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Por sentencia n.º 10 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha 10 de marzo de 2009, recaída en el Rollo n.º 22/2008, dimanante de los autos de Procedimiento Abreviado n.º 37/2008, procedente del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Gijón, firme al haber sido inadmitido por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 1 de octubre de 2009 el recurso de casación interpuesto contra la misma, se condena a don Marcelino Álvarez Alonso, funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial destinado en el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Gijón, como autor criminalmente responsable de un delito relativo a la corrupción de menores, ya definido, concurriendo la atenuante analógica de enajenación, a la pena de cuatro años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Considerando que en el artículo 443.2.f), en relación con el artículo 491.2, de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se establece que la condición de funcionario se pierde «por condena a pena privativa de libertad superior a tres años por razón de delito doloso».

Este Ministerio, en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 494 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Marcelino Álvarez Alonso, con D.N.I n.º 11.410.342, con efectos del día de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 30 de noviembre de 2009.–El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez.