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La Secretaria de Estado de Función Pública y el Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han suscrito, con fecha 6 de junio de 2023, un convenio para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la publicación del referido convenio, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 7 de junio de 2023.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P.D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora General de Gobernanza Pública, Clara Mapelli Marchena.
En Madrid, a 6 de junio de 2023.
De una parte, doña Lidia Sánchez Milán, Secretaria de Estado de Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 665/2021, de 27 de julio, BOE del 28 de julio, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en virtud de la Resolución de 4 de mayo de 2023, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la citada Ley 40/2015, por la que se avoca la competencia para la celebración del presente convenio, competencia que se encuentra delegada en la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública conforme al apartado vigésimo cuarto 1. b) de la Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado.
De otra parte, don Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (en adelante CERMI), según nombramiento efectuado por la Asamblea Extraordinaria de carácter electoral de esta entidad en su reunión de fecha de 19 de octubre de 2020, actuando en nombre y representación de CERMI y en virtud de la capacidad y las atribuciones que le confieren sus correspondientes Estatutos.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la representación que ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad legal y competencia para celebrar el presente convenio y en relación con el mismo,
EXPONEN
I. Que la reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un compromiso del Gobierno de España, correspondiendo al Ministerio de Hacienda y Función Pública (en adelante MINHFP), por medio de la Secretaría de Estado de Función Pública, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14, apartado primero j) del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, «la política de reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado».
II. Que la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, en cuanto propicia la reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar la relación entre los ciudadanos en general y la Administración, contribuye a mejorar las tramitaciones propias de la prestación de servicios públicos para algunos colectivos que presentan particulares dificultades y que parten de una situación de desventaja o particular dificultad en el ejercicio efectivo de sus derechos ante la Administración Pública.
III. En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto, se puede avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de sus servicios, implicando a ciertos destinatarios de los servicios públicos a una experiencia conjunta de búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este cambio cultural pretende favorecer espacios donde la Administración Pública comparta sus datos, estrategias, trayectoria y recursos y los ponga a disposición de la sociedad organizada (que aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
IV. Que CERMI tiene una trayectoria de colaboración que comenzó en 2013 con la Administración General del Estado, a través del departamento ministerial competente en cada momento, para la identificación y propuesta de solución a las cargas administrativas que soportan las personas con discapacidad y sus familias.
V. Con el ánimo de seguir avanzando en esta línea de trabajo colaborativo emprendida, tan útil y necesaria para que la Administración conozca las necesidades y demandas del grupo de población de la discapacidad, asegurando más efectivamente la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la emancipación social, y finalizada la vigencia del anterior convenio suscrito con CERMI, cuyo objeto fue identificar y plantear propuestas de reducción de cargas administrativas a personas con discapacidad y sus familias, el MINHFP y dicha organización consideran de interés abordar, en un periodo de tiempo más amplio, mediante la formalización de un nuevo convenio bienal, la identificación y planteamiento de propuestas concretas de reducción de cargas administrativas.
VI. Este cambio viene justificado por la necesidad de dotar de estabilidad a la política de reducción de cargas, y por la visión de la Dirección General de Gobernanza Pública, encargada de llevar a término esta actividad, de fijar de común acuerdo con los centros directivos implicados por razón de la materia y del colectivo con el que se firma este convenio, una serie de ámbitos y actuaciones prioritarias. Se pretende superar una lógica de trabajo más bien anual, para transitar hacia una planificación de vigencia más prolongada en el tiempo y selectiva en su objeto.
VII. Que según el artículo 2 de sus Estatutos, el CERMI, como parte de su misión, traslada ante los poderes públicos, los distintos agentes y operadores, y la sociedad, mediante propuestas constructivas –articuladas y contrastadas técnicamente– las necesidades y demandas del grupo de población de la discapacidad. Asimismo, constituye una instancia de consulta y acción representativa frente a los poderes públicos.
VIII. Que el CERMI, como plataforma de representación, acción y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, de la que forman parte todas las grandes organizaciones estatales de la discapacidad, integradas a su vez por más de 7.000 asociaciones, federaciones, organizaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 4,12 millones de personas con discapacidad que se estima hay en España, tiene entre sus fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales de las personas con discapacidad y sus familias, poniendo los medios para lograr la plena normalización e inclusión de este grupo social en todos los órdenes de la vida. Por tanto, el CERMI es un interlocutor válido ante los órganos de la Administración del Estado.
IX. Que el CERMI por su representatividad social y por su objeto, misión y fines sociales, es el cauce institucional adecuado para ayudar a identificar los trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, que pesan sobre las personas con discapacidad y sus familias, motivos por los que dicho Comité y el propio MINHFP tienen interés en establecer un marco permanente de diálogo y colaboración sobre el asunto mencionado.
Por consiguiente, resulta pertinente establecer renovadas vías de colaboración que fomenten la participación empresarial en esta iniciativa pública.
En consecuencia con lo expuesto, las partes consideran oportuno suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
El objeto del presente convenio es establecer los términos de la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del MINHFP, y CERMI, para la identificación y planteamiento de propuestas concretas de reducción de cargas administrativas en los siguientes ámbitos:
– Identificación de cargas administrativas que afecten al colectivo de personas con discapacidad y sus familias.
– Elaboración de propuestas de simplificación y mejora de los servicios prestados por la Dirección General de Gobernanza Pública, del MINHFP, a la ciudadanía.
– Cualquier otra temática que, relacionada con la materia objeto de este convenio, establezcan las partes, mediante el oportuno acuerdo de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula sexta de este convenio.
Para la elaboración de las propuestas concretas de reducción de cargas y simplificación administrativa, las partes signatarias acuerdan que serán documentos de referencia, los siguientes:
– Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.
– Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El CERMI, para el cumplimiento del objeto del presente convenio, realizará las siguientes actuaciones.
1. Propuestas para la reducción de cargas administrativas en los sectores y procedimientos seleccionados como prioritarios:
CERMI asume el compromiso de analizar e identificar las cargas administrativas existentes en el ámbito objeto de este convenio que sean susceptibles de ser eliminadas y reducidas, así como de la formulación de las propuestas de simplificación administrativa que resulten pertinentes. Dichas propuestas irán acompañadas de la correspondiente estimación del ahorro que generarían aplicando el Método Simplificado de medición de cargas administrativas, normativa a modificar y órgano competente, y se acompañarán de la memoria explicativa correspondiente.
En caso de que sean formuladas varias propuestas de simplificación con la misma identidad sustancial en cuanto al objeto, finalidad o tipo de medida adoptada, se agruparán todas ellas en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por parte del Centro Gestor.
Para la identificación de trabas y la concreción de las propuestas, CERMI desarrollará las siguientes actuaciones:
a) Por parte del CERMI se diseñarán propuestas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a las personas con discapacidad, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes. Dichas propuestas serán concretas y contrastadas e irán destinadas a contribuir en el impulso y mejora de la relación de las personas con discapacidad con la Administración, con una traslación práctica y directa.
b) Para la elaboración de las propuestas se realizará una revisión documental y un análisis de fuentes secundarias, así como una consulta a personas con discapacidad y a entidades del entorno CERMI con el fin de identificar medidas que permitan reducir cargas administrativas relacionadas con las personas con discapacidad. A partir de dicha información, se elaborarán fichas identificativas y descriptivas sobre las cargas.
c) Durante la vigencia del convenio, y con el fin de dar cumplimiento a su objeto, CERMI podrán disponer de un consultor externo y, en su caso, un equipo multidisciplinar. El consultor desarrollará el trabajo encomendado por CERMI con los medios humanos y materiales de los que disponga.
d) CERMI podrá organizar, durante la duración del convenio, encuentros y jornadas con su colectivo y entidades asociadas, para permitir a la Administración un conocimiento directo de sus necesidades, impresiones y valoraciones.
Asimismo, el CERMI aportará la información y documentación en el formato que la Administración le indique, en aras al establecimiento y nutrición de una base de datos de propuestas de reducción de cargas y simplificación que facilite el seguimiento de las mismas.
2. Difusión y comunicación:
Con carácter general, se llevarán a cabo iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en el ámbito del convenio, estudio e intercambio de información entre las partes firmantes, diseño y recopilación de información, contraste de iniciativas e implantación de actuaciones de la Administración General del Estado sobre mejora de la regulación y reducción de trámites administrativos, así como a la consolidación de la comunicación e intercambio de información entre el MINHFP y el CERMI.
En cualquier tipo de actividad de difusión y comunicación, el CERMI dará publicidad de la participación del MINHFP en la financiación de este convenio con inclusión del logo de los firmantes del mismo, de acuerdo con los criterios de imagen institucional del Ministerio. En particular, CERMI garantizará la presencia del MINHFP y sus actuaciones en materia de reducción de cargas y simplificación, en un lugar destacado de su página web, como enlace de interés.
a) Otras actividades:
Cuantas otras actividades o servicios se consideren necesarios o convenientes para el buen desarrollo del convenio, previo acuerdo en la Comisión de Seguimiento.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de foros de estudio para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que el MINHFP podría promover, con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores y expertos de los sectores afectados. En este contexto, el CERMI podría participar, directamente o a través de la designación de representantes con experiencia en la materia de que se trate.
a) Asesoramiento: Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
b) Seguimiento: Seguimiento de los trabajos realizados por la Organización durante la vigencia del convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes, y que podrán celebrarse, de manera conjunta, con otras organizaciones con las que el MINHFP firma convenios de análogo contenido.
c) Comisión de Seguimiento: Convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula sexta de este convenio.
d) Análisis de las propuestas presentadas: Remisión de las propuestas presentadas por la organización a los Departamentos ministeriales competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas. Se elaborará un informe de seguimiento con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido al CERMI.
e) Difusión y comunicación: El MINHFP dará difusión en sus espacios de comunicación, de la firma del convenio, así como de los encuentros mantenidos y de los resultados obtenidos.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente convenio, así como cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerán al MINHFP y al CERMI y no podrán ser explotados por ningún tercero sin el consentimiento expreso de todas las partes.
No obstante, el CERMI podrá hacer difusión de su papel activo en los trabajos desarrollados en relación con este convenio.
1. El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del presente convenio es de treinta y siete mil setecientos euros (37.700 €). Dicho importe será repartido en dos anualidades de idéntico importe, de dieciocho mil ochocientos cincuenta euros (18.850 €) para cada anualidad.
2. De conformidad con las previsiones del artículo 48 apartado cuarto de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el MINHFP se compromete a aportar para la financiación del coste establecido en el apartado anterior, con sujeción a la legislación presupuestaria, la cantidad de treinta y cuatro mil ochocientos euros (34.800 €). Dicho importe será repartido en dos anualidades de idéntico importe, de diecisiete mil cuatrocientos euros (17.400 €) cada una. La financiación correspondiente al segundo año de vigencia del convenio queda supeditada a la existencia de asignación de crédito suficiente en el presupuesto.
Asimismo, CERMI aportará a dicha financiación la cantidad de dos mil novecientos euros (2.900 €). Dicho importe será repartido en dos anualidades de idéntico importe, de mil cuatrocientos cincuenta euros (1.450 €) cada una.
El crédito presupuestario al que se imputará la obligación correspondiente al MINHFP para la primera anualidad de vigencia del convenio, en el presupuesto del año 2023 es el siguiente: 15.26.921N.640.08.
3. A partir del inicio de efectos de este convenio, el MINHFP abonará a CERMI los pagos correspondientes a su aportación, previa justificación de los servicios realizados anualmente, con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto de 2023, del Proyecto de inversión 200922002000100, así como la aplicación que corresponda en el ejercicio de 2024.
Para realizar dicho abono, CERMI remitirá al MINHFP, documentación justificativa de las actividades relacionadas con las propuestas para la reducción de cargas administrativas elaboradas para cada anualidad del presente convenio. Se considera documentación justificativa del gasto, además del documento de cargo que emita CERMI, la certificación acreditativa del órgano competente de la organización en que se especifique el alcance de las labores desarrolladas por este Comité en el marco anual del convenio. Complementariamente, y para la justificación de los gastos en que se han incurrido, se remitirán facturas, certificados emitidos por representante de la organización en los que figuren los gastos imputables a cada anualidad del convenio o documentos probatorios equivalentes.
4. Desde que surte efectos jurídicos este convenio, de manera anual, y antes de la finalización de su vigencia, CERMI se compromete a abonar la totalidad de su aportación periódica para financiar las actividades previstas en el presente convenio, presentando certificación acreditativa.
El convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINHFP y por dos representantes del CERMI, designados por las autoridades firmantes del convenio. Estará presidida por la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley. Resolverá todas las incidencias o controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este convenio.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento, a las reuniones de ésta podrán asistir otros responsables de la Administración General del Estado y del CERMI, cuando deban tratarse temas que hagan conveniente su presencia o requieran su asesoramiento.
De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de la citada Ley 40/2015. El convenio deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» tras su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. El plazo de vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024.
Antes de la finalización de la vigencia del presente convenio, previo acuerdo de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 49, g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los firmantes podrán acordar la prórroga del convenio, por un plazo máximo de dos años. Dicha prórroga deberá ser comunicada por el MINHFP al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. La prórroga deberá formalizarse mediante adenda modificativa y será autorizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el artículo 50.2.c) de la citada Ley.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de cargas administrativas de la cláusula segunda, recopilación, análisis y presentación de propuestas de reducción de cargas se desarrollará de acuerdo al siguiente calendario:
– Para el año 2023, la fecha límite será el 20 de noviembre de 2023.
– Para el año 2024, la fecha límite será el 20 de noviembre de 2024.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y deberá realizarse mediante adenda modificativa y autorizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el artículo 50.2.c) de dicha Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de resolución.
d) Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará al otro firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f) Por no disponibilidad de crédito en la segunda anualidad para la realización de los trabajos referentes al presente convenio, en cuyo caso ambas partes quedarían liberadas de las obligaciones contenidas en el presente documento en relación con el ejercicio 2024.
g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este convenio darán lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este convenio por alguna de las partes, la otra deberá comunicarlo a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula sexta, que decidirá sobre las actuaciones a llevar a cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se considera de los establecidos en el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI, del título preliminar, de dicha Ley.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio.
Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse sobre la interpretación, cumplimiento, resolución y efectos del presente convenio que no puedan solventarse de mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de cuanto antecede, las partes suscriben el presente convenio.
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