Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla, sobre atención a menores extranjeros no acompañados, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 21 de junio de 2011.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo e Inmigración, José Luis de Ossorno Almécija.
En Madrid, a 29 de abril de 2011.
De una parte, don Valeriano Gómez Sánchez, Ministro de Trabajo e Inmigración, nombrado por Real Decreto 1325/2010, de 20 de octubre («Boletín Oficial del Estado» número 255, de 21 de octubre), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 12), sobre competencias para celebrar Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.
De otra parte, doña María Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad, nombrada por Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME extraordinario número 13, de 16 de julio), debidamente facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME número 14, de miércoles 25 de julio de 2007).
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
La Constitución española enumera los principios rectores de la política social y económica haciendo mención a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad.
El desarrollo normativo, en este ámbito de protección de menores, de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por España en 1990, se ha materializado en el ámbito estatal con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de aplicación a todos los menores de 18 años que se encuentren en territorio español y que establece, en su artículo 10, que los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas, la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, lo que asimismo, viene recogido en el artículo 11 de la misma norma como principio rector de la acción administrativa en lo que hace a protección jurídica del menor. El artículo 2 de la misma Ley establece, que, en aplicación de la misma, primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Por otra parte, España ha firmado y ratificado diversos Convenios Internacionales en materia de protección del menor, en particular la Convención sobre los derechos del niño.
El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003, 14/2003 y 2/2009, establece que, en los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a menores indocumentados, además de dárseles la atención inmediata que precisen, por los servicios competentes de protección de menores, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que pondrá a esos menores a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en que se halle. Asimismo, en la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, el artículo 35.5 determina que la Administración General del Estado, teniendo en cuenta el interés superior del menor, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España bajo la tutela de los servicios de protección de menores competentes.
El artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/95, establece, en su punto 1.18 que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre «Asistencia social», comprendiendo esas competencias, según el punto 2 del mismo artículo, las facultades de administración, inspección y sanción, y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.
Así, por Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social, se traspasan entre otras funciones y servicios, la protección y la tutela de menores, la ejecución de las medidas dictadas por los jueces de menores, incluyendo la dirección, inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores, subrogándose la Ciudad en los Convenios suscritos por la Administración General del Estado con ONG para atender a los menores tutelados. También se traspasan las funciones correspondientes al Departamento de Menores.
La llegada y permanencia de menores extranjeros no acompañados a su territorio, no sólo los que se encuentran ya tutelados por la Ciudad sino también los que, de manera periódica y constante acceden a ella por cortos periodos de tiempo, requiere la disponibilidad de unos recursos que den respuesta a sus necesidades específicas y que no pueden ser satisfechas por los medios regulares.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge, en su Título I, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas, entre los que se señala el de prestar la cooperación y la asistencia activa que las Administraciones pudieran recabar mutuamente para el eficaz ejercicio de las competencias.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el Presente Convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
El presente Convenio de colaboración tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla para mejorar la atención proporcionada en los centros de menores extranjeros no acompañados que se encuentren en territorio de esa Ciudad.
1. Es obligación de la Ciudad de Melilla prestar una atención adecuada a los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en su territorio, ya estén sujetos o no a la tutela de la Ciudad, comprometiéndose a poner en marcha las siguientes actuaciones:
– La atención inmediata y acogida de los menores extranjeros no acompañados o de aquellos cuya minoría de edad no pueda ser establecida en el momento de su llegada al territorio de la Ciudad de Melilla, a través de la provisión de servicios de alojamiento y de atención adecuados a las características y necesidades específicas de los menores.
La atención se dispensará respetando el vigente marco normativo aplicable a los menores extranjeros no acompañados y, en particular, lo establecido al efecto por la Ley Orgánica 1/1996, de Ley de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003, 14/2003 y 2/2009, y por el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social así como por los Convenios Internacionales en materia de protección del menor firmados por España.
– La información, orientación y apoyo psicosocial del menor, su escolarización y/o su inserción profesional mediante la disponibilidad de personal debidamente cualificado.
– La aportación, con carácter periódico, de información y datos relativos a los menores extranjeros no acompañados que residan en su territorio y sobre las actuaciones llevadas a cabo al amparo del presente Convenio, en el marco de lo previsto por los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. El Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración se compromete a:
– Colaborar con la Ciudad de Melilla en la acogida y atención a los menores extranjeros no acompañados.
– Prestar la asistencia técnica que la ejecución del Convenio requiera, facilitando para ello el asesoramiento técnico pertinente y la información necesaria y apoyando las actuaciones llevadas a cabo por la Ciudad de Melilla.
– Promover el intercambio y difusión de cuanta información, conocimientos y experiencias se posea para la mejor atención a esos menores y la adecuación de los recursos a las necesidades de cada momento.
El plazo para ejecutar estas actuaciones finalizará el 31 de diciembre de 2011.
El coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio es de ocho millones ciento sesenta y seis mil quinientos noventa euros con cincuenta y dos céntimos (8.166.590,52 €).
Dicho coste se cofinanciará por las dos partes de acuerdo con la siguiente distribución:
El Ministerio de Trabajo e Inmigración aporta como participación a la financiación de este convenio la cantidad de un millón novecientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y siete euros con cero céntimos (1.943.337,00 €), consignada en la Aplicación Presupuestaria 19.07.231H.455.01, con cargo al presupuesto de gastos de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración.
Esta aportación se transferirá a la Ciudad de Melilla a la firma del Convenio.
La Ciudad de Melilla aporta como participación a la financiación de este convenio la cantidad de seis millones doscientos veintitrés mil doscientos cincuenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos (6.223.253,52 €), que será consignada en las Aplicaciones Presupuestarias relacionadas en el anexo a este Convenio, con cargo al presupuesto de gastos de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
La Ciudad de Melilla se compromete a destinar todos los fondos sujetos al desarrollo de este convenio y aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a las actuaciones indicadas en la cláusula segunda.
La Ciudad de Melilla entregará en el plazo de un mes, a contar desde la finalización del plazo de ejecución de las actividades previstas, y en virtud de lo establecido en Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante RD 887/2006, de 21 de julio, y vigente desde el 25 de octubre, en su disposición adicional novena, una Memoria de Actuación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, en la que se refleje, de forma detallada, las actuaciones llevadas a cabo y los recursos empleados para su ejecución, en cumplimiento de las obligaciones expuestas en la cláusula segunda del presente Convenio.
La Ciudad de Melilla, igualmente, en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de ejecución de las actividades previstas, un certificado de gasto de las actividades realizadas emitido por la Intervención u órgano de control equivalente, así como una Memoria Económica en la que se desglose el gasto de las actividades realizadas, referida al importe correspondiente al crédito transferido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. La justificación de los gastos se realizará de manera diferenciada de otras aportaciones, si las hubiera, que se hayan recibido para la misma actividad.
La Memoria Económica acreditará, de forma detallada, la realización de las actuaciones a las que se ha comprometido y los conceptos de gasto correspondientes a cada una de ellas y que, de manera explícita, quedan expuestas en la cláusula segunda del presente Convenio.
La Ciudad de Melilla deberá reintegrar el exceso de la aportación recibida del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en caso de que el coste de las actuaciones realizadas sea inferior a la misma, según queda recogido en el artículo 34 del Reglamento de Subvenciones.
El incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará aparejado el reintegro en las condiciones prevista en el artículo 37 de dicha Ley.
El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta el 31 de enero de 2012, fecha en que finaliza el plazo para presentar la documentación justificativa señalada en la cláusula cuarta.
Se creará una Comisión de Seguimiento, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en la aplicación del presente convenio. Esta Comisión estará integrada por dos representantes de la Ciudad y dos de la Administración General del Estado, uno de ellos será designado por la Delegación del Gobierno en la Ciudad.
Esta Comisión de Seguimiento tendrá el carácter de órgano mixto colegiado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.3 y 22 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión estará presidida por el miembro de la misma designado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y actuará de secretario quien designe la Ciudad de Melilla entre sus representantes en la citada Comisión.
El régimen de funcionamiento y los acuerdos de la Comisión se ajustarán a lo establecido en el capítulo II, Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Será causa de resolución del Convenio el incumplimiento acreditado de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes.
El incumplimiento de las obligaciones, por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración, determinará, para éste, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra parte. El incumplimiento de las obligaciones, por parte de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla, determinará, para ésta, la obligación de restituir al Ministerio de Trabajo e Inmigración las cantidades que se hubieran percibido injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actuaciones referidas.
En el supuesto de resolución por incumplimiento de lo convenido, las actuaciones que se hallen en curso se llevarán a término, no iniciándose ninguna nueva a partir de la fecha de denuncia del Convenio.
El presente convenio queda excluido de la aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del. Sector Público, aplicándose los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las controversias que pudieran surgir, que no queden resueltas en el seno de la Comisión a que se refiere la cláusula Cuarta de este convenio, se someterán a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y, en prueba de conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente Convenio, en duplicado ejemplar, en lugar y la fecha indicados.–Por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anna Terrón i Cusí, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (P.D. Orden Comunicada sobre Delegación de Firma de 3 de febrero de 2011).–Por la Ciudad de Melilla, María Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
