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Documento BOE-A-2015-9725

Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica.

TEXTO

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalua ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 65 del Estatuto de autonoma de Catalua, promulgo la siguiente Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica.

PREMBULO

I

Catalua es, entre las comunidades autnomas del Estado espaol, una de las ms afectadas por la crisis econmica. Segn el Instituto de Estadstica de Catalua, ms de200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro, y 95.000 de estos hogares no perciben ingreso alguno.

Esta situacin de emergencia social es especialmente grave en el mbito de la vivienda. Y el sobreendeudamiento hipotecario es, de hecho, una de las problemticas ms agudas. Catalua se ha convertido en una de las comunidades autnomas con mayor nmero de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. Segn datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2013 se iniciaron en Catalua 98.040 procedimientos de ejecuciones hipotecarias. En muchos casos, estos procedimientos conllevan no solamente la prdida de la vivienda habitual, sino tambin la adquisicin de una deuda exorbitante con las entidades financieras. A la problemtica de las ejecuciones hipotecarias se aaden las dificultades para afrontar el pago del alquiler: segn datos judiciales, un 67% de los16.008 desahucios que se produjeron en 2013 en Catalua estuvieron relacionados con el impago del alquiler.

Al mismo tiempo, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energtica, entendida como la dificultad para afrontar las facturas de los suministros bsicos de electricidad, gas y agua. Los precios de acceso a estos suministros se han vuelto inasequibles para la poblacin. Desde 2008, la luz ha subido un 60% y el agua un promedio del 66%. El Sndic de Greuges, en el Informe sobre la pobreza energtica en Catalua, de octubre de 2013, documenta los impactos sociales, sanitarios y medioambientales de la pobreza energtica, y denuncia el sobreesfuerzo que implica la acumulacin de deudas vinculadas al pago de facturas del hogar. El mismo informe recuerda que, segn la Encuesta de condiciones de vida correspondiente a 2011, en Catalua hay 193.000 hogares –un 6,9% del total– que no pueden asumir el gasto de mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

Segn datos de la Asociacin Espaola de Ciencias Ambientales, solamente en el rea Metropolitana de Barcelona se ha pasado de 27.359 expedientes de suspensin del suministro de agua en 2011 a 72.039 en 2012. Las dificultades para afrontar el pago de la vivienda y la pobreza energtica conllevan, incluso, la prdida de vidas humanas. Adems, el informe Emergncia habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecria en el dret a la salut i els drets dels infants evidenciava las consecuencias en la salud y en la infancia.

El empeoramiento de esta situacin de emergencia social y la escasez de las ayudas que reciben las personas afectadas contrastan con los ingentes beneficios obtenidos por entidades financieras y empresas de suministros. Las cinco entidades financieras ms grandes del Estado espaol –Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell– cerraron el ao 2013 con un beneficio de 7.674 millones de euros. Cabe recordar, asimismo, que desde el inicio de la crisis las administraciones pblicas han transferido cerca de165.000millones de euros a las entidades financieras. El informe Emergencia habitacional en el Estado espaol, del Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pona de manifiesto que algunas de las entidades que ms desahucian son precisamente las que han concentrado la mayor parte de ayudas pblicas. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha cifrado en 80.000 los pisos nuevos sin estrenar que quedan vacos en Catalua.

Este diagnstico puede extenderse tambin a las empresas de suministro energtico. Durante los tres primeros trimestres de 2013, el oligopolio elctrico que opera en el Estado espaol (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EON Espaa y EDP) obtuvo un beneficio de 7.638 millones de euros, el doble que el de las elctricas europeas. La principal empresa distribuidora de luz en Catalua, Endesa, declar un beneficio de 1.879 de millones de euros en el ao 2013.

II

La falta de satisfaccin de necesidades de vivienda y energticas bsicas contradice numerosos compromisos internacionales asumidos por el Estado espaol y por la Generalidad de Catalua.

En congruencia con la Declaracin universal de los derechos humanos, el artculo 11 del Pacto internacional de los derechos econmicos, sociales y culturales (PIDESC) reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para s y su familia, incluso alimentacin, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Segn la Observacin general nmero 4 del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas al PIDESC, el contenido del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable y a energa para la cocina, la calefaccin y la luz, y el derecho al agua y al saneamiento son reconocidos por la Observacin general nmero 15, mientras que la Observacin general nmero 7 incorpora como contenido del derecho a la vivienda la proteccin contra los desahucios forzosos y la obligacin de los poderes pblicos a garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos afectadas por un desahucio.

Estos derechos especficos generan diferentes tipos de obligaciones para las administraciones pblicas. En este sentido, la Observacin general nmero 3 afirma que deben realizar todos los esfuerzos, hasta el mximo de recursos disponibles, para satisfacer estos derechos, otorgando prioridad a los colectivos ms vulnerables, y que deben asegurarlos no solamente ante la Administracin, sino tambin ante los abusos que puedan cometer particulares.

Muchos de estos derechos y de estas obligaciones estn amparados tambin por la Constitucin espaola y por el Estatuto de autonoma de Catalua.

La Constitucin reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligacin de los poderes pblicos a impedir la especulacin (artculo 47), impone tambin a los poderes pblicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial (artculo 33) y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al inters general (artculo 128). Esta obligacin es especialmente relevante en el caso de las entidades financieras y empresas que prestan servicios econmicos de inters general, sobre todo si han sido beneficiarias de ayudas y subvenciones de carcter pblico.

Asimismo, el artculo 5 del Estatuto dispone que todas las personas tienen derecho a vivir libres de situaciones de explotacin y maltratos, como las que, de facto, conllevan la falta de una vivienda digna, el sobreendeudamiento o la imposibilidad de acceso a suministros bsicos de agua, luz y gas. El artculo 30, de hecho, determina que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios de inters general. Por otra parte, y en los mismos trminos que el Pacto internacional de los derechos econmicos, sociales y culturales, el artculo 42.3 del Estatuto obliga a los poderes pblicos a velar por la dignidad, la seguridad y la proteccin integral de las personas, especialmente de las ms vulnerables. En este sentido, el artculo 148.1.3 de la Constitucin otorga a las comunidades autnomas la potestad de asumir competencias en materia de vivienda, y efectivamente el artculo 137 del Estatuto atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en dicha materia, como asimismo le atribuye, mediante el artculo 123, la competencia exclusiva en materia de consumo.

Ya en el marco de la legislacin catalana, la proteccin del derecho a la vivienda y la obligacin de erradicar sus usos anmalos, incluidas las viviendas vacas, son objeto de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, cuyo artculo 4 determina que el conjunto de actividades vinculadas con la provisin de viviendas destinadas a polticas sociales se configure como un servicio de inters general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos. Finalmente, los artculos 251 y 252 del Cdigo de consumo amparan tambin estos derechos con relacin a los suministros bsicos.

Artculo 1. Medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual.

1. Las medidas reguladas por el presente artculo tienen por objeto establecer mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento de personas fsicas y de familias, por causas sobrevenidas, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual, mediante la regulacin de un procedimiento extrajudicial y, en su caso, de un procedimiento judicial. La regulacin se basa en que el derecho de los consumidores tiene carcter de derecho bsico y es objeto de especial proteccin, de conformidad con el artculo 121-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, y se aplica sin perjuicio de lo establecido por la legislacin hipotecaria y concursal.

2. A efectos de lo dispuesto por la presente ley, tienen la condicin de consumidores las personas fsicas que cumplen las condiciones determinadas por el artculo 111-2.a del Cdigo de consumo.

3. Los consumidores que se encuentren o puedan encontrarse en una situacin de insolvencia derivada del pago de la vivienda pueden iniciar los procedimientos regulados por los artculos 2 y 3, que son de aplicacin a todas las personas fsicas residentes en Catalua.

Artculo 2. Procedimiento extrajudicial para la resolucin de situaciones de sobreendeudamiento.

1. Los consumidores que se encuentren en una situacin de sobreendeudamiento derivada de una relacin de consumo, as como cualquiera de sus acreedores, pueden solicitar procedimiento extrajudicial para la resolucin de dicha situacin de sobreendeudamiento, salvo que se encuentren inmersos en un procedimiento judicial concursal.

2. Los procedimientos extrajudiciales para la resolucin de situaciones de sobreendeudamiento son gestionados por comisiones de sobreendeudamiento, que actan con sujecin al procedimiento administrativo, con amplias facultades de decisin, incluida la capacidad de establecer un plan de pagos o un plan de reestructuracin de la deuda. Las resoluciones de las comisiones de sobreendeudamiento quedan sujetas a la revisin del juez competente.

3. Si durante la tramitacin de un procedimiento extrajudicial para la resolucin de una situacin de sobreendeudamiento se inicia un procedimiento judicial concursal, el deudor debe comunicarlo a la comisin de sobreendeudamiento, que debe cerrar el procedimiento extrajudicial.

4. El procedimiento al que se refiere el presente artculo es un procedimiento de mediacin en los trminos en que lo establece el libro segundo del Cdigo de consumo.

Artculo 3. Procedimiento judicial para la resolucin de situaciones de sobreendeudamiento.

1. Si la va del procedimiento extrajudicial al que se refiere el artculo 2 para la resolucin de una situacin de sobreendeudamiento se cierra sin haber llegado a un acuerdo, el consumidor afectado puede solicitar la apertura del correspondiente procedimiento judicial simplificado, con el objetivo de buscar las frmulas apropiadas para la satisfaccin de las deudas derivadas de una relacin de consumo, incluidas las que se derivan de la vivienda habitual.

2. El juez, una vez analizadas las circunstancias del sobreendeudamiento y las razones de la falta de acuerdo en el procedimiento extrajudicial, debe dictar una resolucin que incluya necesariamente un plan de pago de obligado cumplimiento.

3. En caso de incumplimiento del plan de pago, la parte acreedora puede solicitar que se inicie la liquidacin de activos para afrontar las deudas, con la exclusin, en dicha liquidacin, de los bienes inembargables. En caso de que queden importes insatisfechos tras la liquidacin, el juez, a la vista de las circunstancias personales del consumidor, puede acordar la cancelacin de los importes no satisfechos.

Artculo 4. Extensin de la cancelacin del pasivo.

En caso de que el consumidor deudor se acoja a los procedimientos establecidos por los artculos 2 y 3 y disfrute de la cancelacin del pasivo no satisfecho, el fiador tambin puede disfrutar de ella, siempre que tenga con el deudor una relacin de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el tercer grado.

Artculo 5. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situacin de falta de vivienda.

1. Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecucin de acuerdos de compensacin o dacin en pago de prstamos o crditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el prstamo hipotecario, el adquiriente debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la adquisicin o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estn dentro de los parmetros de riesgo de exclusin residencial definidos por la presente ley. El deber de comprobar dichas circunstancias reace sobre el adquiriente, que debe requerir previamente la informacin a los afectados.

2. Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecucin hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, el demandante debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estn dentro de los parmetros de riesgo de exclusin residencial definidos por la presente ley, lo cual debe comprobar el propio demandante, requiriendo previamente la informacin a los afectados, y siempre que se d uno de los siguientes supuestos:

a) Que el demandante sea persona jurdica que tenga la condicin de gran tenedor de vivienda.

b) Que el demandante sea persona jurdica que haya adquirido posteriormente al30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensacin de deudas o de dacin en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el prstamo hipotecario.

3. Una vez verificada la situacin de riesgo de exclusin residencial, de acuerdo con lo establecido por los apartados 1 y 2, y una vez formulada la oferta de alquiler social, en los trminos del apartado 7, si los afectados la rechazan, el demandante puede iniciar el procedimiento judicial.

4. La realizacin de la oferta obligatoria de alquiler social a la que se refieren los apartados 1 y 2 debe comunicarse, en el plazo de tres das hbiles desde la realizacin de la oferta, al ayuntamiento del municipio en el que se encuentra ubicada la vivienda.

5. Las personas y unidades familiares en situacin de riesgo de exclusin residencial que no puedan afrontar el pago del alquiler de la vivienda habitual tienen derecho a disfrutar de ayudas que eviten el lanzamiento.

6. Las administraciones pblicas deben garantizar en cualquier caso el adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en situacin de riesgo de exclusin residencial que estn en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garanta del realojamiento debe acordarlo la Generalidad con la Administracin local para los casos que las mesas de valoracin que regula la seccin IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias econmicas y sociales.

7. A efectos de lo establecido por los apartados 1 y 2, para que la propuesta pueda ser considerada de alquiler social debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Debe fijar rentas que garanticen que el esfuerzo por el pago del alquiler no supere el 10% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si estn por debajo del 0,89 del indicador de renta de suficiencia (IRSC), o el 12% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si estn por debajo del 0,95 del IRSC, o el 18% de los ingresos ponderados de la unidad familiar, si son iguales o superiores al 0,95 del IRSC.

b) Debe ofrecer preferentemente la vivienda afectada por el procedimiento o, alternativamente, una vivienda ubicada dentro del mismo trmino municipal, salvo que se disponga de un informe de los servicios sociales municipales acreditativo de que el traslado a otro trmino municipal no afectar negativamente a la situacin de riesgo de exclusin residencial de la unidad familiar.

c) Debe ser para un perodo de como mnimo tres aos.

8. Las personas o unidades familiares que se acojan a un alquiler social deben solicitar su inscripcin en el Registro de solicitantes de vivienda. La denegacin de la inscripcin en el Registro por parte de la Administracin o el hecho de causar baja por haber rechazado propuestas formuladas por la Administracin exime al propietario de la obligacin de mantener el contrato.

9. A efectos de la presente ley, se entiende por grandes tenedores de viviendas a las siguientes personas jurdicas:

a) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversin y las entidades de gestin de activos, incluidos los procedentes de la reestructuracin bancaria, de acuerdo con la legislacin mercantil.

b) Las personas jurdicas que, por si solas o mediante un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de ms de 1.250 m2, con las siguientes excepciones:

1. Los promotores sociales a los que se refieren las letras a y b del artculo 51.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

2. Las personas jurdicas que tengan ms de un 15% de la superficie habitable de la propiedad cualificado como viviendas de proteccin oficial destinadas a alquiler.

10. A efectos de la presente ley, se entiende que las personas y unidades familiares se encuentran en situacin de riesgo de exclusin residencial siempre que perciban unos ingresos inferiores a 2 veces el IRSC, si se trata de personas que viven solas, ounosingresos inferiores a 2,5 veces el IRSC, si se trata de unidades de convivencia, o unosingresos inferiores a 3 veces el IRSC, en caso de personas con discapacidades ocon gran dependencia. En caso de que los ingresos sean superiores a 1,5 veces elIRSC, la solicitud debe ir acompaada de un informe de servicios sociales que acredite el riesgo de exclusin residencial.

11. Excepcionalmente, las medidas vinculadas con la definicin que establece el apartado 10 pueden beneficiar a personas y unidades familiares que superen los lmites de ingresos fijados en l, siempre que dispongan de un informe de servicios sociales acreditativo de que estn sometidas a un inminente riesgo de prdida de la vivienda y no disponen de alternativa de vivienda propia.

12. Para la determinacin de las situaciones de riesgo de exclusin residencial, los ingresos familiares deben ponderarse de acuerdo con los coeficientes establecidos por el Plan para el derecho a la vivienda vigente.

13. Para los supuestos de pobreza energtica, las medidas de proteccin reguladas por la presente ley se aplican tambin a los hogares en que, pese a que la unidad familiar no cumpla los requisitos establecidos por el apartado 10, resida alguna persona afectada por dependencia energtica, como en el caso de las personas que para sobrevivir necesitan mquinas asistidas.

Artculo 6. Medidas para evitar la pobreza energtica.

1. Las administraciones pblicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros bsicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situacin de riesgo de exclusin residencial, de acuerdo con el artculo 5.10, mientras dure dicha situacin. En el caso del gas, el derecho de acceso nicamente se garantiza si el edificio afectado dispone de este tipo de suministro.

2. Debe establecerse, como principio de precaucin, un protocolo obligado de comunicacin a los servicios sociales y de intervencin de estos servicios previamente a la concesin de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos econmicos de las familias afectadas.

3. Las administraciones pblicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compaas de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situacin de riesgo de exclusin residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mnimos.

4. Para que se aplique el principio de precaucin establecido por el apartado 2, cuando la empresa suministradora tenga que realizar un corte de suministro debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusin residencial determinadas por el artculo 5.10. En el supuesto de que se cumplan estos requisitos deben garantizarse los suministros bsicos de acuerdo con lo establecido por el apartado 1 y deben aplicarse las ayudas necesarias establecidas por el apartado 3 para no generar deuda alguna a la persona o la unidad familiar.

5. La empresa suministradora debe informar, en cualquier aviso o comunicacin que haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza energtica establecidos por la presente ley, de acuerdo con lo establecido por el artculo17.6 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua.

Artculo 7. Medidas para garantizar la funcin social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler.

1. La Administracin puede resolver la cesin obligatoria de viviendas, por un perodo de tres aos, para incorporarlas al Fondo de viviendas en alquiler para polticas sociales, en el caso de viviendas vacas que sean propiedad de personas jurdicas y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el propietario de la vivienda sea sujeto pasivo, no exento, obligado al pago del impuesto sobre las viviendas vacas, de acuerdo con lo establecido por la Ley que regula dicho impuesto.

b) Que este sujeto pasivo disponga de viviendas vacas en un municipio en que exista, como mnimo, una unidad familiar en una de las situaciones de riesgo de exclusin residencial definidas por la presente ley sin solucin en cuanto a la vivienda.

2. En el caso de sujetos pasivos que cumplan los requisitos establecidos por el apartado 1 y dispongan de viviendas vacas en los municipios de Catalua que no estn ubicados en zonas de fuerte y acreditada demanda residencial, tambin les es de aplicacin la cesin obligatoria de estas viviendas.

3. La declaracin de cesin obligatoria se realiza mediante un procedimiento contradictorio, de conformidad con lo establecido por la legislacin sobre procedimiento administrativo, en el que debe acreditarse la concurrencia de todos los requisitos necesarios, la existencia en el municipio de como mnimo una unidad familiar en situacin de riesgo de exclusin residencial, as como las condiciones en las que se realizar la cesin. En este caso, la cesin de la vivienda a la Administracin debe realizarse en las condiciones econmicas establecidas por el artculo 5 de la presente ley.

4. En caso de que para satisfacer una situacin de riesgo de exclusin residencial existan viviendas de distintos sujetos pasivos que cumplan las condiciones establecidas por el artculo 5.6.b, se prioriza la aplicacin de la cesin obligatoria a los sujetos pasivos que disfrutan de menos bonificaciones en el impuesto sobre las viviendas vacas.

Artculo 8. Umbral mximo de gastos destinados a vivienda habitual y a suministros bsicos.

El Gobierno debe garantizar que en los supuestos de vulnerabilidad a los que se refieren los artculos 5 y 6 los gastos en vivienda y en suministros bsicos no conlleven ms de un 30% de los ingresos disponibles de la unidad familiar, siempre que los gastos de alquiler y de suministros sean inferiores a los topes mximos establecidos por reglamento en funcin de la zona geogrfica de residencia de las personas o unidades familiares beneficiarias.

Artculo 9. Plazos.

1. La solicitud de un informe a los servicios sociales para determinar si una unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusin residencial a las que se refiere el artculo 5.10 obliga a la Administracin a emitir el informe en un plazo de quince das. Si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el informe, se entiende que la unidad familiar se encuentra efectivamente en situacin de riesgo de exclusin residencial.

2. La Administracin, a efectos de lo establecido por el artculo 5.5, dispone de un plazo de tres meses para resolver la solicitud de la concesin de ayudas. Si una vez transcurrido este plazo no se ha dictado resolucin expresa, se entiende que la solicitud ha sido desestimada por silencio negativo.

3. La Administracin, a efectos de lo establecido por el artculo 5.6, dispone de un plazo de tres meses para resolver la solicitud de realojamiento adecuado. Si una vez transcurrido este plazo no se ha dictado resolucin expresa, se entiende que la solicitud ha sido estimada por silencio positivo.

4. La solicitud de un informe a los servicios sociales para determinar si una unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusin residencial determinadas por el artculo 6.4 obliga a la Administracin a emitir el informe en un plazo de quince das. Si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el informe, se entiende que la unidad familiar se encuentra efectivamente en situacin de riesgo de exclusin residencial.

5. Los plazos de aplicacin en la tramitacin del procedimiento establecido por el artculo 7 son los que establece la legislacin sobre procedimiento administrativo.

6. La Generalidad, a efectos de lo establecido por el artculo 7.4, dispone de un plazo de siete das hbiles, desde que un ayuntamiento lo solicita, para comunicarle qu viviendas han obtenido bonificaciones en el pago del impuesto de viviendas vacas.

Disposicin adicional. Cesin de crditos garantizados con la vivienda.

En la cesin de crditos, el acreedor puede ceder su crdito contra el deudor si el crdito ha sido garantizado con la vivienda del deudor y este es un consumidor. Si la cesin es a ttulo oneroso, el deudor queda liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que este ha pagado ms los intereses legales y los gastos que le ha causado la reclamacin de la deuda.

Disposicin transitoria primera. Aplicacin de garantas.

Las garantas establecidas por el artculo 5.6 y el artculo 8 se aplican en funcin de las disponibilidades presupuestarias, con priorizacin, en cualquier caso, de las unidades de convivencia de tres o ms miembros, en primer trmino; de las de dos miembros, en segundo trmino, y de las integradas por un solo miembro, en ltimo trmino.

Disposicin transitoria segunda. Obligacin a ofrecer un alquiler social.

1. En todos los procedimientos de ejecucin hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler que estn en trmite de sustanciacin o de ejecucin en el momento de entrada en vigor de la presente ley que tengan por objeto viviendas propiedad de las personas jurdicas a las que se refieren las letras a y b del artculo 5.2, el demandante o ejecutante tiene la obligacin de ofrecer, antes de adquirir el dominio de la vivienda, un alquiler social, en los trminos establecidos por el artculo 5.2.

2. En los casos de procedimientos de ejecucin hipotecaria o desahucio por impago de alquiler que estn en trmite de sustanciacin o de ejecucin en el momento de entrada en vigor de la presente ley y que no estn incluidos en el supuesto al que se refiere el apartado 1, son de aplicacin las medidas establecidas por el artculo 5.6 y por el artculo7.

Disposicin transitoria tercera. Plazo para los mecanismos de garanta del realojamiento adecuado.

La Generalidad debe proponer a la Administracin local, en un plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, los mecanismos para garantizar el realojamiento adecuado regulado por el artculo 5.6.

Disposicin final primera. Aplicacin del principio de subsidiariedad de la Ley 18/2007.

En las medidas sancionadoras y de intervencin establecidas por el artculo 7 y por el apartado 2 de la disposicin final tercera, debe aplicarse el mismo principio de subsidiariedad al que se refiere el artculo 130.5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. La Generalidad debe facilitar a los ayuntamientos, en el plazo de siete das hbiles a contar desde el da en que le sea requerida, la informacin que necesiten para ejecutar estas medidas.

Disposicin final segunda. Regulacin de las comisiones de sobreendeudamiento.

El Gobierno debe regular por reglamento, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, los procedimientos extrajudiciales y el funcionamiento de las comisiones de sobreendeudamiento a los que se refiere el artculo 2.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 18/2007.

1. Se aaden tres letras, e, f y g, al artculo 5.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

e) Despus de la consecucin de acuerdos de compensacin o dacin en pago de prstamos o crditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o de la firma de compraventas de vivienda que tengan como causa la imposibilidad de devolver el prstamo hipotecario por parte del prestatario, no se formule una propuesta de alquiler social en los trminos establecidos por el artculo 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica.

f) Despus del inicio de un procedimiento de ejecucin hipotecaria o de un desahucio por impago de alquiler por parte de las personas jurdicas que tengan la condicin de grandes tenedores de vivienda, no se formule una propuesta de alquiler social en los trminos establecidos por el artculo 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica.

g) Despus del inicio de un procedimiento de ejecucin hipotecaria o de un desahucio por impago de alquiler por parte de personas jurdicas que hayan adquirido posteriormente al 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensacin de deudas o de dacin en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el prstamo hipotecario, no se formule una propuesta de alquiler social en los trminos establecidos por el artculo 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica.

2. Se aaden dos letras, i y j, al artculo 124.2 de la Ley 18/2007, con el siguiente texto:

i) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos en que el artculo 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica lo requiere.

j) Incumplir en la formulacin de la propuesta obligatoria de alquiler social los requisitos establecidos por la definicin del alquiler social del artculo 5.7 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el mbito de la vivienda y la pobreza energtica.

Disposicin final cuarta. Presentacin de un proyecto de ley de modificacin de la Ley 18/2007 y de un proyecto de ley de refundicin y mejora de las disposiciones legales vigentes en materia del derecho a la vivienda y de lucha contra la pobreza energtica.

1. El Gobierno debe presentar, si procede, al Parlamento, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley de modificacin de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que contenga las modificaciones necesarias para garantizar la aplicacin efectiva de todas las medidas establecidas por la presente ley.

2. El Gobierno, en el plazo de un ao a contar de la entrada en vigor de la presente ley, debe presentar al Parlamento un proyecto de ley de refundicin y mejora de las disposiciones legales vigentes en Catalua en materia de derecho a la vivienda, del fondo social de la vivienda, de movilizacin de las viviendas provenientes de procesos de ejecucin hipotecaria, de lucha contra la pobreza energtica y de garanta de suministros bsicos y de las dems normas legales que incidan en el derecho a una vivienda digna.

Disposicin final quinta. Modificacin de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua.

Se aade un apartado, el 4, al artculo 132-4 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, con el siguiente texto:

4. En situaciones de sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo, la mediacin corresponde a las comisiones de sobreendeudamiento, reguladas por su legislacin especfica. Si las comisiones de sobreendeudamiento no alcanzan un acuerdo entre el consumidor y los acreedores, queda abierta la correspondiente va judicial para hacer efectivo lo dispuesto por este cdigo y la legislacin complementaria.

Disposicin final sexta. Proyecto de ley de modificacin del Cdigo de consumo.

El Gobierno debe presentar al Parlamento, en el plazo de un ao a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley de modificacin de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua, que desarrolle las medidas contra el sobreendeudamiento de los consumidores relacionado con la vivienda habitual a las que se refieren los artculos 1, 2, 3 y 4 y de conformidad con los principios definidos por dichos artculos.

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

La presente ley entra en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, salvo las medidas que conlleven un aumento de crditos o una disminucin de ingresos con relacin al presupuesto vigente, que no entrarn en vigor, en la parte que conlleve esta afectacin presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de su entrada en vigor.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicacin esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 29 de julio de 2015.–El Presidente de la Generalidad de Catalua, Artur Mas i Gavarr.

(Publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalua nmero 6928, de 5 de agosto de 2015)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 29/07/2015
  • Fecha de publicación: 09/09/2015
  • Entrada en vigor:, con la salvedad indicada, el 6 de agosto de 2015.
  • Publicada en el DOGC nm. 6928 de 5 de agosto de 2015.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA, en el Recurso 2501/2016, el desistimiento respecto a lo indicado y la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 3 y 4 y la disposicin adicional, por Sentencia 13/2019, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2019-2547).
  • SE DICTA EN RELACION sobre medidas de proteccin del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusin social: Ley 4/2016, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-522).
  • SE DECLARA en el Recurso 2501/2016, el mantenimiento de la suspensin de vigencia de los arts. 2.2; 3; 4; 5.1, 2 ,3, 4 y 9; 7; disposicin adicional; lo indicado de la transitoria 2 y la final 3, por Auto de 20 de septiembre de 2016 (Ref. BOE-A-2016-8959).
  • Recurso 2501/2016 planteado en relacin con los arts. 2.2; 3; 4; 5.1, 2 ,3, 4 y 9; 7; la disposicin adicional; lo indicado de la transitoria 2 y la final 3, con suspensin, desde el 3 de junio de 2016, de vigencia y aplicacin de los preceptos impugnados y, desde el 5 de mayo de 2016, para las partes legitimadas (Ref. BOE-A-2016-5337).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
  • DE CONFORMIDAD con el Estatuto aprobado por Ley Orgnica 6/2006, de 19 de julio (Ref. BOE-A-2006-13087).
Materias
  • Arbitraje
  • Catalua
  • Consumidores y usuarios
  • Consumo de energa
  • Crditos
  • Desahucios
  • Hipoteca
  • Mediacin
  • Viviendas
  • Viviendas sociales

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