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El Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de abril de 2021, ha aprobado, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Acuerdo por el que se estima el requerimiento de anulación presentado por la Comunidad de Madrid, y se modifica su responsabilidad financiera en el procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea establecida en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 y de 24 de noviembre de 2020, dejando éstos sin efecto, en virtud de lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Supremo n.º 1538/2020, de 18 de noviembre de 2020 y n.º 1563/2020, de 19 de noviembre de 2020.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se dispone la publicación del citado Acuerdo, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 19 de mayo de 2021.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Miguel Ángel Riesgo Pablo.

ANEXO

Acuerdo por el que se estima el requerimiento de anulación presentado por la Comunidad de Madrid, y se modifica su responsabilidad financiera en el procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea establecida en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 y de 24 de noviembre de 2020, dejando estos sin efecto, en virtud de lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Supremo n.º 1538/2020, de 18 de noviembre de 2020, y n.º 1563/2020, de 19 de noviembre de 2020

Primero.

Vistas las Sentencias del Tribunal Supremo n.º 1538/2020, de 18 de noviembre de 2020, y 1563/2020, de 19 de noviembre de 2020 de los recursos contenciosos administrativos interpuestos contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de la repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, y cuyos fallos deciden estimar una responsabilidad financiera concurrente al 50 % entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas recurrentes, se modifica la responsabilidad financiera al Organismo pagador de la Comunidad de Madrid, como competente en la gestión y control de las ayudas, acorde con la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional quinta del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. El mismo ha dado lugar a la liquidación realizada sobre la deuda contraída de quinientos cuarenta y ocho mil veintisiete euros con setenta y dos céntimos (548.027,72 €), de los cuales quinientos cuarenta y un mil doscientos un euros con catorce céntimos (541.201,14 €) son con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes, seis mil quinientos ochenta y un euros con cincuenta céntimos (6.581,50 €) son con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), resto de ayudas por superficie y doscientos cuarenta y cinco euros con nueve céntimos (245,09 €) son con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Segundo.

Dicha deuda, atribuida al Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, ha sido extinguida al haber efectuado un abono en la cuenta habilitada del Banco de España por el importe de 4.568.582,49 €. Por ello, y por cumplimiento de sentencia, procede la devolución del 50% de los importes resueltos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, y consistente en 548.027,72 €.

La Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059, de 20 de junio de 2016 (Decisión Ad Hoc 51) excluyó de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por el Reino de España, por no ajustarse a las normas comunitarias, en relación con las debilidades encontradas en el marco de las ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes y la vinculación con la gestión de los pagos así como a deficiencias en el procedimiento de recuperación de pagos indebidos como consecuencia de un cambio de la superficie admisible en el SIGPAC.

En aplicación del apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y al abrigo del apartado 1 de la Disposición Adicional Quinta, se propuso imputar el 100% de la corrección financiera a las diferentes comunidades autónomas afectadas, en su condición de Organismos Pagadores. El procedimiento de repercusión de responsabilidad financiera finalizó mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 en el que se determinaba la repercusión al Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid un importe total de 4.568.582,49 euros, de los que correspondían por fondos:

– FEAGA, ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes, 4.554.929,32 euros.

– FEAGA resto de ayuda, 13.163,01 euros.

– FEADER, 490,16 euros.

La citada deuda, atribuida al Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, ha sido extinguida al haber efectuado abonos parciales en la cuenta habilitada del Banco de España.

Tercero.

El presente acuerdo de Consejo de Ministros será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», modificando y revocando el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, dado que pone fin al procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea reconocidas por la Comisión Europea mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835, de la Comisión, de fecha 30 de octubre de 2019, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

No obstante, sobre el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 incidió una circunstancia esencial y es la propia actuación del Reino de España que instó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) la anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059.

Fruto del proceso ante la curia comunitaria europea, el TJUE en la Sentencia T-459/16, de 29 de noviembre de 2018 estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Estado Español y procedió a la anulación de la Decisión impugnada.

De esta forma, la Comisión Europea publicó una nueva Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835 (Ad hoc 61), de fecha 30 de octubre de 2019, con la devolución parcial a España de una parte correspondiente a FEAGA en el caso de ayudas por superficie, inadmisibilidad de los pastos permanentes, por un importe de 172.163.315,09 €, el 5 de febrero de 2020. Por ello, la corrección financiera total de FEAGA pastos que ascendía a 262.887.429,57 euros, descontando la devolución de la Comisión supone ahora un total de 90.724.114,48 euros.

De esta forma, mediante el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020 se culminó la terminación del procedimiento de responsabilidad financiera iniciado a la Comunidad de Madrid el 9 de junio de 2020 por la que recalculó la corrección financiera que afectaba al importe FEAGA ayudas por superficie inadmisibilidad de pastos permanentes como consecuencia de la Sentencia del TJUE y de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835, dictada por la Comisión el 30 de octubre de 2019.

Así, para el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, la deuda de FEAGA, ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes, se modificó a 1.082.402,27 euros.

No obstante, como la totalidad de la deuda, atribuida al Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Madrid fue extinguida, con fecha 7 de abril de 2020 se procedió a la devolución de 3.472.527,05 euros.

Mediante la Orden 296/2021, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, de 27 de enero de 2021, la Comunidad de Madrid emite un requerimiento en base al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso, vista la sentencia del Tribunal Supremo n.º 1563/2020, de 19 de noviembre de 2020, sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad Autónoma de Cantabria contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, que establece en su fallo estimar una responsabilidad financiera concurrente al 50 % entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma indicada, anulando el citado Acuerdo.

En el citado requerimiento, se solicita la anulación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, declarando la responsabilidad mancomunada del FEGA y la Comunidad de Madrid al 50% cada uno, y en caso de estimarse dicha pretensión, que se reembolse a la Comunidad de Madrid la parte de la deuda ya pagada y que correspondería asumir al FEGA.

Tras valorar el requerimiento la Comunidad de Madrid fundamentado en la mencionada sentencia del Tribunal Supremo respecto al Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, y en base a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se modifican los importes imputados en el procedimiento de repercusión de responsabilidad financiera iniciado el 29 de agosto de 2016, asumiendo la Administración General del Estado la responsabilidad concurrente al 50 %, en el que el importe referido a FEAGA ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes fue modificado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020.

Por lo expuesto, se procede a la devolución del importe de 548.027,72 €, de los cuales 541.201,14 € son con cargo al FEAGA, ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes, 6.581,50 € son con cargo al FEAGA, resto de ayudas por superficie y 245,09 € son con cargo al FEADER.

Consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía del Estado previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.

Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento previo, previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos meses, contados desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del acuerdo.

Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso, o se entienda presuntamente rechazado artículos 12.1.a), 46.6 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).