parlamento deben facilitárselos, en especial en lo que se refiere a la información y la documentación.
2. Los diputados, en el ejercicio de su función, tienen derecho a obtener información de la Administración de la Generalidad y de sus organismos, empresas y entidades dependientes, y pueden solicitarla directamente, después de comunicarlo al presidente o presidenta, o por medio de este. 3. Las autoridades o la administración requeridas, en un plazo no superior a los quince días, han de facilitar al diputado o diputada, directamente o mediante la presidencia del Parlamento, la información solicitada o bien deben permitirle el acceso libremente para que lo estudie y tome las notas que crea oportunas, si, dada la índole de la documentación o según la normativa vigente, no pueden facilitarle copia de la misma; en su caso, han de manifestar al presidente o presidenta del Parlamento, para que las comunique a quien lo solicita, las razones fundamentadas en derecho que les impiden hacerlo. Una vez transcurrido dicho plazo, el presidente o presidenta del Parlamento, a requerimiento del diputado o diputada que ha solicitado la información, ha de instar a la administración o a las autoridades requeridas a cumplir esta obligación. 4. La administración requerida puede manifestar que pospone la tramitación de las demandas de información cuando tienen por objeto una cuestión o una documentación que se halla afectada por la declaración de secreto de actuaciones en un proceso judicial penal, mientras perdure esta situación. 5. Si se abre un procedimiento penal cuyas actuaciones son declaradas secretas con relación a una cuestión que ha sido objeto de una demanda de información de un diputado o diputada, la administración debe comunicárselo, y queda en suspenso la autorización de acceso a la documentación hasta que se alce el secreto por parte del órgano judicial. 6. Si el Gobierno no cumple lo dispuesto por los apartados 3, 4 y 5, a petición del diputado o diputada que ha presentado la demanda de información, debe incluirse en la primera reunión plenaria una pregunta sobre las razones que han impedido hacerlo. Si, a juicio del grupo parlamentario al cual pertenece quien lo ha solicitado, las razones no están fundamentadas, en el plazo de cinco días puede presentar una propuesta de resolución ante la correspondiente comisión, la cual ha de ser incluida en el orden del día de una sesión a celebrar en el plazo de quince días.
1. Los diputados, de conformidad con la ley, tienen derecho a acceder a todos los datos y la información de las administraciones y las instituciones públicas, con respeto a las limitaciones de la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Los datos que hayan sido declarados de carácter secreto, según la legislación vigente, quedan excluidos. El Parlamento ha de suscribir los correspondientes convenios para que esta disposición sea efectiva.
2. Si el diputado o diputada se traslada a las dependencias de la administración en el ejercicio de los derechos regulados por el artículo 5, puede ir acompañado por dos asesores, como máximo, debidamente acreditados. 3. El personal que presta asistencia a un grupo parlamentario o a un miembro del Parlamento en las actuaciones ante la Administración de la Generalidad debe estar debidamente acreditado. Este personal solo puede actuar ante la Administración de la Generalidad acompañando al correspondiente diputado o diputada.
1. El acceso a las informaciones secretas y reservadas y a los registros de datos que los contienen corresponde exclusivamente a los representantes de los grupos parlamentarios.
2. Únicamente los miembros de la comisión a la que se refiere el artículo 61 y un miembro más designado por cada grupo parlamentario pueden acceder a los registros y las informaciones a los que se refiere el apartado 1. 3. Los miembros que tengan acceso a los registros y las informaciones a los que se refiere el apartado 1 tienen el deber de mantener reserva permanente, de conformidad con la legislación vigente, respecto a los datos y las informaciones que conozcan por razón de su función parlamentaria. 4. El diputado o diputada que haga público alguno de los temas tratados en las reuniones a las que se refiere el artículo 61 o vulnere el deber de reserva que establece el apartado 3 puede ser excluido temporalmente del ejercicio de la función parlamentaria, por el procedimiento establecido por el artículo 193.2. 5. La presidencia debe velar por el cumplimiento de estas disposiciones y debe garantizar el cumplimiento del deber de secreto o reserva.
1. Los diputados tienen derecho a una asignación fija y pueden percibir también asignaciones variables, todas las cuales corren a cargo del presupuesto del Parlamento y tienen el carácter de indemnización por el ejercicio de sus funciones.
2. La cantidad y las modalidades de las asignaciones de los diputados son fijadas por la Mesa, dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria. 3. Las asignaciones de los diputados están sujetas a las normas tributarias de carácter general. 4. La percepción de las retribuciones de carácter fijo por el ejercicio de las funciones parlamentarias es incompatible con la percepción de las retribuciones por ocupar otros cargos públicos, con dedicación plena o parcial, en los términos y con las excepciones, si procede, que establece la legislación sobre incompatibilidades. 5. Los derechos reconocidos por el presente artículo 8 y por el artículo 9 se devengan hasta el día de la constitución de la nueva legislatura.
1. El Parlamento puede establecer con las entidades gestoras de la Seguridad Social los convenios necesarios para dar de alta o, si procede, afiliar a los diputados que lo desean. Las bases de la cotización, la acción protectora dispensada y el abono de las cotizaciones están sujetos a las normas de seguridad social de carácter general o especial de aplicación.
2. En el caso de los funcionarios públicos que por su dedicación parlamentaria se encuentran en situación de servicios especiales, lo establecido por el apartado 1 ha de extenderse, si procede, a las cuotas de clases pasivas. 3. Los diputados que son funcionarios y se hallan en situación de servicio activo conservan el régimen de seguridad social que les corresponde en la administración a la que pertenecen, de conformidad con lo dispuesto por la legislación sobre incompatibilidades.
Los diputados tienen el deber de comportarse con cortesía y de respetar las normas de orden y disciplina establecidas por el presente reglamento; además, deben guardar secreto sobre las actuaciones y las resoluciones que tienen este carácter.
1. Los diputados han de observar siempre las normas sobre incompatibilidades.
2. La Comisión del Estatuto de los Diputados ha de elevar al Pleno las propuestas sobre la situación de compatibilidad o incompatibilidad de cada diputado o diputada en el plazo de veinte días a partir de la presentación de la declaración a la que se refiere el artículo 12.1.a, después de que la Comisión se haya constituido. Si se produce algún cambio en la situación relativa a las actividades o a los cargos públicos de los diputados, estos deben comunicarlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados de conformidad con lo establecido por el artículo 12.2. 3. Si la Comisión del Estatuto de los Diputados considera que existe una causa de incompatibilidad entre la condición de diputado o diputada y otro cargo público o actividad, antes de elevar al Pleno el dictamen, debe dar traslado de ello a la persona afectada, para que, en el plazo de cinco días, formule las alegaciones que crea oportunas. 4. Una vez declarada y notificada la incompatibilidad, el diputado o diputada afectado dispone de un plazo de ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no se pronuncia expresamente dentro de este plazo, se entiende que renuncia al escaño.
1. Los diputados han de presentar al Parlamento las declaraciones de actividades y bienes, de conformidad con lo establecido por el artículo 16.1.b, según el modelo aprobado por la Mesa y con el siguiente contenido: a) Una declaración de las actividades profesionales, laborales o empresariales que ejercen y de los cargos públicos que ocupan.
b) Una declaración de bienes, que debe detallar el patrimonio de quien declara.
2. En caso de que se produzca algún cambio en la situación relativa a las actividades o a los cargos públicos declarados por los diputados, estos deben comunicarlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados en el plazo de un mes desde que ha acontecido, para que la Comisión emita un dictamen, si procede, respecto a la nueva situación, en el plazo de ocho días. Si el cambio que se declara consiste en el cese de algún cargo o actividad, la Comisión no tiene que elaborar el dictamen.
3. Los diputados han de presentar, antes del 30 de julio de cada año, una copia de la declaración de liquidación del impuesto sobre la renta y el patrimonio presentada a la Administración tributaria del mismo ejercicio, o la certificación de no haberlo hecho, en caso de que no estén obligados a presentarla. 4. El incumplimiento de la obligación establecida por los apartados 2 y 3 puede comportar la suspensión de los derechos económicos por un período máximo de un mes, acordada por el Pleno del Parlamento a propuesta de la Comisión del Estatuto de los Diputados, tras haber instruido el correspondiente expediente y oído al diputado o diputada afectado. 5. Los diputados han de presentar también la declaración a la que se refiere el apartado 1.b al finalizar su mandato, o al perder su condición de diputado o diputada. 6. El Registro de intereses de los diputados del Parlamento recoge la información facilitada por estos de conformidad con los apartados 1.a y b y 3 y está bajo la custodia de la Secretaría General. La información relativa a las actividades y los cargos es de carácter público. 7. Transcurridos cuatro años desde la pérdida de la condición de diputado o diputada, las declaraciones deben ser destruidas.
Los diputados no pueden invocar o usar su condición para ejercer actividades comerciales, industriales o profesionales, o colaborar con terceras personas en el ejercicio de dichas actividades ante las administraciones públicas en beneficio privado.
Los diputados gozan de inviolabilidad, incluso después de haber finalizado su mandato, por las opiniones y los votos emitidos durante el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la inmunidad de los miembros del Parlamento, hay que atenerse a lo dispuesto por el Estatuto de autonomía de Cataluña y, si procede, por las leyes que lo desarrollan.
1. El diputado o diputada proclamado electo accede al pleno ejercicio de la condición de parlamentario o parlamentaria una vez cumplidos los dos requisitos siguientes: a) Presentar al Registro General del Parlamento la credencial expedida por el órgano correspondiente de la Administración electoral y prometer o jurar respetar la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña.
b) Presentar las declaraciones de actividades y de bienes que especifica el artículo 12.
2. Los derechos del diputado o diputada proclamado electo no son efectivos hasta que no ha accedido al pleno ejercicio de la condición de parlamentario o parlamentaria, de conformidad con el apartado 1.
Los diputados del Parlamento pierden su condición por las siguientes causas: a) Por la renuncia presentada a la Mesa del Parlamento.
b) Por una sentencia judicial firme que anule su elección o proclamación. c) Por deceso o por la incapacidad declarada por sentencia judicial firme. d) Por la extinción del mandato, al expirar el plazo o al disolverse el Parlamento, con la excepción de los miembros de la Diputación Permanente y de los que representan a la Generalidad en el Senado, los cuales mantienen su condición hasta la constitución del nuevo Parlamento. e) Por la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme.
1. Los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios, previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados, en los siguientes casos: a) Si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados.
b) Por acuerdo del Pleno, adoptado por mayoría absoluta, si han sido condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que imposibilite su asistencia a las sesiones plenarias.
2. La suspensión de los derechos, a excepción de los económicos, y de los deberes de los diputados del Parlamento no puede acordarse en ningún caso como sanción parlamentaria.
1. Cada diputado o diputada solo puede ser miembro de un grupo parlamentario.
2. Por cada partido, federación o coalición electoral solo puede constituirse un grupo parlamentario. 3. Los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Mixto, pueden estar constituidos como mínimo por cinco miembros aunque hayan sido elegidos por distintas circunscripciones. 4. Los grupos parlamentarios han de constituirse en el plazo de ocho días hábiles, a contar desde el día siguiente de la constitución del Parlamento, mediante un escrito dirigido a la Mesa del Parlamento, firmado por todos los diputados que desean constituir el grupo y en el cual deben hacer constar la denominación del grupo, los nombres de todos sus miembros y los de las personas que lo representan.
1. Quien accede a la condición de diputado o diputada después de la sesión constitutiva del Parlamento ha de incorporarse a un grupo parlamentario en los cinco días siguientes a la adquisición de dicha condición. El escrito en el que manifiesta su voluntad debe tener la firma del portavoz o la portavoz del grupo correspondiente; de otro modo, ha de incorporarse al Grupo Mixto.
2. Los diputados que dejan de pertenecer a su grupo pierden los puestos que ocupaban en los órganos del Parlamento.
1. Cada grupo nombra a los miembros que han de representarlo, incluyendo preceptivamente a su portavoz.
2. Los representantes de los grupos parlamentarios deben comunicar al presidente o presidenta del Parlamento las altas y las bajas de los respectivos grupos.
1. Los miembros del Parlamento que, de conformidad con lo establecido por el artículo 19, no se integran en ningún grupo parlamentario en los plazos establecidos quedan incorporados al Grupo Mixto.
2. El Grupo Mixto tiene los mismos derechos que los demás grupos parlamentarios y participa del mismo modo en la actividad del Parlamento cuando está integrado por miembros que cumplen los requisitos establecidos por el artículo 19.1 y 3 pero que, al no alcanzar el número de miembros exigidos, no pueden constituir un grupo parlamentario. Estos derechos no se alteran aunque se incorporen al mismo otros miembros. 3. Los miembros del Grupo Mixto tienen siempre los mismos derechos individuales que tienen los miembros de los demás grupos parlamentarios.
Si el número de miembros de un grupo parlamentario se reduce en el transcurso de la legislatura hasta una cifra inferior a la mitad del número mínimo exigido para su constitución, el grupo parlamentario queda disuelto y sus miembros han de incorporarse al Grupo Mixto durante todo el tiempo que quede de legislatura.
1. Todos los grupos parlamentarios, con las excepciones establecidas por el presente reglamento, gozan de los mismos derechos.
2. En las iniciativas para las que el presente reglamento exige la firma de los portavoces de los grupos parlamentarios, la del Grupo Mixto únicamente cuenta si está constituido por un mínimo de cinco miembros y si acredita el apoyo de la mayoría del Grupo.
1. El Parlamento debe poner a disposición de los grupos parlamentarios los suficientes locales y medios materiales. Los grupos parlamentarios también han de disponer de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios para ejercer con eficacia y eficiencia sus funciones, especialmente en el ámbito del asesoramiento técnico y el apoyo administrativo. En este sentido, el Parlamento puede firmar acuerdos y convenios con otras administraciones en materia de personal. Asimismo, debe asignarles, a cargo de su presupuesto, una subvención fija y otra variable, que deben ser determinadas por la Mesa ampliada, teniendo en cuenta la importancia numérica de cada uno de ellos y el importe global del presupuesto del Parlamento.
2. Los grupos parlamentarios han de llevar una contabilidad específica de la subvención a la que se refiere el apartado 1, que está controlada en los términos establecidos por la legislación de aplicación.
1. Los diputados que abandonen su grupo o que sean expulsados del mismo han de pasar a tener la condición de miembros no adscritos durante toda la legislatura, salvo que se reincorporen al grupo parlamentario de origen, con el consentimiento previo y expreso del portavoz o la portavoz correspondiente.
2. Los diputados no adscritos tienen los derechos que el Reglamento reconoce a los diputados individualmente, sin perjuicio de las especificidades que en este se determinan. Cada diputado o diputada no adscrito tiene derecho a formar parte de una comisión. La Mesa debe decidir en cada caso la comisión a la que se incorpora. 3. Lo dispuesto por el apartado 1 no es de aplicación en caso de expulsión del grupo parlamentario de todos los diputados de una formación política integrados en el seno de una coalición o federación. En dicho caso, los diputados afectados han de pasar al Grupo Mixto.
1. La Junta de Portavoces está constituida por los portavoces de cada grupo parlamentario y es presidida por el presidente o presidenta del Parlamento. Asisten también a las sesiones de la Junta uno de los secretarios del Parlamento y el secretario o secretaria general, o el letrado o letrada que lo sustituye. También pueden tomar parte de la misma el resto de los miembros de la Mesa, una persona representante del Gobierno y, acompañando al portavoz o la portavoz o a quien lo sustituye, un miembro más por cada grupo parlamentario. Asimismo, puede ser requerida la asistencia del presidente o presidenta de cada una de las comisiones parlamentarias.
2. La Junta de Portavoces es convocada por el presidente o presidenta del Parlamento, a iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de sus miembros. En caso de votación, los votos se computan por el sistema ponderado, y, por tanto, cada portavoz tiene tantos votos como escaños en el Parlamento tiene su grupo parlamentario. 3. La Junta de Portavoces debe reunirse, como mínimo, quincenalmente durante los períodos de sesiones.
La Junta de Portavoces, sin perjuicio de las funciones que le atribuye el presente reglamento, debe ser oída previamente para: a) Establecer los criterios que contribuyen a ordenar y facilitar los debates y las tareas del Parlamento.
b) Decidir la comisión competente para tramitar los proyectos y las proposiciones de ley. c) Fijar el número de miembros por grupo parlamentario que deben integrar las comisiones. d) Asignar los escaños del Salón de Sesiones a los grupos parlamentarios.
1. La Mesa del Parlamento es el órgano rector colegiado del Parlamento y está integrada por el presidente o presidenta, por dos vicepresidentes y por cuatro secretarios.
2. La Mesa actúa bajo la dirección del presidente o presidenta del Parlamento y representa al Parlamento en los actos a los que asiste. 3. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:
a) Adoptar las decisiones que requieren las tramitaciones parlamentarias, en caso de duda o de laguna reglamentaria.
b) Adoptar las decisiones y las medidas que requiere la organización del trabajo parlamentario. c) Ejecutar los presupuestos del Parlamento. d) Calificar, de conformidad con el Reglamento, los escritos y los documentos de índole parlamentaria, y declarar su admisibilidad o inadmisibilidad. e) Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de conformidad con las normas establecidas por el presente reglamento. f) Aplicar los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento, y elaborar las correspondientes propuestas de modificación. g) Elaborar el presupuesto del Parlamento para que, si procede, sea aprobado por el Pleno. h) Controlar la ejecución del presupuesto y presentar al Pleno la correspondiente liquidación en cada período de sesiones. i) Aprobar la composición de las plantillas de personal del Parlamento y las normas que regulan la forma de acceso. j) Cumplir cualquier otra función encomendada por el presente reglamento y las de carácter ejecutivo que no están atribuidas a ningún órgano específico.
4. Si la Mesa ha de ejercer las funciones establecidas por el apartado 3.f, g, h y i, debe constituirse en Mesa ampliada, integrada por los miembros de la Mesa más un diputado o diputada designado por cada grupo parlamentario que no tenga representación en la Mesa. La Mesa ampliada adopta sus decisiones por el sistema de voto ponderado.
5. Para cumplir las funciones a las que se refiere el apartado 3.h, la Mesa ampliada debe proponer al Pleno la designación de tres diputados interventores para cada período presupuestario, que han de ejercer la intervención material de todos los gastos y han de presentarle cada dos meses un informe de sus gestiones.
1. Si un grupo parlamentario discrepa de una decisión adoptada por la Mesa del Parlamento en cuanto al cumplimiento de las funciones a las que se refiere el artículo 29.3.a, d y e, puede solicitar su reconsideración.
2. La petición a la que se refiere el apartado 1 debe presentarse ante la Mesa del Parlamento, como máximo, dos días después de la publicación de la decisión objeto de reconsideración o, si no se ha publicado, antes de que el correspondiente órgano tramite el escrito o documento de índole parlamentaria. La presentación de la petición suspende el trámite hasta que la Mesa del Parlamento toma su decisión. La Mesa del Parlamento no admite a trámite ningún recurso relativo a un escrito que ha perdido su condición de origen por el hecho de haber sido adoptado por la comisión o por el Pleno. 3. La Mesa del Parlamento dispone de un plazo de cuatro días para resolver definitivamente la petición de reconsideración mediante resolución motivada, oída la Junta de Portavoces.
1. El presidente o presidenta del Parlamento ostenta la representación de la cámara; establece y mantiene el orden de las discusiones y dirige los debates con imparcialidad y atento al respeto debido al Parlamento; cumple y hace cumplir el Reglamento, y ejerce todas las demás funciones que le confieren el Estatuto de autonomía de Cataluña, las leyes y el presente reglamento.
2. La Mesa del Parlamento, por razones de urgencia, puede delegar en el presidente o presidenta las funciones a las que se refiere el artículo 29.3.b, c y d, así como la concesión de las prórrogas de los plazos establecidos por el presente reglamento.
1. En caso de vacante, ausencia o impedimento del presidente o presidenta del Parlamento, los vicepresidentes, por orden consecutivo, han de sustituirlo con los mismos derechos, deberes y atribuciones. Asimismo, también por orden, han de cumplir cualquier otra función encomendada por el presidente o presidenta y la Mesa.
2. La representación de la cámara que ostenta el presidente o presidenta del Parlamento solo puede ser delegada, si procede, en uno o una de los vicepresidentes.
Los secretarios supervisan y autorizan, con el visto bueno del presidente o presidenta, los actos de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la Junta de Portavoces, además de los certificados que se expidan; asisten al presidente o presidenta durante las sesiones para asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones; colaboran en el desarrollo normal de los trabajos del Parlamento, según las disposiciones del presidente o presidenta, y cumplen, además, cualquier otra función encomendada por el presidente o presidenta y la Mesa.
1. La Mesa del Parlamento se reúne convocada por el presidente o presidenta y está asesorada por el secretario o secretaria general o por el letrado o letrada que lo sustituye, el cual redacta el acta de las sesiones y se ocupa, bajo la dirección del presidente o presidenta, de la ejecución de los acuerdos.
2. Si, por vacante, por ausencia o por impedimento de los miembros de la Mesa, hay paridad en el momento de tomar decisiones, el presidente o presidenta o quien en aquel momento ejerce sus funciones debe hacer uso del voto de calidad; de otro modo, debe aplicarse lo establecido por el artículo 91.1. Este criterio también es de aplicación a las mesas de las comisiones.
1. El Pleno elige a los miembros de la Mesa del Parlamento en la sesión constitutiva del Parlamento.
2. Las votaciones para la elección de los cargos de la Mesa del Parlamento se efectúan por medio de papeletas, que los diputados han de entregar a la Mesa de Edad para que sean depositadas en la urna preparada a tal fin. 3. Las votaciones para los cargos de presidente o presidenta, de vicepresidentes y de secretarios se efectúan sucesivamente. 4. Una vez finalizada cada votación para elegir a los miembros de la Mesa del Parlamento, se realiza el escrutinio. El presidente o presidenta de edad entrega las papeletas a uno o una de los secretarios para que las lea en voz alta, y el otro secretario o secretaria anota los resultados de la votación y todos los incidentes acaecidos en la sesión. 5. Una vez finalizadas las votaciones, quienes han sido elegidos deben ocupar sus lugares.
1. Para la elección del presidente o presidenta del Parlamento, cada diputado o diputada ha de escribir un solo nombre en la papeleta, y sale elegido quien obtiene la mayoría absoluta. Si no se alcanza esta mayoría, hay que repetir la elección entre los dos diputados que más se hayan acercado a la mayoría, y sale elegido quien obtiene mayor número de votos. En caso de paridad, hay que repetir la elección, y, si la paridad persiste después de cuatro votaciones, se considera elegido el candidato o candidata del grupo parlamentario con más diputados.
2. Para la elección de los dos vicepresidentes, cada diputado o diputada ha de escribir un nombre en la papeleta, y salen elegidos quienes, por orden correlativo, obtienen una mayoría de votos. 3. Para la elección de los secretarios, hay que escribir un nombre en la papeleta, y salen elegidos, por orden de votos, los cuatro que hayan obtenido más votos. 4. En caso de paridad en las elecciones de los vicepresidentes y de los secretarios, es preciso atenerse a lo dispuesto por el apartado 1. 5. Debe procederse a una nueva elección de los miembros de la Mesa del Parlamento si las sentencias dictadas en los recursos contenciosos electorales comportan un cambio en la titularidad de más del cinco por ciento de los escaños. Esta nueva elección debe efectuarse cuando los nuevos miembros del Parlamento han adquirido la plena condición de diputados.
En la elección de los miembros de la Mesa se consideran nulas las papeletas ilegibles y las que contienen un número de nombres superior al requerido o nombres relativos a personas que no han cumplido lo establecido por los artículos 12 y 16, y se consideran votos en blanco las papeletas sin indicación escrita alguna. Sin embargo, todas estas papeletas sirven para el cómputo del número de diputados que han tomado parte en la votación.
Las vacantes que se produzcan en la Mesa del Parlamento durante la legislatura deben ser provistas por elección del Pleno, en la forma establecida por los artículos 35, 36 y 37.
1. Las comisiones que constituye el Parlamento pueden ser legislativas o específicas.
2. Son comisiones legislativas, además de las establecidas por el presente reglamento, las que cree el Pleno de la cámara con este carácter. 3. Las comisiones legislativas pueden tramitar cualquier iniciativa parlamentaria, de conformidad con su competencia material, y son las únicas que pueden dictaminar sobre los proyectos o las proposiciones de ley que ha de aprobar el Pleno, o actuar en sede legislativa plena. 4. Son comisiones específicas, además de las reguladas por el presente reglamento o creadas por las leyes, las de estudio, las de investigación y las de seguimiento creadas por el Pleno. 5. Las comisiones específicas pueden tener una función concreta o bien el cometido de relacionarse con determinadas instituciones o entidades públicas.
1. Las comisiones están formadas por los miembros designados por los grupos parlamentarios en el número que determina la Mesa del Parlamento de conformidad con la Junta de Portavoces.
2. Los grupos parlamentarios participan en todas las comisiones en proporción a sus miembros y, en cualquier caso, tienen derecho a tener como mínimo un representante o una representante. 3. En las comisiones en las que no hay una representación proporcional porque el número de sus miembros no lo permite, debe aplicarse el sistema de ponderación de voto tanto para la adopción de acuerdos como para el ejercicio de iniciativas parlamentarias. 4. Los miembros de las comisiones pueden ser sustituidos con la previa comunicación del portavoz o la portavoz del grupo parlamentario al presidente o presidenta del Parlamento. Si las sustituciones no tienen carácter permanente, sino que solo lo son para un determinado punto del orden del día, de un debate o de una sesión, basta comunicarlas al presidente o presidenta de la comisión antes de su inicio. En dicho caso, se admiten como miembros de la comisión, según corresponda, tanto los titulares como los sustitutos.
1. Las comisiones han de tener una mesa compuesta por un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta y un secretario o secretaria, la cual tiene las funciones conferidas por el presente reglamento a la Mesa y al presidente o presidenta del Parlamento, con las excepciones que regula.
2. Las presidencias de las comisiones deben ser distribuidas proporcionalmente por la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, entre los grupos parlamentarios en función del número de sus diputados. Los presidentes propuestos por los grupos han de ser ratificados por la respectiva comisión. En cuanto al resto de los miembros de las mesas de las comisiones, su elección debe efectuarse de conformidad con las normas establecidas para la elección de la Mesa del Parlamento, adaptadas, sin embargo, al distinto número de puestos a prever. Una vez elegidas las mesas de las comisiones, su composición debe ser comunicada al Pleno del Parlamento. 3. Los miembros de la Mesa del Parlamento no pueden presidir ninguna comisión, salvo en los casos determinados por el presente reglamento. 4. La mesa de la comisión está asistida por un letrado o letrada del Parlamento, con la misión de asesorarla jurídicamente en todas las iniciativas y los procedimientos que deben sustanciarse, y de coordinar la asistencia que los servicios del Parlamento prestan a la comisión, y por los servicios lingüísticos en la formalización de resoluciones y acuerdos.
1. Las vacantes existentes en la mesa de la comisión durante la legislatura deben ser provistas por el sistema establecido por el artículo 41.
2. En caso de ausencia, el presidente o presidenta de una comisión solo puede ser sustituido durante la sesión por el vicepresidente o vicepresidenta, y el secretario o secretaria, por un miembro de la misma comisión. 3. En el caso excepcional de que estén ausentes de la comisión el presidente o presidenta y el vicepresidente o vicepresidenta, así como en caso de que solo esté presente uno de estos cargos y deba intervenir en el debate, la sesión o la parte correspondiente ha de estar presidida por el miembro de la Mesa del Parlamento que el presidente o presidenta del Parlamento designe. 4. Si un miembro de la mesa es el único representante de su grupo en la comisión y desea intervenir en el debate, el grupo al cual pertenece puede nombrar a otro diputado o diputada únicamente para que lo sustituya en la Mesa mientras intervenga en el debate para expresar la posición de su grupo. 5. Si el Pleno del Parlamento, al crear una comisión de estudio o de investigación, acuerda que, para presidir y ordenar sus trabajos, tenga exclusivamente un presidente o presidenta y no una mesa, el letrado o letrada a quien corresponda asistir a la comisión ejerce las funciones de secretario o secretaria, exclusivamente a los efectos de levantar el acta de las sesiones y de expedir, con el visto bueno del presidente o presidenta, las correspondientes certificaciones. En este último supuesto, el presidente o presidenta debe ordenar los trabajos de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios en la correspondiente comisión.
1. Las sesiones de las comisiones son públicas.
2. Las sesiones de una comisión solo pueden ser secretas si esta lo acuerda por mayoría de dos tercios, a iniciativa de la Mesa del Parlamento, de tres grupos parlamentarios o de la tercera parte de sus miembros. 3. La Mesa del Parlamento ha de adoptar las disposiciones necesarias para facilitar la presencia en las salas donde se celebra la sesión a las personas cuyo trabajo o responsabilidad lo requiere.
1. Las comisiones tramitan las iniciativas encomendadas por la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, o las que el Pleno del Parlamento les delega.
2. La Mesa del Parlamento, a iniciativa propia o a petición de las comisiones interesadas, puede acordar, oída la mesa de las respectivas comisiones, que una o más comisiones informen previamente sobre una cuestión que sea competencia principal de otra comisión.
1. El funcionamiento de las comisiones, salvo en los casos específicos regulados por el presente reglamento, se rige por las normas generales del capítulo I del título IV.
2. Las comisiones no pueden reunirse a la vez que el Pleno del Parlamento.
1. Las comisiones son convocadas por el respectivo presidente o presidenta, a iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la comisión.
2. El orden del día es fijado por la respectiva mesa, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión. 3. Las sesiones de las comisiones son desconvocadas por el presidente o presidenta de la comisión, de acuerdo con su respectiva mesa, y los portavoces de la comisión, bien a iniciativa del presidente o presidenta, bien a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la comisión. 4. El orden del día de una comisión puede ser alterado si esta lo acuerda, a propuesta de su presidente o presidenta o a solicitud de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros. Si hay de incluir un asunto, debe hacerse con arreglo a lo establecido por el artículo 72.3.
1. Además de las ponencias a las que se refiere el artículo 109, las comisiones pueden, a propuesta de su mesa o de dos grupos parlamentarios, acordar la constitución de grupos de trabajo integrados por uno o más representantes de cada grupo parlamentario para que estudien y preparen los asuntos encomendados en la comisión, o cualquier cuestión que por razón de la materia sea de su competencia.
2. El acuerdo de creación debe determinar el objeto concreto de la tarea encomendada, el plazo de entrega del informe o de las conclusiones, el tipo de documento que hay que someter a la comisión y, si procede, las directrices a las que el grupo de trabajo debe acomodar sus tareas. 3. El informe o las conclusiones tienen que recoger la opinión mayoritaria de los miembros del grupo de trabajo y a tal efecto debe atenderse al criterio del voto ponderado, según el cual cada miembro representa a un número igual al de los diputados que integran su grupo parlamentario. Sin embargo, también hay que remitir a la comisión, en caso de que existan, los votos particulares formulados por las minorías y no incorporados al informe. 4. La comisión, por mayoría de dos tercios de sus diputados, también puede nombrar, por el mismo procedimiento establecido por el apartado 1, un relator o relatora único.
1. Las comisiones deben sustanciar la comparecencia de las autoridades o los funcionarios que, de conformidad con una ley, están obligados a comparecer ante el Parlamento.
2. Las comisiones, mediante el presidente o presidenta del Parlamento, pueden:
a) Pedir la información y la documentación que precisen al Gobierno, a cualquier autoridad de la Generalidad y a los entes locales de Cataluña. Las autoridades requeridas, en un plazo no superior a los veintiún días, deben facilitar lo que se les ha pedido o bien deben manifestar al presidente o presidenta del Parlamento las razones fundamentadas en derecho por las que no les es posible hacerlo, para que lo comunique a la comisión peticionaria. Si por razones de carácter técnico no fuera posible remitir la documentación pedida, debe facilitarse su consulta, en las dependencias administrativas correspondientes, a una delegación, designada por la comisión, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios y asistida por expertos, si la comisión así lo ha acordado.
b) Requerir la presencia de las autoridades y los funcionarios públicos de la Generalidad y de los entes locales de Cataluña competentes por razón de la materia de debate, para que informen de todas las cuestiones sobre las cuales serán consultados con relación a la comparecencia. c) Pedir la información y la documentación a las autoridades del Estado respecto a las competencias atribuidas a la Generalidad cuyos servicios aún no han sido transferidos. Asimismo, pueden requerir la presencia de autoridades y funcionarios públicos que no pertenezcan a la Administración de la Generalidad, para que informen sobre cuestiones que afecten a las funciones del Parlamento y a los intereses de Cataluña. Las autoridades y los funcionarios requeridos deben atender a estos requerimientos de conformidad con la legislación de aplicación. d) Solicitar la presencia de otras personas con esta misma finalidad.
3. Si los funcionarios o las autoridades no comparecen o no justifican su no-comparecencia en el plazo y la forma establecidos por la comisión, o no se responde a la petición de información requerida en el período indicado por el apartado 1, el presidente o presidenta del Parlamento debe comunicarlo a la autoridad o al funcionario o funcionaria superior correspondiente, en caso de que procediera exigirlos alguna responsabilidad.
1. La solicitud de comparecencia ha de ser suscrita por un grupo parlamentario o por un diputado o diputada y debe contener: a) Las entidades o las personas citadas en la comisión.
b) El tema concreto a tratar y la finalidad de la comparecencia.
2. La solicitud debe presentarse a la mesa de la comisión, que debe decidir sobre su admisibilidad y ordenar su publicación.
3. Si el acuerdo no se pronuncia en sentido opuesto, la mesa de la comisión puede decidir si la comparecencia se desarrolla en el plenario de la comisión, o en una subcomisión, de conformidad con el artículo 53. 4. También se puede solicitar que se convoque una comparecencia conjunta con subcomisiones de otras comisiones interesadas en el objeto de la comparecencia. En este caso, se requiere el previo acuerdo de la Mesa del Parlamento, oídas las mesas de las respectivas comisiones.
1. La comparecencia se inicia con la presentación de los comparecientes a cargo del presidente o presidenta de la comisión o de la subcomisión, el cual les da la palabra por un tiempo máximo de treinta minutos para que informen sobre el objeto de la comparecencia. A continuación intervienen el grupo o los grupos que la han solicitado, por un tiempo máximo de diez minutos, y, seguidamente, los demás grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de diez minutos.
2. Acto seguido han de intervenir los comparecientes para informar sobre las cuestiones planteadas y contestar a las preguntas formuladas. Los diputados pueden repreguntar y pedir aclaraciones puntuales a las respuestas dadas, que tienen que ser contestadas brevemente por los comparecientes. 3. A solicitud de los grupos, la mesa puede acordar dar un segundo y un tercer turnos de preguntas y respuestas.
1. El Pleno del Parlamento, dentro de la semana siguiente a la investidura del presidente o presidenta de la Generalidad, por mayoría absoluta, a propuesta de la Mesa y de la Junta de Portavoces, ha de acordar el número y el ámbito de las comisiones legislativas.
2. Las comisiones legislativas han de constituirse dentro de la semana siguiente al acuerdo de creación. 3. El Pleno del Parlamento, por mayoría absoluta, a propuesta de la Mesa y la Junta de Portavoces, o a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros del Parlamento, puede acordar la creación o la disolución de las comisiones legislativas. El acuerdo de creación o de disolución debe determinar la distribución competencial de la comisión creada o disuelta en relación con el resto de comisiones legislativas.
1. La Comisión de Reglamento elabora y reforma el Reglamento del Parlamento y tiene la condición de comisión legislativa.
2. La Comisión de Reglamento está formada por el presidente o presidenta del Parlamento, que la preside, por los demás miembros de la Mesa y por los representantes designados por los grupos, teniendo en cuenta la proporcionalidad que establece el artículo 40.
1. Las comisiones legislativas pueden constituir un máximo de tres subcomisiones especializadas, para celebrar sesiones informativas y comparecencias.
2. Las subcomisiones han de estar integradas por los miembros que designen los grupos parlamentarios en el número que determine la mesa de la comisión, oídos los portavoces. 3. Las subcomisiones son convocadas por la mesa de la comisión y son presididas por uno o una de los miembros de esta. 4. Las subcomisiones pueden celebrar sesiones informativas y comparecencias, efectuar propuestas de resolución en la comisión y actuar por delegación de esta cuando así lo permite el Reglamento. 5. Las subcomisiones, en lo que concierne a su funcionamiento, en todo aquello que les es de aplicación, se rigen por lo que disponen las normas generales del capítulo I del título IV y los artículos 41.4, 43, 45.2 y 46.
1. El Pleno del Parlamento, a propuesta de la Mesa o a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros del Parlamento, puede acordar la constitución de comisiones específicas, conforme al artículo 39.4 y 5.
2. La propuesta de creación de comisiones específicas debe ser tramitada por el mismo procedimiento que las propuestas de resolución. 3. Tanto la propuesta como el acuerdo de creación de comisiones específicas deben determinar como mínimo:
a) El tipo y la composición de la comisión que se crea.
b) El objeto concreto del cometido o el trabajo que se le encarga y su finalidad, así como las posibles directrices a las que la comisión ha de acomodar su trabajo. c) Las normas específicas de funcionamiento, incluso, si procede, las excepciones sobre la composición de la Mesa y el régimen general de adopción de acuerdos y la posibilidad de facultar a la Mesa del Parlamento, a propuesta de la mesa de la comisión, para desarrollar dichas normas, las cuales han de respetar siempre los principios generales de funcionamiento de las comisiones establecidos por el presente reglamento. d) La posibilidad de incorporar especialistas o técnicos para que participen en los trabajos y asistan a las reuniones con voz pero sin voto. e) El plazo para cerrar los trabajos de la comisión y la posibilidad de entregar informes provisionales al final de cada período de sesiones. f) La posibilidad de que los trabajos de la comisión se reflejen en un informe, en un dictamen o en una propuesta de iniciativa parlamentaria concreta.
1. La Comisión del Estatuto de los Diputados está integrada por un miembro de cada grupo parlamentario y tiene un presidente o presidenta y un secretario o secretaria. Adopta las decisiones por el sistema de voto ponderado.
2. La Comisión actúa como órgano preparatorio de las resoluciones del Pleno si este, de conformidad con el Reglamento, debe pronunciarse en asuntos que afectan al estatuto de los diputados, excepto en el caso de que la propuesta corresponda al presidente o presidenta o a la Mesa del Parlamento. 3. La Comisión ha de elevar al Pleno, debidamente articuladas, las propuestas que hayan sido formuladas en su seno.
1. Las comisiones de seguimiento tienen por objeto el control específico de determinadas actuaciones y políticas públicas del Gobierno de la Generalidad.
2. Al final de cada período de sesiones, las comisiones de seguimiento han de entregar un informe a la Mesa del Parlamento, la cual, oída la Junta de Portavoces, debe decidir si toma nota del mismo o si cabe darle una tramitación específica.
1. Las comisiones de estudio tienen por objeto el análisis de cualquier asunto que afecte a la sociedad catalana y deben crearse de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 54.1.
2. Si el acuerdo de creación determina la incorporación de especialistas en la materia objeto de estudio, su número no puede ser superior al número de diputados miembros de la comisión. 3. Las comisiones de estudio deben elaborar un informe y unas conclusiones, que deben publicarse en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) y entregarse a la Mesa del Parlamento, la cual, oída la Junta de Portavoces, debe decidir si toma nota de estos o cabe darles una tramitación específica.
1. El Pleno del Parlamento, a propuesta de dos grupos parlamentarios, de la quinta parte de los miembros del Parlamento, de la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, o del Gobierno, puede acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público que sea competencia de la Generalidad.
2. La composición y el número de miembros de las comisiones de investigación debe concretarse mediante un acuerdo de la Junta de Portavoces. La comisión también puede incorporar especialistas, con voz y sin voto, con tareas de asesoramiento técnico, en un número no superior al de diputados miembros de la comisión. 3. El Parlamento debe crear una comisión de investigación si lo solicitan una tercera parte de los diputados o tres grupos parlamentarios; los proponentes solo pueden presentar una propuesta vinculante cada año. 4. Las comisiones de investigación, antes de iniciar sus actuaciones, tienen que elaborar y aprobar un plan de trabajo. 5. Las comisiones de investigación pueden requerir, por medio del presidente o presidenta del Parlamento, a cualquier persona para prestar declaración. 6. Las conclusiones de las comisiones de investigación deben reflejarse en un dictamen que ha de ser debatido por el Pleno del Parlamento. 7. Las conclusiones aprobadas por el Pleno del Parlamento han de ser comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento también pueda comunicarlas al ministerio fiscal.
1. Las comparecencias ante las comisiones de investigación se rigen por las siguientes normas: a) La comparecencia únicamente puede requerirse con relación a cuestiones que son competencia de la Generalidad.
b) El presidente o presidenta del Parlamento firma el requerimiento, en el cual ha de constar de forma fehaciente el acuerdo de requerimiento adoptado por la comisión, los datos de identificación personal y el domicilio de la persona requerida, el lugar, el día y la hora en que se celebra la comparecencia y la cuestión sobre la cual debe informar. c) La notificación del requerimiento debe efectuarse quince días antes de la fecha de la comparecencia, salvo que la comisión acuerde su urgencia, en cuyo caso el plazo es de cinco días. En caso de que la comparecencia no se celebre, debe reiterarse la citación para que comparezca al cabo de tres días, o al cabo de un día, si se había acordado su urgencia. d) La persona requerida debe ser advertida, en la notificación, de sus derechos, sus obligaciones y sus eventuales responsabilidades. e) La persona requerida puede comparecer acompañada de quien designe para asistirla. f) La comparecencia se celebra de conformidad con el procedimiento establecido previamente por la mesa de la comisión, de lo que debe informarse a quien comparece antes de iniciar su intervención.
2. La mesa de la comisión, durante los trabajos de esta, debe velar por la salvaguardia del respeto a la intimidad, el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales.
3. Si la persona convocada desatiende, voluntariamente, el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlamento, debe dar cuenta de ello al ministerio fiscal, a efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponderle. En la notificación inicial, debe advertírsele de esta posible responsabilidad penal. 4. Las comparecencias, si así lo acuerda explícitamente la comisión de investigación, también pueden sustanciarse por el procedimiento establecido por el artículo 49.
1. La Comisión de Peticiones es el órgano competente para tramitar las peticiones que los ciudadanos dirigen al Parlamento en el ejercicio del derecho de petición individual o colectiva. La composición y el funcionamiento de la Comisión ha de ajustarse a lo establecido por el artículo 40 y concordantes.
2. La Comisión de Peticiones debe examinar cada petición que reciba el Parlamento. A propuesta de un grupo parlamentario puede convocar a los peticionarios para que informen sobre los aspectos de la petición que considere pertinentes. 3. Una vez examinada la petición, la Comisión de Peticiones, por conducto de la presidencia, puede acordar remitirla:
a) A la comisión parlamentaria competente por razón de la materia de que se trate, que deberá informarla de los puntos solicitados.
b) A los grupos parlamentarios, para que, si lo creen oportuno, puedan promover alguna iniciativa parlamentaria. c) Al Gobierno o a los departamentos competentes por razón de la materia, con la solicitud, si procede, de explicaciones sobre el contenido de la petición. d) A cualquier otro órgano de la Generalidad, de otras administraciones públicas, autoridades e instituciones, con la solicitud de información que considere oportuna. e) Al Síndic de Greuges, a los efectos establecidos por la correspondiente ley.
4. La Comisión de Peticiones, cuando lo considere conveniente en la tramitación de una petición, puede acordar la comparecencia de personas y organizaciones ciudadanas.
5. La Comisión de Peticiones puede adoptar resoluciones que asuman el contenido de las peticiones presentadas y puede formular recomendaciones sobre estas a los poderes públicos y a las instituciones. 6. La Comisión de Peticiones, una vez examinada una petición, también puede acordar su archivo sin otro trámite, en caso de que la remisión a que se refiere el apartado 3 no sea procedente. 7. En todos los casos, la Comisión de Peticiones ha de acusar recibo de cada petición y, en el plazo de tres meses desde la presentación de una petición, ha de comunicar los acuerdos adoptados a los peticionarios. 8. La Comisión de Peticiones ha de presentar al Pleno del Parlamento una memoria anual sobre sus actividades.
1. El Parlamento debe constituir una comisión, presidida por el presidente o presidenta del Parlamento e integrada por un miembro de cada grupo parlamentario, para que controle los créditos destinados a gastos reservados de la Administración de la Generalidad y de cualquier otra materia del Gobierno y de la Administración de la Generalidad declarada secreta o reservada, de conformidad con la legislación vigente. Las sesiones de dicha comisión son secretas.
2. Las comparecencias de autoridades, funcionarios u otras personas, relativas a materias declaradas secretas o reservadas, se celebran siempre ante la comisión a la que se refiere el apartado 1.
1. La Mesa, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros del Parlamento, de conformidad con la Junta de Portavoces, puede acordar constituir intergrupos parlamentarios.
2. Los intergrupos parlamentarios tienen las siguientes funciones:
a) Promover estudios y movimientos de investigación y renovación ideológica y social.
b) Promover la sensibilización social en cuanto a situaciones de personas o grupos que requieren una especial protección. c) Promover relaciones de solidaridad y de amistad con otros pueblos, países y culturas.
3. Los intergrupos parlamentarios están integrados por un miembro de cada grupo parlamentario y tienen un coordinador o coordinadora elegido por sus miembros, que representa al intergrupo y convoca y preside su reuniones.
4. En los trabajos de los intergrupos pueden participar especialistas, técnicos o miembros de entidades ciudadanas, que pueden asistir a las reuniones en el Parlamento, en número no superior al de los diputados. 5. Los intergrupos parlamentarios no pueden promover iniciativas ni tramitaciones parlamentarias. 6. El Parlamento debe poner a disposición de los intergrupos medios materiales y personales para que puedan cumplir las funciones que tienen encomendadas.
1. El Pleno es el órgano supremo del Parlamento y está integrado por los diputados proclamados electos que han accedido al pleno ejercicio de la condición de miembros del Parlamento.
2. El Pleno es convocado por el presidente o presidenta del Parlamento a iniciativa propia o a solicitud, como mínimo, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados. 3. El orden del día del Pleno es establecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72.2. 4. El presidente o presidenta, a iniciativa propia o a instancia de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, puede desconvocar al Pleno, de acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces.
1. El Parlamento celebra sus sesiones en el Palacio del Parlamento, en la ciudad de Barcelona. El Pleno y las comisiones pueden celebrar sesiones en otras partes de Cataluña, por acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces.
2. Los diputados ocupan el escaño, en el Salón de Sesiones, de acuerdo con la decisión de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces. 3. En el Salón de Sesiones existe un banco especial destinado a los miembros del Gobierno. 4. Tienen acceso al Salón de Sesiones, además de los diputados y de los miembros del Gobierno, los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de sus funciones y las personas autorizadas por el presidente o presidenta o por la Mesa.
1. La Diputación Permanente se compone de veintitrés diputados designados y nombrados por el procedimiento establecido por el artículo 40, en la proporcionalidad determinada por dicho artículo.
2. La Mesa de la Diputación Permanente está compuesta por un presidente o presidenta, que es el del Parlamento, dos vicepresidentes y dos secretarios, votados por el mismo sistema establecido para la elección de la Mesa del Parlamento, adaptado, sin embargo, al número de puestos a proveer. Una vez elegida, la composición de la Mesa se comunica al Pleno del Parlamento. 3. Ningún diputado miembro del Gobierno puede ser miembro de la Diputación Permanente.
1. La Diputación Permanente, cuando el Parlamento no está reunido en los períodos entre sesiones, vela por los poderes de la cámara y puede convocar al Parlamento por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
2. Una vez expirado el mandato parlamentario o disuelto el Parlamento, y mientras no se constituye el nuevo Parlamento, la Diputación Permanente tiene exclusivamente las siguientes competencias:
a) Entender en todo cuanto se refiere a la inviolabilidad parlamentaria.
b) Conocer la delegación temporal de las funciones ejecutivas del presidente o presidenta de la Generalidad en uno de los miembros del Gobierno. c) Acordar la comparecencia del Gobierno para informar sobre sus actuaciones en relación con hechos de especial importancia sucedidos tras la disolución del Parlamento. d) Ejercer el control de los decretos-ley y de la legislación delegada. e) Autorizar, a petición del Gobierno, por la mayoría absoluta de sus miembros, suplementos de crédito o créditos extraordinarios, por razón de urgencia y de necesidad justificada, si lo exige la conservación del orden, una calamidad pública o una necesidad financiera urgente de otra naturaleza. f) Ejercer las facultades parlamentarias en materia de constitucionalidad y conflictos de competencia. g) Tramitar las propuestas de resolución presentadas en relación con hechos de especial importancia sucedidos tras la disolución del Parlamento, o una vez expirado el mandato parlamentario, en los términos de los artículos 145 y 146, en lo que sea de aplicación.
3. La Diputación Permanente cumple cualquiera otra función encomendada por el presente reglamento o las leyes.
4. La Diputación Permanente, constituido el Parlamento de la nueva legislatura y en la primera sesión plenaria que se celebra tras el debate de investidura, da cuenta al Pleno del Parlamento de las decisiones adoptadas y de los asuntos tratados en el período entre legislaturas.
1. La Diputación Permanente es convocada por el presidente o presidenta, a iniciativa propia o bien a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros.
2. Si, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.2, los grupos parlamentarios proponen la convocatoria del Pleno en sesión extraordinaria, el presidente o presidenta debe convocar necesariamente a la Diputación Permanente para que decida sobre la cuestión. 3. El orden del día de la Diputación Permanente es acordado por el presidente o presidenta del Parlamento y por los representantes de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente. 4. La designación y el nombramiento de los miembros de la Diputación Permanente se realizan por medio de un escrito dirigido al presidente o presidenta del Parlamento; las sustituciones tienen siempre carácter permanente. 5. El sistema de debate y votación en las sesiones de la Diputación Permanente es el fijado por el presente reglamento para las sesiones plenarias. 6. Los miembros del Gobierno pueden asistir a las sesiones de la Diputación Permanente con voz pero sin voto. Los miembros del Parlamento que no lo son de la Diputación Permanente pueden asistir a las sesiones de esta sin voz ni voto. 7. Las sesiones de la Diputación Permanente son públicas, salvo que por mayoría de dos tercios se acuerde que la sesión sea secreta.
1. El Parlamento se reúne anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, del 1 de septiembre al 31 de diciembre y del 15 de enero al 31 de julio.
2. El Parlamento se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones extraordinarias son las que se celebran fuera de los períodos de sesiones; son convocadas por el presidente o presidenta del Parlamento, por acuerdo de la Diputación Permanente, a propuesta de tres grupos parlamentarios o de la cuarta parte de los diputados, o bien a petición de grupos parlamentarios o de miembros que representen la mayoría absoluta. También se reúne en sesión extraordinaria a petición del presidente o presidenta de la Generalidad. El acuerdo o la petición debe proponer un orden del día para la sesión extraordinaria solicitada. 3. La convocatoria y la fijación del orden del día de las sesiones extraordinarias, tanto de las comisiones como del Pleno, deben realizarse de conformidad con lo establecido por el presente reglamento para las sesiones ordinarias del Pleno. 4. En el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria, deben incluirse necesariamente los procedimientos o las tramitaciones que figuran en la petición de la presidencia de la Generalidad, los acordados por la Diputación Permanente o los que cuentan con el apoyo de los grupos parlamentarios o del número de miembros establecido imperativamente por leyes específicas para procedimientos concretos.
1. Se denomina sesión el tiempo parlamentario dedicado a agotar un orden del día. Recibe el nombre de reunión la parte de la sesión celebrada durante el mismo día.
2. Las sesiones, por regla general, se celebran de lunes a viernes. 3. Las sesiones pueden celebrarse en días distintos de los indicados, por acuerdo de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces.
1. Las sesiones del Pleno son públicas.
2. Las sesiones solo pueden ser secretas si es acordado por el Pleno por mayoría de dos tercios, a iniciativa de la Mesa del Parlamento, del Gobierno, de tres grupos parlamentarios, o de la tercera parte de sus miembros.
1. Debe levantarse acta de las sesiones del Pleno y de las comisiones, la cual debe contener una relación sucinta de las personas que han intervenido y de los acuerdos adoptados.
2. Las actas deben estar firmadas por uno o una de los secretarios, tener el visto bueno del respectivo presidente o presidenta y estar a disposición de los diputados en la Secretaría General del Parlamento. Si no existe ninguna reclamación sobre el contenido, se entiende que quedan aprobadas; de otro modo, han de someterse a la decisión del correspondiente órgano en la siguiente sesión.
1. La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, ha de establecer un calendario para cada período de sesiones, para dar cumplimiento a todas las funciones que el Estatuto de autonomía de Cataluña encomienda al Parlamento.
2. El orden del día del Pleno es fijado por el presidente o presidenta del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces. 3. El orden del día del Pleno puede ser alterado si este lo acuerda, a propuesta del presidente o presidenta o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros del Parlamento, así como cuando así lo obliga el cumplimiento de una ley. Si debe incluirse un asunto, este debe haber cumplido los trámites reglamentarios que lo permiten, salvo un acuerdo explícito en sentido opuesto, por mayoría absoluta. 4. El Gobierno, durante el trámite de confección del orden del día, puede solicitar que en una sesión concreta se incluya un asunto con carácter prioritario, siempre y cuando este haya cumplido los trámites reglamentarios que le permiten su inclusión.
No puede iniciarse ninguna discusión si, como mínimo, dos días antes no se ha distribuido el informe, el dictamen o la documentación que debe servir de base al debate, salvo acuerdo de la Mesa del Parlamento o de la comisión en sentido opuesto. En caso del Informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta general de la Generalidad de Cataluña, este plazo es, como mínimo, de diez días.
1. Ningún diputado o diputada puede hablar si antes no ha pedido la palabra al presidente o presidenta y no la ha obtenido. Los diputados que han pedido la palabra para intervenir en un mismo sentido pueden cederse el turno unos a otros. Comunicándolo previamente al presidente o presidenta, y para un debate o un trámite concreto, cualquier diputado o diputada con derecho a hablar puede ser sustituido por otra persona de su mismo grupo.
2. Si el diputado o diputada que ha promovido una iniciativa es llamado por el presidente o presidenta para presentarla, y no está, se interpreta que ha renunciado a hacer uso de la palabra, y decae la iniciativa parlamentaria en relación con la cual debía intervenir, salvo que en el curso del debate algún miembro del correspondiente órgano parlamentario solicite que sea puesta a votación o que se posponga su sustanciación. 3. El orador u oradora puede hablar desde la tribuna o desde el escaño. 4. El orador u oradora solo puede ser interrumpido por el presidente o presidenta, para advertirle que se le ha agotado el tiempo, para pedirle que vuelva a la cuestión o llamarle al orden, para retirarle la palabra o para llamar al orden a algún miembro del Parlamento o del público. 5. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el presidente o presidenta, después de invitar dos veces al orador u oradora a finalizar su intervención, debe retirarle la palabra. 6. Los miembros del Gobierno pueden hablar siempre y cuando lo soliciten, en relación con la iniciativa parlamentaria que se debate. Esta intervención del Gobierno genera un derecho de réplica, por un tiempo proporcional al utilizado por los miembros del Gobierno, de los grupos parlamentarios a los que directamente se ha referido o de todos los grupos, si la intervención ha sido de carácter general; todo ello sin merma de las facultades para ordenar los debates que posee el presidente o presidenta del Parlamento o de la comisión. Si el presidente o presidenta considera que el miembro del Gobierno introduce otro debate o que se promueve una nueva iniciativa parlamentaria, debe advertir al miembro del Gobierno que vuelva a la cuestión. 7. Si el presidente o presidenta, los vicepresidentes o los secretarios del Parlamento o de una comisión desean tomar parte en el debate, deben abandonar el lugar que ocupan en la Mesa y no volver a este hasta que se haya sustanciado completamente el punto del orden del día en el cual hayan intervenido, salvo lo dispuesto por el artículo 42.4.
1. Si el presente reglamento no dispone lo contrario, se entiende que en cada debate puede haber un turno a favor y otro en contra de diez minutos.
2. Si el debate es de totalidad, los turnos a favor y en contra son de quince minutos, y, acto seguido, los demás grupos parlamentarios pueden fijar su posición en intervenciones que no superen los diez minutos. 3. Quien es contradicho por un orador u oradora tiene derecho a replicar una sola vez por un tiempo máximo de tres minutos. Puede existir una contrarréplica de la misma duración. 4. Lo establecido por los apartados 1, 2 y 3 no va en detrimento de las facultades del presidente o presidenta para ordenar el debate. 5. Cuando el grupo o la persona que promueve una iniciativa la retira después de haberla presentado o defendido, los demás grupos parlamentarios mantienen el derecho de fijar su posición respecto a dicha iniciativa, a cuyo fin pueden solicitar a la presidencia una intervención por un tiempo idéntico al utilizado por su promotor o promotora. 6. Las intervenciones del Grupo Mixto tienen la misma duración que las correspondientes a los demás grupos parlamentarios y su tiempo se distribuye entre sus miembros de forma proporcional a la importancia numérica de las fuerzas políticas que lo integran. 7. En los debates de especial relevancia, después de los turnos reservados a los grupos, los miembros no adscritos, si lo solicitan a la Mesa antes de los debates, o al presidente o presidenta, en el curso de estos, pueden intervenir para explicar su voto.
1. El presidente o presidenta, cuando considera que un diputado o diputada o un grupo parlamentario o una formación política han sido aludidos o mencionados directamente en una intervención, previa solicitud de estos, puede concederles la palabra, por un tiempo no superior a tres minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto a debate, contesten estrictamente a la referencia; si ultrapasan estos límites, el presidente o presidenta debe retirarles la palabra.
2. Solo pueden contestarse las alusiones o las menciones en la misma reunión. Si la persona aludida o mencionada no estuviese presente, otra persona del mismo grupo puede contestar en su nombre.
1. Los oradores han de ser llamados a la cuestión si se apartan de la misma, sea por digresiones extrañas al punto de que se trata, sea porque insistan en puntos ya discutidos o votados.
2. Cualquier diputado o diputada puede solicitar, durante la discusión o antes de la votación, que se lean las normas o los documentos que crea que pueden ilustrar las materias de que se trata. El presidente o presidenta puede denegar las lecturas que considere inadecuadas.
El Pleno, a propuesta del presidente o presidenta, puede acordar poner fin a una discusión si entiende que un asunto ha sido ya suficientemente debatido.
1. Un diputado o diputada, en cualquier momento del debate, puede solicitar al presidente o presidenta la observancia del Reglamento. A tal fin, debe mencionar el artículo o artículos cuya aplicación reclama. Para ello no es preciso que haya debate alguno, y hay que acatar la resolución que el presidente o presidenta adopte, previa consulta a la Mesa, en relación con la alegación realizada.
2. El diputado o diputada que crea que alguien no se atiende al Reglamento no debe dirigirse a la persona directamente a fin de hacérselo cumplir, sino que debe dirigirse al presidente o presidenta.
1. Para poder adoptar acuerdos válidamente, el Parlamento debe hallarse reunido según lo establecido por el Reglamento, y con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
2. Si, en el momento de la votación, o una vez efectuada esta, no existe el quórum a que se refiere el apartado 1, la votación debe ser reiterada o pospuesta por el plazo que el presidente o presidenta considere pertinente. Si, transcurrido dicho plazo, tampoco puede realizarse válidamente, el asunto debe ser sometido a la decisión del órgano correspondiente en la siguiente sesión, y se entiende desestimado si en esta sesión tampoco puede lograrse el acuerdo.
1. Los acuerdos son válidos si han sido aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes del correspondiente órgano, sin perjuicio de las mayorías especiales que establecen el Estatuto de autonomía de Cataluña, las leyes y el presente reglamento.
2. Se entiende que existe mayoría simple si los votos positivos superan a los negativos, sin contar las abstenciones, los votos en blanco y los nulos. 3. Se entiende que existe mayoría absoluta si se expresan en el mismo sentido el primer número entero de votos que sigue al número resultante de dividir por dos el total de los miembros de pleno derecho del Parlamento.
Las votaciones no pueden interrumpirse por ningún motivo. Mientras tienen lugar, el presidente o presidenta no concede la palabra y ningún diputado o diputada puede entrar o salir del Salón de Sesiones o de la sala donde se realizan.
En los casos establecidos por el presente reglamento y en los casos en que, por su singularidad o su importancia, el presidente o presidenta del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, lo acuerde, la votación debe efectuarse en una hora previamente fijada y anunciada. Si, llegada esta hora, el debate no ha finalizado, debe fijar otra hora.
1. Las diputadas que con motivo de una baja por maternidad no puedan cumplir su deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno pueden delegar el voto en otro diputado o diputada.
2. La delegación de voto debe realizarse mediante escrito dirigido a la Mesa del Parlamento, en el cual deben constar los nombres de la persona que delega el voto y de la que recibe la delegación, así como los debates y las votaciones donde debe ejercerse o, en su caso, el período de duración de la delegación. La Mesa, al admitir a trámite la solicitud, establece el procedimiento para ejercer el voto delegado.
La votación puede ser: a) Por asentimiento a la propuesta del presidente o presidenta.
b) Ordinaria. c) Pública por llamamiento. d) Secreta.
Se consideran aprobadas por asentimiento las propuestas del presidente o presidenta si, una vez anunciadas, no suscitan ninguna objeción u oposición. De otro modo, debe efectuarse votación ordinaria.
1. La votación ordinaria debe permitir conocer el sentido individual del voto, y puede efectuarse, a criterio de la presidencia, por alguno de los siguientes procedimientos: a) Por el procedimiento electrónico, que expresa el sentido del voto de los presentes y los resultados de la votación.
b) Por el procedimiento de mano alzada, en el cual alzan la mano primero quienes están a favor, después quienes están en contra y, finalmente, quienes se abstienen.
2. Corresponde al presidente o presidenta hacer público el resultado de las votaciones y, si procede, a los secretarios, efectuar el recuento.
La votación puede ser pública por llamamiento o bien secreta, si el presente reglamento lo exige, o si es acordado por el Pleno o la correspondiente comisión, a solicitud de dos grupos parlamentarios, o de una quinta parte de sus miembros.
En la votación pública por llamamiento, un secretario o secretaria va llamando a los diputados y estos responden «sí», «no» o declaran que se abstienen. El llamamiento se efectúa por orden alfabético iniciándose por el diputado o diputada cuyo nombre ha salido por sorteo. Los miembros del Gobierno que son diputados y los miembros de la Mesa votan al final.
1. La votación secreta puede efectuarse: a) Mediante papeletas, si el presidente o presidenta lo decide, si se ha especificado así en la solicitud de voto secreto o cuando se trata de elegir a personas, salvo que sea aplicado lo dispuesto por el apartado 3.
b) Mediante bolas blancas y bolas negras, para calificar actos o conductas personales que sean objeto de sanción penal en el vigente ordenamiento o que puedan ser consideradas indignos y para decidir en los procedimientos establecidos por el artículo 18 y concordantes. La persona afectada no puede tomar parte en la votación de las resoluciones que se refieren a ella. c) Mediante el sistema electrónico, si lo acuerda expresamente la Mesa, en cuyo caso debe tomar las medidas necesarias para que no quede constancia del sentido del voto individual.
2. En las votaciones secretas mediante papeletas o bolas los diputados son llamados nominalmente para que depositen en la correspondiente urna las papeletas o las bolas. En las votaciones que utilizan bolas, cada diputado y diputada recibe una bola blanca y otra negra y debe depositar en la urna destinada a esta finalidad la bola blanca si aprueba o la negra si desaprueba; la bola sobrante debe ser depositada en la otra urna. Las urnas deben garantizar el secreto de la votación.
3. Las elecciones y las designaciones que corresponden al Parlamento pueden efectuarse por asentimiento o por el procedimiento establecido por el apartado 1.c, si el número de candidatos presentados es igual al número de candidatos a proveer.
1. Si en una votación hay empate, debe efectuarse otra, y, si el empate aún persiste, la votación debe permanecer suspendida por el tiempo que determine la Mesa. Una vez transcurrido este tiempo, y habiendo permitido la entrada y la salida de diputados al Salón de Sesiones, debe repetirse, y, si se repite el empate, se considera que se rechaza el dictamen, el artículo, la enmienda, el voto particular o la proposición de que se trata.
2. En las votaciones de una comisión, se entiende que no hay empate cuando, siendo idéntico el sentido en que han votado los miembros presentes de un mismo grupo parlamentario, la igualdad de votos puede dirimirse ponderando el número de votos que cada grupo dispone en el Pleno. 3. En las votaciones por bolas blancas y negras, el empate equivale a mayoría de bolas blancas.
1. Efectuada una votación o el conjunto de votaciones sobre una misma cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado 2, cada grupo parlamentario puede explicar su voto durante cinco minutos, cuando su sentido haya variado respecto al que se ha expuesto en el debate o bien cuando no haya intervenido en él.
2. En cuanto a los proyectos y las proposiciones de ley, solo puede explicarse el voto después de la última votación, salvo que el proyecto o la proposición se hayan dividido en partes claramente diferenciadas de cara al debate. En dicho caso, la explicación puede realizarse después de la última votación correspondiente a cada parte. 3. El diputado o diputada que ha votado de forma diferente a la de su grupo parlamentario, previa autorización de la presidencia, puede explicar individualmente el sentido de su voto. 4. Los miembros no adscritos que no hayan intervenido en ningún momento del debate pueden solicitar a la presidencia efectuar explicación de voto. 5. Si la votación ha sido secreta, no puede haber explicación de voto.
1. Los plazos indicados en días por el presente reglamento se computan, si no se dispone lo contrario, como días hábiles, y los plazos indicados en meses, de fecha a fecha.
2. A los efectos del cómputo de los plazos establecidos por el presente reglamento, son días hábiles de lunes a viernes, salvo los declarados festivos anualmente por la Mesa del Parlamento. 3. Quedan excluidos del cómputo de plazos los días hábiles comprendidos entre los períodos ordinarios de sesiones, salvo que el asunto en cuestión haya sido incluido en el orden del día de una sesión extraordinaria. La Mesa del Parlamento debe fijar los días que deben habilitarse para disponer de tiempo para cumplir los trámites que permitan celebrar dicha sesión. 4. Los plazos establecidos por las leyes para las actuaciones parlamentarias de los órganos del Parlamento, de sus miembros y de los grupos parlamentarios se computan, salvo que una ley lo disponga específicamente de otro modo, como días hábiles, o bien de fecha a fecha, en caso de que se expresen en meses.
La Mesa del Parlamento puede acordar la prórroga de los plazos establecidos por el presente reglamento. Excepto casos excepcionales, las prórrogas no deben exceder de un tiempo igual al fijado.
1. La presentación de documentos al Registro General del Parlamento debe hacerse en los días y horas fijados por la Mesa del Parlamento.
2. Los documentos presentados en soporte informático o transmitidos por medios informáticos, electrónicos o telemáticos son admitidos si se garantiza su disponibilidad y su acceso y existe compatibilidad con los sistemas utilizados por el Parlamento, o de software libre. La Mesa del Parlamento puede establecer el uso de códigos, formatos o diseños determinados para garantizar su compatibilidad, y debe fijar las medidas de seguridad que tiendan a evitar la interceptación o la alteración de las comunicaciones. Dichas medidas pueden incluir la restricción de uso de los medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 3. Los documentos presentados en soporte informático o transmitidos por medios informáticos, electrónicos o telemáticos deben cumplir, además, los siguientes requisitos:
a) Debe haber constancia, con la fecha y la hora correspondientes, de la transmisión, de la recepción y del contenido íntegro del documento.
b) Los remitentes y los destinatarios deben estar identificados de forma fidedigna.
4. Los documentos transmitidos mediante cualquier otro sistema tecnológico pueden ser admitidos en las mismas condiciones especificadas por el apartado 2, si cumplen los requisitos señalados por el apartado 3.
1. La Mesa del Parlamento puede acordar que un asunto sea tramitado por el procedimiento de urgencia, si se solicita por parte del Gobierno, de tres grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados.
2. Si se acuerda el procedimiento de urgencia para un trámite en curso, este debe aplicarse también a los trámites subsiguientes. 3. La declaración de urgencia comporta la reducción a la mitad de los plazos fijados con carácter ordinario. 4. Los plazos a que se refiere el apartado 3 pueden reducirse todavía más si lo acuerda la Mesa del Parlamento.
1. Las publicaciones oficiales del Parlamento de Cataluña son las siguientes: a) El Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
b) El Butlletí Oficial del Parlamento de Catalunya (BOPC).
2. En el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya se reproducen fielmente todas las intervenciones y los acuerdos adoptados en las sesiones públicas. Asimismo, constan en el mismo las incidencias acontecidas.
3. El Butlletí Oficial del Parlament de Cataluña publica los proyectos y las proposiciones de ley, los votos particulares o las enmiendas que deben defenderse en el Pleno o en una comisión que actúa en sede legislativa plena, los informes de ponencia, los dictámenes de las comisiones legislativas, los acuerdos de las comisiones y del Pleno, las interpelaciones, las mociones, las propuestas de resolución, las preguntas y las respuestas que se den que no tengan carácter reservado, las comunicaciones del Gobierno y cualquier otro texto o documento cuya publicación es exigida por algún precepto del presente reglamento u ordenada por el presidente o presidenta, dada la exigencia de un trámite que requiere la intervención del Parlamento. 4. El presidente o presidenta del Parlamento o de una comisión, por razones de urgencia, puede ordenar que los documentos a los que se refiere el apartado 3 que deben ser debatidos y votados sean reproducidos y repartidos a los miembros del órgano antes de su publicación.
1. El Parlamento es accesible a los ciudadanos y a los grupos y las organizaciones sociales, los cuales tienen derecho a conocer las tramitaciones parlamentarias.
2. La administración parlamentaria, mediante las tecnologías de la comunicación y la información y en especial por medio de internet, del Canal Parlament y de otros medios específicos, debe facilitar a los ciudadanos el acceso a las tramitaciones y la documentación parlamentarias.
1. La Mesa del Parlamento ha de adoptar las medidas pertinentes para facilitar información de las actividades parlamentarias a los medios de comunicación social.
2. La Mesa del Parlamento regula la concesión de credenciales a los representantes de los distintos medios de comunicación para que puedan acceder a los locales que tienen destinados y asistir a las sesiones si están autorizados a ello. 3. La obtención y el registro de sonidos e imágenes deben estar autorizados por la Mesa del Parlamento, que a tal fin dicta las oportunas normas.
La iniciativa legislativa corresponde: a) Al Gobierno, que la ejerce mediante la presentación de un proyecto de ley.
b) A los grupos parlamentarios y a los miembros del Parlamento, que la ejercen mediante la presentación de una proposición de ley. Las proposiciones de ley pueden ser presentadas por un grupo parlamentario con la firma del portavoz o la portavoz, o por un diputado o diputada con la firma de cuatro miembros más del Parlamento. c) A los órganos políticos representativos de las demarcaciones supramunicipales de la organización territorial de Cataluña, que la ejercen, en la forma establecida por la correspondiente regulación legal, mediante la presentación de una proposición de ley. d) A los ciudadanos, que la ejercen, en la forma establecida por la Ley de la iniciativa legislativa popular, mediante la presentación de una proposición de ley. e) A los municipios, en los términos establecidos por la vigente legislación.
1. Los proyectos y las proposiciones de ley deben tener un objeto material determinado y homogéneo y deben acompañarse de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poderse pronunciar al respecto.
2. Las iniciativas legislativas deben dirigirse a la Mesa del Parlamento. 3. Las proposiciones de ley presentadas por los órganos políticos de las demarcaciones supramunicipales y las derivadas del ejercicio de la iniciativa legislativa popular deben cumplir, además, los requisitos específicos establecidos por la correspondiente legislación.
1. La Mesa del Parlamento ha de verificar si los proyectos y las proposiciones de ley cumplen los requisitos establecidos por el presente reglamento y por las leyes y declarar si son admitidos a trámite o no.
2. Si la Mesa del Parlamento considera que una proposición de ley puede implicar un aumento de créditos o una disminución de ingresos, debe solicitar la conformidad previa del Gobierno para su admisión a trámite. La respuesta del Gobierno ha de ser motivada y debe hacerse dentro del plazo de ocho días desde que le ha sido remitida la proposición de ley, una vez transcurridos los cuales el silencio debe entenderse como conformidad. El Gobierno no puede denegar la conformidad a una tramitación si los efectos económicos que pueden derivar de esta han sido expresamente pospuestos para otro ejercicio presupuestario. 3. Si no es consultado en la forma establecida por el apartado 2, el Gobierno puede manifestar de forma motivada su disconformidad por razones presupuestarias con la tramitación de una proposición de ley hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad, y corresponde a la Mesa del Parlamento adoptar la decisión definitiva sobre su admisión a trámite. 4. En caso de que un proyecto o una proposición de ley no sean admitidos a trámite, la Mesa debe comunicarlo inmediatamente a los que han ejercido la iniciativa legislativa y estos pueden solicitar la reconsideración del acuerdo de la Mesa en los términos establecidos por el artículo 30.
La Mesa del Parlamento, tras acordar la admisión a trámite de los proyectos o las proposiciones de ley, dispone su publicación y, oída la Junta de Portavoces, designa la comisión o las comisiones que deben tramitarlos y abre el período de presentación de enmiendas a la totalidad.
1. Una vez publicada la designación de la comisión o de las comisiones que deben tramitar el proyecto de ley o la proposición de ley, los diputados y los grupos parlamentarios disponen de un plazo de diez días para la presentación de enmiendas a la totalidad, mediante un escrito dirigido a la mesa de la comisión, la cual ha de declarar su admisibilidad o inadmisibilidad, de conformidad con los requisitos exigidos por el presente reglamento y, si procede, disponer su publicación. Para la admisión a trámite de las enmiendas a la totalidad con el texto alternativo también son de aplicación las disposiciones del artículo 102.2 y 3.
2. Son enmiendas a la totalidad las que solicitan el retorno del proyecto o la proposición de ley a sus autores o las que presentan un texto articulado alternativo y congruente con el objeto material de la iniciativa legislativa. Solo pueden ser presentadas por los grupos parlamentarios o por un diputado o diputada con la firma de cuatro miembros más del Parlamento.
1. Los proyectos de ley y las proposiciones de ley son objeto de un debate de totalidad en el Pleno sobre la valoración general del texto, su oportunidad, los principios y los criterios que informan la propuesta y, si han sido presentadas, sobre las enmiendas a la totalidad.
2. El debate de totalidad se inicia con la presentación del proyecto o de la proposición de ley a cargo, según el caso, de un miembro del Gobierno; de un grupo parlamentario o un diputado o diputada; de los representantes designados por los órganos de las demarcaciones supramunicipales, hasta un máximo de tres, de los representantes designados por los municipios, o de un miembro de la comisión promotora de una iniciativa legislativa popular. Estas intervenciones disponen de un tiempo de quince minutos. 3. El debate de totalidad se desarrolla de conformidad con el artículo 75 y con las especificidades establecidas por el presente artículo. 4. Cada una de las enmiendas a la totalidad presentadas puede dar lugar a un turno a favor y otro en contra, de quince minutos, si bien los turnos para fijar posiciones se acumulan en una única intervención. Si no se han presentado enmiendas a la totalidad, después de la presentación de la iniciativa legislativa, intervienen los grupos parlamentarios para fijar su posición durante un tiempo de diez minutos. 5. Cuando se han presentado enmiendas a la totalidad, una vez finalizado el debate, se someten a votación, en primer lugar, conjuntamente las que proponen la devolución del proyecto o de la proposición de ley y después, en caso de que existan, singularmente las de texto alternativo, por orden de presentación. 6. Si el Pleno aprueba la devolución del proyecto o de la proposición de ley, la iniciativa legislativa queda rechazada y decaen las enmiendas con texto alternativo, si se habían presentado. En dicho caso, el presidente o presidenta del Parlamento debe comunicar la decisión del Pleno a los autores de la iniciativa legislativa rechazada. 7. Si el Pleno aprueba una enmienda a la totalidad de las que proponen un texto articulado alternativo, el presidente o presidenta del Parlamento ordena su publicación como proposición de ley y la envía a la correspondiente comisión. Esta proposición de ley no puede ser objeto de enmiendas a la totalidad. 8. Finalizado el debate de totalidad y, si procede, las votaciones sobre las enmiendas a la totalidad, el Pleno debe decidir, en los supuestos y en los términos admisibles según el artículo 124, si el proyecto o la proposición de ley se tramita mediante el procedimiento de comisión en sede legislativa plena.
1. Una vez celebrado el debate de totalidad, y siempre y cuando resulte de este la tramitación de una iniciativa legislativa, los grupos parlamentarios, en el plazo de cinco días, mediante un escrito dirigido a la mesa de la comisión, pueden proponer la comparecencia de las organizaciones y los grupos sociales interesados en la regulación de que se trate.
2. Corresponde en la comisión acordar las comparecencias. 3. En las proposiciones de ley que afecten directamente a los entes locales, han de ser oídas de forma preceptiva las entidades asociativas de dichos entes por medio de sus representantes. 4. En cada comparecencia, en primer lugar, intervienen durante un tiempo de quince minutos los comparecientes y, posteriormente, los grupos parlamentarios pueden formular preguntas o solicitar aclaraciones durante un tiempo de diez minutos. Finalmente, los comparecientes responden, si procede, a las intervenciones de los grupos parlamentarios.
1. Finalizado el plazo para solicitar las comparecencias de las organizaciones y los grupos sociales, o cuando estas ya se han celebrado, los diputados y los grupos parlamentarios disponen de un plazo de quince días para la presentación de enmiendas al articulado de los proyectos y de las proposiciones de ley, mediante un escrito dirigido a la mesa de la comisión, la cual las califica, declara su admisibilidad o inadmisibilidad de conformidad con los requisitos exigidos por el presente reglamento y dispone, si procede, su publicación.
2. Las enmiendas pueden ser de supresión, de modificación y de adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda debe contener el texto concreto que se propone como modificación o como adición, que debe ser congruente con el objeto material de la iniciativa legislativa. También pueden proponerse enmiendas de mejora formal de la iniciativa, de conformidad con las normas de técnica legislativa. 3. Cada disposición adicional, transitoria, derogatoria o final tiene la consideración de artículo, a los efectos del procedimiento legislativo y de lo establecido por el apartado 2. 4. Las enmiendas presentadas relativas a la exposición de motivos se discuten al final del correspondiente trámite si la comisión acuerda incorporar la exposición como preámbulo de la ley.
1. Las enmiendas a un proyecto o a una proposición de ley que comportan un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios requieren la conformidad del Gobierno para su tramitación.
2. La mesa de la comisión encargada de tramitar un proyecto o una proposición de ley debe enviar al Gobierno, mediante el presidente o presidenta del Parlamento, las enmiendas que la comisión considera que comportan aumento o disminución del presupuesto en curso, de conformidad con lo establecido por el apartado 1. 3. El Gobierno debe dar a la comisión una respuesta razonada referente a las enmiendas a las que se refiere el apartado 2, en un plazo de ocho días, una vez transcurrido el cual se entiende que el silencio del Gobierno es expresivo de su conformidad. 4. En el supuesto de que no se haya seguido lo establecido por el apartado 2 y en cualquier trámite de las enmiendas a que se refiere el apartado 1, el Gobierno puede dirigirse al Parlamento, mediante un escrito motivado, cuestionando el carácter modificativo del presupuesto vigente de una o más enmiendas. La Mesa del Parlamento ha de adoptar la decisión definitiva sobre la admisión a trámite de dichas enmiendas.
1. La comisión, finalizado el período de presentación de enmiendas al articulado, ha de encargar la re-dacción de un informe a la vista del proyecto o de la proposición de ley y de las enmiendas presentadas, en un plazo de quince días, a una ponencia formada por un miembro de la comisión en representación de cada grupo parlamentario, o a un solo miembro. Si se designa un ponente o una ponente que no sea miembro de la comisión, debe comunicarse a qué diputado o diputada sustituye para aquella tramitación. El acuerdo de nombrar un ponente o una ponente único tiene que ser adoptado por las tres quintas partes de los miembros de la comisión.
2. La ponencia puede recomendar a la comisión la adopción de enmiendas y puede proponer enmiendas transaccionales entre las ya presentadas y el texto inicial del proyecto o de la proposición de ley, y ha de indicar, en todos los casos, las modificaciones que comportan respecto al texto inicial. La ponencia, si es colegiada, puede proponer, por unanimidad, nuevas enmiendas. Corresponde a la ponencia, asesorada por los servicios jurídicos y lingüísticos, elevar a la comisión propuestas de técnica legislativa y de adecuación a las reglas y a los usos formales y lingüísticos del Parlamento respecto a los proyectos y las proposiciones de ley. 3. El informe se considera finalizado una vez ha sido firmado por el relator o relatora o por los ponentes que representan, de conformidad con el sistema de voto ponderado establecido por el presente reglamento, la mayoría de la comisión que ha nombrado a la ponencia. El informe de la ponencia debe ser publicado en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 4. La ponencia colegiada debe designar, entre sus miembros, a un relator o relatora, que ha de ejercer las funciones de coordinación de los trabajos de la ponencia y de portavoz en las discusiones en la comisión. 5. Finalizado el informe de la ponencia, la comisión elabora el dictamen del proyecto o de la proposición de ley. El debate se inicia con la presentación del informe por parte del relator o relatora de la ponencia. Sin perjuicio de las agrupaciones por bloques de artículos que el presidente o presidenta de la comisión pueda proponer, a continuación se discuten y votan, artículo por artículo, todo el articulado y las enmiendas, y pueden hacer uso de la palabra los enmendantes del artículo y el resto de miembros de la comisión. 6. La mesa de la comisión puede admitir a trámite enmiendas transaccionales presentadas por escrito por un miembro de la comisión durante la elaboración del dictamen, si tienden a lograr un acuerdo entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo, lo que comporta la retirada de las enmiendas respecto a las cuales se transige. También pueden admitirse a trámite nuevas enmiendas si están firmadas por todos los grupos parlamentarios presentes. Asimismo pueden admitirse a trámite enmiendas técnicas, que tienen por finalidad eliminar del texto las incorrecciones y los errores técnicos, terminológicos o gramaticales. 7. En la dirección de los trabajos de la comisión, el presidente o presidenta y la mesa cumplen las funciones que el presente reglamento confiere al presidente o presidenta y a la Mesa del Parlamento. 8. A petición de todos los grupos parlamentarios, la comisión puede decidir asumir el informe de la ponencia, si esta ha sido colegiada, y elevar como dictamen al Pleno del Parlamento el texto del proyecto de ley o de la proposición de ley que se propone.
1. Los grupos parlamentarios que disientan de los acuerdos de las comisiones pueden formular votos particulares de apoyo al texto rechazado. Si las enmiendas son rechazadas por la comisión, los enmendantes pueden reservarlas para su defensa ante el Pleno.
2. Los votos particulares y la reserva de enmiendas para el Pleno pueden formularse en cualquier momento del trámite en comisión o, por escrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del dictamen. 3. La mesa de la comisión, finalizado el plazo a que se refiere el apartado 2, remite al presidente o presidenta del Parlamento el dictamen, firmado por el presidente o presidenta y por el secretario o secretaria, junto con los votos particulares y las enmiendas reservadas, y debe disponer su publicación en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Asimismo, si el dictamen se refiere a una proposición procedente de la iniciativa legislativa popular o de las demarcaciones supramunicipales o de los municipios, debe enviarlo específicamente a los promotores de la iniciativa legislativa.
1. Cuando el Parlamento recibe del Consejo Consultivo de la Generalidad el dictamen respecto a la adecuación a la Constitución y al Estatuto de autonomía de Cataluña del dictamen de una comisión parlamentaria sobre un determinado proyecto o una proposición de ley, el presidente o presidenta del Parlamento manda que se publique en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya y la Mesa del Parlamento abre, si procede, un plazo para la presentación de enmiendas.
2. Las enmiendas presentadas deben ser congruentes con las conclusiones y las observaciones del dictamen del Consejo Consultivo y solo pueden referirse a los artículos o a las enmiendas objeto de dicho dictamen. Las enmiendas deben cumplir los requisitos establecidos por el artículo 107.2; sin embargo, si las conclusiones del dictamen del Consejo Consultivo advierten de la inconstitucionalidad global del dictamen de la comisión, las enmiendas pueden proponer la retirada del proyecto o de la proposición de ley dictaminados. La Mesa del Parlamento califica la congruencia de las enmiendas presentadas. 3. La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, decide si el dictamen de la comisión parlamentaria sobre el proyecto o la proposición de ley, con las enmiendas declaradas congruentes, debe ser tramitado por el Pleno o debe ser retornado a la comisión que lo había elaborado para que efectúe su estudio y ordenación, junto con las enmiendas y los votos particulares reservados para defender en el Pleno. En este caso, no puede solicitarse un nuevo dictamen al Consejo Consultivo. 4. La comisión, al efectuar el estudio de las enmiendas subsiguientes al dictamen del Consejo Consultivo, puede recomendar enmiendas transaccionales entre estas y las enmiendas y los votos particulares reservados para defender en el Pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110. Los grupos parlamentarios pueden cuestionar, en un escrito motivado, el carácter transaccional de las enmiendas hasta cuarenta y ocho horas antes de iniciar la sesión plenaria en la que debe ser debatido el dictamen. La Mesa del Parlamento toma una resolución definitiva antes de que sean puestas a votación en el Pleno. 5. En el supuesto a que se refiere el apartado 4 no puede solicitarse un nuevo dictamen al Consejo Consultivo, salvo que la comisión, por mayoría absoluta de sus miembros, acuerde solicitarlo exclusivamente en relación con las enmiendas transaccionales que recomiende para resolver los vicios de inconstitucionalidad o antiestatutoriedad advertidos por el dictamen. 6. La votación de las enmiendas subsiguientes al dictamen del Consejo Consultivo y de las transaccionales a que se refiere el apartado 4 corresponde al Pleno del Parlamento.
1. Una vez dictaminado un proyecto de ley en comisión, el debate en el pleno puede iniciarse con la intervención de un miembro del Gobierno o, en el supuesto de una proposición de ley, de los grupos o diputados proponentes o de los promotores de una iniciativa popular o de una demarcación supramunicipal o de los municipios. Acto seguido, el diputado o diputada relator de la ponencia puede presentar los trabajos de la ponencia y la comisión durante un tiempo de diez minutos. Estas intervenciones no abren turno de réplica.
2. Si no se presentan votos particulares al dictamen ni se reservan enmiendas, el presidente o presidenta, después de que los grupos parlamentarios hayan expresado su posición, somete la totalidad del dictamen a votación, sin perjuicio del derecho de los grupos de pedir votación separada de algún punto del dictamen. 3. Si se han presentado votos particulares o se han reservado enmiendas, los grupos parlamentarios disponen de un turno de quince minutos para explicar su posición sobre el dictamen de la comisión y, si procede, defender globalmente las enmiendas y los votos particulares. 4. Posteriormente, los grupos parlamentarios tienen un turno de cinco minutos para pronunciarse sobre las enmiendas y los votos particulares defendidos por los demás grupos. 5. Durante el debate en el Pleno, la presidencia puede admitir enmiendas técnicas. Pueden admitirse a trámite enmiendas transaccionales entre las ya presentadas y el texto del dictamen, lo cual comporta la retirada de las enmiendas respecto a las que se transige. También pueden tramitarse las enmiendas presentadas al proyecto por los diputados y los grupos parlamentarios en el plazo de enmiendas establecido que hayan sido reformadas para adecuarlas a la nueva redacción del artículo, modificada por el dictamen de la comisión. También pueden admitirse a trámite otras enmiendas, si están firmadas por todos los grupos parlamentarios.
1. Una vez finalizado el debate, las votaciones se efectúan artículo por artículo. En primer lugar, se votan, si las hay, las enmiendas y los votos particulares mantenidos, así como las enmiendas transaccionales, las presentadas en esta fase por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, y las técnicas. Finalmente se somete a votación el dictamen de la comisión.
2. El presidente o presidenta del Parlamento puede ordenar y agrupar las votaciones por materias, grupos de artículos o de enmiendas o por párrafos de artículos, si lo aconsejan las características de los textos y el desarrollo del debate. En todos los casos, los grupos parlamentarios pueden solicitar votación separada de algún punto del dictamen, de una enmienda o de un voto particular.
Si, finalizado el debate de un proyecto o de una proposición y a consecuencia de la aprobación de un voto particular, de una enmienda o de la votación de los artículos, algún punto del texto resultante fuese incongruente u oscuro, la Mesa del Parlamento, a iniciativa propia o a petición de la mesa de la comisión, puede remitir nuevamente a la comisión el texto aprobado por el Pleno, con la única finalidad de que esta, en el plazo de quince días, prepare una redacción armónica que no contradiga los acuerdos del Pleno. El dictamen así redactado debe someterse a la decisión final del Pleno, que debe aprobarlo o rechazarlo en conjunto, en una sola votación.
Si, como consecuencia de una decisión normativa o jurisprudencial sobrevenida, el dictamen de una comisión resultase contrario al ordenamiento jurídico, la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede remitir el texto a la comisión para que redacte un nuevo dictamen adecuado a las nuevas circunstancias siguiendo un procedimiento análogo al establecido por el artículo 114.
El Gobierno y los proponentes, respectivamente, de un proyecto o de una proposición de ley pueden solicitar su retirada, mediante escrito dirigido a la Mesa del Parlamento, antes de iniciar las votaciones en el Pleno o en la comisión, si esta actúa en sede legislativa plena. En cuanto a las propuestas presentadas por iniciativa popular, la comisión promotora también puede solicitar su retirada.
1. Con relación al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña, la Mesa del Parlamento, sin perjuicio del régimen general de la iniciativa legislativa establecido por el artículo 100, de acuerdo con la Junta de Portavoces y con la previa iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea ejercida por el conjunto de grupos parlamentarios. A tal fin, la comisión que designe la Mesa del Parlamento debe constituir una ponencia, con representación de todos los grupos parlamentarios, para que elabore el texto de la proposición de ley en el plazo de tres meses, al término del cual se entiende que decae el encargo, salvo en caso de una prórroga otorgada expresamente. Para publicar la proposición, se sigue lo dispuesto por el artículo 103.
2. El texto elaborado por la ponencia a que se refiere el apartado 1 se tramita por el procedimiento legislativo común. Las proposiciones de ley elaboradas siguiendo este procedimiento deben someterse al debate establecido por el artículo 105 y, si están firmadas por todos los grupos parlamentarios, no pueden ser objeto de enmiendas a la totalidad. La presentación de la proposición de ley debe efectuarse por el diputado o diputada designado por la ponencia.
1. La aprobación de los proyectos y las proposiciones de ley de desarrollo básico de los preceptos del Estatuto si este no establece lo contrario, requiere el voto favorable de la mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación ha de ser anunciada con antelación por el presidente o presidenta del Parlamento. Si no se consigue la mayoría absoluta, el proyecto ha de ser devuelto a la comisión. La Mesa del Parlamento ha de abrir un plazo de siete días para que los grupos parlamentarios puedan presentar nuevas enmiendas al conjunto del texto. La comisión ha de emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes.
2. El debate sobre el nuevo dictamen de la comisión ha de ajustarse a las normas que regulan los debates de totalidad. Si en la votación se consigue el voto favorable de la mayoría absoluta, se considera aprobado y, si no, definitivamente rechazado. 3. La modificación y la derogación de las leyes a que se refiere el artículo 117.1 pueden ser tramitadas siguiendo el procedimiento especial indicado por este precepto y, en todos los casos, los proyectos y las proposiciones de ley de modificación y derogación requieren la aprobación por mayoría absoluta en una votación final.
1. La tramitación del proyecto de ley de presupuestos se realiza por el procedimiento establecido por el presente apartado, y supletoriamente, es de aplicación el procedimiento legislativo común.
2. El proyecto de ley de presupuestos tiene preferencia en la tramitación respecto a los demás trabajos parlamentarios. 3. La Mesa del Parlamento, una vez admitido a trámite el proyecto de ley de presupuestos, ha de abrir dos períodos de enmiendas que se inician el mismo día; un período, de una duración no inferior a diez días naturales, para presentar las enmiendas a la totalidad, y otro período, de una duración no inferior a los veinte días naturales, para presentar las enmiendas al articulado y a los estados de gastos. 4. Las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos que comportan aumento de crédito en algún concepto son solo admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen a su vez una baja de una cuantía igual, como mínimo, en algún otro concepto del estado de gastos del mismo departamento del Gobierno y de los organismos, entidades y empresas dependientes.
1. En la tramitación del proyecto de ley de presupuestos solo pueden admitirse como enmiendas a la totalidad las presentadas por los grupos parlamentarios que proponen el retorno del proyecto al Gobierno o que proponen el retorno del estado de gastos de una sección presupuestaria correspondiente a un departamento del Gobierno.
2. El debate de las enmiendas a la totalidad que proponen el retorno del proyecto al Gobierno se celebra únicamente en el Pleno, antes de iniciar la tramitación en comisión, y de conformidad con el siguiente procedimiento:
a) El debate se inicia con la presentación del proyecto a cargo de un miembro del Gobierno; acto seguido, los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad pueden intervenir para defenderlas por un tiempo máximo de treinta minutos cada uno.
b) Una vez efectuada la defensa de las enmiendas, se puede hacer un turno en contra por un tiempo máximo de treinta minutos, si solo un grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad, o por este tiempo incrementado en quince minutos más por cada enmienda adicional, si las había presentado más de un grupo. c) Si ha habido un turno en contra, los grupos que han defendido enmiendas y los que se han opuesto a ellas pueden intervenir de nuevo durante un tiempo máximo de cinco minutos cada uno. d) Los grupos que no han intervenido en el debate pueden manifestar su posición por un tiempo máximo de quince minutos cada uno. e) Finalizado el debate, deben someterse a votación conjuntamente todas las enmiendas. Si el Pleno acuerda el retorno del proyecto, este se considera rechazado. De lo contrario, se consideran fijados la previsión de ingresos y el gasto global máximo que resulte del proyecto presentado, y la distribución de estos por secciones.
El debate de totalidad de las secciones presupuestarias se celebra en sesiones públicas convocadas con carácter específico en las comisiones legislativas correspondientes de conformidad con el siguiente procedimiento: a) La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, debe determinar las comisiones competentes por razón de la materia para la tramitación de cada enmienda a la totalidad de las secciones.
b) La sesión de cada comisión se inicia con la presentación de las líneas básicas del presupuesto del departamento a cargo del consejero o consejera del departamento del Gobierno afectado o, si procede, del consejero o consejera que tenga el encargo de su despacho; acto seguido, los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad pueden intervenir para defenderlas por un tiempo máximo de quince minutos cada uno. A los efectos del debate, se considera que el presupuesto del departamento incluye también el de sus organismos, entidades y empresas dependientes. c) Efectuada la defensa de las enmiendas, puede hacerse un turno en contra por un tiempo máximo de quince minutos si únicamente un grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad o por este tiempo incrementado en cinco minutos más por cada enmienda adicional había presentado enmienda a la totalidad más de un grupo. d) Si ha habido un turno en contra, los grupos que han defendido enmiendas y los que se han opuesto a ellas pueden intervenir de nuevo durante un tiempo máximo de cinco minutos cada uno. e) Los grupos que no han intervenido en el debate pueden manifestar su posición por un tiempo máximo de diez minutos cada uno. f) Una vez finalizado el debate, deben someterse a votación las enmiendas en la comisión que las ha debatido. g) Si una de las comisiones acuerda el retorno de una sección, el presidente o presidenta de la comisión debe comunicarlo al presidente o presidenta del Parlamento, a fin de que la ratificación del acuerdo se someta al Pleno. Si el Pleno ratifica el acuerdo, la sección presupuestaria se considera rechazada y debe retornarse al Gobierno para que presente otra. h) Si el Gobierno no retira el proyecto de ley de presupuestos, la tramitación del proyecto en el Pleno queda en suspenso hasta que el Gobierno remita un nuevo presupuesto de la sección rechazada y el Pleno lo acepte.
1. El debate y la votación en la comisión competente en materia presupuestaria deben referirse al articulado y al estado de autorización de gastos, sin perjuicio del estudio de otros documentos que acompañen al proyecto de ley del presupuesto. La sesión de la comisión en la que se celebra dicho debate siempre es pública.
2. Concluidos los debates de totalidad, puede pasarse al debate detallado del texto articulado y el estado de gastos en la comisión competente en materia presupuestaria. A tal efecto, la mesa de la comisión puede establecer directamente la relación ordenada de enmiendas presentadas sin necesidad de nombrar ponentes. La sesión de la comisión no puede iniciarse antes de transcurridos como mínimo dos días hábiles enteros desde la fecha en que la relación ordenada de enmiendas haya sido distribuida efectivamente entre los grupos parlamentarios. 3. Los grupos parlamentarios y los diputados pueden reservar para defender y votar en el Pleno las enmiendas rechazadas por la comisión. 4. En el debate final en el Pleno los grupos intervienen para fijar su posición sobre el conjunto de los trabajos realizados por la comisión y sobre las enmiendas reservadas. Cada grupo puede intervenir por un tiempo máximo de veinte minutos.
1. Las iniciativas de reforma estatutaria promovidas por la Generalidad se tramitan de conformidad con las normas establecidas por el artículo 117. Las proposiciones de reforma estatutaria deben ser suscritas por una quinta parte de los diputados o por dos grupos parlamentarios.
2. Las propuestas de reforma estatutaria que promueven las Cortes Generales se tramitan por el procedimiento legislativo común. 3. El texto adoptado por el Pleno debe ser sometido a una votación final, previamente anunciada por la presidencia, en la cual, para su aprobación, es preciso el voto favorable de los dos tercios de los miembros de derecho del Parlamento. Si no se consigue esta mayoría, el texto, por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces, puede retornarse a la comisión, la cual debe formular una nueva propuesta al Pleno en el plazo de un mes. La iniciativa de reforma se entiende definitivamente rechazada si la nueva propuesta no logra la mayoría de dos tercios. 4. Una vez aprobado el proyecto de reforma, el presidente o presidenta del Parlamento debe remitirlo a las Cortes Generales. 5. El Parlamento debe nombrar una delegación para presentar la propuesta de reforma del Estatuto ante las Cortes Generales. 6. Una delegación del Parlamento, con representación proporcional de los grupos parlamentarios, forma parte de la comisión mixta paritaria de miembros del Congreso de los Diputados o del Senado y del Parlamento que, de común acuerdo, debe formular una propuesta conjunta de reforma. Si procede constituir una ponencia, esta debe estar integrada, como mínimo, por un diputado o diputada de cada grupo parlamentario, salvo del Grupo Mixto. En la elección de los demás miembros de la ponencia debe mantenerse la representación proporcional de los grupos parlamentarios. 7. La delegación del Parlamento formula su posición respecto al conjunto de la propuesta de reforma en una votación final adoptada por mayoría de dos tercios. 8. El Parlamento, a propuesta de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados y por mayoría absoluta de sus miembros, puede retirar las propuestas de reforma que haya presentado, en cualquier momento de la tramitación ante las Cortes Generales, antes de su aprobación definitiva.
1. El Pleno del Parlamento, a propuesta de la Mesa del Parlamento, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, puede delegar en las comisiones la aprobación de proyectos y de proposiciones de ley, excepto aquellas a las que se refiere el artículo 117.1, la ley de presupuestos y las leyes de delegación legislativa. En tal caso, la comisión actúa en sede legislativa plena.
2. El Pleno, a propuesta de la Mesa del Parlamento, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, siempre puede reclamar el debate y la votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de delegación.
1. La tramitación de los proyectos y las proposiciones de ley por la comisión en sede legislativa plena sigue el procedimiento legislativo común, excepto el trámite de deliberación y de votación en el Pleno.
2. Una vez recibido el proyecto o la proposición de ley, la comisión constituye una ponencia formada por un miembro de la comisión perteneciente a cada grupo parlamentario. 3. En el informe de la ponencia debe aplicarse lo establecido por el artículo 109. Acto seguido, el pleno de la comisión sigue el trámite establecido para la deliberación en el Pleno del Parlamento.
1. Un proyecto de ley puede ser tramitado directamente y en lectura única por el Pleno del Parlamento o por una comisión, si la naturaleza del proyecto lo aconseja o si la simplicidad de la formulación lo permite. La tramitación en lectura única debe ser acordada por el Pleno del Parlamento, a propuesta del Gobierno, de la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces o a iniciativa de esta.
2. Las proposiciones de ley firmadas por todos los grupos parlamentarios pueden ser tramitadas en lectura única por el Pleno del Parlamento o por una comisión, de conformidad con lo establecido por el apartado 1. Una vez ejercida la iniciativa y planteada la petición para que sea tramitada en lectura única, la Mesa del Parlamento ordena la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102.2. 3. El debate de la iniciativa legislativa en lectura única sigue las normas establecidas para los debates de totalidad; finalmente, el conjunto de la iniciativa se somete a una sola votación.
1. La sesión de investidura del presidente o presidenta de la Generalidad se inicia con la lectura, efectuada por uno o una de los secretarios, de la resolución del presidente o presidenta del Parlamento en la que propone un candidato o candidata a la presidencia. A continuación, el candidato o candidata presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno. Salvo que el presidente o presidenta del Parlamento considere oportuno suspender la sesión por un tiempo no superior a las veinticuatro horas, interviene a continuación un representante o una representante de cada grupo parlamentario, durante treinta minutos cada uno.
2. El candidato o candidata puede hacer uso de la palabra tantas veces como lo solicite. Cuando responde individualmente a uno o una de los diputados que han intervenido, este tiene derecho a una réplica de un tiempo igual al utilizado por el candidato o candidata. Si el candidato o candidata responde de una manera global a los representantes de los grupos, cada uno de estos solo tiene derecho a una réplica, por un tiempo igual al utilizado por el candidato o candidata. 3. Si la respuesta a una réplica comporta la contrarréplica de algún grupo, este dispone de un único turno, no superior a cinco minutos.
1. Tras el debate se pasa a la votación. Para que el candidato o candidata resulte investido debe obtener los votos de la mayoría absoluta. Esta elección comporta, a la vez, la aprobación del programa de gobierno expuesto.
2. Si el candidato o candidata no consigue la mayoría establecida por el apartado 1, puede someterse a un segundo debate y a una segunda votación dos días después; en este caso, para la investidura, basta la mayoría simple.
El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del presidente o presidenta de la Generalidad y del Gobierno por medio de la moción de censura y de la cuestión de confianza.
1. La moción de censura debe ser motivada e incluir un candidato o candidata a la presidencia de la Generalidad, que ha de haber aceptado la candidatura. La Mesa del Parlamento califica la moción de censura de conformidad con los requisitos establecidos por la legislación vigente y por el presente reglamento. Una vez admitida a trámite, el presidente o presidenta del Parlamento debe comunicarlo al presidente o presidenta de la Generalidad y a los portavoces de los grupos parlamentarios.
2. El presidente o presidenta del Parlamento convoca el Pleno con la única finalidad de debatir y votar la moción de censura. 3. El debate se inicia con la defensa de la moción de censura, que efectúa, durante treinta minutos, uno o una de los diputados firmantes de la moción; después, puede intervenir el Gobierno durante treinta minutos. A continuación, sin límite de tiempo, puede intervenir el candidato o candidata propuesto para la presidencia de la Generalidad, con la finalidad de exponer el programa político del gobierno que pretende formar. 4. Tras la suspensión establecida por la presidencia, que no puede ultrapasar las veinticuatro horas, puede intervenir un representante o una representante de cada uno de los grupos parlamentarios, durante treinta minutos cada uno. 5. El candidato o candidata propuesto, el presidente o presidenta de la Generalidad y los miembros del Gobierno pueden hablar tantas veces como lo soliciten. Si responden individualmente a uno de los representantes de los grupos intervinientes, este tiene derecho a un turno de réplica de un tiempo igual al utilizado por aquellos. Si responden de forma global a los representantes de los grupos, cada uno de estos solo tiene derecho a una réplica, de un tiempo igual al utilizado por aquellos. 6. Si la respuesta a una réplica comporta la contrarréplica de algún grupo, éste dispone de un único turno, no superior a los cinco minutos. 7. Los grupos parlamentarios pueden dividir sus turnos de intervención. 8. La presidencia debe anunciar previamente la hora de la votación de la moción, que ha de celebrase al cabo de cinco días de haber sido presentada la moción originaria en el Registro General del Parlamento.
1. La cuestión de confianza debe presentarse mediante escrito motivado y debe ir acompañada del correspondiente certificado del Gobierno.
2. Admitida a trámite por la Mesa, el presidente o presidenta del Parlamento debe comunicarlo a los portavoces de los grupos parlamentarios y convocar al Pleno con la única finalidad de debatir y votar la cuestión de confianza. 3. El debate de la cuestión de confianza se celebra de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 127 para el debate de investidura, con la salvedad de que las intervenciones fijadas para el candidato o candidata corresponden al presidente o presidenta de la Generalidad y a los miembros del Gobierno a quien aquel lo encomiende. 4. Una vez finalizado el debate, la cuestión de confianza se somete a votación, que debe efectuarse a la hora anunciada previamente por la presidencia.
1. Al inicio del período de sesiones de septiembre, el Pleno, en una convocatoria específica, celebra un debate sobre la orientación política general del Gobierno.
2. El debate se inicia con la intervención del presidente o presidenta de la Generalidad y la de los miembros del Gobierno a quien aquel lo encomiende. A continuación interviene, por un tiempo de treinta minutos, un representante o una representante de cada grupo parlamentario, salvo si el presidente o presidenta del Parlamento considera más oportuno suspender la sesión, durante un tiempo no superior a las veinticuatro horas. 3. El presidente o presidenta de la Generalidad y los miembros del Gobierno pueden hacer uso de la palabra tantas veces como lo soliciten. 4. Los diputados tienen derecho a un turno de réplica de diez minutos si el presidente o presidenta de la Generalidad o los miembros del Gobierno les han respondido individualmente. En este caso, la réplica puede efectuarse después de todas las intervenciones del Gobierno o puede ser individual a cada miembro del Gobierno. En el primer supuesto, el tiempo de réplica atribuido al grupo no puede ser superior a tantas veces diez minutos como intervenciones han efectuado los miembros del Gobierno. Pueden replicar más de un diputado, en cuyo caso ninguno de ellos puede ultrapasar los diez minutos. Si un grupo parlamentario tiene solo un turno de réplica, puede dividir su intervención entre dos diputados como máximo. 5. Si la réplica de un miembro del Gobierno comporta la contrarréplica de otro diputado o diputada, este dispone de un único turno, no superior a cinco minutos. Si el presidente o presidenta de la Generalidad y los miembros del Gobierno responden globalmente a los representantes de los grupos, cada uno de estos solo tiene derecho a una réplica de diez minutos.
1. Finalizado el debate, la Mesa del Parlamento fija un plazo, que no puede ultrapasar las veinticuatro horas, en el cual los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas de resolución. La Mesa admite las que son congruentes con la materia que ha sido objeto del debate y que no significan moción de censura al Gobierno, y comunica a los grupos parlamentarios las que han sido admitidas a trámite. Durante un nuevo plazo fijado por la Mesa, que no puede ser superior a veinticuatro horas, los grupos pueden estudiar las propuestas presentadas y presentar propuestas transaccionales que impliquen la retirada en todo o en parte de sus propuestas.
2. El orden de discusión y de votación de las propuestas de resolución es su orden de presentación. Sin embargo, para evitar conflictos de prelación, se entiende que todas las propuestas de resolución presentadas en los primeros treinta minutos del plazo han sido presentadas simultáneamente, y, entre ellas, el orden es establecido por sorteo; si un grupo, después de presentada una primera propuesta, la amplía o la complementa, se entiende, a los efectos de su debate y votación, que el conjunto de los textos forma una sola propuesta y que el momento de presentación es el correspondiente al último texto presentado. Las propuestas de resolución transaccionales se votan en el momento correspondiente a las últimas de las propuestas sustituidas. 3. Todos los grupos pueden defender, por un tiempo no superior a diez minutos, las propuestas que han presentado, solos o conjuntamente. Después, en una nueva intervención, por el orden previamente establecido por la Junta de Portavoces, todos los grupos pueden fijar su posición, por un tiempo máximo de diez minutos, referente a las propuestas presentadas por los demás grupos. A estos dos turnos no se les aplica lo establecido por el artículo 75.3 4. Un grupo parlamentario puede modificar la formulación de las propuestas de resolución que ha presentado solo en caso de que, explicitada la intención de voto de un grupo o de más de un grupo respecto a dichas propuestas, considere que así puede conseguir el apoyo de algún otro grupo y siempre y cuando ninguno de los grupos parlamentarios no se oponga a ello. Cualquier grupo puede solicitar votación separada de una o varias partes de la propuesta de resolución; la presidencia, oído el grupo proponente, accede a la demanda si no contradice el sentido original. 5. La Mesa debe determinar cuáles son los puntos comunes, complementarios o contradictorios de las distintas propuestas de resolución presentadas y mantenidas. 6. Una vez aprobada una propuesta de resolución, todas las demás propuestas se votan solo en lo que se refiere a los puntos complementarios y no contradictorios con la propuesta aprobada.
1. Los debates generales sobre la acción política y de gobierno también pueden celebrarse a solicitud del presidente o presidenta de la Generalidad o si lo decide la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados.
2. El presidente o presidenta del Parlamento convoca necesariamente la sesión correspondiente si una cuarta parte de los diputados o un conjunto de grupos parlamentarios que representa, como mínimo, una quinta parte del total solicita un debate sobre la acción política y de gobierno. Esta solicitud puede formularse una vez en cada período de sesiones. 3. Si la Junta de Portavoces no determina en qué pleno debe sustanciarse el debate o no lo incluye en el orden del día de uno de los plenos fijados para el período de sesiones en curso, el presidente o presidenta debe convocar necesariamente a la correspondiente sesión oídas la Mesa y la Junta de Portavoces. 4. Las solicitudes a las que se refieren los apartados 1 y 2 deben ir acompañadas de un guión relativo a los temas que se proponen como objeto del debate. 5. El procedimiento para el debate y para la presentación la votación de resoluciones es el establecido por los artículos 132 y 133. Si el debate se celebra a iniciativa parlamentaria puede iniciarse con la intervención de un representante o una representante de los diputados o de los grupos proponentes que, por un tiempo máximo de treinta minutos, puede exponer los motivos de su solicitud. 6. En el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de julio solo pueden celebrarse cuatro debates a iniciativa parlamentaria.
1. Los debates que el Pleno del Parlamento ha encomendado a una comisión, en aplicación de una resolución o una moción, deben seguir el mismo procedimiento que el establecido por los artículos 132 y 133 para los debates generales sobre la acción política y de gobierno. El debate debe celebrarse en el plazo de dos meses a partir de la adopción del acuerdo.
2. El debate se inicia con la intervención de un miembro del Gobierno. Las funciones encomendadas por los artículos 132 y 133 al presidente o presidenta y a la Mesa del Parlamento corresponden al presidente o presidenta y a la mesa de la comisión, respectivamente.
1. El debate y la votación sobre la convalidación o derogación de un decreto-ley, de conformidad con el Estatuto de autonomía, debe celebrarse en el Pleno del Parlamento o en la Diputación Permanente, en el plazo de treinta días a partir de su promulgación. La inclusión de un decreto-ley en el orden del día de una sesión puede realizarse tan pronto como haya sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 2. Un miembro del Gobierno ha de exponer ante la cámara las razones de promulgación del decreto-ley; acto seguido se celebra un debate de totalidad. 3. Finalizado el debate, se procede a la votación; se entiende que los votos afirmativos son favorables a la convalidación y que los negativos son favorables a la derogación. 4. Convalidado un decreto-ley, el presidente o presidenta pregunta si algún grupo parlamentario solicita su tramitación como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud se somete inmediatamente a la decisión de la cámara; si esta se pronuncia a favor, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. No pueden tramitarse enmiendas de totalidad de devolución. 5. La Diputación Permanente puede tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los decretos ley que el Gobierno dicte en los períodos entre legislaturas. 6. El acuerdo de convalidación o derogación de un decreto-ley debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
1. Si, de conformidad con el Estatuto de autonomía, las leyes de delegación establecen que el Parlamento debe efectuar el control adicional de la legislación delegada, tan pronto como el Gobierno ha hecho uso de la delegación, este ha de remitir al Parlamento la correspondiente comunicación, acompañada por el texto articulado o refundido objeto de delegación, antes de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. El presidente o presidenta del Parlamento ordena que el texto resultante de la delegación se publique en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, y abre un plazo de quince días durante el cual los grupos parlamentarios y los miembros del Parlamento pueden formular objeciones y observaciones al mismo, en un escrito dirigido a la Mesa del Parlamento. Las objeciones tienen que ser suscritas por un grupo parlamentario o por cinco miembros del Parlamento y estar fundamentadas. 3. Las objeciones deben debatirse en el Pleno en el plazo de un mes. 4. Si el Parlamento rechaza las objeciones, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, debe remitir las observaciones a la comisión competente por razón de la materia para que, en el plazo de un mes, adopte una resolución respecto al uso de la delegación. 5. Se entiende que el Gobierno ha hecho uso correctamente de la delegación legislativa si el Parlamento no aprueba objeción u observación alguna. 6. Los decretos legislativos solo pueden publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una vez el Parlamento haya dado su conformidad o después de que el Gobierno, en el plazo de un mes, incorpore las objeciones aprobadas por el Parlamento. 7. Si la ley de delegación establece que el control parlamentario sea realizado después de la publicación del decreto legislativo, el Gobierno debe enviarlo inmediatamente al Parlamento. El presidente o presidenta ha de ordenar que se publique en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya y abrir un plazo de quince días durante el cual los grupos parlamentarios y los miembros del Parlamento pueden formular observaciones y objeciones razonadas. Si en dicho plazo se formulan objeciones, el uso de la delegación se somete a un debate de totalidad en el Pleno. 8. Las leyes de delegación pueden ampliar los plazos establecidos por el presente artículo y fijar procedimientos específicos de control.
1. Los diputados y los grupos parlamentarios pueden formular interpelaciones al Gobierno. Las interpelaciones deben tramitarse en el Pleno.
2. Las interpelaciones deben presentarse por escrito a la Mesa del Parlamento y referirse a los motivos y a los propósitos del proceder del Gobierno en cuestiones de política general de competencia de alguno de sus departamentos, y deben de determinar su objeto o alcance material. 3. La Mesa, al calificar el escrito de una interpelación, puede considerar que su contenido no se ajusta a este tipo de tramitación, según lo establecido por el apartado 2; si es así debe ordenar su tramitación como pregunta a responder por escrito. 4. Las interpelaciones deben presentarse en el Registro General del Parlamento en el plazo fijado por la Mesa para cada período de sesiones. Admitidas a trámite, debe informarse de ellas inmediatamente al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Las interpelaciones no incluidas en el orden del día decaen automáticamente. 5. Al aprobar el calendario de sesiones plenarias del período, la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, establece el número máximo de interpelaciones que pueden sustanciarse en cada sesión y su distribución proporcional entre los grupos parlamentarios durante todo el período. 6. Quien formula la interpelación y quien debe responderla, conjuntamente, pueden solicitar al presidente o presidenta, una única vez, que esta no sea sustanciada; en dicho caso, la interpelación pospuesta debe incluirse necesariamente en el orden del día de la siguiente sesión plenaria; de otro modo, decae. 7. Para sustanciar una interpelación, primero interviene quien la formula, y a continuación, la persona interpelada. La sustanciación concluye con los turnos de réplica de quien la ha formulado y de contrarréplica de la persona interpelada. Las primeras intervenciones no pueden durar más de diez minutos, y las de réplica, más de cinco minutos.
1. Todas las interpelaciones pueden dar lugar a una moción en que la cámara manifieste su posición. Esta moción en ningún caso puede ser de censura al Gobierno.
2. El grupo interpelante o el miembro firmante de la interpelación pueden presentar la moción hasta el día siguiente de la sustanciación de aquella. Las mociones subsiguientes a interpelaciones sustanciadas en la última sesión plenaria de un período de sesiones pueden presentarse hasta el lunes de la semana anterior en la cual deberán ser tramitadas. 3. Las mociones deben ser congruentes con la interpelación sustanciada. Las mociones admitidas a trámite deben incluirse en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente a la de la sustanciación de la interpelación. 4. Los grupos parlamentarios, a excepción del que formula la interpelación o del grupo al cual pertenece quien la ha formulado, pueden presentar enmiendas hasta una hora antes de la sesión en la que debe tramitarse. Las enmiendas que se presentan deben ser congruentes con la interpelación sustanciada y con la moción. 5. El debate y la votación de la moción se realizan de conformidad con lo establecido por el presente reglamento para las propuestas de resolución.
1. La comisión correspondiente por razón de la materia debe controlar el cumplimiento de las mociones a que se refiere el artículo 139. Si el texto de la moción aprobada no lo especifica, la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, debe determinar a qué comisión corresponde su control.
2. El presidente o presidenta del Parlamento debe notificar al Gobierno la comisión ante la cual este deberá dar cuenta del cumplimiento de la moción. 3. El Gobierno, finalizado el plazo fijado para dar cumplimiento a la moción, dispone de quince días para dar cuenta ante la correspondiente comisión parlamentaria. Si la moción no especifica ningún plazo concreto, el Gobierno debe dar cuenta del cumplimiento de la moción en un plazo de cuatro meses, a contar desde el día siguiente de la publicación de la moción o de la resolución en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Si el plazo está fijado en meses, debe contarse de fecha a fecha. 4. El órgano al cual corresponde el control del cumplimiento de la moción, finalizado el plazo que se ha fijado al Gobierno para dar cumplimiento a la misma, a petición de un grupo parlamentario o de cualquier miembro de la comisión, ha de manifestar su criterio en lo referente al cumplimiento de la moción o la rendición de cuentas que presenta el Gobierno. 5. Para juzgar el cumplimiento de la moción, que debe haberse incluido previamente como punto del orden del día de la comisión competente en la materia, los grupos parlamentarios disponen de diez minutos para fijar su posición sobre el escrito enviado por el Gobierno o sobre el incumplimiento de la moción. Si el Gobierno solicita celebrar una sesión informativa, debe aplicar lo establecido por el artículo 151. Finalizado el trámite oportuno, y si un grupo parlamentario o uno de los diputados miembros de la comisión lo solicita, el presidente o presidenta de la comisión debe preguntarle si considera que el Gobierno ha cumplido la moción. 6. Si el incumplimiento de la moción o el no rendición de cuentas por parte el Gobierno pueden constatarse objetivamente, porque no se ha remitido la documentación requerida en el tiempo y la forma hábiles, o porque no se ha solicitado ninguna sesión informativa al respecto en la comisión, a petición de un grupo parlamentario o de cualquier miembro de la comisión, el asunto pasa automáticamente al orden del día de la siguiente sesión plenaria. Los grupos parlamentarios disponen de diez minutos cada uno para fijar su posición sobre el incumplimiento de la moción. Si un grupo parlamentario lo solicita, el presidente o presidenta del Parlamento debe preguntar al Pleno si considera que el Gobierno ha cumplido la moción.
1. Los diputados pueden formular preguntas al presidente o presidenta de la Generalidad y al Gobierno.
2. Las preguntas deben presentarse ante la Mesa del Parlamento. Cuando se pretende obtener una respuesta oral, el escrito presentado solo debe contener la formulación estricta, relativa a un hecho, una situación o una información, si el Gobierno ha tomado o debe tomar alguna medida al respecto, o si el Gobierno ha de remitir al Parlamento algún documento o informarle sobre alguna cuestión. 3. No se admiten las preguntas en interés privado exclusivo de quien las formula o de cualquier persona singular, ni las preguntas de consulta de carácter estrictamente jurídico; las preguntas que se refieren a una persona física o jurídica solo pueden admitirse a trámite si la actividad de dicha persona tiene trascendencia pública en el ámbito de la Generalidad. No pueden admitirse a trámite las preguntas que contengan expresiones ofensivas para la dignidad de las personas o que subestimen sus derechos. 4. La Mesa califica el escrito y admite la pregunta si es conforme a lo establecido por el presente artículo. 5. Se entiende que quien formula una pregunta con respuesta oral sin especificarlo acepta su respuesta en la comisión que determine la Mesa.
1. En cada sesión plenaria ordinaria del Parlamento debe reservarse una hora para sustanciar preguntas dirigidas al presidente o presidenta de la Generalidad y al Gobierno. La Mesa puede ampliar este tiempo, de acuerdo con la Junta de Portavoces. Las preguntas dirigidas al presidente o presidenta de la Generalidad únicamente pueden sustanciarse en sesión plenaria.
2. Las preguntas a responder en el Pleno deben presentarse en el Registro General del Parlamento antes de las doce del mediodía de la antevíspera de la sesión en la que se pretende sustanciarlas. Admitidas a trámite, debe informarse inmediatamente de ello al presidente o presidenta de la Generalidad, al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Las preguntas no incluidas en el orden del día de la sesión plenaria decaen automáticamente. 3. Cada grupo parlamentario puede formular, como mínimo, una pregunta al presidente o presidenta de la Generalidad en cada sesión ordinaria. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, establece el número máximo de preguntas que pueden sustanciarse en cada sesión plenaria y su distribución proporcional entre los grupos parlamentarios y, si procede, entre los diputados no adscritos, para todo el período de sesiones. 4. El presidente o presidenta del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija la hora de sustanciación de las preguntas orales en el Pleno. 5. Al inicio de la sesión plenaria, se distribuye la relación de las preguntas que se pretende sustanciar. 6. Quien formula la pregunta y quien debe responderla pueden solicitar conjuntamente al presidente o presidenta, una única vez, que esta no sea sustanciada. En tal caso, la pregunta pospuesta debe incluirse necesariamente en el orden del día de la sesión plenaria siguiente; de otro modo, la pregunta decae. 7. Los grupos parlamentarios pueden presentar preguntas de reserva por si se produce la eventualidad a que se refiere el apartado 6. Si estas preguntas no son sustanciadas durante la sesión, decaen automáticamente.
1. Al inicio de la sesión plenaria, debe distribuirse entre los diputados la relación de las preguntas a sustanciar.
2. En el debate, un miembro del Gobierno responde después de que el diputado o diputada haya formulado estrictamente la pregunta. Este puede intervenir a continuación para replicar o repreguntar, y el debate finaliza tras la nueva intervención del Gobierno. El presidente o presidenta, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija el tiempo de las intervenciones y vela para que, tanto la pregunta como la respuesta, se ciñan al enunciado publicado y al tema objeto de la pregunta. 3. Las preguntas con respuesta oral en comisión pueden ser incluidas en el orden del día siete días después de su publicación, y están sujetas a lo dispuesto por el presente artículo para las preguntas orales en el Pleno.
1. Si no hay ninguna indicación en sentido contrario, se entiende que quien formula una pregunta solicita su respuesta escrita.
2. La respuesta por escrito debe ser congruente con la pregunta formulada y debe efectuarse dentro de los quince días siguientes de su publicación. 3. Si el Gobierno considera que la respuesta a una pregunta por escrito tiene un carácter fundamentalmente documental, con la previa conformidad de la Mesa, puede darle el tratamiento de las respuestas a las solicitudes de información y documentación a que se refiere el artículo 5. 4. Si el Gobierno no remite la respuesta en el plazo señalado, el presidente o presidenta del Parlamento, a petición de quien ha formulado la pregunta, puede fijar un nuevo plazo para que se responda por escrito o puede ordenar su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión de la comisión competente por razón de la materia, la cual ha de reunirse en el plazo de un mes, como máximo, a partir de la comunicación del presidente o presidenta, y debe darle el tratamiento de las preguntas orales. El presidente o presidenta debe informar de su decisión a los interesados.
1. Las propuestas de resolución del Parlamento para impulsar la acción política y de gobierno pueden dirigirse al Gobierno de la Generalidad o a la ciudadanía; deben estar suscritas por un grupo parlamentario o por un diputado o diputada, con la firma de cuatro miembros más de la cámara.
2. Las propuestas de resolución deben presentarse a la Mesa del Parlamento, que decide sobre su admisibilidad, ordena, si procede, su publicación y, oída la Junta de Portavoces, acuerda su tramitación por parte de la comisión competente en la materia o del Pleno del Parlamento. 3. Publicada la propuesta de resolución, se abre un plazo de siete días, durante el cual los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas.
1. La propuesta de resolución es objeto de un debate en el que pueden intervenir, después del grupo o del diputado o diputada autor de la propuesta, un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas y, a continuación, un miembro de cada uno de los grupos que no hayan intervenido, por un tiempo máximo de diez minutos.
2. El grupo o el diputado o diputada proponente disponen de un turno final de dos minutos para indicar el texto que someten a votación y las enmiendas que aceptan, o bien para proponer enmiendas transaccionales, para lograr un acuerdo entre la propuesta y las enmiendas presentadas; el grupo parlamentario enmendante puede vetar la transacción. También pueden presentarse nuevas enmiendas si están firmadas por todos los grupos parlamentarios. Finalmente, se somete a votación la propuesta de resolución en la formulación dada por el grupo o la persona proponente. Cualquier grupo puede solicitar votación separada de una parte o diversas partes de la propuesta; el presidente o presidenta, oídos el grupo o a la persona proponente, ha de acceder a la demanda si no contradice el sentido original del texto. 3. El presidente o presidenta del Parlamento o de la comisión puede acumular, a los efectos del debate, las propuestas de resolución relativas a una misma cuestión o a cuestiones que tienen conexión entre sí. Asimismo, los grupos parlamentarios pueden proponer la acumulación de la votación de propuestas de resolución relativas a una misma cuestión o con un contenido sustancialmente idéntico, y proponer su refundición o la transacción entre ellas y las enmiendas presentadas, para que el Parlamento adopte una única resolución. Quien ha presentado una propuesta de resolución puede vetar la acumulación y solicitar que su propuesta se vote separadamente. Sin embargo, si dos propuestas con texto coincidente no han sido acumuladas y han sido votadas por separado, la Mesa del órgano que la haya substanciado, oídos los proponentes, puede acordar su publicación como una única resolución. 4. La comisión correspondiente por razón de la materia ha de controlar, de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 140, el cumplimiento de las resoluciones aprobadas. Si se trata de una resolución aprobada en comisión, lo establecido por el artículo 140.5 se sustancia ante la misma comisión que la aprobó.
1. El Parlamento puede efectuar declaraciones dirigidas a los ciudadanos en relación con cualquier cuestión de interés de la Generalidad y de la ciudadanía.
2. Las declaraciones institucionales son acordadas unánimemente por el presidente o presidenta y por la Junta de Portavoces, se publican en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya y son leídas en sesión plenaria. 3. Se denominan declaraciones de la Junta de Portavoces las que se acuerdan exclusivamente por mayoría. 4. Se denominan declaraciones de la presidencia las del presidente o presidenta desde su responsabilidad y representación.
1. Si el Gobierno remite al Parlamento un programa, un plan o un comunicado y le solicita que se pronuncie al respecto, la Mesa del Parlamento ordena su publicación, y, oída la Junta de Portavoces, decide si debe ser tramitado por el Pleno o por una comisión legislativa.
2. Transcurridos diez días, el debate y la votación del programa, el plan o el comunicado pueden incluirse en el correspondiente orden del día. 3. El debate se inicia con la intervención de un miembro del Gobierno. Acto seguido, puede hacer uso de la palabra, por un tiempo no superior a quince minutos, un miembro de cada grupo parlamentario. 4. Los miembros del Gobierno pueden responder a todas las cuestiones planteadas a la vez, de una en una o agrupándolas por razón de la materia. Cada uno de los grupos que han intervenido en el debate tiene derecho a un turno de réplica, no superior a diez minutos. Si el miembro del Gobierno interviene de nuevo, el diputado o diputada dispone de un turno no superior a cinco minutos para la contrarréplica. 5. Los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas de resolución congruentes con la materia objeto del programa, el plan o el comunicado. 6. La presentación, el debate y la votación de las propuestas de resolución siguen el procedimiento establecido por el artículo 133. Las propuestas que comportan el rechazo total del programa, el plan o el comunicado del Gobierno deben votarse en primer lugar. 7. Si la naturaleza del comunicado presentado por el Gobierno lo aconseja, la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede acordar su tramitación por el procedimiento establecido por los artículos 145 y 146. A los efectos de dicha tramitación, el Gobierno es el proponente.
1. Si el Gobierno remite al Parlamento una propuesta con relación a la cual la ley exige que el Parlamento se pronuncie antes de la decisión administrativa, la Mesa del Parlamento ordena su publicación y, oída la Junta de Portavoces, decide si debe ser tramitada por el Pleno o por una comisión legislativa.
2. La propuesta debe tramitarse según las normas generales del procedimiento legislativo.
1. El presidente o presidenta de la Generalidad, a petición propia o por acuerdo de la mayoría, comparece ante el Pleno del Parlamento o de la Diputación Permanente. También puede comparecer, a petición propia, ante una comisión parlamentaria.
2. La comparecencia debe sustanciarse en el plazo improrrogable de un mes a partir de la adopción del acuerdo o de la solicitud correspondiente. 3. En la comparecencia, primero interviene el presidente o presidenta de la Generalidad, sin limitación de tiempo; a continuación, los grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de diez minutos, para fijar sus posiciones, formular preguntas o formular observaciones; el presidente o presidenta responde, individual o conjuntamente, sin limitación de tiempo; los grupos pueden replicar por un tiempo de cinco minutos; cada vez que el presidente o presidenta efectúa una contrarréplica a un grupo, este tiene el derecho de intervenir nuevamente por un tiempo idéntico. 4. El presidente o presidenta de la Generalidad puede comparecer ante la Diputación Permanente asistido por cargos, funcionarios y personal del Gobierno, y puede solicitar que intervengan.
1. Los miembros del Gobierno, por acuerdo de este o a petición propia, pueden comparecer ante las comisiones para celebrar una sesión informativa. A tal fin, las comisiones también pueden acordar la comparecencia de los miembros del Gobierno. En cualquier caso, el tema objeto de la sesión informativa debe ser incluido previamente en el orden del día.
2. La sesión informativa consta de las siguientes fases: primero interviene el miembro del Gobierno por un tiempo máximo de una hora; a continuación, se suspende la sesión por un tiempo máximo de quince minutos. Al reanudarse la sesión, los grupos parlamentarios pueden intervenir para fijar sus posiciones o formular sus preguntas. El gobierno les responde por un tiempo máximo de treinta minutos; la presidencia, a continuación, puede abrir un turno para que los diputados puedan formular preguntas o pedir aclaraciones congruentes con los temas tratados en la sesión informativa. 3. Los miembros del Gobierno pueden comparecer en la sesión informativa asistidos por cargos, funcionarios y personal del Gobierno, y pueden solicitar que intervengan.
1. El Pleno del Parlamento, en convocatoria específica, designa a los senadores que han de representar a la Generalidad en el Senado, de conformidad con el Estatuto de autonomía de Cataluña.
2. La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija el número de senadores que corresponde proporcionalmente a cada grupo parlamentario. 3. El presidente o presidenta del Parlamento fija el plazo en que los representantes de los grupos deben proponer sus candidatos. Finalizado dicho plazo, el presidente o presidenta hace públicas las correspondientes resoluciones y convoca al Pleno del Parlamento para su ratificación. 4. Si es preciso sustituir a alguno de los senadores a los que se refieren los apartados 1 y 3, la persona sustituta debe ser propuesta por el mismo grupo parlamentario que había propuesto a su antecesor o antecesora.
1. Las comparecencias, con carácter previo a la elección, de los candidatos a representar a la Generalidad en el Senado son obligatorias y se rigen por lo dispuesto por el artículo 157.
2. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, determina el órgano competente para sustanciar las comparecencias de los senadores que representan a la Generalidad en el Senado. Las propuestas de comparecencia deben estar suscritas por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados. 3. Los senadores que representan a la Generalidad en el Senado, a petición de la tercera parte de estos o por acuerdo de comisión, pueden comparecer en una sesión informativa para informar de sus actuaciones en el Senado respecto a cualquier tramitación relacionada con la Generalidad o con las comunidades autónomas. 4. Los senadores deben ser informados de los acuerdos y los debates del Parlamento relacionados con la actividad y las competencias del Senado.
1. El Pleno del Parlamento, de conformidad con el Estatuto de autonomía de Cataluña, puede acordar la presentación de una proposición de ley a la Mesa del Congreso de los Diputados o solicitar al Gobierno del Estado la adopción de un proyecto de ley. Estas iniciativas se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario, a excepción del trámite de remisión de la propuesta al Gobierno.
2. No obstante lo establecido por el apartado 1, la Mesa del Parlamento, a solicitud del grupo parlamentario promotor de la propuesta, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede acordar que esta sea tramitada directamente en lectura única o por una comisión que actúe con competencia plena. 3. Las propuestas que tienen por objeto las materias a las que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución española deben ser aprobadas, en votación final, por mayoría absoluta del Pleno del Parlamento. 4. El Parlamento, de conformidad con el Estatuto de autonomía de Cataluña, designa a los diputados, hasta un máximo de tres, que han de defender las proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados.
1. El Pleno del Parlamento, de conformidad con lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña, puede acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad al que se refiere el artículo 161.1.a de la Constitución española.
2. De conformidad con lo establecido por la Ley del Consejo Consultivo, una vez publicado el dictamen de este, los grupos parlamentarios o los miembros del Parlamento pueden comunicar al presidente o presidenta del Parlamento la pretensión de interponer recurso de inconstitucionalidad, indicando de forma expresa el artículo o artículos que pretenden impugnar; la propuesta debe ser publicada. 3. Tres grupos parlamentarios o la quinta parte de los miembros pueden presentar propuestas alternativas sobre los artículos que pretenden impugnar, o alternativas a la propuesta de interposición de recurso, dentro de un plazo que finaliza tres días antes de iniciar la sesión en la que deben debatirse las propuestas. Los grupos parlamentarios o los miembros no pueden presentar más de una propuesta de resolución. 4. Todos los grupos parlamentarios, así como los miembros que han presentado propuestas de resolución, disponen de quince minutos para manifestar su posición. El presidente o presidenta del Parlamento puede concederles un segundo turno de cinco minutos. 5. La Mesa ordena la votación de las propuestas presentadas, de manera que resulte congruente con la propuesta de interposición de recurso de inconstitucionalidad. 6. El Pleno del Parlamento puede acordar el desistimiento de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento. La propuesta de desistimiento debe ser presentada por dos grupos parlamentarios o por una décima parte de sus miembros, antes de que el Tribunal Constitucional haya fijado la fecha para dictar sentencia. 7. La presentación de alternativas y el debate y la votación de la propuesta de desistimiento deben ajustarse al procedimiento establecido por los apartados 3, 4 y 5.
1. El Pleno del Parlamento, de conformidad con lo establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña, mediante resolución, puede acordar: a) Personarse en los conflictos de competencia a que se refiere el artículo 161.1.c de la Constitución española.
b) Encomendar al Gobierno de la Generalidad que comparezca en los conflictos de competencia a que se refiere el artículo 161.1.c de la Constitución española.
2. La propuesta de resolución para que el Gobierno comparezca en los conflictos de competencia debe estar suscrita por un grupo parlamentario o por cinco miembros del Parlamento y debe presentarse dentro de los veinte días siguientes de la publicación o la comunicación de la disposición, la resolución o el acto que se consideren faltos de competencia, o dentro de los veinte días siguientes de haberse producido un acto concreto de aplicación falto de competencia.
3. Las propuestas de resolución a que se refiere el apartado 1 deben especificar con claridad los preceptos de la disposición, o los puntos de la resolución o del acto con vicio de incompetencia, y las disposiciones legales o constitucionales de las que resulta el vicio. Las propuestas de resolución pueden ser objeto de enmienda y siempre deben ser tramitadas en sesión plenaria, por el procedimiento establecido por los artículos 145 y 146, en el plazo de veinte días a contar de su admisión a trámite.
1. Para las elecciones de cargos públicos que las leyes encomiendan al Parlamento, los grupos parlamentarios pueden presentar candidatos de conformidad con las condiciones que cada ley establece. Estas candidaturas deben presentarse en el Registro General del Parlamento quince días antes del inicio de la sesión en que se prevé efectuar la elección. A la propuesta debe adjuntarse el currículum detallado de cada uno de los candidatos propuestos, en el cual hay que especificar los méritos profesionales y demás circunstancias que se consideren necesarias para valorar su idoneidad para el cargo. Las propuestas, con los currículum, deben trasladarse inmediatamente a los grupos parlamentarios.
2. Siempre que una ley lo prevea, o si una tercera parte de los diputados o tres grupos parlamentarios solicitan la comparecencia de todos o de alguno de los candidatos, la Mesa del Parlamento admite a trámite la solicitud y, oída la Junta de Portavoces, determina la comisión o subcomisión competente en la cual han de comparecer. 3. Una vez finalizado el plazo para la presentación de candidaturas, la Mesa ordena la remisión de la documentación a la comisión o subcomisión a que se refiere el punto 2, para que esta examine las candidaturas presentadas. Si alguno de los candidatos presentados no cumple los requisitos objetivos exigidos por el Estatuto de autonomía o por las leyes de aplicación, la comisión rechaza la propuesta mediante una resolución motivada, que debe notificarse al grupo proponente. En dicho caso, el grupo parlamentario puede presentar nuevos candidatos en sustitución de los rechazados, en el plazo fijado por la Mesa del Parlamento. 4. Durante la comparecencia, que en ningún caso puede exceder de una hora para cada candidato o candidata, los miembros de la comisión o subcomisión pueden solicitar las oportunas aclaraciones y explicaciones sobre cualquier aspecto relacionado con su formación académica, su trayectoria profesional o los méritos alegados. En ningún caso se pueden formular preguntas relativas a la situación personal de quien comparece o a cualquier otra cuestión que no tenga relación con su trayectoria profesional y académica. 5. A los efectos de lo dispuesto por el apartado 4, la presidencia de la comisión o subcomisión debe velar por los derechos de la persona compareciente, rechazando las preguntas que puedan significar una subestimación del honor o la intimidad del candidato o candidata o que vulneren algún derecho fundamental. 6. Las sesiones de las comparecencias son siempre públicas. 7. Los candidatos debidamente convocados a comparecer en la sesión que no se presenten en el día y hora indicados quedan excluidos del procedimiento de designación. 8. Los grupos parlamentarios, en el plazo de dos días a contar desde la comparecencia, pueden formular observaciones, no vinculantes, sobre la idoneidad de los candidatos propuestos en lo que a la naturaleza del cargo se refiere, el currículum profesional y los proyectos de actuación que cada persona propone para el ejercicio del cargo.
1. El procedimiento de revocación de los cargos elegidos o designados por el Parlamento, si así se establece por ley y esta no regula ningún procedimiento específico, se inicia con una propuesta, firmada por tres grupos parlamentarios, que deben representar, como mínimo, la tercera parte de los miembros del Parlamento. A esta propuesta debe adjuntarse los motivos que la justifican y debe ser trasladada inmediatamente a los grupos parlamentarios y a la persona directamente afectada.
2. La propuesta de revocación se incluye en el orden del día del Pleno exclusivamente por el procedimiento establecido por el artículo 72.2. 3. El procedimiento de revocación, si así lo acuerdan la Mesa y la Junta de Portavoces, puede incluir, a instancia de los grupos proponentes, todas o algunas de las fases establecidas por el artículo 157. 4. La revocación debe aprobarse por el Pleno del Parlamento por la misma mayoría requerida para la elección, salvo que la ley disponga lo contrario.
1. La Mesa del Parlamento, una vez recibido el informe anual que el Síndic de Greuges ha de presentar al Parlamento, ordena su publicación y lo remite a la Comisión del Síndic de Greuges.
2. La Mesa de la Comisión, junto con los representantes de los grupos y oído el Síndico, determina el sistema de debate en comisión del informe del Síndic de Greuges. El debate se ajusta al siguiente procedimiento: se inicia con una exposición del Síndic de Greuges; acto seguido, puede intervenir un representante o una representante de cada uno de los grupos parlamentarios para formular preguntas, solicitar aclaraciones o debatir las recomendaciones del Síndic; después de las respuestas del Síndic de Greuges, la Mesa de la Comisión puede abrir un nuevo turno. 3. El debate del informe en el Pleno se ajusta al siguiente procedimiento: el Síndic de Greuges expone oralmente un resumen general del informe; acto seguido, puede intervenir un representante o una representante de cada uno de los grupos parlamentarios, para fijar la posición global del grupo respecto al informe y las recomendaciones del Síndic, por un tiempo máximo de quince minutos. La presidencia, a solicitud del Síndic o de un grupo parlamentario, puede abrir un nuevo turno de una duración máxima de diez minutos. Con motivo de este debate no pueden presentarse propuestas de resolución. 4. Los informes extraordinarios que el Síndic de Greuges envía al Parlamento son tramitados de conformidad con el procedimiento establecido por los apartados 1 y 2 exclusivamente en la Comisión del Síndic de Greuges, o en la comisión que determine la Mesa, considerada la naturaleza del informe y oída la Junta de Portavoces.
1. El Síndic de Greuges, a petición propia, puede comparecer ante la Comisión del Síndic de Greuges en una sesión informativa. A este mismo objeto, la Comisión también puede acordar su comparecencia. La Mesa de la Comisión ha de acordar la convocatoria de una sesión informativa si lo solicitan una tercera parte de los miembros de la Comisión o tres grupos parlamentarios. En cualquier caso, el tema objeto de la sesión informativa ha de ser previamente incluido en el orden del día.
2. Estas sesiones se rigen por lo dispuesto por el artículo 151 sobre las sesiones informativas. 3. El Síndic de Greuges, en toda comparecencia ante una comisión, puede ir acompañado por sus adjuntos y sus asesores y pedirles que intervengan.
1. La Sindicatura de Cuentas ha de presentar cada año al Parlamento, antes del 1 de diciembre, su programa anual de actividades para el siguiente ejercicio. El programa debe incorporar la previsión de los informes que han de realizarse durante el ejercicio, entre los cuales hay que incluir todos los informes encargados por el Parlamento cuya elaboración no haya podido completarse en el ejercicio en curso.
2. La Mesa del Parlamento, una vez recibido el programa, ha de ordenar que se distribuya una copia del mismo a los grupos parlamentarios. 3. El programa anual de actividades puede revisarse en los casos en que, no estando previsto, el Parlamento encarga un nuevo informe o cuando, en casos de necesidad extraordinaria y urgente, la Sindicatura de Cuentas considera pertinente elaborar un informe o una memoria de conformidad con las funciones que le atribuye la ley.
1. La Sindicatura de Cuentas ha de presentar anualmente al Parlamento una memoria de fiscalización en que necesariamente debe incluir el informe sobre la Cuenta general de la Generalidad, que constituye su parte básica.
2. Adicionalmente, la Sindicatura puede incluir en su memoria de fiscalización anual los siguientes documentos:
a) Los informes sobre las universidades públicas.
b) Los informes sobre las empresas y las entidades que, de conformidad con las normas reguladoras del sistema europeo de cuentas, se considera que son parte del sector de las administraciones públicas, en los casos en que la ley establezca su fiscalización anual. c) Los demás informes de fiscalización sobre el sector público de la Generalidad que la ley encomienda realizar con carácter anual a la Sindicatura de Cuentas.
3. La Sindicatura de Cuentas debe facilitar a los miembros de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas que lo soliciten el acceso al expediente y a la liquidación de los presupuestos y de las cuentas que le han sido remitidos para su fiscalización.
4. Los informes sobre las universidades públicas deben tramitarse de conformidad con lo establecido por el artículo 166. Los demás informes a que se refiere el apartado 2.b y c deben tramitarse de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 164.
1. La Mesa del Parlamento, una vez recibido el informe sobre la Cuenta general de la Generalidad, ordena su publicación y lo remite a la Comisión de la Sindicatura de Cuentas para que elabore el dictamen.
2. La Comisión ha de constituir una ponencia de carácter informativo, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios para estudiar el informe y la Cuenta. La ponencia puede solicitar el asesoramiento de la Sindicatura y de la Intervención General de la Generalidad. Desde su nombramiento, la ponencia dispone de un plazo máximo de un mes para sus trabajos. 3. El debate en la Comisión se inicia con la presentación del informe sobre la Cuenta general de la Generalidad por el síndico o síndica mayor de la Sindicatura de Cuentas o por el miembro que el Pleno de esta haya designado para informar al Parlamento. Acto seguido, puede hacer uso de la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, un representante o una representante de cada grupo parlamentario. Todos los diputados que han intervenido en el debate tienen derecho a un turno de réplica, no superior a diez minutos. 4. Finalizado este debate, el presidente o presidenta debe solicitar a la Comisión si considera que el informe presentado por la Sindicatura de Cuentas es suficiente para que el Parlamento se pronuncie sobre la Cuenta general de la Generalidad. Si la Comisión manifiesta que no, debe comunicarse a la Sindicatura de Cuentas para que presente un nuevo informe. En caso contrario, la Mesa de la Comisión debe fijar un plazo para que los grupos parlamentarios presenten propuestas de resolución sobre la aprobación de la Cuenta y sobre las observaciones y las recomendaciones contenidas en el informe de la Sindicatura. El debate y la votación de las propuestas de resolución se efectúan de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 133 para las propuestas subsiguientes a los debates generales. Las propuestas que comportan el rechazo de la Cuenta general deben votarse en primer lugar. 5. La tramitación ante el Pleno se inicia con la presentación del informe sobre la Cuenta general de la Generalidad por el síndico mayor o síndica mayor de la Sindicatura de Cuentas. El dictamen de la Comisión, con las propuestas de resolución aprobadas, es sometido al Pleno del Parlamento, que celebra un debate de totalidad, con un turno a favor y un turno en contra de veinte minutos cada uno. Los grupos parlamentarios que no han intervenido disponen de un turno cada uno, no superior a quince minutos, para fijar su respectiva posición. 6. El acuerdo del Pleno del Parlamento debe publicarse en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya y debe enviarse al Gobierno para que disponga su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
1. Los informes de fiscalización sobre los órganos, los entes y las entidades del sector público de la Generalidad emitidos por la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con su programa de actividades, así como a petición del Parlamento o cuando, en casos de necesidad extraordinaria y urgente, la Sindicatura lo considere pertinente, así como los informes a que se refiere el artículo 162.2.b y c en los casos en que no se hayan remitido con la memoria anual de fiscalización, han de ser remitidos al Parlamento una vez aprobados por el Pleno de la Sindicatura.
2. La Mesa del Parlamento, recibido cada informe, ordena su publicación y lo remite a la Comisión de la Sindicatura de Cuentas para su tramitación. 3. El debate en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas se inicia con la presentación del informe por el síndico o síndica mayor de la Sindicatura de Cuentas o por el miembro que el Pleno de esta ha designado para informar al Parlamento. 4. A continuación puede intervenir, por un tiempo máximo de diez minutos, un representante o una representante de cada grupo parlamentario, y puede haber un turno de réplica de cinco minutos. 5. Los grupos parlamentarios, en el plazo fijado por la Mesa de la Comisión, pueden presentar propuestas de resolución congruentes con el informe objeto del debate, tanto si van dirigidas a la Sindicatura de Cuentas como si van dirigidas a cualquiera de las instituciones o los entes que la Sindicatura, de conformidad con las leyes, debe fiscalizar. Para calificar la congruencia de las propuestas, la Mesa atiende exclusivamente a lo que refleja o manifiesta directamente el texto del informe, pero no las referencias incidentales ni tampoco las efectuadas en la presentación del informe a la Comisión. 6. El debate y la votación de las propuestas de resolución se celebran de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 133 para las propuestas subsiguientes a los debates generales. Las propuestas que comportan el rechazo total del informe deben votarse en primer lugar. 7. Las resoluciones de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas deben publicarse en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya y deben remitirse al Gobierno para que disponga su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 8. Si la Comisión lo acuerda, en la misma sesión han de comparecer los responsables de los órganos, los entes o las entidades fiscalizados a fin de que, una vez presentado el informe, puedan responder a las preguntas que les formulen los diputados relativas a los hechos, las situaciones o las informaciones contenidos en el informe objeto del debate. A tal efecto, los grupos parlamentarios disponen de un plazo de diez días desde la publicación del informe para formular propuestas de comparecencia. Este trámite, si procede, sustituye a las intervenciones a que se refiere el apartado 4.
1. La Sindicatura de Cuentas ha de remitir al Parlamento un informe, dentro del plazo y con el contenido establecidos por la legislación electoral, del resultado de la fiscalización sobre la regularidad de las contabilidades electorales justificadas por cada partido, federación, coalición, asociación o agrupación de electores, en relación con los procesos electorales cuyo ámbito se circunscriba a Cataluña.
2. La Mesa del Parlamento, recibido el informe, ordena su publicación y lo remite a la Comisión de la Sindicatura de Cuentas para su tramitación de conformidad con el artículo 164.3, 4, 5, 6 y 7. La tramitación del informe tiene prioridad en relación con los demás trabajos de la Comisión. 3. La resolución adoptada debe enviarse también al Gobierno para que adopte las resoluciones y realice las actuaciones oportunas de conformidad con la legislación electoral.
1. La Mesa del Parlamento, una vez ha recibido de la Sindicatura de Cuentas la Cuenta general de las corporaciones locales, ordena su distribución a los grupos parlamentarios y puesta a disposición de los miembros del Parlamento para su consulta.
2. La Comisión de la Sindicatura de Cuentas conoce la Cuenta general de las corporaciones locales por el procedimiento establecido por el artículo 164.3 y 4. 3. La Mesa del Parlamento, una vez recibidos de la Sindicatura de Cuentas los informes de fiscalización de los órganos, los entes, las entidades del sector público local y las universidades públicas, ordena que sean distribuidos a los grupos parlamentarios y puestos a disposición de los miembros del Parlamento para su consulta, y abre un plazo de quince días, durante el cual los grupos parlamentarios pueden solicitar la presentación del informe que consideren pertinente. 4. Si en el plazo establecido por el apartado 3 ningún grupo pide la presentación del informe, se entiende que el Parlamento ha tenido conocimiento suficiente del mismo. De otro modo, la Comisión de la Sindicatura de Cuentas lo tramita por el procedimiento establecido por el artículo 164.3 y 4. 5. Los grupos parlamentarios pueden solicitar a la Mesa de la Comisión que abra un plazo para presentar propuestas de resolución, exclusivamente en relación con las competencias que la Generalidad ha de ejercer en materia de tutela financiera de los entes locales, cuando la Sindicatura de Cuentas dirige expresamente recomendaciones al Gobierno o a la Administración de la Generalidad. El debate y la votación de estas propuestas se realizan de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 133 para las propuestas subsiguientes a los debates generales. No puede admitirse a trámite ninguna propuesta de resolución relativa a competencias exclusivas de los entes locales o de sus organismos o empresas dependientes. Las resoluciones aprobadas deben remitirse también a las universidades públicas o a los entes locales afectados, para su conocimiento.
1. La Sindicatura de Cuentas ha de enviar al Parlamento, antes del 30 de abril de cada año, la memoria anual de actividades y de gestión correspondiente al ejercicio anterior, en la que ha de justificar el grado de cumplimiento del programa de actividades. Como anexo de la memoria anual, la Sindicatura ha de incluir la liquidación de su presupuesto y sus cuentas anuales para que puedan ser examinados por el Parlamento.
2. La Mesa del Parlamento, una vez recibida la memoria anual de actividades y la Cuenta de la Sindicatura de Cuentas, ordena que sean distribuidas a los grupos parlamentarios y puestas a disposición de los miembros del Parlamento para su consulta, y abre un plazo de quince días, durante el cual los grupos parlamentarios pueden solicitar la comparecencia del síndico o síndica mayor y de los demás miembros de la Sindicatura para que presenten la memoria y la Cuenta ante la Comisión, que, si procede, se tramita por el procedimiento establecido por el artículo 164.3 y 4.
1. Las propuestas de resolución que tienen por objeto el encargo de un informe a la Sindicatura de Cuentas, salvo las subsiguientes al debate de un informe en que proponen ampliarlo o completar determinados aspectos del mismo, son tramitadas por la Comisión de la Sindicatura de Cuentas por el procedimiento establecido por los artículos 145 y 146.
2. Las propuestas de resolución que tienen por objeto encargar un informe a la Sindicatura de Cuentas en relación con las cuentas de los entes locales o de sus organismos y empresas dependientes han de ser suscritas por dos grupos parlamentarios o por la décima parte de sus miembros. Las propuestas deben determinar el alcance material y temporal del control que solicitan y justificar la concurrencia de intereses con la Generalidad. No puede admitirse a trámite ninguna propuesta de resolución relativa a competencias exclusivas de los entes locales, o de sus organismos o empresas dependientes.
La Mesa del Parlamento, una vez recibido el informe anual que el Consejo del Audiovisual de Cataluña ha de presentar al Parlamento sobre su actuación y la situación del sistema audiovisual en Cataluña, ordena su publicación y lo remite a la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que debe tramitarlo por el procedimiento establecido por el artículo 151.
El Consejo del Audiovisual de Cataluña puede comparecer ante la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, a petición propia o por acuerdo de la Comisión, para celebrar una sesión informativa, que debe ajustarse al procedimiento establecido por el artículo 151.
La Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales mediante propuestas de resolución puede encargar un informe o un dictamen al Consejo del Audiovisual de Cataluña sobre aspectos o cuestiones relacionados con el ámbito funcional definido por su ley reguladora.
En el marco de lo establecido por el artículo 48, la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales puede solicitar información y documentación al presidente o presidenta del Consejo del Audiovisual de Cataluña y solicitar su presencia o la de los demás miembros del Consejo, para que informen sobre las cuestiones sobre las que son consultados.
1. Los diputados pueden formular preguntas, a responder oralmente o por escrito, al consejo de gobierno y al director o directora general de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
2. Las preguntas a responder oralmente deben ser respuestas, en el seno de la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales por su presidente o presidenta, o por el miembro del consejo de gobierno que este último designe, y por el director o directora general del ente. 3. Para cada período de sesiones, la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, fija la semana de cada mes en que debe reunirse la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, para sustanciar las preguntas. 4. La Mesa del Parlamento fija el número máximo de preguntas a responder oralmente en cada sesión. 5. El plazo de presentación de preguntas con respuesta oral finaliza el lunes de la semana para la que se haya fijado la reunión de la Comisión. 6. La Mesa de la Comisión puede ordenar las preguntas por razón de la materia; sin embargo, quien formula la pregunta puede no aceptar la ordenación propuesta. El presidente o presidenta de la Comisión puede decidir la agrupación de preguntas, si hay acuerdo entre quien formula la pregunta y quien es preguntado. 7. En todo lo no regulado por el presente artículo debe aplicarse lo establecido por los artículos 141, 143 y 144.
1. El consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y el director o directora general, a petición propia o por acuerdo de la Comisión, pueden comparecer ante la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para celebrar una sesión informativa que debe ajustarse al procedimiento establecido por el artículo 151.
2. Los representantes del consejo de gobierno y el director o directora general de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales pueden comparecer en las reuniones de la Comisión acompañados de cargos del ente y pedir que estos intervengan.
En el marco de establecido por el artículo 48, la Comisión de Control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales puede solicitar información y documentación al consejo de gobierno y al director o directora general de la Corporación, solicitar la presencia de los diversos cargos de la Corporación, para que informen de las cuestiones sobre las cuales son consultados, y solicitar la presencia de otras personas con la misma finalidad.
1. La Comisión de Control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales puede aprobar resoluciones.
2. La Comisión puede nombrar grupos de trabajo para cumplir las funciones de control a que se refieren los artículos 173, 174 y 175, para intervenir en los asuntos que le encomiende la Mesa del Parlamento, de conformidad con el artículo 44.1, y para estudiar la documentación y las cuestiones de su competencia.
1. En caso de que una ley establezca expresamente que un órgano estatutario, un ente local de Cataluña, un ente instrumental dependiente de la Administración de la Generalidad o vinculado a ella, o cualquiera de los órganos integrados de dichos organismos deba entregar un informe al Parlamento, la Mesa del Parlamento, a solicitud de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados, puede acordar su presentación oral ante la comisión o subcomisión que considere competente.
2. La comparecencia se inicia con la presentación de los comparecientes por el presidente o presidenta de la comisión o subcomisión que, acto seguido, les da la palabra por un tiempo máximo de treinta minutos para la presentación del correspondiente informe. A continuación, los grupos parlamentarios pueden intervenir, por un tiempo máximo de diez minutos, para fijar su posición, formular preguntas o hacer observaciones. La persona compareciente les responde. 3. El presidente o presidenta de la comisión o subcomisión, a iniciativa propia o a solicitud de un grupo parlamentario, puede abrir un segundo turno de aclaraciones o réplicas puntuales para los diputados que así lo soliciten. Quien comparece debe responder sucintamente sin salir del marco de la pregunta o de la solicitud de aclaración.
El presidente o presidenta del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede invitar a intervenir en el Pleno del Parlamento a personalidades relevantes por su significación institucional, política, social, científica o cultural.
1. El Parlamento de Cataluña se relaciona con las entidades y las asociaciones de carácter social, económico, sindical, humanitario, cultural y educativo.
2. En el marco de lo establecido por el presente reglamento para el trabajo de las ponencias y de las subcomisiones, el Parlamento puede dar trámite de audiencia, especialmente en el procedimiento legislativo, a las entidades y las asociaciones más representativas de carácter social, económico, sindical, humanitario, cultural y educativo, y pedirles informes, mientras esté abierto el plazo de presentación de enmiendas.
1. Para promover una iniciativa en relación con una materia incluida en el ámbito de las competencias de la Unión Europea, el Parlamento de Cataluña puede ejercer el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de este.
2. La propuesta de petición puede ser presentada por el Gobierno de la Generalidad, por dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los miembros del Parlamento. 3. La propuesta de petición se tramita por el procedimiento que establece el presente reglamento para las propuestas de resolución y debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento. 4. Si el Parlamento Europeo da audiencia al Parlamento de Cataluña, el Pleno puede designar a tres diputados para que comparezcan ante la comisión del Parlamento Europeo competente en la materia de que trata la petición.
1. Cuando, en el marco de la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, el Parlamento es consultado en relación con una propuesta legislativa de la Unión Europea, la Mesa del Parlamento ordena su publicación.
2. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, encarga a la comisión competente por razón de la materia la tramitación de la consulta y abre un plazo para que los grupos parlamentarios puedan formular observaciones. 3. Finalizado el plazo, la comisión, a la vista de la propuesta legislativa y de las observaciones presentadas, elabora un dictamen. 4. En función de la materia, la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede acordar que la aprobación del dictamen corresponda al Pleno, a propuesta de la comisión. 5. La Mesa debe velar por el buen fin del procedimiento dentro del plazo fijado para responder a la consulta, y el presidente o presidenta del Parlamento debe remitir la respuesta a la institución que la ha formulado.
1. El Parlamento aprueba los convenios de gestión y los acuerdos de cooperación que la Generalidad acuerde o concierte con otras comunidades autónomas u otros entes territoriales relevantes para la gestión y la prestación de servicios propios, correspondientes a materias que son de su competencia exclusiva.
2. El Gobierno ha de remitir al Parlamento la propuesta de convenio de gestión o de acuerdo de cooperación, acompañada por una memoria y la documentación explicativa y justificativa necesaria para permitir el pronunciamiento del Parlamento. El presidente o presidenta del Parlamento debe ordenar la publicación de la propuesta en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. La propuesta debe tramitarse en sesión plenaria. 3. El debate sobre la propuesta del convenio de gestión o del acuerdo de cooperación se inicia con la presentación por parte de un miembro del Gobierno y la posición de los grupos parlamentarios. 4. Finalizado el debate, el Pleno aprueba o rechaza el convenio de gestión o el acuerdo de cooperación. El presidente o presidenta debe comunicar al Gobierno el acuerdo del Pleno.
1. Al final de cada legislatura caducan todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y de resolución por el Parlamento, salvo los trámites cuya continuidad se establece por leyes específicas y los trámites que debe conocer la Diputación Permanente, de conformidad con el Reglamento y las leyes.
2. Los informes del Síndic de Greuges y las memorias y los informes de la Sindicatura de Cuentas deben trasladarse a la siguiente legislatura. La comisión correspondiente, por mayoría absoluta, puede acordar seguir el procedimiento en el trámite en que se hallaba cuando el Parlamento se disolvió.
1. Si en las Cortes Generales caduca la tramitación de una proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña a la Mesa del Congreso de los Diputados, el Pleno del Parlamento, a propuesta de la Junta de Portavoces, puede reiterar directamente su presentación y confirmar a los diputados designados para su defensa.
2. Si el Parlamento de Cataluña se disuelve antes de que se haya procedido a la defensa de una proposición de ley presentada a la Mesa del Congreso de los Diputados, el Pleno del Parlamento, de conformidad con el artículo 154.4, puede designar a los nuevos diputados para su defensa en el Congreso de los Diputados o, a propuesta de la Junta de Portavoces, puede retirarla. 3. Si una proposición de ley presentada por el Parlamento al Congreso de los Diputados se considera obsoleta, la Mesa y la Junta de Portavoces, de común acuerdo, pueden acordar retirarla a propuesta de una quinta parte de los diputados o de dos grupos parlamentarios.
1. Durante las sesiones del Pleno o de las comisiones, los diputados tienen la obligación de respetar las reglas de orden establecidas por el presente reglamento, deben evitar causar perturbaciones o desórdenes, hacerse acusaciones o recriminaciones entre sí, pronunciar expresiones inconvenientes contra el decoro, interrumpir a los oradores sin autorización del presidente o presidenta y hacer uso de la palabra más tiempo del autorizado, así como evitar entorpecer deliberadamente el curso de los debates o obstruir el trabajo parlamentario.
2. El diputado o diputada que viole las reglas de orden establecidas por el apartado 1 ha de ser llamado al orden por el presidente o presidenta.
El público asistente a las sesiones del Parlamento debe mantener siempre silencio y orden, y no le son permitidas manifestaciones de ningún tipo de aprobación o desaprobación.
1. Tanto los diputados como los miembros del público están sometidos a los poderes disciplinarios del presidente o presidenta y de la cámara, de conformidad con el presente reglamento.
2. El presidente o presidenta puede suspender o levantar la sesión en caso de alboroto o desobediencia obstinada de un diputado o diputada, sin perjuicio de aplicarle las correspondientes sanciones en la misma sesión o en la siguiente. 3. Antes de suspender o levantar la sesión por causa de indisciplina, el presidente o presidenta ha de advertir a la cámara de la posibilidad de tomar estas medidas. 4. La suspensión debe durar un máximo de media hora y, acto seguido, debe reanudarse la sesión de pleno derecho.
1. El presidente o presidenta puede ordenar la expulsión inmediata de toda persona que, desde la tribuna del público, no se atienda a las disposiciones del artículo 186; si alguien comete una infracción grave, debe ser conducido ante las autoridades competentes.
2. En caso de desorden o de tumulto durante una sesión, el presidente o presidenta puede ordenar el desalojo del público.
1. El diputado o diputada que, sin suficiente justificación o sin la necesaria autorización, no asista a tres sesiones consecutivas del Pleno o de las comisiones, indistintamente, o a cinco sesiones alternas, durante un período de sesiones, puede ser privado del derecho en percibir la asignación de un mes y de los demás derechos de carácter económico.
2. La Comisión del Estatuto de los Diputados, a propuesta del presidente o presidenta del Parlamento, bien a iniciativa propia, bien a iniciativa del presidente o presidenta de la correspondiente comisión, oída la persona afectada, mediante una resolución motivada debe adoptar el acuerdo a que se refiere el apartado 1, y debe señalar la extensión y la duración de las sanciones. 3. Por orden de la Mesa del Parlamento, que en este punto debe tomar las medidas pertinentes, las ausencias injustificadas de los diputados a las sesiones deben publicarse.
1. La segunda llamada al orden a un diputado o diputada en una misma reunión comporta: a) Una mención especial en el acta de la sesión.
b) La advertencia de retirarle la palabra, si es preciso hacerle una tercera llamada al orden.
2. La tercera llamada al orden a un diputado o diputada en una misma reunión le comporta la privación del derecho de hacer uso de la palabra por el tiempo restante de la reunión.
3. Al final de la reunión, con la previa autorización del presidente o presidenta, la persona que haya sido llamada al orden por tercera vez puede hacer uso de la palabra para justificarse. La exposición de la justificación no puede superar los cinco minutos, y puede hacerla la persona interesada u otra en quien haya delegado.
1. Si la llamada al orden está motivada por palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlamento o a cualquier otra persona, puede dar lugar a su expulsión de la cámara por el resto de la reunión.
2. Si ha habido una rectificación, pueden retirarse las expresiones a que se refiere el apartado 1 y pedir que no consten en acta. Corresponde al presidente o presidenta del Parlamento la decisión sobre esta cuestión.
Los diputados han de solicitar al presidente o presidenta del Parlamento, por medio de los grupos parlamentarios respectivos, autorización para no asistir a los trabajos parlamentarios, autorización que en ningún caso puede ser indefinida.
1. Puede ser excluido temporalmente del ejercicio de la función parlamentaria: a) El miembro del Parlamento que el presidente o presidenta deba llamar al orden por cuarta vez en una misma reunión.
b) El miembro del Parlamento que, una vez cumplida la sanción impuesta de conformidad con el artículo 189, reincida en la falta. c) El miembro del Parlamento que provoque un alboroto en el Salón de Sesiones o en otro lugar del recinto parlamentario.
2. A propuesta del presidente o presidenta del Parlamento, bien a iniciativa propia, bien a iniciativa del presidente o presidenta de la correspondiente comisión, previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados, oída la persona afectada, el Pleno del Parlamento, por mayoría de dos tercios de los diputados, puede acordar su exclusión temporal del ejercicio de la función parlamentaria y la duración de esta.
El diputado o diputada que no cumpla lo establecido por el artículo 13 puede ser excluido temporalmente del ejercicio de la función parlamentaria, por los procedimientos establecidos por el artículo 193.2.
La exclusión temporal del ejercicio de la función parlamentaria comporta la pérdida de las asignaciones, las dietas y las indemnizaciones, y la suspensión de los derechos y deberes inherentes a la actividad parlamentaria, pero no afecta a sus prerrogativas ni a los demás derechos y deberes.
El presidente o presidenta ha de velar por el mantenimiento del orden en todas las dependencias del Parlamento. A tal efecto, puede tomar todas las medidas que considere pertinentes, incluso la de poner a disposición judicial a las personas que hayan perturbado el orden.
Toda persona que en las dependencias del Parlamento, tanto si se celebra sesión como si no, sea diputado o diputada o no, promueva desórdenes graves, debe ser expulsada inmediatamente. Además, si se trata de un diputado o diputada, el presidente o presidenta puede promover las actuaciones a que se refiere el artículo 193.2.
1. El Parlamento debe disponer de los medios humanos y materiales necesarios para cumplir su funciones con eficacia y eficiencia, especialmente en cuanto a los servicios permanentes de asesoramiento jurídico, lingüístico, económico y sociopolítico, y debe tener el apoyo de los servicios de documentación y de los servicios técnicos, todos ellos dirigidos administrativamente por funcionarios del Parlamento.
2. El Parlamento, por medio de la Mesa, puede contratar los servicios de expertos para tareas especializadas, o si lo requiere el trabajo de las comisiones, a propuesta de su mesa.
1. El Parlamento dispone de una administración propia para cumplir las funciones estatutarias y las que le encomiendan las leyes. Esta administración se regula y organiza por órganos parlamentarios, en ejercicio de la autonomía administrativa de la cámara.
2. La administración parlamentaria y el personal al servicio del Parlamento se rigen por los Estatutos del régimen y el gobierno interiores, que complementan las disposiciones del presente reglamento en lo referente a dicho ámbito organizativo. 3. Los Estatutos del régimen y el gobierno interiores deben ser aprobados por la comisión legislativa competente en materia de función pública.
1. La administración parlamentaria debe actuar de conformidad con los principios de objetividad, eficacia y eficiencia.
2. El personal al servicio del Parlamento debe cumplir sus funciones con sujeción a los principios de profesionalidad e imparcialidad. 3. Los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento deben regular el régimen jurídico del personal al servicio del Parlamento de la forma más adecuada a las especificidades de la actividad y la organización parlamentarias.
1. El secretario o secretaria general del Parlamento, bajo la dirección del presidente o presidenta y de la Mesa del Parlamento, es el jefe superior de todo el personal y de todos los servicios del Parlamento y cumple las funciones técnicas de apoyo y asesoramiento de los órganos rectores del Parlamento, asistido por los letrados del Parlamento.
2. El secretario o secretaria general es nombrado por la Mesa del Parlamento, a propuesta del presidente o presidenta, entre los letrados del Parlamento.
1. El Parlamento debe disponer de medios adecuados en lo referente a las tecnologías de la información y de la comunicación, para aumentar la cantidad y la calidad de la información parlamentaria al alcance de los ciudadanos, definir estrategias sobre participación democrática, impulsar iniciativas relacionadas con el aprendizaje virtual y modernizar la gestión del Parlamento, de cara a incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios que presta, potenciar la racionalización de las formas de trabajo y la conexión con el resto de administraciones y de centros de interés y relevancia públicos.
2. A los efectos de lo dispuesto por el apartado 1, el Parlamento debe firmar convenios de colaboración con entidades que promueven la democracia participativa por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 3. El presupuesto del Parlamento debe disponer anualmente de asignaciones suficientes para atender a las necesidades derivadas del presente artículo.
1. Para efectuar un seguimiento y un control adecuados de la ejecución del presupuesto de la Generalidad y bajo la dependencia de la presidencia de la cámara, se constituye la Oficina Presupuestaria del Parlamento, con las siguientes funciones: a) Asesorar técnicamente a los diputados y a los grupos parlamentarios en relación con la aprobación, el estado de ejecución y la liquidación de los presupuestos de la Generalidad, sus entidades autónomas y sus empresas.
b) Facilitar a los diputados y a los grupos parlamentarios la documentación presupuestaria relacionada con las iniciativas parlamentarias de todo tipo. c) Asesorar a los diputados y a los órganos de la cámara en materias relacionadas con la actividad presupuestaria en otros organismos y países.
2. Mediante la presidencia del Parlamento y con la periodicidad que se determine, los departamentos responsables, las entidades autónomas y las empresas públicas o vinculadas de la Generalidad han de facilitar a la Oficina Presupuestaria toda la documentación que esta requiera.
3. La Mesa del Parlamento, a propuesta del presidente o presidenta, y oída la Junta de Portavoces, designa al director o directora de la Oficina Presupuestaria entre las personas expertas en disciplinas económicas o financieras. El presupuesto del Parlamento debe incluir la dotación del personal experto y de los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones de la Oficina Presupuestaria.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 9, la Mesa del Parlamento ha de emprender las gestiones necesarias con la Seguridad Social para establecer los convenios y determinar las normas especiales de a aplicar, y debe comunicarlo a la Mesa ampliada para que haga efectiva su aplicación.
Quedan derogados el texto refundido del Reglamento del Parlamento de Cataluña de 20 de octubre de 1987, la modificación de 19 de diciembre de 1991 y el apéndice que reúne los criterios interpretativos y las normas supletorias del Reglamento, aprobadas por la Mesa del Parlamento hasta el 22 de diciembre de 2005. Los textos derogados mantienen su condición de precedente.
Las reformas del presente reglamento deben tramitarse por el procedimiento establecido por los artículos 117 y 118, pero sin la intervención del Gobierno.
El presente reglamento entra en vigor el 1 de enero de 2006.
Palacio del Parlamento, 22 de diciembre de 2005.-El Presidente del Parlamento, Ernest Benach i Pascual.-La Secretaria Cuarta, Bet Font i Montanyà.
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