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La Secretaria de Estado Función Pública y el Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) han suscrito, con fecha 3 de junio de 2022, un Convenio para la identificación y reducción de cargas administrativa.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la publicación del referido Convenio, como anejo a la presente resolución.
Madrid, 8 de junio de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P.D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora General de Gobernanza Pública, Clara Mapelli Marchena.
De una parte, doña Lidia Sánchez Milán, Secretaria de Estado de Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 665/2021, de 27 de julio (BOE de 28 de julio), en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en virtud de la Resolución de 13 de mayo de 2022, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la citada Ley 40/2015, por la que se avoca la competencia para la celebración del presente Convenio, competencia que se encuentra delegada en la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública conforme al apartado vigésimo cuarto 1. b) de la Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado.
De otra parte, don Juan Antonio Pedreño Frutos, Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (en adelante CEPES), cargo desempeñado en virtud del nombramiento efectuado por la Asamblea electoral de esta entidad en su reunión de fecha de 18 de junio de 2020, y en virtud de las atribuciones reconocidas al Presidente de la Confederación de acuerdo con los Estatutos de la misma, en concreto las referidas en el artículo 23.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la representación que ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad legal y competencia para celebrar el presente Convenio y en relación con el mismo,
EXPONEN
I. Que la reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un compromiso del Gobierno de España, correspondiendo al Ministerio de Hacienda y Función Pública (en adelante MINHFP), en virtud de las competencias que le confiere el Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, entre las que se encuentra la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de gobernanza pública.
En particular, el citado Real Decreto le atribuye, a través de la Secretaria de Estado de Función Pública, la política de reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado, contribuyendo a flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y superar las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos y empresas para relacionarse con ellas.
II. A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, entre otras medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así como crear o mantener dentro de los servicios de sus Administraciones un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación. En este sentido, cabe citar las Conclusiones sobre la mejora de la legislación para garantizar la competitividad y un crecimiento sostenible e integrador, adoptadas por el Consejo de Competitividad de la UE en su sesión del 27 de febrero de 2020.
El proceso de simplificación de procedimientos va dirigido a identificar posibles cargas existentes, así como a la implementación de propuestas de mejora del diseño de los procedimientos administrativos para que estos, además de adecuarse a las necesidades actuales, operen con la máxima economía y alcancen el mayor grado posible de eficacia y eficiencia.
III. Asimismo, a nivel interno, en la agenda de reformas del Gobierno de España, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se contempla la máxima de que no es posible una transformación de la economía sin una administración que actúe como tractor de los cambios. De esta manera, como palanca para el cambio, el objetivo de una administración para el siglo XXI es impulsar los cambios tecnológicos, estimular la innovación y acompañar al sector privado, para la creación y consolidación de nuevos modelos de negocio, como pueden ser, sin duda, las empresas y entidades de la Economía Social.
IV. Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la sociedad. Se promueve un partenariado en el que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por consiguiente, colaboren con las Administraciones en los cambios que éstas promueven.
En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto y los ODS, se puede avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de sus servicios abriendo la posibilidad de los destinatarios de los servicios a una experiencia conjunta de búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este cambio cultural pretende favorecer la formación de espacios de creatividad donde la Administración comparta sus datos, experiencia y recursos y los ponga a disposición del sector empresarial o social (que aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
V. Que la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), es una confederación empresarial, de ámbito estatal y de carácter intersectorial, representativa de la Economía Social en España, y se constituye el 8 de julio de 1992, como interlocutora para la construcción de políticas públicas y sociales para la promoción del modelo de empresa de Economía Social, centrado en las personas.
VI. Que CEPES integra a 29 organizaciones socios miembros. Todos ellos son confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 220 estructuras de apoyo a nivel autonómico.
CEPES representa en la actualidad los intereses de 43.192 empresas, de 2.184.234 empleos directos e indirectos, de 21.625.063 personas asociadas a las entidades de Economía Social, con una facturación de este conjunto que equivale al 10 % del PIB de nuestro país.
VII. Que la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, en cuanto propicia la reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, contribuye a reducir los costes administrativos de explotación de las actividades mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y a estimular su desarrollo.
VIII. Que CEPES por su representatividad empresarial y por su objeto y fines sociales, es un cauce adecuado para ayudar a identificar los trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, que pesan sobre la creación de empresas o el desarrollo de su actividad, y para sugerir cambios o medidas que faciliten su simplificación o reducción, así como para realizar acciones divulgativas al respecto entre el colectivo empresarial, motivos por los que dicha Confederación y el propio MINHFP tienen interés en establecer un marco permanente de diálogo y colaboración sobre el asunto mencionado.
IX. Que, teniendo presente que la consulta a los sectores interesados permite mejorar la calidad de la legislación y su adecuación a las necesidades sociales, resulta oportuno establecer nuevas vías de colaboración que fomenten la participación empresarial en esta iniciativa pública.
En consecuencia con lo expuesto, las partes consideran oportuno suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
El objeto del presente Convenio es establecer los términos de la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del MINHFP, y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) para la identificación y planteamiento de propuestas concretas de reducción de cargas administrativas vinculadas a los diferentes modelos empresariales enmarcados en el concepto legal de empresas de Economía Social.
Se prestará especial atención a los obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora de la Economía Social, con el análisis de trabas vinculadas a la creación rápida y ágil de empresas de Economía Social, a las transformaciones de empresas mercantiles en empresas de Economía Social, así como a aspectos de los diferentes modelos de empresa de Economía Social en cuanto a registros generales y procedimientos de constitución, funcionamiento y consolidación empresarial.
Además es objeto del presente Convenio difundir entre el tejido empresarial español las actuaciones emprendidas por las Administraciones Públicas, y en particular en la Administración General del Estado, para la reducción de las trabas existentes en dicho ámbito, y consolidar los canales de intercambio de información entre las empresas y la Administración a través de la Confederación, de forma que se identifiquen los trámites que generan mayores cargas sobre las empresas y dificultan el desarrollo fluido de su actividad, y se propongan medidas para simplificar la tramitación de dicha actividad y faciliten la relación entre las empresas y la Administración.
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, realizará las siguientes actuaciones:
a) Propuestas para la reducción de cargas administrativas en el área seleccionada:
CEPES asume el compromiso de analizar e identificar las cargas administrativas existentes en el ámbito objeto de este Convenio que sean, a su juicio, susceptibles de ser eliminadas y reducidas, así como de la formulación de las propuestas de simplificación administrativa que resulten pertinentes. Dichas propuestas irán acompañadas de la correspondiente estimación del ahorro que generarían aplicando el Método Simplificado de medición de cargas administrativas facilitado por el MINHFP, normativa a modificar y órgano competente, y se acompañarán de la memoria explicativa correspondiente.
En caso que sean formuladas varias propuestas de simplificación con la misma identidad sustancial en cuanto al objeto, finalidad o tipo de medida adoptada, se agruparán todas ellas en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por parte del Centro Gestor.
Para la identificación de trabas y la concreción de las propuestas, CEPES desarrollará las siguientes actuaciones:
1. Jornadas y foros de discusión con empresas que permitan un contacto directo para conocer sus necesidades, impresiones y valoraciones y en las que dichos representantes empresariales puedan manifestar directamente a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y a la propia Administración sus propuestas de simplificación.
CEPES organizará un mínimo de dos actividades, que se celebrarán preferiblemente antes del 30 de octubre de 2022. Dichas actividades se podrán realizar tanto de forma presencial como a distancia, haciendo uso para ello de medios telemáticos.
2. Trabajo en la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, a través de sus organizaciones y estructuras de apoyo, que permitirá canalizar las inquietudes y propuestas de los empresarios en el área de estudio objeto de este Convenio.
3. Colaboración con expertos y especialistas en las áreas de actuación acordadas, para conocer sus análisis, así como perfilar y contrastar determinadas medidas.
4. Tareas de revisión documental, estudio de normativa, bibliografía, así como de coordinación entre los distintos entes integrantes de CEPES.
CEPES hará entrega al MINHFP, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, del informe en el que se relacionarán los trámites identificados y las propuestas de reducción de cargas. El documento se entregará, en todo caso, antes del 20 de noviembre de 2022.
Asimismo, CEPES aportará la información en el formato que la Administración le indique.
b) Difusión y comunicación:
1. Con el fin de que los distintos agentes económicos y sociales conozcan las actuaciones de las Administraciones Públicas y amplíen su colaboración al respecto, CEPES asume el compromiso de participar en acciones de sensibilización, difusión y comunicación sobre las medidas que se están implantando desde la Administración para la simplificación administrativa, mediante los canales de divulgación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, la participación en actos y foros, o la celebración de eventos sobre la materia, entre otras iniciativas complementarias, informando en todo caso al MINHFP de las acciones que se lleven a cabo.
2. La Confederación Empresarial Española de la Economía Social dará difusión, a petición del MINHFP, de cualquier tipo de información o material sobre la reducción de cargas y simplificación administrativa que se considere de interés, a través de sus canales divulgativos.
3. En cualquier tipo de actividad de difusión y comunicación, CEPES dará publicidad de la participación del MINHFP en la financiación de este Convenio con inclusión del logo de los firmantes del mismo, de acuerdo con los criterios de imagen institucional del Ministerio.
c) Estructura de apoyo en CEPES:
Durante la vigencia del Convenio, y con el fin de dar cumplimiento a su objeto, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social dispondrá de un equipo de técnicos y expertos en simplificación administrativa y mejora de la regulación, que apoyen las tareas sobre la materia, colaborando en la concreción de propuestas y en las actividades divulgativas planteadas.
El personal indicado en el párrafo anterior podrá ser propio de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social o subcontratado a tal fin.
d) Otras actividades:
Cuantas otras actividades o servicios se consideren necesarios o convenientes para el buen desarrollo del Convenio, previo consenso de las partes.
a) Asesoramiento:
Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
b) Seguimiento:
Seguimiento de los trabajos realizados por la organización durante la vigencia del Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
c) Comisión de seguimiento:
Convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula sexta de este Convenio.
d) Análisis de las propuestas presentadas:
Remisión de las propuestas presentadas por la organización a los Departamentos ministeriales competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas. Se elaborará un informe con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social.
e) Difusión y comunicación:
El MINHFP podrá dar difusión en sus espacios de comunicación de la firma del Convenio, de los encuentros mantenidos y los resultados obtenidos.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así como cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerá al MINHFP y a CEPES y no podrán ser explotados por ningún tercero sin el consentimiento expreso de las partes.
No obstante, CEPES podrá hacer difusión de su papel activo en los trabajos desarrollados con relación a este Convenio.
a) El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del presente Convenio es de veintiocho mil euros (28.000 €).
b) El MINHFP se compromete a aportar para la financiación del coste establecido en el apartado anterior, la cantidad de veintitrés mil euros (23.000 €). La Confederación Empresarial Española de la Economía Social aportará a dicha financiación la cantidad de cinco mil euros (5.000 €).
El crédito presupuestario al que se imputará la obligación correspondiente al MINHFP es el siguiente: 15.26.921N.640.08.
c) A partir del inicio de efectos de este Convenio, el MINHFP abonará a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social los pagos correspondientes a su aportación, previa justificación de los servicios realizados, con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto de 2022, del Proyecto de inversión 200922002000100.
Para realizar dicho abono, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social remitirá al MINHFP, documentación justificativa de las actividades relacionadas con las propuestas para la reducción de cargas administrativas del presente Convenio. Se considera documentación justificativa del gasto, además del documento de cargo que emita la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, la certificación acreditativa del órgano competente de la Confederación en que se especifique el alcance de las labores desarrolladas por esta Corporación en el marco del Convenio. Complementariamente, y para la justificación de los gastos en que se han incurrido, se remitirán facturas, certificados emitidos por representante de la organización en los que figuren los gastos imputables al convenio o documentos probatorios equivalentes.
d) Desde que surte efectos jurídicos este Convenio, y antes de la finalización de su vigencia, CEPES se compromete a abonar la totalidad de su aportación para financiar las actividades previstas en el presente Convenio, presentando certificación acreditativa.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINHFP y por dos representantes de CEPES. Estará presidida por la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley. Resolverá todas las incidencias o controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este Convenio.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento, a las reuniones de ésta podrán asistir otros responsables de la Administración General del Estado y de CEPES, cuando deban tratarse temas que hagan conveniente su presencia o requieran su asesoramiento.
De acuerdo con el artículo 48 apartado 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición adicional séptima de la citada Ley 40/2015. El convenio deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» tras su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. El plazo de vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de cargas administrativas de la Cláusula Segunda, recopilación, análisis y presentación de propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido entre el inicio de efectos y el 20 de noviembre de 2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y deberá realizarse mediante adenda modificativa y autorizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el artículo 50.2.c) de dicha Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de resolución.
d) Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará al otro firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este Convenio por alguna de las partes, la otra deberá comunicarlo a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula sexta, que decidirá sobre las actuaciones a llevar a cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se considera de los establecidos en el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI, del Título Preliminar, de dicha Ley.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Para cuestiones litigiosas que puedan suscitarse sobre la interpretación, cumplimiento, resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento se estará a lo que dispone el artículo 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, y se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de cuanto antecede, las partes suscriben el presente Convenio.
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