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Documento BOE-A-2018-15725

Resolucin de 16 de noviembre de 2018, de la Secretara de Estado de Funcin Pblica, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administracin Pblica, por la que se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero.

TEXTO

La Conferencia Sectorial de Administracin Pblica, en su reunin de22 de octubre de2018, acord por unanimidad de sus miembros aprobar el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo151 de la Ley40/2015, de1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, y en el artculo16 del Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Administracin Pblica y para general conocimiento, se dispone la publicacin del Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero, que figura como anexo a esta resolucin.

Madrid, 16 de noviembre de2018.–El Secretario de Estado de Funcin Pblica, Jos Antonio Benedicto Irui.

ANEXO
Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero

Aprobado el22 de octubre de2018.

La Decisin (UE) 2017/865 del Consejo, de11 de mayo de2017, relativa a la firma, en nombre de la Unin Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevencin y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperacin judicial en materia penal seala que la violencia contra las mujeres es una violacin de sus derechos humanos y una forma extrema de discriminacin que no slo hunde sus races en las desigualdades de gnero sino que adems contribuye a mantenerlas y reforzarlas.

En este sentido, este Acuerdo forma parte de las medidas de lucha contra la violencia de gnero, dado que, en palabras del Parlamento Europeo, la violencia contra las mujeres constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad fsica y psquica de las vctimas y supone, por lo tanto, un obstculo para el desarrollo de una sociedad democrtica.

El objetivo de garantizar la continuidad de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero en el desempeo de su empleo pblico, as como de mantener las retribuciones que vinieran percibiendo cuando se ven obligadas a cambiar de localidad de residencia ms all del mbito competencial de la Administracin Pblica donde prestan sus servicios, viene amparado tambin por lo dispuesto en las Resoluciones del Parlamento Europeo de2014 y2017, en las que se destaca que al objeto de ser ms eficaces, las medidas para combatir la violencia contra las mujeres deben ir acompaadas de acciones que aborden las desigualdades econmicas en funcin del sexo y que promuevan la independencia econmica de las mujeres y, se considera adems que reforzar la independencia y la participacin econmica y social reduce la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de gnero.

Corresponde a los poderes pblicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstculos que impidan o dificulten su plenitud, de acuerdo con el artculo9.2 de la Constitucin espaola de1978. Esta afirmacin tiene especial trascendencia en las mujeres vctimas de violencia de gnero, dado que constituye uno de los ataques ms flagrantes a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucin, como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminacin.

Si bien el artculo82.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo5/2015, de30 de octubre, contempla la movilidad por razn de violencia de gnero como normativa bsica, la coexistencia de diversas Administraciones Pblicas con competencias en distintos mbitos territoriales hace necesaria la articulacin de medidas de colaboracin y coordinacin, al objeto de dar una respuesta eficaz y soluciones giles en esta materia cuando la solicitud de movilidad transcienda del mbito competencial de una Administracin Pblica.

Este Acuerdo acoge las recomendaciones internacionales y la normativa bsica en materia de empleo pblico abordando la movilidad motivada por la violencia de gnero, debiendo entenderse como parte de un sistema integral de prevencin y proteccin de las empleadas vctimas de esta clase de violencia. Adems, tiene como objetivo articular una respuesta efectiva que dote de seguridad jurdica a las empleadas pblicas que sean vctimas de la violencia de gnero, as como dar respuesta a la necesidad de proteccin integral, en el marco del Pacto de Estado en materia de violencia de gnero.

Primero. Objeto.

Este Acuerdo se propone servir como marco general de colaboracin, coordinacin y comunicacin, entre las Administraciones Pblicas al objeto de facilitar la aplicacin del principio de movilidad de las empleadas pblicas de las Administraciones que tengan la condicin de vctimas de violencia de gnero, dando efectividad al derecho contemplado en el artculo82.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo5/2015, de30 de octubre, y dems normativa reguladora sobre la materia.

Segundo. Actuaciones.

Para facilitar la movilidad por razn de violencia de gnero de las empleadas pblicas que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la Administracin de origen, es necesario que en trminos de reciprocidad entre todas las Administraciones Pblicas, y de acuerdo con la normativa reguladora en la materia, se aborden las acciones que resulten necesarias, dando efectividad a las medidas de proteccin o al derecho a la asistencia social integral, mediante:

a) La atencin de las solicitudes de movilidad de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero a requerimiento de otra Administracin Pblica, siempre que la situacin de vctima de violencia de gnero quede debidamente acreditada y no sea posible dar solucin a la movilidad por parte de esa Administracin.

b) La tramitacin con carcter preferente de estos procedimientos, al objeto de que la resolucin se dicte en el plazo ms breve posible.

c) La proteccin de la intimidad de las vctimas, en especial sus datos personales, los de los ascendientes, descendientes y los de cualquier persona que est bajo su custodia o guarda.

Tercero. mbito subjetivo.

El Acuerdo ser de aplicacin al conjunto de empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero que presten servicios en las Administraciones Pblicas.

Cuarto. Acreditacin de la situacin de violencia de gnero.

La acreditacin de la situacin de violencia de gnero, a efectos de lo dispuesto en este Acuerdo, se realizar por alguno de los siguientes medios:

a) Sentencia condenatoria por un delito de violencia de gnero.

b) Orden de proteccin o cualquier otra resolucin judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la vctima.

c) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es vctima de violencia de gnero.

d) Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a vctimas de violencia de gnero de la Administracin Pblica competente; o por cualquier ttulo, siempre que ello est previsto en las disposiciones normativas de carcter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

Quinto. Solicitud e instruccin del procedimiento.

1. La empleada pblica deber dirigir su solicitud al rgano competente de la Administracin Pblica en que se encuentra destinada, aportando la documentacin justificativa de su condicin de vctima de violencia de gnero con indicacin del mbito geogrfico al que desea que se lleve a efecto la movilidad y motivacin de la necesidad de traslado a ese mbito en concreto.

2. Cuando la Administracin Pblica de origen de la interesada no cuente con Unidades o Dependencias ubicadas en el mbito geogrfico por ella solicitado, o por otras causas justificadas no resulte posible su reubicacin en la misma, la Administracin que corresponda se dirigir a la Administracin o Administraciones Pblicas con competencias en ese mbito y que puedan disponer de una estructura de puestos de trabajo en l, instando la tramitacin del expediente de movilidad. A estos efectos, adjuntar tanto la solicitud como el resto de documentacin aportada por la solicitante.

3. Con carcter previo al traslado de la peticin de movilidad de la empleada pblica a otra Administracin, la Administracin de origen de dicha empleada pondr a su disposicin una relacin de los puestos de trabajo ubicados en su respectivo mbito, que pudieran permitir hacer efectiva su seguridad y asistencia social integral mediante su traslado a otro municipio distinto del solicitado.

4. La movilidad de la empleada pblica se efectuar, en todo caso, a un puesto de trabajo ubicado en el mbito geogrfico nacional. Dicho puesto habr de ser adecuado a la naturaleza de la relacin de servicios de la solicitante y a su clasificacin profesional, y sta deber reunir los requisitos exigidos para el desempeo del mismo que figuren en la respectiva relacin de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares, pudiendo realizarse, en su caso, las adaptaciones y equivalencias que sean necesarias.

5. A estos efectos, cada Administracin Pblica regular de manera expresa y clara, con la finalidad de facilitar el ejercicio de este derecho por parte de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero, los modelos de solicitud, as como la documentacin a aportar y lugar de presentacin y determinarn el procedimiento a seguir para resolverlo con carcter urgente y para salvaguardar siempre la privacidad de las empleadas afectadas y de sus familiares.

Sexto. Efectos de la movilidad y duracin.

1. El traslado de localidad por razn de violencia de gnero tendr la consideracin de forzoso, tal como establece el artculo82.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, aprobada por Real Decreto Legislativo5/2015, de30 de octubre.

2. Las indemnizaciones que, en su caso, correspondan a la empleada pblica sern a cargo de la Administracin Pblica de origen en la que se encuentre destinada en el momento de efectuarse la movilidad.

3. La ocupacin por la interesada del nuevo puesto adjudicado tendr carcter provisional, en tanto no obtenga un puesto con carcter definitivo.

4. La incorporacin al nuevo destino deber realizarse en el plazo ms breve posible. En todo caso, la incorporacin deber producirse en el plazo mximo de tres das hbiles si no comporta cambio de residencia de la empleada pblica o de ocho das hbiles, prorrogables justificadamente hasta un mximo de un mes, si lo comporta, desde la notificacin de la resolucin de movilidad.

5. La Administracin pblica de destino, mantendr a la empleada pblica en el puesto que le sea adjudicado, en tanto permanezcan las circunstancias que dieron lugar a la movilidad, sin que dicho puesto de trabajo pueda ser durante todo ese perodo objeto de convocatoria para su cobertura definitiva.

6. La Administracin de origen tendr la obligacin de reservar a la empleada pblica un destino en la misma localidad y de iguales caractersticas retributivas a las del puesto que ocupaba, durante el tiempo en que dicha empleada permanezca destinada con carcter provisional en la Administracin a la que se traslade por razn de violencia de gnero, hasta obtener un puesto con carcter definitivo, sea en la de Administracin de destino, en la de origen o en una tercera.

7. Las Administraciones Pblicas intervinientes en la movilidad se comunicarn recprocamente la formalizacin del cese y la toma de posesin de la empleada pblica en el momento en que se produzcan.

8. Todas las retribuciones correspondientes al plazo posesorio sern abonadas por la Administracin Pblica de origen en la cuanta correspondiente al puesto de trabajo que vena desempeando. Las retribuciones o salarios del nuevo puesto correspondern a la Administracin Pblica a la que va destinada a partir de la fecha de la toma de posesin en el nuevo puesto de trabajo.

9. La empleada pblica tendr derecho a percibir las retribuciones que correspondan al puesto que le sea adjudicado en la Administracin a la que se traslade, para lo que la Administracin de origen, en caso de que se produzca prdida retributiva, regular un mecanismo de compensacin articulado desde la perspectiva presupuestaria, que permita el abono de una indemnizacin en tanto se mantenga esa diferencia retributiva.

10. La empleada pblica tendr la obligacin de comunicar a la Administracin en la que se le ha adjudicado el nuevo destino, la desaparicin, en su caso, de las circunstancias que dieron lugar a la necesidad de traslado o la prdida de la condicin de vctima de violencia de gnero, promovindose en ese momento la reincorporacin a su Administracin de origen. Los plazos para dicha reincorporacin sern los mismos indicados en el apartado4 del presente punto y este retorno tendr la consideracin de movilidad voluntaria.

11. Se proteger la intimidad de las empleadas pblicas en las anotaciones de los actos administrativos que deban realizarse en los registros de personal de las Administraciones Pblicas, as como en el acceso a la informacin existente sobre ellas en los sistemas de informacin de las distintas Administraciones Pblicas.

Sptimo. Traslados de corta duracin y solucin transitoria ante la inexistencia de vacante.

En aquellos supuestos en los que, por las circunstancias excepcionales de su situacin, la interesada solicite nicamente un traslado temporal de duracin inferior a6 meses, o cuando no exista vacante para poder resolver con la inmediatez necesaria el traslado, la Administracin de origen y aquella en la que vaya a prestar servicios la empleada pblica, podrn acordar en su favor una atribucin temporal de funciones en comisin de servicios o figura similar que contemple el convenio colectivo aplicable al personal laboral, continuando la interesada como titular de su puesto de trabajo en la Administracin de origen y percibiendo sus retribuciones con cargo a esa Administracin.

Transcurrido ese plazo finalizar la atribucin temporal de funciones o figura equivalente y se actuar de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de persistir la necesidad de traslado.

Octavo. Empleadas pblicas con relacin de servicios de carcter no permanente.

En los supuestos de movilidad de empleadas pblicas con relaciones de servicio de carcter no permanente, la Administracin Pblica a la que vayan destinadas formalizar una nueva relacin de servicios de igual carcter que aquella que mantena con la Administracin de origen.

Noveno. Otras consideraciones relacionadas con situaciones de violencia de gnero.

Las Administraciones Pblicas procurarn la utilizacin tambin de las herramientas de provisin de puestos de trabajo existentes en su respectivo mbito competencial para atender la posible necesidad de traslado de las empleadas o empleados pblicos que tengan a su cargo bajo su patria potestad, tutela, guarda o acogimiento a una menor o a una persona con discapacidad, que tenga la condicin de vctima de violencia de gnero, en aquellos supuestos en los que la situacin de la vctima aconseje un cambio de localidad de la residencia familiar.

Dcimo. Exclusin de obligaciones econmicas.

La aplicacin y ejecucin de este Acuerdo, incluyndose todos los actos jurdicos que puedan dictarse en su ejecucin y desarrollo, no podr suponer obligaciones econmicas para las Administraciones Pblicas y, en todo caso, se atendern con sus medios personales y materiales, sin perjuicio de la ordenacin del abono de retribuciones o salarios y, en su caso, indemnizaciones derivadas de la movilidad de la empleada pblica.

Undcimo. Adecuacin normativa.

Las Administraciones Pblicas adecuarn sus normas legales y convencionales aplicables a la movilidad de las empleadas pblicas vctimas de violencia de gnero a lo establecido en el presente Acuerdo, a travs de los mecanismos jurdicos que sean necesarios para tal fin.

Duodcimo. Aplicacin del presente Acuerdo a empleadas pblicas con normativa especfica.

Se promovern, en el marco competencial correspondiente, las actuaciones necesarias para que las medidas recogidas en el presente Acuerdo puedan ser de aplicacin a las empleadas pblicas sujetas a legislacin especfica propia en materia de movilidad.

Análisis

  • Rango: Resolucin
  • Fecha de disposición: 16/11/2018
  • Fecha de publicación: 17/11/2018
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el art. 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10566).
Materias
  • Administraciones Pblicas
  • Conferencias Sectoriales
  • Empleados pblicos
  • Funcionarios pblicos
  • Igualdad de oportunidades
  • Mujer
  • Violencia de gnero

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