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El 23 de abril de 2019 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito de don José Francisco Ortiz Navarro en el que da cuenta de la renuncia efectuada, tras su nombramiento como Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, a la Delegación Provincial de Criminalidad Informática y propone como nuevo Delegado en esa especialidad al Ilmo. Sr. don José Vicente Guillamón Senent, destinado en dicha Fiscalía.

Hechos

Único. Con motivo de la renuncia del anterior Delegado de Criminalidad Informática quedó vacante en la Fiscalía Provincial de Valencia el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrirlo, el Fiscal Jefe Provincial comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud, presentándose únicamente la del Ilmo. Sr. don José Vicente Guillamón Senent, que fue remitida a la Unidad Central de Criminalidad Informática con el informe favorable del Fiscal Jefe, por su gran experiencia y formación en la especialidad.

Mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2019, la Fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado propone a la Fiscal General del Estado el nombramiento de Delegado a favor de don José Vicente Guillamón Senent, por ser persona idónea y con experiencia en la materia, al hallarse integrado en la sección de criminalidad informática de la Fiscalía Provincial desde enero de 2017, no formulando objeción alguna el Consejo Fiscal (art 3.4 RD 437/1983).

Fundamentos

Primero. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (art. 36.4), lo que ha sido debidamente cumplimentado.

Segundo. La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá el mismo procedimiento de designación también en los casos en los que el Delegado provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero. Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, acuerdo:

1. Aceptar la renuncia del Ilmo. Sr. don José Francisco Ortiz Navarro, y nombrar al Ilmo. Sr. don José Vicente Guillamón Senent, Fiscal Delegado de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Valencia.

2. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.l.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 23 de mayo de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.