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La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estima en Sentencia n.º 376, de 2 de abril de 2009, el recurso contencioso-administrativo, especial de Protección de Derechos Fundamentales número 1115/2008, interpuesto por doña Carolina González Ródenas, sobre pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 30 de agosto de 1991 («BOE» de 2 de septiembre).
La parte dispositiva del fallo de la sentencia declara: «…Que la Resolución de 24 de marzo de 1993 de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia es nula de pleno derecho…y por tanto se accede a lo instado por la recurrente en vía administrativa». Esto es, lo que la recurrente interesó en su escrito de 25 de agosto de 2008.
Las pretensiones de la recurrente en vía administrativa eran que el Ministerio –previa comprobación de los datos facilitados– declarase que había superado las pruebas, designándola funcionaria, en los mismos términos que los opositores citados en la exposición fáctica del escrito –recurrentes cuyas pretensiones fueron estimadas por sentencia del TSJ de Valencia en el recurso 2/2972/97, de conformidad con los criterios y resultados de la pericial informática practicada a todos los opositores en la revisión del segundo ejercicio, declarándoles superado el proceso selectivo e incluyéndoles en la lista definitiva de aprobados, Anexo II de dicha pericial, con el número bis correspondiente al número de orden de escalafón del cuerpo que según la pericial se les había reconocido en dicho Anexo–. Y finalmente, por todo lo expuesto en su escrito, solicita que se proceda a la revisión de la Resolución de 24.03.1993, en los extremos que la atañen, y se la incluya en la lista definitiva de aprobados de la Oposición de ingreso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, convocadas por Orden del Ministerio de Justicia de 30 agosto 1991, con reconocimiento y efectividad de sus derechos económicos y administrativos desde la fecha en la que quedó resuelto definitivamente el proceso selectivo…».
Por ello y aún cuando conforme a los criterios aplicados en la Pericial del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la recurrente no reúne los requisitos necesarios para poder formar parte de la lista definitiva de aprobados, Anexo II de dicho Informe, que se invoca en la sentencia como razonamiento que da lugar a la estimación del recurso y correspondiente fallo de esta sentencia de cumplimiento; por cuanto es de obligada ejecución, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma y en el Auto de aclaración de 11 de febrero de 2010,
Este Ministerio acuerda:
Declarar incluida en la lista definitiva de aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991, a doña Carolina González Rodenas, DNI 5162591, con efectos económicos desde la fecha en que solicito la revisión y administrativos a partir de la definitiva resolución del mismo.
Otorgar a la aspirante el número de escalafón, 994 bis del Anexo II de la pericial, lista definitiva de aprobados, detrás del último aspirante aprobado, dado que en dicho Anexo no existe número de escalafón para la recurrente estimada, pues su puntuación bruta y/o transformada de la pericial, están por detrás de otros aspirantes que han quedado excluidos de la lista de aprobados sin número de escalafón.
Incrementar en una plaza la Orden de 30 de agosto de 1991 que hizo publica la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno libre, que finalizó con la publicación de las listas definitivas de aspirantes que superaron el proceso selectivo en Resolución de 24 de marzo de 1993 (BOE de 1 de abril).
En el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», la aspirante que figura aprobada en esta Orden deberá presentar en el Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle La Bolsa, n.º 8, 28071 Madrid, o por los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos siguientes:
a) Declaración jurada de no hallarse comprendida en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separada mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo I).
b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda a la interesada.
Si tiene la condición de discapacitada, con grado igual o superior al 33 por 100, deberá presentar certificación de los Órganos competentes o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.
c) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35. f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Además de la anterior documentación, o bien cumplimentara el Anexo II de la presente Orden, por el que preste expresamente su consentimiento para que sus datos de identidad personal y titulaciones puedan ser consultados y verificados de oficio, o bien deberá presentar la siguiente documentación:
– Nacionalidad: Dos Fotocopias del documento nacional de identidad.
– Titulación: Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de los profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario (Directiva 89/48/Cc/EE).
Si no está en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, y aporta el título exigido en la Base 3.1. c) de la Orden de convocatoria, será nombrado funcionario de la Escala de Gestión Procesal y Administrativa.
Si tuviera la condición de funcionaria pública estará exenta de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismos del que dependa, por la que se acredite su condición y requisitos para ser nombrada funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Si dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentare la documentación o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en las bases de la Orden de Convocatoria que rigen este proceso selectivo, no podrá ser nombrada funcionaria y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
A efectos de la solicitud de destino, la interesada deberá comunicar su dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto, a fin de enviarle la relación de puestos de trabajo desiertos existentes en la actualidad, junto con el modelo de instancia, para lo que se le concederá un plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de dicha documentación.
En la citada solicitud se incluirán los puestos de trabajo por orden de preferencia hasta un máximo de 50. Igualmente deberá especificar las provincias por orden de preferencia para que, en caso de no haber ninguna plaza desierta en los puestos solicitados, se adjudique destino dentro de las provincias de preferencia.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante el órgano Jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses. En ambos casos el plazo se contará a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de marzo de 2013.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/ 2225/2012, de 5 de octubre),el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Gonzalo Conde Diez.
D.ª …………..................................................................................................................., con domicilio en .................................................................................................................., de ........ años de edad, con DNI número ........................., declaro bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrada funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que no he sido separada del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no me hallo inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendida en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.
En...................... a..... de.......................... de 2013.
La declarante
D.ª …………..................................................................................................................., con domicilio en .................................................................................................................., de ........ años de edad, con DNI número ........................., da su consentimiento para que el órgano instructor del proceso selectivo, a efectos de ser nombrada funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, pueda acceder para consulta y verificación de mis datos personales de identidad y titulaciones, a los archivos y bases de datos u otros fondos documentales obrantes en la Administración que contienen dichos datos.
En...................... a..... de.......................... de 2013.
La declarante
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