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La concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante libre de peaje de El Campello y otras actuaciones, se adjudicó por Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero, publicándose la misma en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de febrero de 2004.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de julio de 2018, a propuesta del Ministro de Fomento, ha aprobado el Acuerdo por el que se resuelve el mencionado contrato de concesión administrativa, por lo que procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En consecuencia, resuelvo publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el referido Acuerdo del Consejo de Ministros, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 20 de julio de 2018.–El Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, José Javier Izquierdo Roncero.

ANEXO

ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE EL CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOPISTA DE PEAJE CIRCUNVALACIÓN DE ALICANTE, LA VARIANTE LIBRE DE PEAJE DE EL CAMPELLO Y OTRAS ACTUACIONES

Antecedentes

Mediante Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero, se adjudicó la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante libre de peaje de El Campello y otras actuaciones a la agrupación constituida por Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado; Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja Madrid, S.A.; Inversora de Infraestructuras, S.A., y Dragados Concesionaria de Infraestructuras, S.A.

En cumplimiento del artículo 2 del Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero, se constituyó la sociedad concesionaria «Ciralsa, S.A., Concesionaria del Estado» (Ciralsa), mediante escritura otorgada en Madrid el 5 de abril de 2004.

El 13 de abril de 2004 se formalizó con Ciralsa la escritura del contrato de concesión administrativa.

Mediante auto dictado con fecha de 21 de junio de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante se declaró en concurso voluntario ordinario a Ciralsa, S.A., Concesionaria del Estado (procedimiento concursal ordinario n.º 466/2013-I).

El 14 de junio de 2017 el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid dictó, en el citado procedimiento judicial, auto de apertura de la fase de liquidación de Ciralsa.

Fundamentos Jurídicos

El contrato de concesión adjudicado a Ciralsa se rige por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión y, supletoriamente, por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).

Además se aplican a la concesión su pliego de cláusulas administrativas particulares (Orden FOM/2264/2003, de 1 de agosto) y el Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por el Decreto 215/1973, de 25 de enero.

La cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la concesión establece que, en lo referente a la extinción de la concesión, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo; a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la sección 3 del capítulo IX del pliego de cláusulas generales.

En su momento tanto el artículo 32 de la Ley 8/1972 como el artículo 111 del TRLCAP señalaban como causas de resolución de la concesión la quiebra del concesionario (esa referencia a la «quiebra» debe entenderse hecha hoy en día al «concurso», según establece la disposición adicional primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).

Conforme a la normativa expuesta, la declaración de concurso habilita a la Administración para resolver potestativamente el contrato; si bien «la apertura de la fase de liquidación originará siempre la resolución del contrato». De acuerdo con lo informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Fomento esto supone que «una vez firme la apertura de la fase de liquidación del concurso de una empresa contratista, la Administración está obligada a iniciar un procedimiento para constatar que existe esa causa de resolución y declarar resuelto el contrato».

Mediante auto dictado con fecha de 21 de junio de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante se declaró en concurso voluntario ordinario a Ciralsa. Posteriormente, el 14 de junio de 2017, el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid dictó auto de apertura de la fase de liquidación que ha devenido firme.

Por tanto, en el ejercicio de las prerrogativas atribuidas a la Administración por el artículo 59 del TRLCAP (en los mismos términos que el artículo 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), procede declarar resuelto el citado contrato de concesión.

Según lo dispuesto en cuanto a sus competencias en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, corresponde a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje tramitar el procedimiento para declarar resuelto el contrato.

Conforme al artículo 7 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y a la doctrina del Consejo de Estado (dictamen n.º 326/2014, de 17 de julio de 2014), la competencia para declarar resuelto el contrato corresponde al Consejo de Ministros.

En consecuencia, en relación a la concesión administrativa de la que es titular Ciralsa, una vez cumplida la tramitación establecida conforme a la legislación aplicable y de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Fomento, el Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2018 acuerda:

1. Resolver el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante libre de peaje de El Campello y otras actuaciones, en base a los artículos 111.b) y 112.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

2. Ordenar al Ministerio de Fomento que incaute las fianzas de construcción y explotación depositadas a tales efectos por Ciralsa, en base a lo establecido, respectivamente, en las cláusulas 25 y 79 del Decreto 215/1973, de 25 de enero, que aprobó el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.

3. Ordenar al Ministerio de Fomento que tramite el expediente de liquidación del contrato, con la debida cuantificación del valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

4. Autorizar al Ministerio de Fomento para que adopte las medidas provisionales que procedan para garantizar la correcta prestación del servicio. Tales medidas se adoptarán de forma coordinada con las que puedan derivarse del plan de liquidación que se apruebe en el proceso concursal.

Corresponderá a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje determinar la fecha de inicio de la explotación de la infraestructura, por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, en el marco de lo dispuesto en la cláusula tercera de la Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, por la que se publica el Convenio de gestión directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, por el que se regula la gestión de la explotación y la preparación de la licitación de autopistas de titularidad estatal.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio del recurso de reposición que, con carácter potestativo, pueda interponerse ante este Consejo de Ministros en el plazo de un mes, contado asimismo desde la recepción de la notificación.