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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 28 de marzo de 2023, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2019, acuerda:

1. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura a:

– Valorar la inclusión en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, la obligación de integrar, en las cuentas anuales de las empresas y fundaciones públicas autonómicas, información sobre el cumplimiento de las obligaciones económico-financieras que asumen estas entidades por su pertenencia al sector público, del mismo modo que el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria exige en el ámbito estatal.

– Efectuar, tal como señala la Resolución de 17 de diciembre de 2020, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente al que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas.

– Proceder a la integración por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de los sistemas de gestión de ingresos con el Sistema de Información Contable, de forma que se evite la utilización indebida del procedimiento de contraído por recaudado para el registro contable de determinados ingresos. Esta integración debería contemplar los procedimientos necesarios para que los registros contables puedan recoger las distintas causas de anulación de derechos y discriminarlas de las cancelaciones.

– Valorar la modificación del objeto social de Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A., en orden a evitar la fórmula genérica utilizada hasta el momento, para recoger, al menos, las actividades que venían desarrollando las sociedades absorbidas y cuyo desarrollo ha asumido la citada sociedad como resultado de la fusión.

– Proceder al desarrollo reglamentario del registro de cuentas previsto por la Ley 5/2017, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, del contenido y estructura de los planes estratégicos de subvenciones, según prevé la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de los numerosos aspectos pendientes de desarrollo de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

– Proceder al desarrollo, por la Intervención General de la Comunidad, de un sistema de gastos con financiación afectada integrado en el sistema contable, que permita el adecuado seguimiento de los recursos afectados y el cálculo de las desviaciones de financiación.

– Adoptar las medidas dirigidas a la migración de la Asociación Extremeña de la Energía a la forma jurídica de consorcio, promoviendo la adopción del correspondiente acuerdo entre las entidades participantes y la aprobación de nuevos estatutos que regulen su organización y funcionamiento.

– Proceder a la depuración de la deuda registrada como acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, procediendo a la anulación de los importes erróneamente reconocidos o prescritos y a la imputación presupuestaria y abono de la deuda real, tanto en el caso de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, como en el caso del Servicio Extremeño de Salud.

– Proceder, dados los errores detectados en los saldos registrados en deudores presupuestarios, a la revisión sistemática, por ejercicio de origen, de todos aquellos contabilizados en concepto de tributos, cuya antigüedad supere los plazos de prescripción. Con el objeto de evitar la reiteración de esta situación en el futuro, implantar procedimientos de comunicación entre los órganos responsables de la gestión de ingresos y el servicio de contabilidad, que permita un conocimiento actualizado de la situación de los citados deudores, al menos con carácter previo al vencimiento del plazo de prescripción.

– Introducir en la normativa autonómica la obligatoriedad de realización, por parte de las distintas consejerías competentes, de informes de adecuación de los programas de gasto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la misma línea que en el ámbito del Estado prevé el artículo 7, apartado 8 de la Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

– Proceder, por medio del Servicio Extremeño de Salud, a la preparación y adjudicación de los contratos que sustentan las prestaciones con medios ajenos realizadas al mismo, que vienen realizándose en virtud de contratos prorrogados sistemáticamente por razones de interés público. Atendiendo al volumen de los recursos presupuestarios afectados, estas nuevas licitaciones deben contemplar los procedimientos quirúrgicos, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las prestaciones por terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación.

– Instrumentar el correspondiente convenio o negocio jurídico que regule las condiciones de uso y explotación por parte de la empresa Gestión de Bienes de Extremadura, SA de los activos turísticos que constituyen su actividad principal, en el que conste el coste que fundamente las transferencias recibidas para ello, las medidas de seguimiento y control de las actuaciones y las consecuencias de su incumplimiento. Adicionalmente, debería procederse a la regularización jurídica del uso de estos activos por la referida sociedad, valorando los correspondientes derechos de uso, de forma que puedan ser activados por la misma.

2. Instar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a:

– Instrumentar el correspondiente convenio o negocio jurídico que regule las condiciones de uso y explotación por parte de la empresa Gestión de Bienes de Extremadura, SA de los activos turísticos que constituyen su actividad principal, en el que conste el coste que fundamente las transferencias recibidas para ello, las medidas de seguimiento y control de las actuaciones y las consecuencias de su incumplimiento. Adicionalmente, debería procederse a la regularización jurídica del uso de estos activos por la referida sociedad, valorando los correspondientes derechos de uso, de forma que puedan ser activados por la misma.

3. Instar a la Secretaría General de Administración Pública a:

– Contemplar en sus planes de actuación la inclusión del seguimiento de los resultados obtenidos en la medición del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa por parte de 39 entidades del sector público, que se realizó respecto al, ejercicio 2018, de forma que se verifiquen los avances realizados en los correspondientes portales de transparencia, en especial, en relación con aquellas que no contaban con un apartado de transparencia y con las entidades que mantenían un índice individual de transparencia inferior al 50 %.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2023.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.