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El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, creó el Ministerio de Cultura. El artículo 1.1 del Real Decreto 1132/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura, establece que es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política cultural. El artículo 6.1 de dicho Real Decreto establece que corresponde a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas el fomento de la conservación del patrimonio documental y su promoción y difusión nacional e internacional.
La Constitución Española atribuye la competencia al Estado en la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas y el artículo 149.2 de la Constitución Española determina que el Estado «considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas».
Las ayudas contempladas en la presente convocatoria demandan una regulación unitaria de todos sus aspectos. La gestión centralizada de las mismas se justifica por el especial carácter de las medidas que se contemplan. En este sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones, corresponde al Estado la gestión en los casos en que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación básica del sector. Resulta necesaria la gestión centralizada de estas ayudas para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, coadyuvando a la preservación del patrimonio documental común a través de actividades desarrolladas a un nivel suprautonómico, nacional o internacional. A los efectos de garantizar una adecuada gestión por parte de las Comunidades Autónomas se ha previsto su participación en la Comisión de Valoración y Asesoramiento de las ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos. De hecho, al definir el objeto de esta subvención, el posible beneficiario y los motivos de exclusión, en los apartados primero, segundo y tercero respectivamente, esta convocatoria establece la necesidad de que los proyectos sean de ámbito nacional, o al menos tengan un alcance superior al de una Comunidad Autónoma. La presente convocatoria, además, ha sido sometida a deliberación en la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura.
La Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre de 2010), establece las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el punto tercero, apartado 2, de la citada orden, previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, he tenido a bien disponer:
Primero. Objeto y finalidad.
1. Objeto.–Por la presente orden se convoca para el año 2011 la concesión de ayudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), en régimen de concurrencia competitiva, a entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos de ámbito nacional o de ámbito al menos superior al de una Comunidad Autónoma que redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros archivos, cuyos fondos documentales constituyen un testimonio único del proceso histórico de vertebración del Estado y de la cultura española y de su proyección internacional.
Esta convocatoria se destina a los proyectos archivísticos que se realicen en el plazo de un año, a contar desde la fecha de publicación de la resolución de concesión en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Finalidad.–Estas ayudas tendrán como finalidad la financiación de Trabajos de descripción, reproducción, conservación, restauración identificación, valoración, y recuperación de documentos. Los proyectos de descripción obligatoriamente se realizarán con el software proporcionado por la Subdirección General de los Archivos Estatales, según el punto 5 del apartado decimotercero.
Los conceptos de gasto subvencionables por esta convocatoria son:
a) Personal para la realización del proyecto objeto de subvención, de acuerdo con las siguientes modalidades:
Personal ajeno a la entidad: contratación de personal específicamente para la realización del proyecto.
Personal propio de la entidad: remuneración de personal técnico del archivo vinculado a la entidad. No se admitirá en ningún caso la remuneración del personal técnico del archivo que no se haya dedicado en exclusividad a la realización del proyecto. Tampoco se admitirá la remuneración del personal fijo de la entidad que no realice tareas específicas de archivo.
b) Contratación de servicios externos para la realización del proyecto objeto de subvención.
c) Adquisición de bienes fungibles.
d) Dietas de viaje, siempre que sea inexcusable la realización del viaje para el desarrollo del proyecto. Para estos gastos se tomarán como referencia los límites fijados por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
e) El porcentaje de actividad subvencionada, además, nunca podrá suponer más del 70 por ciento del total del presupuesto del proyecto, de tal forma que las entidades solicitantes habrán de aportar al menos un 30 por ciento de financiación propia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo décimo para los supuestos de reformulación y en los términos previstos en el artículo 15.1 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre.
Segundo. Requisitos y exclusiones de los proyectos.
1. Requisitos.–Se consideran requisitos imprescindibles para que un proyecto pueda concurrir, los siguientes:
1.1 El proyecto debe ser de contenido archivístico.
1.2 El proyecto ha de tener alcance nacional o al menos superior a una Comunidad Autónoma.
1.3 Que los fondos objeto del proyecto archivístico no se custodien en archivos de cualesquier administraciones, organismos o instituciones públicos.
1.4 Que el proyecto archivístico se aplique exclusivamente para las tareas de descripción, reproducción, conservación, restauración, identificación, valoración, y recuperación de documentos objeto de dicho proyecto.
1.5 Que el proyecto archivístico se pueda concluir en el plazo de un año, a contar desde la fecha de publicación de la resolución de concesión en el Boletín Oficial del Estado. Si el proyecto se engloba dentro de otro más amplio se solicitará ayuda exclusivamente para la parte del proyecto que pueda desarrollarse dentro de este plazo.
1.6 Que la entidad solicitante tenga naturaleza jurídica privada.
2. Exclusiones.–Quedan excluidos expresamente de la ayuda regulada en esta orden:
a) Los gastos corrientes generales de funcionamiento de los archivos, tales como agua, luz, teléfono, etc.
b) Los gastos protocolarios y de representación. Los gastos derivados de actividades de difusión, publicidad o propaganda. Los gastos financieros, de amortización, o por tributos.
c) La celebración de exposiciones, congresos, jornadas, reuniones y actos de similar naturaleza.
d) Los proyectos cuyo contenido y alcance sea primordialmente local o únicamente se refiera a una Comunidad Autónoma.
e) Los proyectos de contenido bibliográfico, hemerográfico, museográfico, o propio de otras disciplinas no archivísticas.
f) El proyecto presentado por una entidad que no se encuentre al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se entenderá que los beneficiarios o entidades colaboradoras se encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo o, en el caso de beneficiarios o entidades colaboradoras contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.
Tercero. Beneficiarios.–Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos archivísticos cuyo objeto sea documentación de interés nacional o de interés al menos superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y su proyección internacional (en aplicación del art. 149.2 de la Constitución), siempre que estando legalmente constituidas, cumplan los requisitos y no se encuentren incursas en ninguna de las exclusiones contempladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Igualmente, los beneficiarios de las ayudas deben estar al corriente en sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, y en las obligaciones por reintegro de subvenciones de conformidad con los criterios detallados en los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 2.3 de la Orden CUL//2912/2010, de 10 de noviembre.
Para poder concurrir a estas ayudas, las entidades deberán acreditar que están válidamente constituidas e inscritas en el registro público correspondiente en la fecha en que se presente la solicitud.
Cuarto. Imputación presupuestaria.–El importe de las ayudas convocadas será, como máximo, de 253.800 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 24.04.332A.486 del programa «Archivos» del presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura para el año 2011.
Quinto. Concurrencia de ayudas.–Esta subvención será compatible con otras ayudas de organismos o instituciones públicos o privados para la misma actividad, siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada, en los términos previstos en el artículo 15.1 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre. Dicha compatibilidad es independiente de la obligatoriedad, establecida en el apartado e) del artículo 2 de esta convocatoria, de aportar al menos un 30 % de financiación propia.
El beneficiario está obligado a comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales, así como de toda entidad o institución privada.
Esta ayuda es compatible con el mercado en los términos previstos por la normativa comunitaria.
Sexto. Régimen de concesión.–La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad.
Séptimo. Presentación de solicitudes, documentación y subsanación de errores.
1. Solicitudes.
1.1 Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo oficial que figura como anexo I de la presente orden, cumplimentándose enteramente a máquina o con mayúsculas, y deberán dirigirse al Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas. El modelo de solicitud, así como los anexos de la orden requeridos como documentos específicos, deberán ser cumplimentados en su totalidad.
1.2 Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de las siguientes vías:
a) En el Registro General del Ministerio de Cultura, plaza del Rey, 1, 28004 de Madrid.
En las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En las oficinas de Correos de España (con el sobre abierto para que pueda ser sellado su interior, del modo que se indicará en las propias oficinas de Correos).
Por cualquiera de los otros medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En cualquier caso, a efectos de determinar la fecha de su presentación, en la solicitud deberá figurar el sello de entrada de la oficina de registro correspondiente.
No se admitirá como medio de presentación de las solicitudes los servicios de mensajería privados ni los servicios de correos extranjeros.
b) Asimismo, las solicitudes podrán presentarse electrónicamente, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Cultura (http://www.mcu.es/registro), de acuerdo con lo establecido en el art. 24 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos, así como en la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre). El procedimiento para la solicitud de las ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Cultura ha sido expresamente incluido en el ámbito del mismo por medio de dicha orden. En la página web antes citada se recoge la información necesaria para completar la solicitud.
1.3 Plazo de presentación.–El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Documentación.–A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación administrativa y específica, en idioma castellano o traducida al mismo cuando corresponda.
2.1 Documentación administrativa:
a) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad. Los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español deberán presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.
b) Copia compulsada del acta fundacional de la entidad con sus correspondientes modificaciones.
c) Copia compulsada de los estatutos vigentes de la entidad, así como de las modificaciones que haya habido.
d) Copia compulsada de la certificación de inscripción en el registro público correspondiente. La entidad debe estar inscrita en el registro correspondiente en la fecha de presentación de la solicitud.
e) Copia compulsada del documento acreditativo de que la persona que suscribe la solicitud ostenta actualmente la representación o actúa con poder suficiente. En el caso de las fundaciones, como norma general, este documento acreditativo será el certificado emitido por el Registro de Fundaciones correspondiente, en el que se identifique a la persona representante, y la vigencia de su nombramiento. Si el solicitante actuase como mandatario, deberá justificar, mediante poder notarial, dicha cualidad y representación.
f) Declaración responsable original firmada por el representante legal de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para recibir subvenciones de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, conforme al modelo del anexo V.
g) Declaración responsable original de estar al corriente en lo relativo a las obligaciones por reintegro de subvenciones según los criterios establecidos en los artículos 21 y 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. La declaración se ajustará al modelo del anexo VI.
h) Declaración responsable original firmada por el representante legal de las subvenciones o ayudas que se han solicitado para esta misma finalidad, a cualesquiera Administración Pública o institución pública o privada, indicando cuáles se han concedido y cuáles no, así como las cuantías solicitadas, conforme al modelo del anexo VII. En este caso, deberá presentarse dicha declaración para cada uno de los proyectos presentados.
i) Certificación administrativa original, expedida a efectos generales o a efectos de la Ley General de Subvenciones, por la administración correspondiente de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, con fecha actual (del mismo mes en que se publique esta convocatoria, o posterior). O bien, si la entidad no tiene trabajadores, certificación administrativa expedida por la Seguridad Social de inexistencia de inscripción como empresario en el sistema de la Seguridad Social y declaración jurada de no tener trabajadores a su cargo.
j) Certificación administrativa original, expedida a efectos generales o a efectos de la Ley General de Subvenciones, expedida por la administración correspondiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con fecha actual (del mismo mes en que se publique esta convocatoria, o posterior).
En el caso de las instituciones de carácter religioso y en cuanto a los documentos exigidos en los apartados b), c) y d) se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas y a la Resolución de 11 de marzo de 1982, de la Dirección General de Asuntos Religiosos, sobre inscripción de entidades de la Iglesia Católica en el Registro de Entidades Religiosas.
En caso de presentación telemática de la solicitud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 de la LGS, la misma conllevará la autorización al órgano gestor para recabar de forma directa los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. En los restantes supuestos, el solicitante podrá autorizar expresamente al órgano gestor para que recabe el certificado acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante declaración al efecto contenida en el anexo IV de la solicitud.
2.2 Documentación específica:
a) Memoria descriptiva detallada del proyecto archivístico para el que se solicita ayuda, realizado conforme el modelo del anexo II.
Este modelo, que debe cumplimentarse enteramente, podrá ser completado por una explicación más detallada del proyecto a desarrollar, que tendrá una extensión máxima de 4 páginas.
Dentro de la memoria del proyecto se incluirá un presupuesto realizado según el modelo del anexo II, en el que se desglosen los ingresos y gastos para la ejecución de la actividad.
b) Memoria descriptiva de los servicios que se prestan en el archivo de la entidad, realizada conforme al modelo del anexo III.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su entidad, a juicio de la Comisión de Valoración, la inadmisión de la solicitud de la subvención, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
Conforme a lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones, si los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En caso de que la entidad solicitante desee acogerse a esta posibilidad, deberá presentar una declaración responsable en la que se hagan constar los datos identificativos de la entidad, organismo de la Administración actuante y fecha en que se presentaron los documentos requeridos en la presente convocatoria, y desde esa fecha hasta el día de presentación de la solicitud de estas ayudas. En particular, los documentos administrativos a los que se refiere este derecho son: la escritura de Constitución de la entidad, los Estatutos y sus modificaciones, la certificación de inscripción en el registro público correspondiente y la Tarjeta de Identificación Fiscal. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley General de Subvenciones, la documentación administrativa requerida podrá ser sustituida por una declaración responsable del solicitante otorgada ante una autoridad administrativa o notario público salvo en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias y con la Seguridad Social. Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión, será requerida la presentación –en un plazo no superior a quince días hábiles– de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.
En el caso de que la presentación de la solicitud se realice a través del Registro Electrónico del Ministerio de Cultura, la solicitud se cumplimentará utilizando la aplicación informática preparada al efecto. Los documentos entregados mediante el Registro Electrónico tendrán la consideración de copias simples, por lo que el órgano instructor podrá solicitar el original a los efectos de comprobar su autenticidad, tal y como permite el artículo 24.2 de la Ley General de Subvenciones, en relación con el artículo 46.3 de la Ley LRJAP-PAC. A solicitud del interesado, el documento original podrá ser devuelto a su titular, una vez finalizada la labor de comprobación.
3. Cada entidad únicamente podrá presentar un proyecto por convocatoria. En el caso de que un mismo solicitante presente varios proyectos, se le requerirá para que comunique cual de los proyectos presentados desea mantener en su solicitud.
4. Subsanación.
4.1 Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificación o alguno de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley LRJAP-PAC, se requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 42 de la misma Ley.
4.2 Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la persona o entidad solicitante para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la LRJAP-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a la tramitación de la solicitud.
Octavo. Instrucción del procedimiento y criterios de valoración.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Subdirección General de los Archivos Estatales.
2. Comisión de Asesoramiento y Valoración.–Las solicitudes y documentación presentadas serán estudiadas por una Comisión de Asesoramiento y Valoración que estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien podrá delegar en el Vicepresidente.
Vicepresidente: El Subdirector General de los Archivos Estatales.
Secretario: Un funcionario de carrera de la Subdirección General de los Archivos Estatales, con voz, pero sin voto.
Vocales: Cinco funcionarios de carrera del Ministerio de Cultura, más tres vocales en representación de las Comunidades Autónomas designados siguiendo los criterios establecidos por la conferencia sectorial de Cultura.
Todos los vocales y el secretario serán nombrados por el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
La condición de vocal tiene carácter personal, no pudiendo actuar por delegación ni ser sustituido.
La Comisión de Asesoramiento y Valoración podrá recabar el dictamen de los expertos que considere oportuno para valorar la calidad de los proyectos evaluados.
Los vocales que no perciban remuneraciones fijas ni periódicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tendrán derecho a las gratificaciones que procedan por su labor de asesoramiento conforme a las disponibilidades presupuestarias lo permitan y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento.
Serán funciones de la Comisión:
a) Informar y valorar las solicitudes, de acuerdo con los criterios de valoración determinados en el punto siguiente.
b) Valorar su interés y proponer la adjudicación de las ayudas.
La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia del Presidente y del Secretario y de la mitad al menos de sus miembros, conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley LRJAP-PAC. En lo no previsto en la presente orden, el funcionamiento de la Comisión se ajustará al régimen establecido en el Capítulo II del Título II de la citada Ley LRJAP-PAC.
3. Criterios de valoración.–Para la concesión y adjudicación de esta ayuda, siempre que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en esta orden y no se halle incurso en ninguna de las causas de exclusión previstas en dichos apartados, se llevará a cabo un proceso de selección. La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes en dos fases. Para ello, se ponderarán las distintas solicitudes, y sólo pasarán a la segunda y última fase aquellas solicitudes que alcancen en la primera fase un mínimo de cincuenta puntos, quedando excluidas el resto de solicitudes. En la segunda fase se establecerá una nota de corte a partir de la cual se concederán subvenciones a los proyectos presentados. Los criterios de valoración serán los siguientes:
a) Interés del proyecto archivístico: se tendrá en cuenta éste en relación con los fondos documentales objeto de la actividad para la que se solicita ayuda, así como la finalidad e incidencia social del proyecto. En el caso de que el solicitante hubiera recibido una subvención el año anterior para el mismo proyecto para el que la solicita en la presente convocatoria, se valorará la calidad de ese trabajo desarrollado el año anterior. Este criterio supondrá como máximo el 60 por ciento de la valoración total.
b) La calidad de los servicios prestados por el archivo de la entidad, su experiencia y trayectoria. Este criterio supondrá como máximo el 20 por ciento de la valoración total.
c) El coste del proyecto y su viabilidad económica, que supondrá como máximo el 20 por ciento de la valoración total. Se juzgará en sentido positivo la fiel y correcta valoración de las partidas contenidas en el presupuesto y la elaboración de éste con arreglo a los principios de economía y eficiencia.
Por otra parte y con objeto de poder hacer uso de la previsión contenida en el art. 63.3, del Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Comisión de Valoración realizará una relación ordenada en la que se incluyan todas las solicitudes que hayan superado la primera fase del proceso, con una indicación de la puntuación que hayan obtenido a lo largo de las dos fases. De esta forma, si alguno de los solicitantes que hubiera resultado beneficiario de una subvención renunciara a la misma, la Comisión de Valoración, sin necesidad de una nueva convocatoria, podrá proponer la concesión de dicha subvención al solicitante o solicitantes que estuvieran en primer lugar en dicha relación jerarquizada aportada por la Comisión de Valoración y que no hubieran resultado beneficiarios de subvención en un primer momento. En este supuesto, se comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días.
Noveno. Propuesta de resolución.
1. La Comisión de Valoración, tras la comparación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes.
2. Visto lo anterior, la Subdirección General de los Archivos Estatales formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así como, en su caso, la relación ordenada elaborada por la Comisión de Valoración a que hace referencia el apartado octavo de esta orden en su punto 3, especificando en ambas su valoración y los criterios seguidos para efectuarlos. Dicha propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios, para que comuniquen por escrito su aceptación. En caso de no recibirse la aceptación dentro del plazo marcado, se presumirá la renuncia del potencial beneficiario.
La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no sea notificada la resolución de concesión.
Décimo. Reformulación.
1. Cuando en la propuesta de resolución provisional el importe de la subvención sea inferior al que figura en la solicitud presentada se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud, en un plazo de 10 días, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable debiendo identificar, de entre las actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene y que serán objeto de subvención.
2. En todo caso la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención y deberá contar con la conformidad de la Comisión de Valoración, debiendo mantenerse el porcentaje de un 30 por ciento de financiación propia previsto en el apartado primero, artículo 2 e) de esta convocatoria.
Undécimo. Resolución.
1. Una vez aprobada y notificada la propuesta de resolución definitiva, el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas resolverá el procedimiento. El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas es competente para la resolución del procedimiento por delegación de la Ministra de Cultura conforme a la disposición segunda 3C de la Orden Ministerial CUL/2165/2009, de 14 de julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura.
2. La resolución deberá ser motivada, debiendo quedar, en todo caso, acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley General de Subvenciones. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria.
Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá que es desestimatoria de la concesión de la ayuda, por lo tanto el silencio administrativo tendrá carácter negativo, lo que habilitará al solicitante a interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
3. En la orden de resolución que se dicte, conforme al art. 30.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se harán constar la convocatoria y la identificación de las ayudas, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, el nombre y número de identificación fiscal de los beneficiarios, la finalidad o finalidades de las mismas y el importe concedido. Igualmente se hará constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes. Asimismo podrá contener la relación ordenada a que hace referencia el apartado octavo de esta orden en su punto 3. La orden de resolución se notificará a los interesados y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
4. La orden de resolución pondrá fin a la vía administrativa. Contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, la citada resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Duodécimo. Pago y justificación de las ayudas concedidas.
1. La ayuda concedida se hará efectiva mediante pago anticipado a la realización y justificación del trabajo o actividad, una vez dictada la orden de resolución de concesión de la misma, no siendo necesaria la constitución de garantía.
No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se encuentre, en ese momento, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, según lo estipulado en el art. 34.5 de la Ley General de Subvenciones. Será condición indispensable que el beneficiario figure dado de alta en el Tesoro Público, a efectos de su cobro obligatorio por transferencia.
2. La entidad beneficiaria estará obligada a justificar la ejecución del 100 por cien del gasto presupuestado en el proyecto presentado con la solicitud, y no únicamente la parte subvencionada. En dicha justificación deberá acreditarse, con facturas y justificantes originales, tanto la efectiva salida de fondos, como que la misma se produjo dentro del plazo previsto para la ejecución del proyecto en el artículo segundo de esta orden.
3. La justificación de la subvención se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
4. En el caso de que no se justificara la ejecución del total de la actividad, el beneficiario deberá reintegrar un porcentaje del total subvencionado que sea equivalente al porcentaje del presupuesto global no ejecutado.
5. Con carácter general la justificación de la subvención por el beneficiario se atendrá a lo dispuesto en el artículo 12 de Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre.
6. Para subvenciones por importe inferior a 60.000 euros, la justificación se realizará mediante la presentación de la cuenta justificativa simplificada, que se detalla a continuación, regulada en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 12.4 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.
La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
Una memoria económica, que incluya una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
Mediante la técnica de muestreo estratificado combinado el órgano concedente requerirá a los beneficiarios los justificantes que estime oportunos a fin de obtener evidencia razonable de la adecuada aplicación de la subvención. Estos justificantes supondrán, al menos, el 25% de la cantidad subvencionada, en los términos previstos en el artículo 12.4 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre.
Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas con otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse la procedencia y aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada. En caso contrario, se presentará una declaración de no haber recibido otras ayudas que financien el mismo proyecto.
7. La justificación de la subvención concedida se efectuará en los tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, y se presentará ante la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, que procederá a su examen inicial, de acuerdo a los criterios y procedimientos de actuación fijados por la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del citado Departamento, competente para la aprobación posterior de la justificación, y en su caso para la exigencia del reintegro. Todo ello sin perjuicio del control a realizar por la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Decimotercero. Obligaciones de los beneficiarios.–Los beneficiarios de la ayuda quedarán obligados a:
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, en el plazo de un año a contar desde la fecha de publicación de la orden de resolución de concesión en el «Boletín Oficial del Estado», sin que quepa cambio o modificación alguna del objeto o finalidad para la que se concedió. En cualquier caso, toda incidencia que suponga modificación del programa inicial de la actividad, deberá comunicarse para su autorización al Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, dentro del año correspondiente a la convocatoria.
2. Como queda expuesto en el apartado primero, punto 2, apartado e) de la presente orden, se deberá financiar, al menos, un 30 por ciento del total del presupuesto del proyecto.
3. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, naciones o internacionales, así como de toda entidad o institución privada.
4. Las entidades beneficiarias de estas ayudas quedan obligadas a garantizar el acceso público a sus fondos en las condiciones que se establezcan conjuntamente con el Ministerio de Cultura.
5. Los proyectos de descripción obligatoriamente se realizarán con el software proporcionado por la Subdirección General de los Archivos Estatales, basado en la norma ISAD-G, a fin de permitir la migración de los datos al sistema PARES (Portal de Archivos Españoles) del Ministerio de Cultura. Asimismo, en los proyectos de reproducción también habrá de emplearse la citada aplicación informática para grabar el instrumento de descripción asociado a los documentos reproducidos. Igualmente, el beneficiario deberá atenerse a las instrucciones referentes a la aplicación informática para la remisión de las imágenes digitalizadas. El Ministerio de Cultura previa firma de un convenio de licencia de uso, cederá a la entidad beneficiaria, con carácter no transferible y no exclusivo, el uso del programa de grabación de instrumentos de descripción conforme a las normas internacionales de descripción archivística, debiendo estar a lo dispuesto en los arts. 50 y 99 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril. La entidad beneficiaria cederá todos los productos de la actividad subvencionada susceptibles de reproducción y difusión para los fines propios de los Archivos y del Ministerio de Cultura, en los términos previstos en el convenio, y en todo caso las bases de datos resultantes de los trabajos de descripción y reproducción a fin de permitir su acceso on line.
6. La entidad beneficiaria entregará a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas una copia del trabajo desarrollado y cualquiera que haya sido el proyecto realizado (proyecto de reproducción, proyecto de descripción, proyecto de recuperación de documentos, etc.).
7. La entidad beneficiaria, mediante la aceptación de la ayuda propuesta cederá formalmente al Ministerio de Cultura los derechos de reproducción, comunicación pública y transformación en el medio de Internet de todos los elementos que constituyen el resultado del proyecto realizado, se entregue dicho resultado en el soporte que fuere (digital, microfilm, papel, o cualquier otro). Asimismo, se autoriza al Ministerio de Cultura a la difusión de dichas reproducciones para la consecución de sus fines. Será obligación de la entidad beneficiaria responder legal y económicamente de las reclamaciones, demandas o cualquier otra pretensión contenciosa ejercitada por terceros en relación al objeto del convenio, en especial sobre las referidas a los derechos de propiedad intelectual.
8. En toda acción, publicada o no, así como cualquier publicación de carácter electrónico, incluida Internet, que resulte de las actividades a las que se haya concedido esta ayuda se deberá hacer constar de forma expresa el patrocinio del Ministerio de Cultura, incluyéndose el logotipo del Ministerio de Cultura, que podrá solicitarse a la Subdirección General de los Archivos Estatales. Además del logo, en las publicaciones se incluirá la leyenda «Esta actividad ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura».
9. La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas queda autorizada para difundir sin limitación alguna y sin perjuicio del convenio, a través de su página Web, o por cualquier otro medio, la información proporcionada por las entidades beneficiarias en el anexo III.
10. Los beneficiarios quedarán sujetos adicionalmente al resto de obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
Decimocuarto. Verificación y control.–El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Asimismo, quedará sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
Decimoquinto. Responsabilidad, régimen sancionador y reintegros.
1. Los beneficiarios de la ayuda quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de ayudas establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por la que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
2. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Dentro de sus competencias referentes a la comprobación de la actividad subvencionada, el órgano instructor evaluará el grado de cumplimiento del proyecto subvencionado. En el supuesto de incumplimiento parcial, según lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad. Si el órgano instructor, atendiendo al proyecto presentado en la solicitud, determinase que el proyecto no se ha realizado en su totalidad, sino que se ha desarrollado una parte del mismo, estimará en términos porcentuales qué parte ha realizado, y qué parte no. Y se aplicará esa relación a la cantidad total que debía justificar el beneficiario, a efectos de reintegrar el porcentaje correspondiente a la parte que no se haya desarrollado.
3. Asimismo, el beneficiario podrá, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, sin previo requerimiento de la Administración efectuar la devolución voluntaria. La devolución se realizará a través del modelo 069, que obtendrá en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Una vez que la Delegación haya expedido el documento, se deberá realizar el pago a través de entidades colaboradoras.
En este caso, se remitirá a la Subdirección General de los Archivos Estatales original o copia compulsada del resguardo.
La concurrencia a esta convocatoria implica la aceptación de lo dispuesto en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, y en la presente orden.
Decimosexto. Normativa aplicable.–En la tramitación de la presente convocatoria serán aplicables la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos.
Decimoséptimo. Recurso.–Esta orden pone fin a la vía administrativa. Contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, la citada orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Decimoctavo. Entrada en vigor.–La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de mayo de 2011.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden CUL/ 2165/2009, de 14 de julio), el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez.
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