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Por sentencia firme n.º 260/06 de fecha 20 de octubre de 2006 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, recaída en el procedimiento abreviado n.º 123/2005, Rollo n.º 14/2006, Ejecutoria n.º 12/2007, se condena a doña Dorotea Parrón Céspedes, funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa con destino en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Almería, como autora penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia agravante del art. 22.7.ª y de las atenuantes de los números 5 y 4 del art. 21, todos ellos del Código Penal, esta última como muy cualificada, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con la Administración de Justicia durante el tiempo de la condena y cinco meses de multa con cuota diaria de seis euros y responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas. Considerando que los artículos 491.2 y 443.2.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establecen que la condición de funcionario se pierde «por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme», Este Ministerio acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera de doña Dorotea Parrón Céspedes.

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de su notificación (arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 y arts. 11 y 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.