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Vista la sentencia dictada el día 3 de julio de 2018 por la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, dimanante del Juzgado Central de Instrucción n.º 1, procedimiento abreviado 37/2014, por la que se condena a don Carlos Gabriel Lozoya Barbero, funcionario de la Escala de Gestión de Empleo del Inem, destinado en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia, Oficina de Prestaciones de Águilas, como autor criminalmente responsable de un delito de malversación de caudales públicos, a la pena de inhabilitación absoluta durante 7 años, confirmada por la liquidación de la condena, ejecutoria 16/20.

Considerando lo dispuesto en los artículos 63 y 66 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere, así como lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que igualmente establece que la pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena.

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades que tiene conferidas, resuelve:

Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Carlos Gabriel Lozoya Barbero con anotación correspondiente en el Registro Central de Personal.

Madrid, 15 de diciembre de 2020.–La Subsecretaria de Trabajo y Economía Social, Gemma del Rey Almansa.