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Por Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de 11 de enero de 2006 (Boletín Oficial del Estado n.º 14, de 17 de enero de 2006), se determina el número de plazas a proveer a los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas de acceso a la subescala de secretaría, categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Debiéndose distribuir, finalizado el primer ejercicio, dos plazas para el sistema de promoción interna, para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, de conformidad con la base 1.1 de la convocatoria aprobada por Orden APU/3202/2005, de 28 de septiembre de 2005 y con lo dispuesto en el apartado segundo de la Resolución de 11 de enero de 2006, antes mencionada, he resuelto:

Primero.-Asignar al Tribunal n.º 5 de Canarias una plaza, al existir sólo un aspirante que haya superado el primer ejercicio.

Segundo.-Reasignar, en función del número de solicitudes de promoción interna, una plaza sobrante del sistema de promoción interna de opositores con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con lo especificado en la Resolución de 11 de enero de 2006, apartado segundo, al turno ordinario general de promoción interna, incrementando en una plaza las del Tribunal número 1 de Madrid, pasando de 8 a 9 plazas. Tercero.-Efectuada la redistribución, las plazas de todos los tribunales quedan distribuidas en los términos que se recogen en el anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo órgano que la ha dictado, o interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Madrid, 29 de marzo de 2006.-El Director, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.

ANEXO