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El 6 de febrero de 2019, la Fiscal de Sala de la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado remitió a la Inspección Fiscal escrito de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora en el que propone el nombramiento de la Fiscal, Ilma. Sra. D.ª Ascensión Castillo Ávila, como Delegada de la especialidad en la citada Fiscalía.

Hechos

Único.

Con motivo del traslado del anterior Delegado de Criminalidad Informática Ilmo. Sr. D. Rafael-Carlos de Vega Irañeta a la Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado, quedó vacante en la Fiscalía Provincial de Zamora el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrirlo, la Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud, habiéndola presentado únicamente D.ª Ascensión Castillo Ávila, destacando la Fiscal Jefe que reúne los requisitos para el cargo, en atención a sus conocimientos y formación en la materia.

Mediante escrito de fecha 8 de febrero de 2019 la Fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación, considerando que la candidata se encuentra en condiciones adecuadas para el desempeño de la función, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4 RD 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decano serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (artículo 36.4). Esto último no es aplicable al presente caso, al haber sido D.ª Ascensión Castillo Ávila, la única candidata.

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá el mismo procedimiento de designación también en los casos en los que el Delegado provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, acuerdo:

El nombramiento de la Ilma. Sra. D.ª Ascensión Castillo Ávila como Fiscal Delegada de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Zamora.

Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny n° 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 18 de febrero de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.