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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 9 de mayo de 2018, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, periodo 2014-2015, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a:

– Incluir de forma regular en el programa de fiscalización el patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

– Ejecutar cuantas actuaciones legalmente sean procedentes para depurar las responsabilidades derivadas de las responsabilidades contables apreciadas en las fiscalizaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas sobre fiscalización del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

– Requerir a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares para que ejecuten sus actuaciones cumpliendo rigurosamente la normativa sobre contratación.

– Actualizar la regulación contenida en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986, en la línea en la que apunta el presente informe de fiscalización.

3. Instar a las entidades fiscalizadas en el presente informe a:

– Implementar los mecanismos y procedimientos internos necesarios para asegurar que el proceso de elaboración, aprobación y rendición de sus cuentas generales se realice en el plazo establecido.

– Analizar la suficiencia y la adecuación de las dotaciones de medios personales, técnicos y organizativos de los servicios a los que encomiendan la gestión inventarial y patrimonial y garantizar la suficiencia de los medios precisos para garantizar su adecuación a las necesidades en cada caso.

– Elaborar manuales de gestión patrimonial y de llevanza de inventario, e implantar aplicaciones informáticas de inventario que sirvan como herramientas para la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario.

– Establecer un sistema de comunicación y coordinación entre los servicios encargados en las entidades de la gestión del patrimonio y la Intervención, a la que le corresponde la función de contabilidad, a los efectos de que cualquier acto con incidencia patrimonial formalmente adoptado se refleje de manera directa en el área de la contabilidad correspondiente a la gestión del activo.

– Establecer mecanismos internos para garantizar la justificación de la necesidad e idoneidad de los contratos que celebren para la gestión de su patrimonio inmobiliario.

– Promover la reglamentación de las relaciones de carácter patrimonial con otras Administraciones públicas, en particular, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, mediante convenios que, de forma general, ordenen estas relaciones y los inmuebles afectados por las mismas.

– Incidir en la implementación de sistemas de contabilidad analítica que permitan conocer de forma individualizada los costes de mantenimiento y conservación de los inmuebles, así como los ingresos generados por su explotación o arrendamiento.

– Garantizar el adecuado seguimiento y control del patrimonio, tanto de los propios bienes, como de su situación jurídica y efectiva, así como de los ingresos y gastos por ellos generados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.