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Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (art. 19.5) prevé la posibilidad cuando el número de procedimientos así lo aconseje, que el Fiscal General del Estado pueda designar en cualquier Fiscalía uno o varios Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales, que se integrarán en éstas. Dicha designación se hará, oído el Consejo Fiscal, previo informe de los Fiscales Jefes de la Fiscalía Especial y la Fiscalía territorial correspondiente, entre los Fiscales de la plantilla de ésta última que lo soliciten, acreditando su especialización en la materia en los términos que se establezcan reglamentariamente.

La Instrucción de la Fiscalía General del Estado 4/2006, de 12 de julio, sobre atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción y sobre la actuación de los fiscales especialistas en delincuencia organizada, establece que los Fiscales Delegados serán nombrados por el Fiscal General del Estado a propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial, previa audiencia del Fiscal Jefe territorial y oído el Consejo Fiscal. La designación se hará entre los solicitantes de cada plantilla, debiendo estar informadas las solicitudes por el Fiscal Jefe respectivo. El nombramiento se producirá mediante Decreto en el que se determinará el ámbito de las funciones de los Delegados y si éstas serán desempeñadas en régimen de dedicación exclusiva.

Segundo.

Con motivo del nombramiento del Ilmo. Sr. Fiscal don Vicente Torres Cervera como Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por Real Decreto 158/2019 de 15 de marzo, quedó vacante uno de los cargos de Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada de la Fiscalía Provincial de Valencia.

En fecha 31 de mayo de 2019, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada elevó a la Fiscalía General del Estado, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia de designación de la Ilma. Sra. doña Virginia Abad Rodríguez como Fiscal Delegada de esa Fiscalía Especial en régimen de dedicación exclusiva, acompañada de la previa convocatoria de un concurso interno para el nombramiento de Fiscal Delegado. La propuesta destaca que la candidata forma parte de la Sección de Delitos Económicos de la mencionada Fiscalía y reúne las condiciones necesarias para el desempeño del cargo, por los específicos méritos profesionales que concurren en ella, siendo la única candidata peticionaria.

Tercero.

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada en escrito de fecha de 30 de mayo de 2019, manifestó su conformidad con la propuesta efectuada por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, haciéndola suya, en base a los méritos y experiencia de la candidata, considerando que el cargo debe ejercerse en régimen de exclusividad de funciones en razón al elevado volumen de trabajo existente en la materia en la Fiscalía Provincial referida. El Consejo Fiscal tampoco ha manifestado objeción alguna a la propuesta (art. 3.4 RD 437/1983).

En consecuencia, vistas las propuestas formuladas por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada y Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, oído el Consejo Fiscal, de conformidad con lo previsto en el art. 19.5 EOMF y la Instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado, haciendo propios los argumentos que sirven de fundamento a las propuestas de su designación, se acuerda:

Nombrar Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial de Valencia, a la Ilma. Sra. doña Virginia Abad Rodríguez, que ejercerá el cargo en régimen de exclusividad de funciones.

Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Recursos.–Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 18 de junio de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.