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Convocado por Orden APU/1830/2005, de 30 de mayo, del Ministerio de Administraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado de 16 de junio), concurso de méritos para la adscripción de una plaza de funcionario del Grupo A, de las Administraciones Públicas, al servicio del Tribunal Constitucional.

Este Ministerio, de acuerdo con lo indicado en la base cuarta de la mencionada convocatoria y a propuesta de la excelentísima señora Presidenta de dicho Tribunal, resuelve:

Primero.-Adscribir al servicio del Tribunal Constitucional en la plaza vacante de Documentalista, Grupo A, de las Administraciones Públicas, al funcionario de la Escala de Investigadores Titulares de Organismos Públicos de Investigación don Jorge Páez Mañá, N.R.P. 218344668 A5012.

Segundo.-El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado. Tercero.-El citado funcionario queda adscrito al Tribunal Constitucional por un período de dos años, en las condiciones previstas en el Reglamento de Organización y Personal del mismo y en la base sexta de la Orden de convocatoria del concurso de méritos, pasando a la situación administrativa de servicios especiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2.e) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, no pudiendo participar en ningún concurso que se convoque dentro de los dos años siguientes a su toma de posesión.

Cuarto.-Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde tal publicación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 28 de febrero de 2006.

SEVILLA SEGURA