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Por Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado de 7 de junio de 2005 se delegaron determinadas competencias en materia de gestión patrimonial atribuidas por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a favor de diversos órganos y unidades administrativas de la citada Dirección General.

De acuerdo con esta Resolución, la adopción del acuerdo de incoación de los procedimientos de enajenación de inmuebles y derechos sobre los mismos se atribuye al Subdirector General del Patrimonio del Estado, en virtud de la delegación genérica de competencias efectuada en el apartado primero, punto 1, letra a), de la resolución.

La necesidad de que sea el Subdirector General de Patrimonio del Estado el que firme en todos los casos los acuerdos de incoación de los expedientes de enajenación de bienes y derechos inmobiliarios provoca en la tramitación de estos procedimientos una dilación y unos costes que no siempre encuentran justificación en la relevancia de los inmuebles o derechos a enajenar.

Con vistas a racionalizar el procedimiento de enajenación de bienes y derechos, se considera adecuado atribuir a los Delegados de Economía y Hacienda la competencia para acordar la iniciación del expediente en los casos en que no existen razones especiales que justifiquen una decisión por los órganos centrales, en paralelo con la competencia que ya tienen delegada para aprobar las tasaciones y acordar las ventas de los inmuebles y derechos de valor inferior a 150.000 euros.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, y previa aprobación de la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas según lo establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, he resuelto:

Primero. Delegación de la competencia para incoar procedimientos de venta de determinados bienes inmuebles y derechos reales.

Se delega en los titulares de las Delegaciones de Economía y Hacienda la competencia atribuida al Director General del Patrimonio del Estado por el artículo 138.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, para acordar la iniciación de los procedimientos de enajenación de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos cuando su valor de tasación no exceda de 150.000 euros.

Esta delegación no se extiende a la competencia para acordar la incoación de procedimientos de venta en relación con inmuebles o derechos reales que se mantengan afectados a un uso o servicio público de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 112 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, ni a la competencia para acordar la incoación de procedimientos de permuta de bienes y derechos.

Segundo. Ejercicio de la competencia delegada.

El ejercicio de la competencia delegada en virtud de la presente resolución, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de septiembre de 2013.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez.