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El Tribunal de valoración del concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, convocado por Resolución de 29 de octubre de 2007 (publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 286, de 29 de noviembre de 2007), que se rectificó y amplió por Resolución de 14 de diciembre de 2007 (publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 10, de 11 de enero de 2008), reunido el día 29 de febrero de 2008, ha elevado a esta Dirección General propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la base octava de la convocatoria. Esta Dirección General, de acuerdo con la anterior propuesta, según lo dispuesto en la base novena de la convocatoria, cumplidas en la tramitación del concurso las normas reglamentarias establecidas en el citado Real Decreto 1732/1994, modificado por el Real Decreto 834/2003, así como en las bases de la convocatoria, y habiéndose observado el procedimiento debido, en uso de las atribuciones que le confiere el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, ha resuelto:

Primero.-Excluir a los concursantes que a continuación se relacionan, por las causas que asimismo se indican: a) Por haber renunciado en tiempo a los puestos solicitados en el concurso:

b) Por estar incursos en la prohibición contenida en la base segunda, 3 d) de la Resolución de convocatoria:

Segundo.-Excluir de la adjudicación los puestos que a continuación se relacionan, por las causas que asimismo se indican:

Por haberse adoptado resoluciones que alteran la clasificación del puesto, su sistema de provisión o su obligación de mantenimiento como puesto reservado:

Por estar afectado por procedimiento jurisdiccional:

Tercero.-Adjudicar los restantes puestos incluidos en la convocatoria en los términos que se determinan en el anexo.

Se efectúa adjudicación, de acuerdo con la propuesta del Tribunal de valoración, a los funcionarios con habilitación de carácter estatal que, estando obligados a concursar, tal como establece la base segunda de la convocatoria, no han efectuado solicitud alguna, así como a los que aún habiendo concursado, no han solicitado todos los puestos de su subescala y categoría. El resto de los puestos convocados, que no figuran en el anexo de esta Resolución, han quedado desiertos tras la fase de coordinación. Cuarto.-1. El plazo de toma de posesión de los funcionarios nombrados por la presente Resolución será de tres días hábiles a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si se trata de nombramientos para puestos en la misma localidad de su destino actual y de un mes si se trata de primer destino o nombramiento en localidad distinta. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del presente concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación. 2. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados. 3. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión, hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta de tal acuerdo a esta Dirección General. Quinto.-Las Corporaciones Locales deberán remitir a esta Dirección General (Subdirección General de Función Pública Local, plaza de España, 17, 28071 Madrid), y a la Comunidad Autónoma respectiva, copia del acta de toma de posesión y de cese, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan.

Sexto.-Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta Dirección General, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, así como en los artículos 10 i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Madrid, 7 de marzo de 2008.-La Directora General de Cooperación Local, María Tena García.

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