Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior, corresponde a la ministra de Justicia, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el nombramiento de los magistrados de enlace.
Resulta además de aplicación el Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia, que establece que la convocatoria de las magistraturas de enlace será aprobada por resolución de la Secretaría de Estado de Justicia y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
En ejercicio de dicha facultad, el Ministerio de Justicia resuelve convocar la provisión de la plaza de magistrado de enlace ante las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 242/2019, de 5 de abril.
Bases
La plaza de magistrado de enlace ante las autoridades competentes de Estados Unidos de América, tiene su ubicación en Washington y lleva aparejado, entre otras, el desempeño de las siguientes funciones:
a) Promover y facilitar la cooperación judicial en materia civil y penal entre España y el Estado ante el que está acreditado.
b) Apoyar a las autoridades judiciales competentes en la redacción y ejecución de solicitudes de auxilio.
c) Colaborar con la correspondiente autoridad central española y con las autoridades judiciales españolas cuando sea requerido.
d) Promover y reforzar las relaciones con la autoridad central y las autoridades judiciales competentes en el país de destino.
e) Prestar apoyo a las iniciativas y actividades promovidas por los órganos superiores y directivos del Ministerio de Justicia y, por indicación de dicho Departamento, a las de las otras instituciones del Sector Justicia.
f) Remitir al Ministerio de Justicia informes periódicos sobre las actividades desarrolladas siempre que resulte necesario y, al menos, una vez al año.
El mandato de la persona designada tendrá una duración de cinco años desde la ocupación efectiva del puesto, prorrogables por resolución motivada de la ministra de Justicia hasta un máximo de 2 años, atendiendo a razones de especial competencia en el desempeño del puesto, o a la terminación de proyectos en curso.
El período mínimo de permanencia en el puesto será de dos años desde la ocupación efectiva del puesto de trabajo.
Podrán participar en esta convocatoria los aspirantes que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan los requisitos que seguidamente se detallan:
a) Pertenecer a la Carrera Judicial o a la Carrera Fiscal.
b) Tener al menos diez años de antigüedad en la Carrera correspondiente.
c) Acreditar un conocimiento suficiente del idioma inglés, tanto activo como pasivo, oral y escrito.
d) Acreditar la formación o experiencia en materia de cooperación jurídica internacional y, en su caso, sobre el ordenamiento jurídico del país de destino. Se valorarán en particular las publicaciones sobre esta materia.
La presente Resolución se difundirá entre los miembros de las carreras judicial y fiscal a través de la web y redes sociales del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente, haciendo constar el día de inicio del cómputo.
Las personas que deseen participar en la presente convocatoria deberán remitir el formulario de solicitud que figura como Anexo I al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.
Las solicitudes se podrán presentar directamente ante el Registro del Ministerio de Justicia (C/ de la Bolsa, 8. 28012-Madrid) o a través de cualquiera de las formas establecidas por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán remitirse telemáticamente a través de la dirección de correo electrónico dgcjircdh@mjusticia.es.
Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de la difusión de la presente convocatoria.
A la solicitud se acompañará un curriculum vitae en formato Europass del candidato o candidata, en el que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria y todos aquellos que considere oportuno poner de manifiesto, junto con la documentación acreditativa de los mismos.
Se constituirá una comisión de selección integrada por un representante del Ministerio de Justicia, que recaerá en la persona titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial y otro designado por la Fiscalía General del Estado.
Esta comisión de selección examinará los currículos recibidos y determinará las candidaturas que reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, incluida la antigüedad en la respectiva carrera. Para acreditar el conocimiento del idioma inglés, se podrán realizar entrevistas por el Servicio de Traducción del Ministerio de Justicia.
La comisión de selección elaborará una terna de los candidatos y candidatas que resulten más idóneos, que será elevada a la ministra de Justicia. La ministra de Justicia decidirá y nombrará mediante Orden al magistrado o magistrada de enlace, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
La persona designada para el desempeño del puesto pasará a la situación administrativa de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Contra la presente Resolución, y cuantos actos administrativos de ella se deriven podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Justicia en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su fecha, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 20 de noviembre de 2019.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz Lago.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
