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El 20 de noviembre de 2019 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, proponiendo el nombramiento de del Ilmo. Sr. don Álvaro Díaz Garófano como nuevo Delegado de Criminalidad Informática ante el cese por traslado a otra Fiscalía del anterior Delegado.

Hechos

Con motivo del cese por traslado a otro órgano del Ministerio Fiscal del anterior Delegado de Criminalidad Informática, don Julio López Ordiales, quedó vacante en la Fiscalía de la Provincial de Badajoz el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrirlo, el Fiscal Jefe Provincial comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. En la Junta de fecha 14 de noviembre de 2019, se manifestó interesado únicamente don Álvaro Díaz Garófano, proponiendo el Fiscal Jefe su nombramiento dada su completa preparación, conocimiento de informática y su interés en la materia, aportando su curriculum vitae.

Mediante escrito de 12 de diciembre de 2019, la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática manifiesta que acepta la propuesta de designación en favor de don Álvaro Díaz Garófano por ser persona idónea para el cargo y se encuentra en condiciones adecuadas para el desempeño de esta función, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (art 3.4 RD 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (art. 36.4), lo que ha sido debidamente cumplimentado.

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá el mismo procedimiento de designación también en los casos en los que el delegado provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe Provincial de Badajoz está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta,

ACUERDO

1. Nombrar al Ilmo. Sr. don Álvaro Díaz Garófano Fiscal Delegado de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Badajoz.

2. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 10 de enero de 2020.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.