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Por sentencia n.º 126/2009 de la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 19 de noviembre de 2009, dictada en el rollo n.º 1/2009, Procedimiento Especial del Tribunal del Jurado 1/2007 procedente del Juzgado de Instrucción n.º 22 de Madrid, ya firme al haberse desestimado el recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por sentencia n.º 13/2010 de 23 de julio de 2010, y haberse declarado no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional interpuesto ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por sentencia n.º 125/2011 de 28 de febrero de 2011, se condena a don Antonio Navarro Caballero, funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Torrelavega (Cantabria), como autor responsable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, además de otras, a la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de cuatro años.

Considerando que en el artículo 443.2.d), en relación con el artículo 491.2, de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se establece que la condición de funcionario se pierde «por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme».

Este Ministerio, en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 494 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Antonio Navarro Caballero, con DNI n.º 20194762A, con efectos del día de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 17 de mayo de 2011.–El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez.